INTRODUCCIÓN

En la década de los 70, en el sur de Europa, se produjo casi simultáneamente el declive de tres dictaduras distintas: el Estado Novo portugués, los Coroneles en Grecia y el franquismo en España. Estos procesos, conocidos como “transiciones a la democracia”, se convirtieron en referentes internacionales bajo un relato de éxito. Más allá de las diferencias en forma y ritmo del cambio en cada país, los tres obtuvieron en última instancia un resultado similar; su integración en el marco político y económico capitalista de Europa occidental.

En la década de los 70, en el sur de Europa, se produjo casi simultáneamente el declive de tres dictaduras distintas: el "Estado Novo" portugués, los Coroneles en Grecia y el franquismo en España

Y es que, para comenzar con este artículo, deberíamos problematizar el propio concepto de “transición”. De hecho, la “transición” se concibe muchas veces como un camino lineal, en el que las sociedades pasan de una situación “retrógrada” a otra “moderna” y “democrática”. Esta visión, sin embargo, es el resultado de una interpretación establecida como discurso hegemónico. Bajo esta etiqueta se han neutralizado, en numerosas ocasiones, procesos que no conllevaron una ruptura con las estructuras de poder, esto es, procesos de adaptación y reconfiguración que aseguraron la continuidad de las relaciones sociales fundamentales del capitalismo. No solo eso, sino también procesos en los que sobrevivieron características fundamentales de los regímenes anteriores, entre otros, la continuidad de los aparatos represivos o la violencia institucional.

Un ejemplo de lo mencionado constituiría la narrativa denominada “transición democrática”, la cual se convirtió en hegemónica sobre todo a finales del siglo XX, de la mano de obras como La tercera ola de democratización de Samuel P. Huntington. En este marco, las democracias liberales se conciben no solo como destinos deseables, sino como el destino universal inevitable. Mediante este discurso, las transiciones fueron interpretadas como un modelo exitoso, reforzando la idea de que la evolución “normal” de la sociedad consistía en acabar en democracias parlamentarias integradas en el capitalismo occidental.

Cada uno de los casos que se expondrán a continuación tuvo, sin embargo, su propio desarrollo y características, a pesar de que todos ellos desembocaron en escenarios similares. En Portugal, la movilización popular abrió la posibilidad de la transformación social, pero finalmente acabó institucionalizándose. En cuanto a España, lo que posteriormente se presentó como muestra de consenso, resultó ser un pacto reformista entre élites. En Grecia, por su parte, la caída de los Coroneles supuso la implantación inmediata de un parlamento bajo la protección de la OTAN y las élites económicas.

La convergencia entre las dictaduras de Portugal, España y Grecia no se concibe a modo de evolución natural, sino como expresión del mismo marco histórico: la necesidad de reconstruir el capitalismo europeo en contexto de crisis y de integrar a Europa del sur en las estructuras occidentales

Sin embargo, la convergencia entre estas tres vías no se concibe a modo de evolución natural, sino como expresión del mismo marco histórico: la necesidad de reconstruir el capitalismo europeo en contexto de crisis y de integrar a Europa del sur en las estructuras occidentales. Por ese motivo, analizar los tres casos simultáneamente permite identificar las diferencias y relaciones entre ellos. Así, este artículo propone un análisis y una aproximación comparada de las transiciones de España, Portugal y Grecia. Al situarlas en un mismo marco, se hacen visibles tanto sus diferencias como el final común que compartieron.

CONTEXTO

No se puede entender la caída de las dictaduras de Portugal, Grecia y España como mero resultado de decisiones políticas coyunturales; es decir, esta caída formó parte de un marco más amplio: el de la reconstrucción tanto del capitalismo mundial tras la crisis de la década de los 70, como del bloque occidental. Estos regímenes subsistieron, entre otros factores, gracias al control represivo, a los modelos dependientes del desarrollo económico y a que le eran útiles al bloque occidental. No obstante, cuando este “equilibrio” entró en crisis en la década de los 70 –con la crisis del petróleo, el agotamiento de los modelos desarrollistas o el aumento del conflicto social–, también se desequilibraron las bases materiales y políticas que habían garantizado hasta entonces la estabilidad de las dictaduras.

En cuanto al ámbito económico, la crisis del petróleo de 1973 agudizó las previas tensiones económicas. El Estado Novo, el franquismo y la dictadura de los Coroneles llevaron a cabo una modernización limitada, basada en inversiones extranjeras, salarios bajos y disciplina social. Este desarrollismo permitió cierta industria, además de modernización urbana, gracias a la consolidación de una estructura dependiente del capital internacional. Sin embargo, con la crisis de los años 70, se evidenció el agotamiento de este modelo: una inflación descontrolada, una tasa de paro cada vez mayor, un endeudamiento creciente y las desigualdades se hicieron notorias. Tal y como subrayó Poulantzas, el declive de estas dictaduras no se puede entender de forma aislada, ya que eran una expresión de la crisis del capitalismo dependiente de la periferia europea. Las formas autoritarias llegaron a su límite, y en el terreno social la contención de los conflictos se volvió insostenible.

A todo esto hay que añadirle el contexto internacional. En el marco de la Guerra Fría, Portugal, España y Grecia eran fundamentales en la estrategia para controlar el Mediterráneo y el Atlántico. Tanto el imperialismo norteamericano como las potencias europeas consideraban necesario asegurar el “ala sur” de la OTAN. Por ello, tanto Estados Unidos como Europa occidental los utilizaron durante décadas como aliados útiles, a pesar de sus regímenes dictatoriales. Portugal era miembro fundador de la OTAN desde 1949, Grecia entró en 1952, y España firmó los tratados militares con Washington en 1953, entre otros. No obstante, con la intensificación de la crisis económica y de los conflictos, la utilidad mencionada empezó a ser un problema. Occidente necesitaba regímenes más estables y fiables, democracias liberales que se integrasen en la Comunidad Económica Europea (CEE), reforzando la cohesión del bloque atlántico. De este modo, el fin de las dictaduras se vio condicionado no solo por sus dinámicas internas, sino también por el objetivo de reconstituir la hegemonía del capitalismo, que se encontraba en crisis.

La presión social acumulada en los últimos años de las dictaduras también fue un factor decisivo que condicionó el fin de dichas dictaduras

No obstante, la presión social acumulada en los últimos años de las dictaduras también fue un factor decisivo. En el caso de Portugal, la guerra colonial africana provocó el agotamiento del régimen, la fractura en el ejército y el aumento de la movilización popular. En el sur de Europa se expandió un ciclo de movilizaciones que cuestionó radicalmente la estabilidad de los regímenes: las grandes huelgas de trabajadores, las revueltas estudiantiles, el movimiento vecinal, el conflicto vasco o las nuevas expresiones culturales traspasaron los límites de los regímenes establecidos. Pero este ciclo movilizatorio no surgió de la nada: en el caso de España sus raíces se encontraban en el largo recorrido de la lucha antifranquista, mientras que en Portugal la erosión de la larga guerra colonial ya había abierto profundas brechas. En todos los casos, lo que cambió en la década de los 70 fue la amplitud e intensidad de estas luchas. Así, a partir de los contextos comunes comentados, se desarrollaron trayectorias distintas, por lo que conviene analizarlas por separado antes de atender a sus puntos de convergencia.

PORTUGAL: DEL PROCESO REVOLUCIONARIO A LA ESTABILIZACIÓN POLÍTICA

El Estado Novo, instaurado por Salazar en 1933 y prolongado por Caetano, fue una de las dictaduras más duraderas de Europa. A grandes rasgos, se basó en el autoritarismo político, el corporativismo laboral, la censura y en la represión ejercida por la policía política (PIDE), con el apoyo de la iglesia católica. En el plano económico, puede decirse que se mantuvo en una posición periférica y atrasada respecto a Europa occidental: una agricultura escasamente modernizada, una industrialización limitada y una gran emigración que actuó como vía de escape social. Un rasgo característico de esta dictadura fue la defensa del imperio colonial, ya que a partir del año 1961 participó en guerras abiertas en África. Mientras que en los países europeos se llevaban a cabo procesos de descolonización, Portugal se fue quedando cada vez más aislado, atrapado en el proyecto imperial que agotó recursos y mermó la legitimidad del régimen. Las bases que sostuvieron la dictadura durante décadas fueron al mismo tiempo el origen de la crisis de los 70. 

La causa decisiva fue la mencionada guerra colonial, la cual comenzó en 1961, duró más de una década y se libró en Angola, Mozambique y Guinea-Bissau. El régimen destinó cerca del 40% del presupuesto del Estado a la guerra, movilizó a miles de reclutas jóvenes y realizó un enorme esfuerzo militar con el fin de sostener el Imperio. Este esfuerzo bélico generó una creciente frustración entre la población y también dentro del ejército –entre los jóvenes que luchaban en África–, y la oposición al régimen se hacía cada vez más evidente. 

Como consecuencia, el régimen se encontraba aislado en el plano internacional. En un contexto en el que se estaban dando procesos descolonizadores, Portugal continuaba librando guerras. Tanto Estados Unidos como las potencias europeas, interesadas en estabilizar el Mediterráneo y el “flanco sur” de la OTAN, comenzaron a identificar que la continuidad del Estado Novo podría ser un obstáculo para alcanzar sus objetivos: la integración de Portugal en Europa occidental y el control de la situación de África.

Tanto Estados Unidos como las potencias europeas, interesadas en estabilizar el Mediterráneo y el “flanco sur” de la OTAN, comenzaron a identificar que la continuidad del Estado Novo podría ser un obstáculo para alcanzar sus objetivos

En el ámbito económico, tal y como se ha comentado, Portugal seguía siendo una economía periférica dentro de Europa. El país se encontraba inmerso en una agricultura atrasada, con grandes latifundios en el sur y pequeñas explotaciones en el norte, ambas caracterizadas por bajos niveles de productividad e incapaces de sostener a la población campesina. En cuanto a la industria, se concentraba principalmente en Lisboa y Oporto, era limitada y dependiente del capital extranjero. Las reformas impulsadas por Caetano en los años 60 abrieron parcialmente el país a la inversión extranjera y al comercio europeo, pero sin alterar su carácter subordinado. La modernización fue parcial e irregular: se formó un sector urbano e industrial relativamente dinámico, mientras amplias zonas rurales se mantuvieron en condiciones de pobreza. La emigración masiva fue, para muchos, la única vía de escape ante estas tensiones. La crisis de 1973, mencionada anteriormente, acentuó estas debilidades provocando un aumento de la inflación, el encarecimiento de las importaciones y una desaceleración del crecimiento económico.

Las reformas llevadas a cabo por Caetano desde 1968 –una especie de liberalización económica y una narrativa de apertura política– no cambiaron la situación. El régimen mantuvo su carácter autoritario: la represión del PIDE persistió, y la censura, por ejemplo, siguió limitando cualquier forma de oposición. Por lo tanto, esa modernización aparente no fue suficiente para frenar la decadencia del régimen. Al contrario, creó divisiones en el seno del bloque del poder: entre quienes defendían mantener intacto el régimen y quienes defendían unas reformas limitadas. Como ejemplo, las fuerzas armadas fueron un actor importante: varios sectores implicados en la guerra crearon una organización clandestina; el Movimiento de las Fuerzas Armadas (MFA).

De este modo, al amanecer del 25 de abril de 1974, el MFA, especialmente los capitanes y jóvenes oficiales subordinados, emprendieron un levantamiento militar con el fin de derribar el gobierno de Caetano. El plan era limitado: pretendían realizar un cambio en la cúpula de poder sin alterar los cimientos del sistema. Sin embargo, lo que en un principio fue una operación militar se convirtió, en pocas horas, en una “revolución social” de gran alcance. Tal y como subraya Manuel Loff, hay que entender el éxito del MFA dentro de un proceso más amplio de transformación social que Portugal había comenzado a transitar en la década de los 60. 

Aquello que comenzó como una operación militar, por tanto, se transformó en una ruptura política y social. Miles de personas se reunieron en las calles de Lisboa y de otras ciudades para asaltar las sedes del PIDE, liberar a los presos políticos y ocupar radios y periódicos, exigiendo el fin inmediato de la guerra, entre otras reivindicaciones. El gesto de poner claveles en los fusiles dio nombre a la Revolución de los Claveles, convirtiéndose en la imagen icónica de aquel día. Las acciones del 25 de abril demostraron que el proceso no se limitó a un simple cambio en la élite, ya que, desde el principio, la movilización popular desbordó los planes del MFA. Poulantzas advirtió que interpretar este día como un golpe de Estado supone ignorar la intervención inmediata de las masas. De hecho, estas movilizaciones abrieron la posibilidad de una ruptura revolucionaria en Portugal, en pleno contexto de Europa Occidental.

En la Revolución de los Claveles, la movilización de las masas abrió la posibilidad de una ruptura revolucionaria en Portugal, en pleno contexto de Europa Occidental

Los acontecimientos del 25 de abril desembocaron en la caída definitiva del Estado Novo. Caetano se rindió y cedió el poder al general Spínola, poniendo fin a casi medio siglo de dictadura. Sin embargo, lo que en un principio parecía ser un relevo controlado de la cúpula abrió un vacío de poder. La cesión del poder a Spínola pretendía orientar el proceso hacia una transición moderada, pero la fuerza de la movilización popular impidió que el “cambio” se limitara a una simple operación realizada desde arriba. Desde ese mismo día se abrió el principal conflicto que se desarrollaría en los años siguientes: la elección entre una transición controlada hacia la democracia liberal o un camino más radical de transformación social. Esta tensión marcó el inicio del Proceso Revolucionario en Curso (PREC).

Tras la caída de la dictadura, se creó la Junta de Salvación Nacional (JSN), presidida por Spínola, quien buscaba dirigir un proceso de transición moderado. Se aprobaron una serie de medidas inmediatas que simbolizaron el fin del régimen anterior: la amnistía de los presos políticos, la legalización de partidos y sindicatos, y la disolución del PIDE, entre otras. Estas decisiones respondían, sin embargo, a las exigencias inmediatas de la ciudadanía como resultado de la presión social acumulada durante las décadas de dictadura y de los acontecimientos de abril.

Por tanto, el proceso escapó al control de la cúpula militar desde un principio. La movilización popular no se limitó a provocar ni a celebrar la caída del régimen, ya que comenzaron a surgir comisiones en fábricas, cuarteles y barrios, que cuestionaban los derechos, las condiciones laborales, el control de la producción e incluso la propiedad privada. Esta participación política no tenía precedentes en la historia de Portugal y se caracterizó de forma evidente por rasgos revolucionarios. El inicio del PREC puso de manifiesto, por tanto, una dicotomía entre poder y realidad: por un lado, las organizaciones provisionales de Spínola y el MFA; y por otro, el entramado de organizaciones populares que exigían una transformación radical. Así, fue la tensión entre ambas lo que caracterizó la dinámica del proceso.

Durante los años 1974 y 1975, se intensificó el proceso abierto el 25 de abril, hasta llegar a tener un claro carácter revolucionario. La caída de la dictadura abrió un gran ciclo de movilizaciones: por un lado, la clase trabajadora no solo pidió mejoras en los centros de trabajo, sino que también empezó a exigir el control sobre la producción. En muchas fábricas, se crearon comisiones elegidas en asambleas, que en la práctica eran el germen del poder obrero. En la zona rural, especialmente en Alentejo, los agricultores iniciaron grandes ocupaciones de tierras, dando lugar a una reforma agraria pionera en Europa Occidental; por ejemplo, miles de hectáreas de latifundio fueron tomadas y reorganizadas en cooperativas gestionadas de forma colectiva. El Estado, por su parte, impulsó políticas de nacionalización que incluían a bancos, seguros, energía, transporte y comunicaciones.

En consecuencia, volvía a ponerse de manifiesto la dualidad de poder: por un lado, el aparato institucional presidido por el MFA y la comisión de la JSN; por otro, la red de iniciativas impulsadas por amplios sectores de la población. Esta tensión definiría, precisamente, el desarrollo del PREC y mantendría la incertidumbre del proceso, de manera que comenzaron a surgir obstáculos. Por ejemplo, en el seno de la MFA surgieron profundas divisiones entre los más conservadores –quienes querían un proceso moderado y limitado– y los “capitanes de abril” –que aspiraban a profundizar en los cambios–. Estas tensiones generaron confrontaciones abiertas, como el intento de golpe de Estado de 1974.

Desde el inicio del Proceso Revolucionario en Curso, se puso de manifiesto la dualidad de poder: por un lado, el aparato institucional presidido por el MFA y la comisión de la JSN; por otro, la red de iniciativas impulsadas por amplios sectores de la población

La polarización atravesó también la sociedad y el sistema político que se estaba formando. El Partido Comunista Portugués (PCP), dirigido por Álvaro Cunhal, se presentó como la principal fuerza organizada de la izquierda. Sin embargo, su estrategia no era la de una revolución socialista inmediata, sino la de un proceso de dos etapas: primero, consolidar una “democracia avanzada” de carácter antifascista y nacional, y después plantear la transición al socialismo. Como consecuencia de esta orientación, el PCP apostó por la alianza con ciertos sectores del MFA y por mantener el proceso dentro de las vías institucionales, lo que lo situó en tensión con la organización obrera. Por su parte, el Partido Socialista (PS) de Mário Soares se erigió como un referente de la moderación, respaldado activamente por la socialdemocracia europea y los Estados Unidos.

Además, en lo que concierne al contexto internacional, las potencias occidentales no estaban dispuestas a aceptar un país que se alejara del marco capitalista y de la OTAN. Por ello, la presión diplomática y económica se combinó con el aislamiento de los sectores más revolucionarios y el apoyo abierto a los moderados, con el fin de debilitar al bloque revolucionario, lo que provocó un aumento del bloqueo político. Las divisiones dentro del MFA, la confrontación entre partidos, la presión tanto de la organización obrera como de los actores internacionales, entre otros factores, alimentaron una dinámica de inestabilidad. Para finales de 1975, el proceso se encontraba en una encrucijada marcada por la crisis y el desgaste.

El punto de inflexión de todas estas tensiones llegó el 25 de noviembre de 1975, cuando un intento de rebelión de los sectores militares de izquierda fue reprimido por las unidades leales a la dirección moderada del MFA. No fue un hecho vinculado a la disciplina militar, sino una maniobra que puso fin de forma definitiva al ciclo revolucionario. Para buena parte de la historiografía crítica, se trató de un auténtico golpe contrarrevolucionario, que consolidó la derrota del movimiento obrero y clausuró por completo la posibilidad de una vía socialista.

A partir de aquel momento, el Partido Socialista de Soares se consolidó como la fuerza hegemónica en el nuevo marco institucional, respaldado por la socialdemocracia europea, Estados Unidos y la CEE. El PCP, que contaba con un gran peso sindical y político, orientó su acción hacia los ámbitos del Estado y la alianza con ciertos sectores del MFA, distanciándose de la organización autónoma revolucionaria. Por su parte, la organización obrera fundamental –las comisiones obreras y de soldados creadas en fábricas, barrios y cuarteles– sufrió un fuerte golpe tras los acontecimientos del 25 de noviembre.

La organización obrera fundamental –las comisiones obreras y de soldados creadas en fábricas, barrios y cuarteles– sufrió un fuerte golpe tras los acontecimientos del 25 de noviembre

Precisamente, este final quedó cristalizado en la Constitución de 1976, que, aunque reconocía muchos de los logros del PREC, se asentaba sobre el marco de la democracia parlamentaria liberal y de la economía capitalista. Portugal quedó integrado en el bloque occidental por la misma vía que las otras transiciones del sur de Europa. La paradoja portuguesa es, pues, que aquello que podía haber sido un proceso revolucionario de la posguerra terminó redirigiéndose hacia un régimen democrático que mantuvo las estructuras fundamentales del capitalismo. El 25 de noviembre representó, en última instancia, la orientación de la crisis de la dictadura portuguesa hacia una solución compatible con los intereses del capital europeo y del imperialismo.

ESPAÑA: DEL FRANQUISMO AL RÉGIMEN DEL 78

El franquismo fue la dictadura instaurada tras la victoria militar de 1939, que duró hasta la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Surgido de la Guerra Civil, fue un régimen basado en la violencia y la represión sistemática hacia los “vencidos” y los enemigos del régimen, convirtiéndose así en un pilar del propio sistema. El poder del franquismo se fundamentaba en tres pilares principales: el Ejército, garantizador del orden y del control político; la Falange, convertida en partido único y aparato de encuadramiento; y la Iglesia católica, legitimadora ideológica y garante del control social.

Surgido de la Guerra Civil, el franquismo fue un régimen basado en la violencia y la represión sistemática hacia los “vencidos” y los enemigos del régimen, convirtiéndose así en un pilar del propio sistema

Desde el inicio mismo de la Guerra Civil, la represión se convirtió en un componente esencial del nuevo orden social. En los primeros años se creó un corpus represivo legal destinado a dotar al régimen de legitimidad. Desde mediados de la década de los 40, muchos de los miembros de la oposición sufrieron el exilio, la cárcel o la muerte. En consecuencia, se desarticularon los partidos políticos y movimientos que se posicionaron en contra del levantamiento. La crisis económica trajo consigo condiciones muy duras para la mayoría de habitantes: hambre, racionamiento, falta de suministros y una escasez generalizada de los servicios básicos. El régimen no recibió ayuda externa (no se le aplicó el Plan Marshall) e impulsó la autarquía económica. España quedó así aislada económica y políticamente de Europa, salvo el acuerdo militar firmado con Estados Unidos en 1953. De este modo, puede demostrarse como las naciones capitalistas priorizaron la estabilidad geopolítica a la democracia.

Por tanto, hasta finales de la década, la economía española estuvo condicionada por la fuerte inflación, la deuda externa, la escasez de divisas y el estancamiento del mercado interior. La autarquía política del régimen derivó en una crisis profunda y en un evidente fracaso, y a partir de 1957 el gobierno de tecnócratas vinculado al Opus Dei emprendió un cambio de rumbo: primero con la entrada en la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) y en el Fondo Monetario Internacional (FMI), y después con la implantación del Plan de Estabilización de 1959. Eso sí, se trató de un conjunto de medidas económicas aplicadas dentro del marco de la dictadura franquista, que en ningún momento cuestionaron su estructura política.

Este proceso de liberalización económica tenía como objetivo restaurar la credibilidad internacional de España. Se fomentaron las importaciones y las inversiones extranjeras, se posibilitó la convertibilidad de la peseta y se ajustó el tipo de cambio con el dólar (de 42 a 60 pesetas). A pesar de todo, estas medidas trajeron consigo la congelación salarial, el aumento de las tasas de interés, el recorte del gasto público y la subida de los impuestos. Este periodo, denominado “el milagro económico español”, tuvo, por tanto, limitaciones notables: aunque hubo un crecimiento, este no fue ni estable ni generalizado.

El crecimiento de los años sesenta se concentró en la industrialización selectiva, la inversión extranjera y el modelo fordista. El 46,8% de la industria se concentró en Cataluña, Euskal Herria y Madrid, lo que incrementó la polarización intraterritorial. La masiva migración interna trajo consigo el desalojo del campo, el envejecimiento de la población y la creación de barrios urbanos periféricos. En la época del “boom de la construcción”, se generalizaron el urbanismo sin planificación, la falta de infraestructuras, el chabolismo y las pésimas condiciones de vida. Por otro lado, el sector químico fue uno de los principales motores del crecimiento, que concentró el 73,8% del capital extranjero; mientras que el turismo se consolidó como la tercera base económica, pasando de 6 millones de turistas en 1960 a 36 millones en 1973.

Aunque el crecimiento de la economía generó riqueza, también profundizó claramente la brecha entre las clases. La creación de puestos de trabajo en el sector industrial y de la construcción implicó condiciones laborales precarias y una baja calidad de vida para el proletariado. En definitiva, mientras los tecnócratas del franquismo obtuvieron el apoyo de la burguesía a través del desarrollismo económico, condenaron a la nueva clase trabajadora a conformarse con migajas de pan. Asimismo, este proceso de “normalización” del sistema capitalista chocó con el relevo generacional, ya que los jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad habían nacido tras el fin de la Guerra Civil. Como resultado, se reactivó la oposición al régimen.

El proceso de “normalización” del sistema capitalista chocó con el relevo generacional, ya que los jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad habían nacido tras el fin de la Guerra Civil. Como resultado, se reactivó la oposición al régimen

En el contexto del Plan de Estabilización, en 1958 se aprobó la Ley de Convenios Colectivos. Por primera vez se reconoció a la clase trabajadora el derecho a negociar colectivamente sus condiciones laborales, aunque todavía no existía la verdadera libertad sindical. Esta medida supuso un hito significativo: la oposición que hasta entonces se desarrollaba en la clandestinidad, comenzó a materializarse en la realidad de las fábricas. Poco a poco, el mundo laboral se convirtió en un ámbito de resistencia y lucha social. Los trabajadores, sin autorización oficial, comenzaron a crear comisiones informales y asambleas permanentes en los centros de trabajo. Aunque su objetivo inicial era mejorar las condiciones laborales, pronto se convirtieron en el principal espacio de protesta social y política.

De ese modo, a partir de 1962 comenzó a encenderse la lucha sindical con la creación, entre otros, de Comisiones Obreras (CCOO). El Partido Comunista de España (PCE) también tuvo una gran importancia en las luchas de la clase obrera, aunque optó por situarse dentro del “eurocomunismo” y rechazar la lucha revolucionaria. Sucesivamente, ese mismo año, también se consolidó Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Esta década generó la creación y activación de distintos sindicatos y movimientos de trabajadores como UGT, CNT, ORT, PCE, LKI, EMK, LAB, ELA, etc. Atendiendo a los datos, el movimiento obrero pasó de 777 conflictos laborales en 1963, a 40.179 en 1976. Más allá del mundo laboral, otros espacios sociales también se convirtieron en focos de lucha y organización, como las universidades, los barrios obreros y, en algunos casos, las iglesias. La clase trabajadora de la época desarrolló una nueva subjetividad política y mecanismos propios de lucha, tejiendo una densa red de resistencia colectiva dentro del asfixiante marco de la dictadura. 

Por el contrario, como se ha explicado anteriormente, la lucha antifranquista entrañaba riesgos considerables, y el Estado demostraba claramente su absoluta intolerancia hacia la oposición. La represión era dura y sistemática, y cualquier actividad política o social disidente podía ser castigada. Para ello, el Estado desarrolló nuevos mecanismos represivos que garantizaban la supervivencia del régimen y consolidaban su control social. Ejemplo paradigmático de ello fue el Tribunal de Orden Público (TOP), creado en 1963, con el objetivo de actuar contra la organización política y social de la oposición. A través de este tribunal, cualquier reunión, propaganda, discurso, asociación, manifestación o huelga era tratada como delito, tal como demuestra el hecho de que entre 1963 y 1975 más de 50.000 personas fueran juzgadas. Asimismo, el régimen recurrió a otros muchos instrumentos represivos: los estados de excepción (entre 1962 y 1975 se decretaron nueve), el uso de tribunales militares, las penas de muerte, la tortura y el acoso policial permanente. La creación de estos tribunales y el desarrollo de estos mecanismos represivos constituyeron un instrumento esencial para garantizar la supervivencia del Estado franquista, anular toda oposición y mantener el control sobre la sociedad.

Así, para finales de década, las contradicciones del régimen eran evidentes. Mientras llevaban a cabo la modernización de la economía, los pilares básicos del régimen se mantenían intactos. Prueba de ello fue la designación de Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco y rey en 1969, con el objetivo de garantizar la continuidad del sistema franquista. Además, durante la década de los 70, se crearon grupos parapoliciales vinculados directamente al Estado para hacer frente a una situación que se estaba volviendo incontrolable.

A pesar de que la dictadura franquista intentó dar una imagen de control y seguridad a través de los medios oficiales, durante el segundo franquismo (1959-1975) –y especialmente a partir del proceso de Burgos (1970) y el atentado contra Carrero Blanco (1973)– los esfuerzos por sostener al régimen eran de una urgencia y magnitud enorme. La presión internacional también se volvió asfixiante, ya que España no sería reconocida en las alianzas estratégicas y económicas occidentales (como la OTAN o la CEE) si se mantenía bajo un régimen autoritario. Estos factores generaron una clara presión y temor entre las élites políticas y económicas: había que instaurar la democracia para integrarse en Europa y ganar legitimidad internacional.

En 1975, tras la muerte de Franco y la proclamación de Juan Carlos I como rey, se mantuvieron vigentes los principales pilares de la dictadura (el ejército, la Iglesia, la administración, entre otros). Paralelamente, con el nombramiento de Adolfo Suárez como primer ministro (1976), se dieron los primeros pasos para transformar la estructura política del régimen. En efecto, se pudo ver cómo en España la movilización social desempeñó un papel decisivo en la apertura de las grietas del sistema franquista. No obstante, buena parte de esa movilización se canalizó hacia el ámbito institucional, a través de acuerdos políticos entre el gobierno y las principales fuerzas de la oposición (PSOE, PCE, CCOO, UGT...). En este contexto, el momento decisivo fue el Pacto de la Moncloa (1977), en el que se establecieron acuerdos para garantizar la estabilidad económica y política a cambio de reconocer la monarquía, la unidad del Estado y la economía de mercado.

En España, buena parte de la movilización social se canalizó hacia el ámbito institucional, a través de acuerdos políticos entre el gobierno y las principales fuerzas de la oposición (PSOE, PCE, CCOO, UGT...). En este contexto, el Pacto de la Moncloa (1977) fue el momento decisivo

En consecuencia, la izquierda revolucionaria, que había tenido un notable protagonismo en las calles (PTE, EMK, LKI, ORT, etc.), quedó finalmente neutralizada, asumiendo el PSOE y el PCE un papel decisivo en la consolidación del nuevo sistema. El capitalismo español salió reforzado y la monarquía parlamentaria obtuvo el apoyo de la mayoría de los partidos con representación institucional y, lo más importante, de la población. A partir de entonces, el sistema capitalista español encontró nuevas fuentes de legitimidad, alejando así la posibilidad de una ruptura política en la sociedad.

Por tanto, la Transición española fue una reforma pactada desde arriba, impulsada por las élites políticas y económicas del régimen y aceptada por la oposición mayoritaria. Una oposición que, con la intención de integrarse en el nuevo sistema, renunció a buena parte de las bases de su programa. El proceso, además, no fue en absoluto pacífico, sino que estuvo marcado por la represión policial, la actuación de grupos parapoliciales de extrema derecha y la continuidad de los aparatos represivos del franquismo. La Constitución de 1978 consagró la democracia parlamentaria y la monarquía, pero preservó las estructuras políticas, militares y judiciales básicas del franquismo. La narrativa de la transición “ejemplar” ocultó una realidad distinta: el cambio se materializó a través de la violencia, la continuidad y la adaptación. En definitiva, se consolidó el capitalismo español y se establecieron nuevas bases de legitimidad e integración internacional, convirtiendo el nuevo sistema político en un instrumento de estabilidad y control social 

GRECIA: DEL RÉGIMEN DE LOS CORONELES A LA RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA

La dictadura de los Coroneles en Grecia se instauró tras el golpe militar del 21 de abril de 1967. Se llevó a cabo con el apoyo de un sector del Ejército y de Estados Unidos y la OTAN, que querían mantener el control sobre Grecia en el contexto de la Guerra Fría. Este régimen autoritario y militarista duró siete años, y fue caracterizado por la disolución de los partidos y de las libertades políticas, la censura o la persecución de la oposición mediante deportaciones, torturas o detenciones masivas, entre otros aspectos. El asalto se dirigió especialmente contra los militantes comunistas. En esencia, fue una dictadura burguesa y militarizada que garantizaba la disciplina social y protegía los intereses de las élites económicas griegas.

Entre los factores que impulsaron la crisis de la dictadura, en lo que respecta al ámbito económico, el modelo económico promovido por la Junta se centró en la construcción, el turismo y el capital extranjero. Sin embargo, pronto mostró sus limitaciones, y la crisis del petróleo no hizo más que agravar la situación, aumentando la inflación y disminuyendo la capacidad adquisitiva. Estas condiciones económicas incrementaron la inquietud y las protestas sociales entre trabajadores y estudiantes. En 1973 tuvo lugar el acontecimiento más destacado de la oposición: la sublevación de la Universidad Politécnica de Atenas.

Durante varios días, miles de estudiantes ocuparon esta universidad, llamando desde ella a actuar contra la dictadura. La respuesta del régimen fue una dura represión: la noche del 17 de noviembre introdujo tanques en la universidad y las fuerzas policiales abrieron fuego contra los manifestantes. El resultado fue de decenas de muertos y cientos de heridos y detenidos. Aunque la dictadura consiguió sofocar la revuelta, los sucesos se convirtieron en un símbolo nacional de la resistencia. Por ello, marcaron un punto de inflexión en la crisis del régimen, y desde entonces este no logró reconstruir su legitimidad.

Sin embargo, el final de la dictadura griega se caracterizó, sobre todo, por la crisis de Chipre, la cual aceleró su caída. El 15 de julio de 1974, los Coroneles organizaron un golpe contra el presidente chipriota Makarios III, con el objetivo de lograr la unión entre Chipre y Grecia. El objetivo era reforzar la legitimidad de la Junta mediante una victoria nacionalista, pero tuvo el efecto contrario. Precisamente, Turquía respondió con una invasión militar, bajo el pretexto de proteger a las minorías turco-chipriotas. La respuesta de la dictadura fue caótica: los conflictos internos del ejército la debilitaron y no tuvieron capacidad para hacer frente a Turquía. Por lo tanto, poco después del fracaso de la defensa, Ankara pasó a controlar una parte importante de la isla. Esto provocó una crisis dentro del aparato de poder y agravó el hundimiento del régimen ante la opinión pública.

No obstante, para llegar a estas conclusiones, el papel de EE. UU. y la OTAN fue decisivo. De hecho, durante años ambos aceptaron y apoyaron la dictadura de los Coroneles con el objetivo, entre otros, de garantizar la vinculación geopolítica del país con el bloque occidental. La crisis de Chipre, sin embargo, puso en peligro la cohesión en el ala sur de la Alianza Atlántica. Al provocar un conflicto entre dos países miembros de la OTAN, la dictadura griega se convirtió más en un problema que en un factor de estabilidad. Por lo tanto, la decisión de Washington fue no intervenir y organizar un rápido relevo político. Precisamente, Konstantinos Karamanlís regresó del exilio y emprendió una transición controlada. La dictadura cayó, pues, en pocos días, iniciando un proceso que preservó las bases del poder económico y geopolítico.

El regreso del conservador Konstantinos Karamanlís contó con el apoyo de las potencias occidentales desde el principio, ya que el objetivo era controlar la crisis social y mantener a Grecia en el bloque atlántico. Se dieron pasos hacia una democracia liberal, como la legalización de los partidos políticos, la convocatoria de elecciones y la celebración del referéndum que proclamó la república. Estas medidas dieron legitimidad al nuevo sistema, pero no alteraron las estructuras de poder del régimen anterior.

A modo de ejemplo, las élites económicas que se beneficiaron de la dictadura mantuvieron su posición. El Ejército, por su parte, aunque depuró a algunos coroneles, no llevó a cabo una limpieza exhaustiva y se aferró a su papel de último garante del orden. De este modo, la transición griega no supuso una ruptura: el orden capitalista se reconfiguró bajo una nueva forma parlamentaria, integrando al país en el bloque occidental y garantizando la continuidad de los intereses dominantes.

COMPARACIÓN: LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAPITALISMO EN EL SUR DE EUROPA

Tal y como se ha analizado, las transiciones del sur de Europa tuvieron una cronología compartida: las tres dictaduras llegaron a su fin casi al mismo tiempo, entre 1974 y 1976. Fue este factor el que llevó a hablar de una “ola democratizadora”. Analizando en perspectiva estas transiciones, sin embargo, lo que ocurrió fue una reorganización política en el sur de Europa en el marco de una nueva fase del capitalismo occidental. Las dictaduras fueron esencialmente diferentes y las transiciones también tuvieron características propias muy diversas, pero el resultado fue muy similar en los tres países: integración de los países en el bloque atlántico, continuidad de las élites y carácter represivo del Estado, entre otros.

Aunque en esencia fueron dictaduras diferentes, el resultado fue muy similar en los tres países: integración de los países en el bloque atlántico, continuidad de las élites y carácter represivo del Estado

En los tres casos, el agotamiento de las dictaduras coincidió tanto con una crisis de modelos desarrollistas como con un cambio en las necesidades del capital internacional, lo que exigía una recomposición política. Es decir, se trataba de mantener el orden social bajo nuevas formas políticas. En este contexto, el papel de EE. UU. y de la OTAN fue clave: la prioridad no era la democratización, sino la estabilidad de Occidente frente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y el control de los flujos tanto energéticos como militares. Por ello, de una manera u otra, impulsaron estas transiciones controladas. Sin embargo, las dinámicas internas fueron diferentes en cada lugar.

El discurso de la democracia liberal fue un instrumento fundamental para legitimar nuevas estructuras de poder. De hecho, la aparente apertura política se presentó como una ruptura, cuando en realidad se trataba de una reconfiguración del poder existente. El discurso de la “reconciliación nacional” en España, la “vuelta a Europa” en Portugal o las narrativas del retorno a la “legalidad republicana” en Grecia ocultaron la continuidad de las élites económicas y burocráticas.

En el caso de España esto resulta especialmente evidente: muchos de los que participaron en las estructuras del franquismo mantuvieron posiciones estratégicas durante la transición y después, adaptadas al nuevo sistema. Es decir, la monarquía, los altos mandos militares, la judicatura, la patronal o buena parte del aparato policial permanecieron intactos bajo el nuevo marco constitucional. En Portugal, España y Grecia, la participación ciudadana se limitó en general a los procesos electorales, y el debate de los cambios estructurales fue sistemáticamente dejado de lado.

Las movilizaciones populares fueron fundamentales en los tres casos, pero tuvieron desenlaces diferentes. En Portugal, destacó el desbordamiento de las fuerzas armadas ante una organización obrera sin precedentes. Sin embargo, el 25 de noviembre de 1975 culminó el ciclo revolucionario con el golpe. En el caso de España, la organización y resistencia antifranquista de diversa índole puso en jaque al régimen desde los años 60, y los momentos álgidos entre 1975 y 1977 hicieron aflorar tanto la fuerza organizativa como la continuidad de la represión del Estado. Precisamente, y viniendo a Euskal Herria, la represión –los últimos fusilamientos del franquismo, la masacre de Vitoria de 1976, las manifestaciones pro amnistía de 1977 y los muertos en los Sanfermines de 1978– evidenció que la violencia del Estado siguió siendo un instrumento fundamental de control social. La retórica democrática no podía ocultar la continuidad en los aparatos policiales, militares o judiciales. En Grecia, la resistencia estudiantil y obrera fue decisiva para derribar a los Coroneles, pero el ejército mantuvo su papel en la nueva república.

La retórica democrática no podía ocultar la continuidad en los aparatos policiales, militares o judiciales

Se puede decir, pues, que las tres transiciones se envolvieron en una misma lógica: encauzar el conflicto hacia la institucionalización y la desmovilización. En muchos casos, la movilización que puso en jaque a la dictadura fue absorbida por partidos, sindicatos y procesos electorales. Sin embargo, la nueva legalidad no supuso para muchos sectores el fin de las dictaduras, sino su permanencia bajo una nueva forma. En el contexto de conflictos laborales, reivindicaciones nacionales o agitación cultural y política surgieron nuevos movimientos que denunciaron la naturaleza del nuevo orden. La experiencia vasca demuestra que el ciclo de transiciones políticas no se cerró en 1978, sino que persistió el conflicto entre el nuevo régimen y amplios sectores sociales. Por eso, aunque las transiciones se presentaron como un proceso de cierre, en realidad también abrieron un ciclo de resistencias prolongadas en los tres países.

Por lo tanto, se puede afirmar que los procesos de transición en el sur de Europa no supusieron una ruptura, sino una reorganización del poder. Las estructuras previas se adaptaron al discurso de la democracia liberal y el objetivo principal fue garantizar el orden social en todos los casos; es decir, insertarse en el bloque atlántico y neutralizar cualquier posibilidad de transformación. Sin embargo, en los tres casos persistieron los espacios de conflicto y las memorias subalternas. Todos estos movimientos hicieron visibles los límites del nuevo orden: la democracia no eliminó la coerción y la represión, sino que los redefinió dentro del marco de la legalidad.