La época del posfranquismo vio la luz en un contexto de crisis económica mundial que puso fin a la época dorada de las décadas de los 50 y 60. La fase desarrollista del franquismo tardío impulsó la situación económica del Estado: a principios de la década de los 70, se consiguió una renta superior a los dos mil dólares por habitante en el Estado, tras obtener una tasa de crecimiento del 6% anual en la década anterior. El 95% del crecimiento de la renta fue consecuencia del crecimiento de la productividad del trabajo, ya que se reemplazaron técnicas obsoletas, se redirigieron recursos económicos a actividades más productivas y aumentó la acumulación de capital.

Sin embargo, la económicamente dorada fase del tardofranquismo fue también testigo de la lucha y la protesta social. A partir de 1970, hubo un notable ciclo creciente de huelgas en el Estado español. La mejora de las condiciones económicas y la represión ejercida por la dictadura tuvieron como resultado, en gran medida, la politización y la radicalización de las principales capas del movimiento obrero. Los convenios conseguidos tras los conflictos laborales quedaban inmediatamente obsoletos con el inicio de nuevas huelgas, y el incremento negociado de los sueldos se multiplicó en la mayoría de los sectores industriales. En este contexto se constituyó el nuevo acuerdo social del Estado español, que se inició en la década de los 70 y quedó confirmado durante los años posteriores a la muerte de Franco.

La mejora de las condiciones económicas y la represión ejercida por la dictadura tuvieron como resultado, en gran medida, la politización y la radicalización de las principales capas del movimiento obrero

La conflictividad de esta época se vislumbra con total claridad si se observan unos humildes datos. De la mano de Balfour, podemos estudiar la cantidad de conflictos, los trabajadores implicados y las horas perdidas en las huelgas entre 1968 y 1976:

CONFLICTOS LABORALES EN EL ESTADO ESPAÑOL (1968-1976):

Fuente: Balfour, Sebastian. La dictadura, los trabajadores y la ciudad. Edicions Alfons El Magnànim. Generalitat Valenciana. València, 1994:p.160.

Al verse incapaz de parar esta ola de un nuevo ciclo de protestas, el Régimen, siguiendo a su instinto, puso sus mecanismos represivos en marcha. Sin embargo, reforzar el papel de la policía y de los tribunales judiciales fue como tratar de apagar el fuego con gasolina. En la última fase de la dictadura, la persecución y la brutalidad policial se convirtieron en una de las razones principales de las protestas de la clase obrera.

Esta época a la que se ha denominado “Transición”, se caracteriza, sobre todo, por dos aspectos; por una parte, el acuerdo político y social a nivel estatal consensuado entre los actores políticos que aceptaron las reglas del juego de la Transición; 

y por otra, la adaptación del modo de producción en los centros de trabajo que se llevaba impulsando desde la anterior década, llevando a término la implantación del modelo fordista y realizando cambios en la organización del trabajo que se convertirían en respiro para el Capital. Este último aspecto estuvo acompañado por diversos mecanismos de represión laboral establecidos en los centros de trabajo. En este artículo le dedicaremos mayor espacio al primer punto.

El germen de la Transición fue el año 1975; precisamente, aquel año en el que Franco murió estuvo plagado de todo tipo de situaciones críticas. Nada más morir el dictador, los diferentes elementos políticos se dispusieron a tratar de adaptarse a esa nueva e incierta situación. La Convergencia Democrática impulsada por el PSOE o la Junta Democrática espoleada por el PCE no fueron más que dos de los intentos de la socialdemocracia. Ambos dos querían erigirse en alternativa frente al Régimen, difundiendo para ello un discurso moderado y responsable bajo un frente amplio.

Estas dos propuestas se unificaron en marzo de 1976, cuando se creó la coalición conocida como Coordinación Democrática o, a nivel de calle, “la Platajunta”. Esta plataforma quedó reservada a los partidos políticos, y quedaron fuera de ella tanto partidos y organizaciones políticas revolucionarias, como agentes sociales y civiles, u organizaciones sindicales.

Aun así, esta también fue la época de los macroacuerdos estatales que uniría a todo el espectro político institucional de derechas a izquierdas. Manuel Fraga resumió perfectamente, en el periódico Cambio 16, el fundamento de este acuerdo político interclasista: “Evolución sin revolución”. La meta de estos acuerdos de Estado era, por lo tanto, clara; realizar el desarrollo económico y político del futuro a través de una transición pacífica y controlada, sin revolución. Era abril de 1977 y acababan de legalizar al PCE.

La meta de los acuerdos de Estado era, por lo tanto, clara; realizar el desarrollo económico y político del futuro a través de una transición pacífica y controlada, sin revolución

Se podría decir que el PCE, bajo la dirección de Santiago Carrillo, se valió de un programa político similar al desarrollado tras la II Guerra Mundial por el Partido Comunista de Italia (PCI) de Palmiro Togliatti: formación de un Gobierno de unidad nacional, establecimiento de una democracia parlamentaria, amnistía general para los represaliados del anterior ciclo y mantenimiento de la monarquía. Dicho programa se vé reflejado en el PCE de aquella época, mientras se negociaban las condiciones para su legalización con Carlos Arias Navarro.

Hubo disputas similares en la fracción de derechas que quiso gobernar después de Franco. El rey Juan Carlos, basándose en la Ley de Sucesión franquista de 1969, nombró a Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, otorgando asimismo un rol importante a Torcuato Fernández Miranda. Estos nombramientos generaron grietas entre los personajes franquistas Arias Navarro, Areilza o Cabanillas, y el propio Areilza, en su trabajo Cuadernos de la Transición, reivindicó los siguientes puntos: “proceso constituyente, programa económico de modelo posfranquista, reforma sindical y límites del regionalismo”. La cuestión principal era, en gran medida, si incluir o no en el “acuerdo de la Transición” al Partido Comunista de España, pensando que esta última acción dejaría fuera de juego a la izquierda radical.

La Ley para la Reforma Política (1977) fue clave para impulsar la Transición. Esta ley buscaba abandonar el sistema de las Cortes establecido por el franquismo y crear unas nuevas Cortes elegidas mediante participación democrática, proceso que se utilizó para maquillar el propio proceso de la Transición. El referéndum tuvo una participación del 77%, con un 94% de votos a favor. Sin embargo, en Gipuzkoa y en Bizkaia, se impuso la abstención.

Aun así, además de la Ley para la Reforma Política, los dos sucesos principales que marcaron la Transición fueron los Pactos de la Moncloa de 1977 y la Constitución española de 1978 . El primero tenía como objetivo cerrar un acuerdo social y económico entre todos los partidos del arco parlamentario, incluido el PCE, con Adolfo Suárez a la cabeza. Además de los partidos, el acuerdo también contó con la participación de empresarios y gran parte de CCOO. La Alianza Popular de Fraga solo firmó los acuerdos económicos.

Pactos de la Moncloa (1977). Entre ellos, Felipe González (PSOE), Santiago Carrillo (PCE), Adolfo Suarez (UCD) y Manuel Fraga (AP). Fuente: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Los Pactos de la Moncloa, de algún modo, sirvieron como un acuerdo de Estado, en tanto que, en el proceso de establecer la democracia liberal y mantener su seguridad, buscaban el compromiso de los actores políticos de todo el arco parlamentario. En pocas palabras, este acuerdo tenía como objetivo rebajar la protesta social, asegurar la paz en las fábricas, establecer control sobre la subida de los salarios y ofrecer un marco de recuperación a las ganancias decrecientes de las empresas.

La importancia de estos acuerdos es enorme, ya que en un momento en el que la protesta social y política estaba al rojo vivo, significaron la unión entre la derecha y la izquierda, ambas arrodilladas al servicio del Capital. Para entender la esencia de este acuerdo, no hay más que reparar en la frase pronunciada por Carrillo: (Pactos de la Moncloa) “Acuerdo progresista más serio que se ha realizado en nuestro país desde los años treinta entre fuerzas obreras y burguesas”. La frase define claramente los postulados del Partido Comunista de España, que había dejado de lado sus intenciones revolucionarias.

En un momento en el que la protesta social y política estaba al rojo vivo, los Pactos de la Moncloa significaron la unión entre la derecha y la izquierda, ambas arrodilladas al servicio del Capital

Según Fuentes Quintana, el principal economista que dirigió este acuerdo, la política acordada en los Pactos de la Moncloa se basaba en estos principios: 1) conseguir un acuerdo de aceptación “para repartir los costes de la crisis entre los diferentes agentes económicos”; 2) regular la economía en cuatro direcciones: precios, economía exterior, producción y sistema económico; 3) poner en marcha una política económica que iniciara “el saneamiento político y una reforma política general”; 4) adecuar el sistema económico a los principios de la economía de mercado; y 5) llevar a cabo la renovación del ajuste en la producción.

Por otro lado, el proceso constituyente que culminaría con la Constitución de 1978, tenía como objetivo blindar jurídicamente la reestructuración decidida en los Pactos de la Moncloa. La Constitución tenía el consenso político por eslogan, y fue suscrita por el PSOE, la UCD, el PCE, los catalanistas y el partido de Fraga. En el referéndum de la constitución, una vez más, Gipuzkoa y Bizkaia fueron la excepción, debido a que allí prevalecieron el rechazo y la abstención.

España era, tras la Revolución de los Claveles en Portugal, la única dictadura que quedaba en Europa en aquella época, y numerosos actores internacionales seguían de cerca el desarrollo del país. Para los organismos y principales potencias económicas a nivel mundial, con Estados Unidos a la cabeza, era imprescindible incorporar a España dentro del nuevo orden económico mundial y confirmarlo como zona estratégica. No se puede entender de otra manera la atención y el interés mostrados por la Administración Ford y Henry Kissinger hacia España. Estados Unidos aceptó sin reticencias el modelo de reforma gradual de la Transición.

El modelo que Fraga tenía entre manos era extremadamente similar a un modelo canovístico, un juego “democrático” basado en el turnismo. Así mismo se lo dijo, en abril de 1976, a Felipe González, a Luis Gómez Llorente y a Miguel Boyer, tres representantes de centro izquierda: “Mi mayor logro sería crear un sistema en el cual vosotros podríais ser presidente, tal vez dentro de cinco años”. Es innegable la visión de futuro mostrada por Fraga. 

La época en la que se firmaron estos acuerdos de Estado, como se ha mencionado, estuvo marcada por una profunda crisis económica. Los principales países industrializados consiguieron entre 1975-1977, con grandes sacrificios, bajar a la mitad la subida de precios. En España, en cambio, se doblaron. Según Mercedes Cabrera, en 1976 el coste de la vida subió un 19%, y para 1977 existía el riesgo de que llegase al 30%. El número de personas desempleadas llegaba al 5%, y respecto al déficit exterior, aun siendo de 3.500 millones de dólares en 1975, en 1976 ya se situaba en 4.200 millones dólares, llegando ese mismo año a 5.000 millones.

Por lo tanto, aquel momento histórico estuvo marcado tanto por un contexto de crisis aguda por un lado, como por la incertidumbre que se extendió después de 40 años de dictadura, por otro. Así pues, el Régimen que provenía del franquismo impulsó la inserción de España en los circuitos capitalistas modernos con la ayuda de acuerdos económicos, y limitó el campo de juego político con el propósito de combatir cualquier intento revolucionario. Aun así, esa reestructuración sistémica pedía una tercera adaptación: silenciar el movimiento obrero que vio mejorar sus condiciones de vida económicas y recuperó el ansia de lucha con el final de la dictadura.

El Régimen que provenía del franquismo impulsó la inserción de España en los circuitos capitalistas modernos con la ayuda de acuerdos económicos, y limitó el campo de juego político con el propósito de combatir cualquier intento revolucionario

¿Era posible materializar ese acuerdo sin la pacificación y la desactivación del movimiento obrero que hasta entonces había mostrado un carácter conflictivo? He aquí otra cuestión relevante de esta época: la mediación sindical fue relegada al acuerdo político. Es decir, el acuerdo político requería acuerdo social y, este último, por su parte, requería la subordinación de los actores que estaban dentro del movimiento obrero, esto es, de los sindicatos y partidos obreros.

El acuerdo político requería acuerdo social y, este último, por su parte, requería la subordinación de los actores que estaban dentro del movimiento obrero

Xavier Domenech sugirió con seguridad que las opciones de establecer el nuevo régimen necesitaban de la articulación de un consenso básico entre diferentes clases sociales. En ese sentido, el economicismo insertado en el seno de la clase trabajadora sirvió como base para la “democratización” del Estado español.

Tal vez el desarrollo de CCOO sea el mejor reflejo de este proceso. Aquella organización que se dio a conocer como comisiones, en 1976 se formalizó como sindicato (CCOO), y dejando atrás su actividad clandestina, inició su proceso de institucionalización, presentándose como “sindicato con nueva apariencia” y creando delegaciones y secretarías territoriales. Sabemos que en un principio existían diferentes comisiones en las fábricas, algunas vinculadas al PCE, otras a la ORT y también estaban las que se movían entre sectores más autónomos. Los intentos de imponer un control sistemático del PCE generaron dos escisiones dentro de este entre quienes se mostraron desconfiados hacia el proceso: PTE y ORT. Cada uno creo después su sindicato: los primeros la CSUT (Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores) y los otros el Sindicato Unitario.

Otros muchos sindicatos también tuvieron que reorganizarse, entre ellos CNT o USO. En Euskal Herria también hubo novedades relevantes. Eusko Langileen Alkartasuna (ELA) tuvo su proceso de refundación en esa época, y asimismo se creó, en 1974, Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB), de la mano de la Izquierda Abertzale, que se presentó como “sindicato no negociador”. Las formas de organización de la clase trabajadora, que hasta entonces había estado basadas en asambleas, coordinadoras o comités de fábricas, cambiaron muy rápidamente; así, el protagonismo principal quedó en manos de las mesas de negociación de los sindicatos institucionales y la afiliación entre ellas. Las necesidades más apremiantes de este nuevo modelo de sindicalismo fueron estabilizar sus siglas, construir un sistema burocrático y empezar a actuar con base en la premisa de la libertad sindical, para lo que el Estado emitió la Ley de Asociaciones Sindicales de 1977.

Este nuevo modelo de sindicalismo eliminó de golpe la que hasta entonces había sido la razón principal de la lucha obrera: supuso el fin de las negociaciones a nivel de fábrica. Y es que, la fuerza de la clase obrera, en muchos casos, provenía de las luchas en las mismas fábricas, en la unión de las plantillas de las fábricas en torno a la consecución de objetivos comunes. A partir de ese momento, sin embargo, además de que la mesa negociadora quedara exclusivamente en manos de los representantes sindicales, se estableció un nuevo marco de negociación que se concentraba a escalas industriales, sectoriales o grandes convenios estatales. Por lo tanto, cualquier mecanismo de presión local pasó a negociarse en instancias de las altas esferas.

Este nuevo modelo de sindicalismo resultante de la Ley de Asociaciones Sindicales eliminó de golpe la que hasta entonces había sido la razón principal de la lucha obrera: supuso el fin de las negociaciones a nivel de fábrica

Emmanuel Rodríguez propone un ejemplo muy claro para explicar este proceso. En 1976, en la empresa Roca en Gavá de Barcelona, empezaron paros y protestas reclamando mejores condiciones de trabajo. Como en otras ocasiones, la plantilla de la empresa creó su asamblea de forma autónoma, con sus propias delegaciones. Esto demostró los límites del asamblearismo con respecto al nuevo modelo de negociación. De hecho, hasta ese momento era típico realizar parones, protestas y movilizaciones solidarias en las demás fábricas, pero en este conflicto que duró tres meses, los sindicatos establecieron un bloqueo en las demás fábricas, prohibiendo los gestos solidarios dentro del nuevo marco sindical.

A partir de este momento, las huelgas solidarias dejaron de ser norma y empezaron a ser excepción, a favor de la “responsabilidad”, la “negociación legal”, la “representatividad” y la “supervivencia económica de la empresa”. También en 1976, como una efeméride relevante, tenemos la creación de la Patronal española (CEOE).

Jurídicamente, el derecho a huelga no se legalizó hasta 1977, y fue entonces cuando se aprobó ese derecho por primera vez, aunque fuese en mínimos. Entre los cambios destacables cabe mencionar que se establecieron comités de huelga en representación de los trabajadores en conflicto a través del Decreto de Relaciones Laborales de 4 de marzo de 1977, y que el Estado estableció los siguientes parámetros para las huelgas: por un lado, solo se permitía hacer huelga con la aprobación de 3/4 de los delegados; los comités de huelga estarían formados por 12 personas como máximo; ejercer el derecho a huelga no podría conllevar castigo; no se podrían contratar trabajadores externos mientras durase la huelga; se aceptaba el permiso para propaganda y recaudación.

Aun así, conllevó unos límites evidentes para la organización obrera: las huelgas de sectores económicos estratégicos, las huelgas de responsabilidad o las huelgas de turnos fueron declaradas ilegales; el Gobierno tenía la potestad de acabar la huelga a la fuerza y establecer servicios mínimos en los servicios públicos; y lo más importante: a partir de este momento, toda huelga con motivación política o promovida solidariamente fue ilegalizada.

Por lo tanto, esta nueva legislación disfrazada de libertad sindical le cerró las puertas a la organización política del movimiento obrero, limitando y localizando todo lo posible las luchas en los centros de trabajo, al igual que rompiendo la unidad de clase, fomentando la atomización e imponiendo estructuras y mecanismos por sectores laborales.

Asamblea multitudinaria de trabajadores de SEAT en Zona Franca (Barcelona), 1976. Archivo Histórico de CCOO de Cataluña (AHCO).

La legalización de los nuevos tipos de huelga permitían solamente las huelgas relativas a las condiciones laborales de trabajadores, lo que hizo que estas se convirtieran en ambiguas. En última instancia, el Estado decidía si eran huelgas de solidaridad o huelgas políticas; así este sentenciaba cuáles eran políticas, cuáles de solidaridad, y cuáles legales, de manera arbitraria y según sus interese políticos. [sic] 

El Estado decidía si eran huelgas de solidaridad o huelgas políticas; así este sentenciaba cuáles eran políticas, cuáles de solidaridad, y cuáles legales, de manera arbitraria y según sus interese políticos

Por último, en 1980, se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, el código laboral que dio un último impulso al proceso institucionalizador. Fue un acuerdo apoyado por UGT y PSOE que trajo consigo la reforma del mercado laboral, creando por primera vez la figura de los contratos temporales, convirtiendo el comité de empresa controlado por los sindicatos en marco todopoderoso y estableciendo nuevas normas en el sistema electoral. A partir de este momento, solo los comités de empresa podrían convocar las asambleas de trabajadores, o si no, un tercio de los trabajadores. Por lo tanto, con el Estatuto se dio por finalizado el proceso que rebajó y relegó totalmente la organización obrera.

En conclusión, el franquismo tuvo su punto de inflexión más profundo en los Planes de Estabilización de 1959, ya que fue entonces cuando se decidió, motivado por la voluntad de romper con la derrota económica y el aislamiento institucional generados por la autarquía, realizar cambios en los marcos económicos. El Plan de Estabilización de 1959, fomentó, entre otros aspectos, la apertura a la inversión exterior, la planificación económica, la reforma administrativa, y la generalización de la educación y salud públicas. Podríamos afirmar que el proyecto desarrollista que el franquismo tenía entre manos era al mismo tiempo económico y social: la subida del producto interior bruto (PIB), la industrialización, el aumento del nivel de consumo y de vida o la ampliación de la educación se dieron junto con la integración de amplias capas de la clase trabajadora en el Estado.

Esa nueva política económica del Régimen no fue nunca del agrado de Franco, quien se aferraba a ideas tradicionales y nunca estuvo convencido con el cambio. Por decirlo de alguna manera, el dictador fue el último en unirse a la idea del desarrollismo, pero al final supo hacerla suya. A pesar de que a menudo el Plan de Estabilización ha sido visto como una simple modificación del franquismo, realmente fue responsable de la internacionalización de la economía española.

En las Cortes, los ministros Ullastres y Navarro Rubio propusieron la misma receta acordada en Bretton Woods, implantando una ortodoxia liberal capitalista y unos presupuestos rígidos. A fin de cuentas, fue ejemplo del enésimo intento de los Estados Unidos para hacerse con el orden económico mundial. Justamente, existen ejemplos de sobra en esta época: el Plan Eder de Bolivia (1956), el Plan de Estabilización y Desarrollo de Argentina (1958), el Plan Pinay-Rueff (1958) impulsado por el presidente francés De Gaulle, o el Plan para la Estabilización Económica que Chile puso en marcha en 1959. Todos, sin excepción, fueron gestionados por organismos económicos y financieros de EE. UU.

Ese cambio generó la etapa del desarrollismo conocida como “la época dorada”, es decir, una época de gran riqueza económica. Sin embargo, la grave crisis del sistema de producción capitalista a nivel mundial a partir de la década de los 70 cambió por completo esta situación. Precisamente, ese nuevo contexto fue el que le tocó a la Transición; así, a la grave inestabilidad económica se le sumó la inestabilidad e incertidumbre política del Estado español después de la muerte de Franco.

Con el fin de la dictadura y siguiendo la voluntad de incorporar la economía española a los circuitos económicos mundiales, los Pactos de la Moncloa y la Constitución de 1978 sentaron las nuevas bases jurídicas, políticas y económicas. Asimismo, los cambios y las medidas tomadas en ámbitos laborales y sociales tenían como objetivo rebajar la respuesta de las organizaciones más radicalizadas, herederas de la lucha antifranquista.

En pleno contexto de crisis, los altos aparatos del Estado consideraron de especial urgencia la necesidad de incorporar a España a las principales instituciones económicas de Europa. Ya en la época de los Pactos de la Moncloa, se decidió empezar las negociaciones con la Comunidad Económica Europea (CEE). Así, España se convirtió en candidata oficial para integrarse como miembro de pleno derecho en la CEE, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) y la Comunidad de la Energía Atómica (Euratom).

A pesar de que muchos relacionen el final de la Transición con la victoria de 1982 del PSOE, hay que aclarar que el PSOE siempre fue agente central en la política de la Transición. Por lo tanto, más que en 1982, podríamos situar el final de este largo proceso en 1986. Precisamente, el camino que se inició con los Planes de Estabilización de 1959 culminó con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea.

El camino que se inició con los Planes de Estabilización de 1959 culminó con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea

Aun así, la política económica que el PSOE llevó a cabo fue continuista con respecto al anterior Gobierno. Esa poca fuerza que el Estado tenía para dirigir la actividad económica quedó en manos de estructuras supranacionales subordinadas al mercado global, entre otros, en manos del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Comunidad Económica Europea (CEE). Martínez González-Tablas definió bien el papel protagonista que la izquierda del Capital tuvo ante un nuevo ciclo acumulativo en el libro España 1988: un balance:

La crisis económica planteaba problemas de fondo a la regulación de las sociedades occidentales. El modelo de acumulación se encontraba agotado y las funcionalidades sobre las que se había asentado aparecían ahora como obstáculos para su recomposición. La integración de la clase obrera a partir de una lógica productivista, la sociedad de consumo basada en la progresión de los salarios reales, el propio protagonismo del Estado-gestor y garante del bienestar, surgían como barreras para el necesario saneamiento que tenía que proceder a un nuevo modelo de acumulación. Cuando la derecha encontraba dificultades para implantar la austeridad e imponer las nuevas reglas del juego, se abría la posibilidad de una opción de izquierda.

Cuando el PSOE llegó al poder en 1982, estableció unos objetivos aún más ambiciosos que aquellos de los primeros ajustes de los Pactos de la Moncloa. El Programa Económico de Medio Plazo de 1983-1986 destacaba la importancia de conseguir cuatro objetivos básicos: reducir la inflación a niveles de la CEE; aumentar los excedentes empresariales para recuperar inversiones; flexibilizar y liberalizar la rigidez económica basada en la economía de mercado y “adecuar” la estructura productiva disponible a la crisis económica a través de procesos de reconversión industrial.

La consecuencia más grave de esta nueva política fue el aumento del paro: la tasa de desempleo de la población activa en el Estado español ascendía al 22,1% en 1985, cuando en 1982 era del 16%.

El denominado Programa de Desarrollo a Medio Plazo 1982-1985 subrayaba la importancia de ampliar la liberalización, flexibilización y competencia de mercados, servicios y capitales, e incrementaba el interés de asegurar la recuperación de los excedentes empresariales.

De todas formas, al final, España consiguió el acceso a la Comunidad Económica Europea (CEE) el 1 de enero de 1986, en plena crisis, dando así por finalizados los intentos que se iniciaron en 1959 con los Planes de Estabilización. En el momento en que España entró en la CEE, el panorama del movimiento obrero era verdaderamente preocupante. Como bien explica Miren Etxezarreta, las nuevas condiciones de vida social de la década de los 80 generaron una aceptación pasiva de la entrada en la CEE. A la clase trabajadora amenazada por los terribles datos del paro se le quiso hacer creer que la entrada en la CEE iba a solucionar este problema, y, además, la cooperación de los sindicatos con la nueva Administración y la escasa capacidad que mostró el movimiento obrero ante la crisis explican la insuficiente oposición a estos acuerdos.

Podemos decir, entonces, que de alguna manera aquí acabó la reestructuración económica iniciada en 1959 y la primera fase para incorporar a España al modo de producción capitalista moderno. La situación de la economía española era muy grave en aquel momento, ya que se encontraba en plena crisis, y tanto el tejido empresarial como gran parte de la clase trabajadora depositaron su esperanza de supervivencia en los marcos transnacionales europeos.

Podemos decir que con la entrada de España en la CEE acabó la reestructuración económica iniciada en 1959 y la primera fase para incorporar a España al modo de producción capitalista moderno

Asimismo, entrar en la CEE le supuso un salto cualitativo enorme al capitalismo español; de hecho, su integración abría el camino a un proceso mucho más amplio; concretamente, al camino de la apertura del mercado español y la supresión de todo proteccionismo, en definitiva, a la integración en un mercado europeo común. Entre otros, entrar en la CEE trajo consigo nuevas implicaciones; sobre todo la eliminación de las aduanas para los países comunitarios, el establecimiento de la tarifa exterior común, el final de las trabas para la libre competencia y la exclusión de las decisiones de imposición de precios.

Dicho de otra manera, la soberanía económica (y, en consecuencia, la política) quedaba en manos de Europa a partir de entonces. Por lo tanto, el fundamento de la Transición en sí difícilmente podría entenderse sin la voluntad de los Planes de Estabilización de 1959, la importancia de los Acuerdos de la Moncloa de 1977 y de la Constitución del 78, y todas las decisiones adoptadas en el ámbito económico y laboral. Siempre hemos estudiado que el salto de la dictadura a la “democracia” sucedió entre 1975 y 1978, pero el sometimiento generalizado de la economía española se dio en la década de los 80. Para ello, los acuerdos impulsados por España y el nuevo modelo laboral no fueron más que mecanismos para ajustar su economía a las condiciones europeas y para pacificar el movimiento obrero.

A partir de la entrada en la CEE, la soberanía económica (y, en consecuencia, la política) quedaba en manos de Europa