Es una verdad conocida que la dictadura de Franco persiguió a las lenguas que no fuesen el castellano. Menos se ha hablado, sin embargo, del regionalismo que existió entre los franquistas. El nacionalismo español, que se encuentra en la base del franquismo y del falangismo, atacó a las lenguas minorizadas de las naciones oprimidas. Asimismo, es de interés entender cómo y por qué cambió la actitud hacia estas lenguas en los últimos años de la dictadura. En estas líneas, analizaremos la política lingüística de la época franquista, prestando especial atención al catalán y al euskera.
ANTES DEL FRANQUISMO
Antes de entrar en la política lingüística franquista, hay que tener en cuenta que las medidas contra las lenguas minorizadas no comenzaron con el franquismo. En el caso del euskera, en la historia precapitalista, encontramos ejemplos de ciertas medidas contra esta lengua, por razones muy diversas: las prohibiciones de hablar euskera establecidas en 1239 en Ojacastro (La Rioja) o en 1349 en Huesca, entre otras.
Sin embargo, a medida que surgieron las Estados nación modernos, junto con el surgimiento del capitalismo, se aceleró el proceso de imposición de un único mercado y un gran estado nacional de acumulación de capital, que incluía el arrinconamiento de las lenguas de las naciones oprimidas: la prohibición de los libros en euskera por parte del conde de Aranda en 1776, la orden de uso del castellano en las aulas establecida por la ley Moyano en 1857, la obligatoriedad de redactar todos los documentos públicos en castellano en 1862 (actualmente vigente), la prohibición de las obras de teatro en euskera ordenada por Isabel II en 1867, etcétera.
Unos años antes del inicio del franquismo, durante la Segunda República, se redactó la nueva Constitución española (1931), en la que se reconocía el derecho a hablar y a enseñar las lenguas locales, pero siendo el castellano la principal lengua del Estado español:
El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. (Artículo 4 de la Constitución)
En cuanto al ámbito educativo, la Constitución realizaba las siguientes especificaciones:
Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas, de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana, y esta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los Centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República. (Artículo 50 de la Constitución)
Por otra parte, pertenecen a esta época los proyectos de los estatutos de autonomía de las regiones, en 1932 en Catalunya y en 1936 en el Euskal Herria. En 1936, se redactó el Estatuto de Autonomía de Galiza, pero no llegó a aplicarse, ya que estalló la Guerra Civil tres semanas después. En 1939, la victoria franquista abolió la República y los estatutos de autonomía aprobados por la Constitución fueron suspendidos.
PRIMEROS AÑOS DEL FRANQUISMO
El partido Falange Española buscaba sentar los cimientos del nacionalismo español y, en muchos casos, atacó violentamente a las lenguas locales y a las culturas vinculadas a la resistencia republicana, por motivo del separatismo. El programa de la Falange de 1934 señala claramente la cruzada contra este: “todo separatismo es un crimen que no perdonaremos jamás”.
Sin embargo, llama la atención que la Falange, cuando se disponía a conquistar Catalunya, tenía los folletos y la propaganda preparados en catalán, y la autoridad militar no les permitió distribuirlos. El propio Ramiro de Ledesma, uno de los principales teóricos del fascismo, ponía la cultura y el catolicismo como bases y pilares de la nación española, no la raza, ni la lengua. De hecho, en el seno franquista, algunos entendían las lenguas y culturas de cada región como algo de lo que sentirse orgullosos, como una riqueza propia de España, siempre de forma folclórica. El alcalde franquista de Barcelona, Mateu i Pla las define en 1939 como “sanos y nobles apegos a tradiciones sagradas y a usos y costumbres que fueron siempre la esencia misma del patriotismo español”. Al finalizar la Guerra Civil, el político franquista Serrano Súñer decía: “¿El lenguaje catalán? ¿Por qué no? Si el catalán es un vehículo del separatismo, lo combatiremos. Imagínese que el castellano –aunque esto no pueda suceder– llegara alguna vez a ser un factor contrario a la grandeza de España. ¿No estaríamos obligados a combatirlo? Si el catalán es un elemento de la grandeza de España, ¿por qué no respetarlo?”.
Por lo tanto, parece que, en un principio, en la Falange existía una visión que comprendía y reconocía las lenguas y culturas de cada región como parte de la españolidad. No obstante, el otro punto de vista también tenía mucha fuerza. Reflejo de esto último pueden ser las siguientes declaraciones publicadas en el diario Domingo de San Sebastián en 1937: “Aquí (Euskadi) y en la orilla mediterránea (...) se cultivaban los dialectos como si fueran bacilos de una peste con la que, desde siempre, tenían meditado contaminar nuestro robusto sentido nacional. Al morbo separatista le iba bien el clima de los dialectos. (...) Sin duda, por su aprovechada virulencia es por lo que ningún oído de buen español puede prescribir palabras dichas en los dialectos de España sin un estremecimiento de tímpano, considerándolos poco menos que una agresión al nacionalismo de quien los escucha, naturalmente, contra su voluntad. (...) Idioma uno en la España una”.
Parece que, en un principio, en la Falange existía una visión que comprendía y reconocía las lenguas y culturas de cada región como parte de la españolidad. No obstante, el otro punto de vista también tenía mucha fuerza.
El propio Franco se expresaba así: “España se organiza en un amplio concepto totalitario, por medio de instituciones nacionales que aseguren su totalidad, su unidad y continuidad. El carácter de cada región será respetado, pero sin perjuicio para la unidad nacional, que la queremos absoluta, con una sola lengua, el castellano, y una sola personalidad, la española”. El lema conocido de España era “Una, Grande y Libre”. Y se propagaban mensajes como: “¡Camarada! Tienes obligación de perseguir al judaísmo, a la masonería, al marxismo y al separatismo. Destruye y quema sus periódicos, sus libros, sus revistas, su propaganda.”
Este era uno de los lemas más conocidos de España: "¡Camarada! Tienes obligación de perseguir al judaísmo, a la masonería, al marxismo y al separatismo. Destruye y quema sus periódicos, sus libros, sus revistas, su propaganda"
Las autoridades franquistas prohibieron el uso del euskera en la capital guipuzcoana: “Se denunciará a todo aquel que infrinja lo dispuesto sobre la prohibición de hablar idiomas y dialectos diferentes del castellano”, ordenó la comandancia militar de San Sebastián el 29 de mayo de 1937. El uso de las lenguas locales, tanto en el ámbito público como en el privado, podía ser castigado con multas. En las aulas golpeaban con una regla y castigaban duramente a los niños y niñas que no hablaban español. Además de en la calle y en la educación, el euskera fue prohibido en misa. La orden del Gobierno Civil de Bizkaia de noviembre de 1949 ordenó la retirada de los escritos en euskera de las tumbas. Las lápidas con escritos en euskera fueron cubiertas de cemento; testigo de ello son las multas y los registros.
El uso de las lenguas locales, tanto en el ámbito público como en el privado, podía ser castigado con multas. En las aulas golpeaban con una regla y castigaban duramente a los niños y niñas que no hablaban español.
José Antonio Agirre, en su mensaje enviado a la UNESCO en 1952, dio a conocer la opresión de las lenguas que se estaba produciendo en España y citó, entre otros, el cierre de la universidad vasca, las asociaciones sociales y culturales ocupadas por el ejército, la quema masiva de libros en euskera, la erradicación del euskera de las escuelas, de las reuniones públicas, de los programas de radio, de los periódicos o de las revistas.
En el mismo sentido, tenemos varios ejemplos de medidas adoptadas para erradicar el catalán del ámbito público. En marzo de 1939 se leía en El Noticiero Universal de Barcelona: “Muy apreciable la lengua catalana en el ambiente doméstico y familiar: muy apreciable también como signo de tradición”. En cambio, en ese mismo periódico, en abril de 1939, el catalán se denominaba “factor contrario a la grandeza de España”. Las obras teatrales en catalán se prohibieron. En la Administración, muchos puestos de funcionarios fueron asignados a personas que no sabían catalán. También en educación se nombró a profesorado procedente de otras regiones: “El desconocimiento o el habitual desuso del idioma oficial por parte de los servidores del Estado en actos de servicio debe ser causa justificada bastante para invalidar en absoluto su condición de funcionarios estatales e incapacitarlos para el ejercicio de funciones públicas”.
En marzo de 1939 se leía en El Noticiero Universal de Barcelona: "Muy apreciable la lengua catalana en el ambiente doméstico y familiar: muy apreciable también como signo de tradición". En cambio, en ese mismo periódico, en abril de 1939, el catalán se denominaba "factor contrario a la grandeza de España”.
Además de estas medidas, el que fuera primer gobernador civil de Barcelona emitió en 1940 una circular que prohibía a todos los funcionarios hablar en catalán. No podían usar el catalán ni con los usuarios ni entre ellos. “A partir del día primero de agosto próximo, todos los funcionarios interinos de las corporaciones provinciales y municipales de esta provincia, cualquiera que sea su categoría, que en acto de servicio, dentro o fuera de los edificios oficiales se expresen en otro idioma que no sea el oficial quedarán ipso facto destituidos, sin ulterior recurso”.
Se eliminó el catalán de los nombres de plazas y calles, cambiando las placas: Plaça de Catalunya se convirtió en “Plaza del Ejército Español”, Passeig de Gràcia en “Paseo General Mola”, Diagonal, en “Avenida del Generalísimo”, etcétera. Se españolizaron los nombres de pueblos y ciudades y se destruyeron las estatuas de los catalanes que marcaron la historia. Los dueños de todo comercio debían cambiar sus escritos al castellano. La prensa difundía las sanciones que recibirían en el caso de no cumplir con ello: multas altas, pero también penas de prisión.
No sólo se impusieron prohibiciones, sino que se llevó a cabo una descomunal propaganda a favor del castellano y en contra de las otras lenguas. Por toda España, carteles y camiones portaban mensajes como “No ladres, habla la lengua del imperio”, “Si eres español, habla español”, “Habla en cristiano”, “Sea caballero, hable en castellano”. Cubrieron de propaganda todas las regiones bilingües, no sólo las que hablaban euskera, catalán, valenciano y gallego, sino también las que hablaban astur-leonés, aragonés y occitano.
Todo ello suponía, claro está, vincular el prestigio social al castellano. En este sentido, se menciona el desarrollo de cierto autoodio en los hablantes de lenguas minorizadas. Recordemos que, en los años anteriores al franquismo, surgió en Euskal Herria un renacimiento cultural equivalente al catalán denominado Renaixença (el movimiento literario Euskal Pizkundea, las primeras ikastolas, las revistas en euskera, la creación de Euskaltzaindia...). El franquismo interrumpió estos movimientos y fusiló a algunos de sus miembros (como Lauaxeta y Aitzol), mientras que otros tuvieron que huir al extranjero. Sin embargo, no podemos olvidar otros factores que influyeron notablemente en la situación de estas lenguas: el desarrollo de la industrialización y de las ciudades, la expansión de una clase media, la creación de grandes medios de comunicación, la generalización de la escuela... No obstante, en las últimas décadas del franquismo, resurgió la lucha por la recuperación de la lengua.
LAS ÚLTIMAS DÉCADAS DEL FRANQUISMO
Hacia la década de 1950 se hizo evidente una flexibilización en la persecución lingüística. En el caso de la lengua catalana, esto se dio antes y de forma más visible, como nos muestran los siguientes ejemplos. En 1944, en las facultades de Filología Románica, se volvió obligatorio por ley impartir la filología catalana. En 1945, patrocinado por el Gobierno y con su subvención, se celebró el centenario de Mossèn Cinto Verdaguer, una de las grandes figuras de la literatura catalana. En 1946, el poeta Salvador Espríu comienza a publicar en catalán. En 1946, se legalizó el teatro en catalán. También se permitió la edición de libros, pero limitada a ejemplares clásicos o folclóricos. En 1951 y 1952 se publicaron dos gramáticas históricas catalanas. En 1947 se le concedió el premio de novela Joanot Martorell a una obra escrita en catalán. En 1949 nace el premio de cuento y novela Víctor Català y los premios Aedos para biografías. En 1951 se otorgó a la poesía catalana un premio de ámbito estatal con una dotación económica equivalente a la española. Ese mismo año, se creó Ediciones Selecta para obras escritas en catalán, y Josep Pla recibió el premio Joanot Martorell por El carrer estret.
Hacia la década de 1950 se hizo evidente una flexibilización en la persecución lingüística. En el caso de la lengua catalana, esto se dio antes y de forma más visible.
En cuanto al euskera, el cambio de actitud fue más limitado y tardío. Esto se debe a la relación entre la cultura vasca y la oposición política, que se estaba fortaleciendo en esa época. En 1959 se creó la organización armada Euskadi Ta Askatasuna. El régimen franquista autorizó ciertas iniciativas culturales no politizadas, pero mayoritariamente dentro de la iglesia, en zonas folclóricas, o en iniciativas privadas muy controladas. Se permitió la publicación de unas pocas obras filológicas “científicas”, como la Gramática Vasca de Luis Villasante en 1943 o las obras históricas de Manuel Larramendi entre 1947 y 1958, enmarcadas en etiquetas como “folclore” o “lengua regional”. La razón para aceptar la publicación de las obras era siempre el “interés filológico, histórico o religioso”. Las revistas culturales en euskera no fueron prohibidas, pero debían actuar siempre bajo estricta vigilancia. Eusko-Jakintza (1947-1953), revista científica y filológica, fue autorizada por carecer de contenido político. Egan (a partir de 1950), publicada por la Diputación de Gipuzkoa, era semioficial, escrita en euskera, pero muy controlada. La revista Zeruko Argia (años 60), a raíz de considerarse una revista religiosa, fue autorizada en el marco de la prensa católica. Sin embargo, no debemos pensar que este cambio de actitud hacia las lenguas fuera absoluto. Ejemplo de ello puede ser que en 1965 se ordenó el cierre de la radio de Loiola por tener demasiados programas en euskera.
Comparado con el catalán, el cambio de actitud respecto al euskera fue más limitado y tardío. Esto se debe a la relación entre la cultura vasca y la oposición política, que se estaba fortaleciendo en esa época. En 1959 se creó la organización armada Euskadi Ta Askatasuna.
Pero el movimiento a favor de la lengua estaba cobrando fuerza: se empezaron a fundar ikastolas de nuevo, dando continuidad a la vía prefranquista. Desde principios de la década de 1960 se organizaban clases nocturnas para que los adultos aprendieran euskera. También se publicaban varias revistas clandestinas. Se estaban creando fuertes movimientos culturales en torno a estas lenguas. En Catalunya se constituyó Òmnium Cultural en 1961 y Nova Cançó fue un movimiento del ámbito de la música. Haciéndose eco de ese nuevo viento procedente de Catalunya, en Euskal Herria surgió Euskal Kantagintza Berria, y cómo no, dentro de ella, el movimiento Ez Dok Amairu (1965).
En 1964, TVE emitió su primer programa de televisión en catalán y por ella pasarían, entre otros, numerosos artistas del movimiento Nova Cançó. En 1966, la emisora de radio Tarragona comenzó a emitir un programa sobre enseñanza en catalán, patrocinado por el Ministerio de Información y Turismo de la provincia. En 1967, la Diputación de Barcelona acordó impartir clases de catalán en todos sus centros culturales y creó la cátedra de Lengua Catalana en la Facultad de Teología de Sant Cugat (Barcelona).
En 1970, en el marco de la Ley General de Educación, se autorizaron las lenguas “nativas” en la educación, aunque inicialmente de forma restringida. No obstante, en 1975, se estableció, en un decreto firmado por el propio Franco, que se podían utilizar lenguas distintas al castellano, “en todos los niveles de la educación”, aunque se determinó que esto no sería aplicable en el bachillerato. Ese mismo año, se publicó otro decreto en el que se establecía que “el conocimiento y uso de estas lenguas se protegerá por la acción del Estado” y autorizaba el uso de “todos los medios de difusión de la palabra oral y escrita”, pero manteniendo el castellano “como lengua oficial de la nación y medio de comunicación de todos los españoles” para utilizarlo “en todas las actividades de los órganos superiores del Estado, de la Administración Pública, de la Administración de Justicia, de las entidades locales y demás corporaciones de derecho público”. Asimismo, se estableció que el castellano “se utilizará en los escritos o solicitudes que se dirijan a las mismas [instituciones públicas] o que surjan de ellas”. Con ello, se levantaron oficial y formalmente las prohibiciones de uso público de las lenguas periféricas que estuvieron vigentes durante los casi cuarenta años de dictadura, pero el castellano se confirmó como única lengua oficial en todos los niveles y expresiones de la administración pública.
Mediante un decreto de 1975, se levantaron oficial y formalmente las prohibiciones de uso público de las lenguas periféricas que estuvieron vigentes durante los casi cuarenta años de dictadura, pero el castellano se confirmó como única lengua oficial en todos los niveles y expresiones de la administración pública
La política de apertura del régimen moribundo debe entenderse en el marco de una política de contención y concesión. A partir de 1945, el régimen se fue trasladando hacia un autoritarismo burocrático, un catolicismo nacional y una tecnocracia económica. Se puede hablar de la decadencia de la Falange ortodoxa. La Falange ideológica perdió peso y, a la hora de tomar decisiones, la idea de su monolingüismo radical dejó de ser central.
De hecho, el régimen necesitaba mejorar su imagen exterior. Las democracias europeas veían la represión lingüística como un elemento autoritario. Ligada a la necesidad de legitimación internacional, esta apertura cultural limitada fue un intento de mostrar una España moderna y tolerante. Los nuevos ministros tecnócratas del Opus Dei tenían un plan para modernizar el país. Su objetivo era la economía, no la uniformidad cultural. Por ello impulsaron una política más pragmática: si la cultura local ayudaba a atraer turismo o a lograr estabilidad social, no constituía un problema.
El régimen comprendió que la evidente represión cultural podía alimentar aún más la fuerza de los movimientos sociales, los nacionalismos y la lucha armada
Al mismo tiempo, estaba la presión cultural y social, ya que, como se ha mencionado, estaban surgiendo renacimientos culturales en Euskal Herria, Catalunya y Galiza . También en el seno del catolicismo se reforzó el uso de las lenguas locales. En los años 60 el contexto lo conformaban las huelgas obreras, los movimientos estudiantiles, los nacionalismos vasco y catalán renovados y la lucha armada. El régimen comprendió que la evidente represión cultural podía alimentar aún más la fuerza de estos movimientos. Aunque los censurase, no podía golpear del todo a estos movimientos sin asumir costes políticos. El cálculo político era, pues, el siguiente: controlar sin crear más conflictos. El régimen permitió expresiones folclóricas o culturales para evitar que todo se politizara.
El régimen permitió expresiones folclóricas o culturales para evitar que todo se politizara
Tampoco hay que olvidar que en Catalunya y en Euskal Herria, en particular, el franquismo estaba ligado a burguesías industriales muy relevantes. Estas élites, aunque conservadoras y mayoritariamente no nacionalistas, tenían cierta sensibilidad hacia la cultura local, y Franco necesitaba su colaboración para su desarrollo económico y paz social. Por ello se aplicó una tolerancia selectiva hacia expresiones culturales que no estaban vistas como subversivas.
Ahora bien, todo esto debe enmarcarse en la tensión interna entre perspectivas favorables y opuestas a la apertura del régimen franquista en fase de descomposición, en un intento desesperado de dar continuidad al moribundo régimen.
CONCLUSIONES
Aunque al principio existía en la Falange Española una visión que situaba las lenguas y culturas locales como una riqueza de España dentro de la identidad española, en un contexto de violenta cruzada contra el separatismo, el franquismo llevó a cabo, mediante propaganda y prohibiciones, una violenta política lingüística contra lenguas distintas del castellano.
El cambio en la política lingüística a partir de 1950 debe entenderse en el contexto del pragmatismo político, ligado a la legitimación externa, al cálculo respecto a la oposición, a la gestión social y al pacto con las élites locales; pero, sobre todo, como una estrategia para evitar que la opresión de las lenguas se convirtiera en una oportunidad de politización, para impedir que se unificara con otras luchas a favor de un cambio integral de régimen.
A partir de la década de 1950, sin embargo, se produjo un cambio en la política lingüística. De forma limitada y controlada, y ligada a un interés puramente científico, religioso o folclórico, se empezaron a autorizar algunas publicaciones e iniciativas en lenguas locales. Esto debe entenderse en el contexto del pragmatismo político, ligado a la legitimación externa, al cálculo respecto a la oposición, a la gestión social y al pacto con las élites locales; pero, sobre todo, como una estrategia para evitar que la opresión de las lenguas se convirtiera en una oportunidad de politización, para impedir que se unificara con otras luchas a favor de un cambio integral de régimen.
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