La primera mitad del siglo XX estuvo marcada por profundos conflictos sociales y políticos, y el alzamiento militar de julio de 1936 trajo consigo un punto de inflexión. El golpe contra la II República no solo impuso un cambio en el poder político, también reestructuró violentamente la estructura económica y social de España, especialmente con el fin de evitar la organización histórica de la clase trabajadora. La Guerra Civil española (1936-1939) supuso la expresión más extrema de esos conflictos sociales y políticos, y la consecuente victoria de los alzados se convirtió en la base para un nuevo régimen autoritario. La dictadura de Franco estableció un orden basado en los principios de “obediencia, disciplina del trabajo y unidad nacional”, en el cual el Estado se afianzó en la alianza entre militares, Iglesia y empresarios. Fue así como se articuló el control político y económico de la sociedad, y todo ápice de organización trabajadora independiente desapareció, quedando todas las esferas del trabajo a manos del Estado.
El golpe contra la II República no solo impuso un cambio en el poder político, también reestructuró violentamente la estructura económica y social de España, especialmente con el fin de evitar la organización histórica de la clase trabajadora
En este contexto, las primeras décadas del franquismo tuvieron su propia función económica: crear las condiciones para reconstruir el capital destruido en la posguerra y organizar un mercado nacional estable. La autarquía de la posguerra no fue un simple aislamiento económico; también supuso el establecimiento de un un control exhaustivo por parte del Estado a la producción, el precio y la distribución, lo que permitió el refuerzo de unos sectores económicos concretos, sobre todo en el caso de las empresas relacionadas con aquellos que demostraron fidelidad a la oligarquía tradicional y el Régimen. La congelación de salarios, el racionamiento y la restricción de derechos laborales fueron decisivos para priorizar la reconstrucción de la producción y acelerar la acumulación de capital, mientras las condiciones de vida de la clase trabajadora empeoraban sistemáticamente.
La represión tuvo una clara función económica en esta primera fase: El uso masivo de campos de trabajo o de trabajos forzados y la destrucción de sindicatos autónomos crearon una fuerza de trabajo barata y disciplinada. Las estrechas relaciones entre Estado y empresas privadas se reforzaron: la prohibición de huelga, la criminalización de conflictos laborales y el control policial constante fueron herramientas necesarias para estableces una estricta disciplina de trabajo y reconstruir industrias e infraestructuras estratégicas.
En última instancia, el régimen franquista fue una estructura autoritaria eficaz para estabilizar la acumulación de capital y organizar el mercado nacional modernizado. La dictadura compaginó una fuerza de trabajo disciplinada, la intervención directa del Estado y el control estricto de la posición política. Gracias a esto le fue más fácil fortalecer la estructura fundamental del modelo económico capitalista que se desarrollaría en las próximas décadas. En las siguientes líneas, por lo tanto, nos centraremos en los principales cambios económicos que se dieron para la modernización y el afianzamiento del capitalismo, para lo que desgranaremos los principales cambios de cada década.
El régimen franquista fue una estructura autoritaria eficaz para estabilizar la acumulación de capital y organizar el mercado nacional modernizado. La dictadura compaginó una fuerza de trabajo disciplinada, la intervención directa del Estado y el control estricto de la posición política.
Durante la guerra, entre 1936 y 1939, la producción nacional de España descendió más de un 30%, y la industria pesada y la agricultura fueron las mayores damnificadas. Miles de trabajadores se quedaron sin trabajo y muchos otros tuvieron que huir al exilio. En el bando sublevado, en su mayoría, hubo unidad a partir de 1937, con la figura de Franco reforzada y establecidas las bases del partido de inspiración nazi-fascista de la Falange Española y de las JONS. Hubo un alto nivel de intervencionismo económico en la gestión de los recursos necesarios para ganar la guerra. Esto posibilitó financiar la guerra sin causar una gran inflación. Al contrario, en el bando republicano, a consecuencia de la excesiva emisión de dinero para invertirlo en la financiación de la guerra, los precios subieron muchísimo, y el valor de la peseta se desvalorizó (hubo dos pesetas de diferente valor en el mismo Estado en esa época en el mercado).
Una gran parte de la infraestructura pública –ferrocarriles, puertos y fábricas– quedó destruida y el país se sumergió en una debacle económica. El hambre, la inflación y la escasez de productos básicos se convirtieron en el pan de cada día. Los partidos fascistas, junto con empresarios y grades terratenientes, tuvieron como objetivo destruir los logros de la clase trabajadora organizada de las anteriores épocas (devolvieron las tierras y empresas expropiadas a sus dueños, impusieron una dura represión contra aquellos trabajadores que participaron en acciones de colectivización, se destruyeron los derechos laborales, etc.).
Tanto en época de guerra como posteriormente, la represión económica se convirtió en herramienta útil para el control de la sociedad: las “depuraciones económicas” se establecieron sistemáticamente en empresas y era común perder el empleo por el mero hecho de ser un “sospechoso político”.
La época de la autarquía no buscaba el crecimiento económico, sino la construcción de una nueva estructura de poder. El régimen se valió del contexto de crisis económica y social de la Guerra Civil para crear un mercado nacional aislado. Sin competencia externa, el capital privado español, a pesar de encontrarse muy débil, tuvo de nuevo la oportunidad de acumular el poder. La autarquía, al fin y al cabo, fue refugio para reactivar la acumulación de capital.
Pero esa política de puertas cerradas también cumplió otra función: cohesionar alianzas internas de franquistas. Ejército, grandes terratenientes, industrias oligárquicas y Falange encontraron en la autarquía un espacio para alinear sus intereses. La agricultura tuvo precios protegidos; la industria, un mercado seguro; y el aparato estatal, el control completo. La economía, por lo tanto, se convirtió en herramienta de construcción del nuevo bloque de poder. El estricto disciplinamiento de la clase trabajadora completó esa recolocación. Tras la Guerra Civil, se desmantelaron sindicatos, se limitaron los sueldos y se estableció la militarización del mercado de trabajo. Una de las principales bases de la reconstrucción del capitalismo franquista fue una fuerza de trabajo barata y controlada. Así fue como se establecieron las bases del posterior crecimiento milagroso.
El Régimen presentó la pobreza y las carencias como un “sacrificio nacional”; ese discurso legitimó la miseria cotidiana
Y, mientras tanto, el Régimen presentó la pobreza y las carencias como un “sacrificio nacional”; ese discurso legitimó la miseria cotidiana. El sufrimiento del país no se planteaba en términos de fracaso de una política, sino como el precio a pagar a cambio de un futuro abundante.
Bajo ese prisma, la autarquía no fue un paréntesis contra la modernización, sino una fase previa necesaria para la preparación de la modernización del franquismo. La apertura económica de 1959 no surgiría de la nada: la autarquía construyó nuevas estructuras capitalistas, un bloque de poder estabilizado, la disciplina del mercado laboral y la lógica centralizadora de la economía en nombre de la nación. La modernización que después llegaría hubiera sido imposible sin la infraestructura social y política de la autarquía.
El Estado tenía como objetivo desarrollar la capacidad para intervenir en cualquier resquicio de la vida. Y ese intervencionismo se desarrolló de muchas maneras, siendo el control del trabajo y la represión las columnas más importantes. En 1938, antes de que la guerra finalizase, se aprobó el Fuero del Trabajo, el cual se convertiría en base de la normativa laboral del régimen franquista. Según el Fuero, la huelga estaba prohibida, no se permitían negociaciones colectivas y todos los sindicatos se integraron en el sindicato vertical vinculado a la Falange Española Tradicionalista y de las JONS. En teoría, este sindicato tenía como objetivo “la unión entre trabajadores y empresarios”; en la práctica, fue un mecanismo centralizado para el control social y político. El poder quedó en manos de empresarios y funcionarios franquistas, y la clase trabajadora no tenía representación real. El salario se limitó a la cantidad mínima denominada “salario base”, y esas míseras remuneraciones se justificaron a través del discurso moral del “sacrificio por la patria”. Mezclando empresarios y trabajadores en la misma organización, en el seno de la “familia” de la empresa, los trabajadores no tenían derecho a una representación colectiva, lo que puso la alfombra roja a la explotación laboral.
En aquel sindicato vertical que mezclaba a empresarios y trabajadores en la misma organización, en el seno de la “familia” de la empresa, los trabajadores no tenían derecho a una representación colectiva, lo que puso la alfombra roja a la explotación laboral
En la época de la autarquía, el mercado negro o el estraperlo se convirtieron en la base oculta de la economía. Fuera de los mecanismos de control del Estado, redes informales entre vecinos y familiares posibilitaron la supervivencia, ya que se garantizó la estabilidad de la comunidad a través de redes de intercambio. Así, aquellas redes, a pesar de ser ilegales, fueron la llave de la supervivencia, y estuvieron constituidas a menudo por mujeres. Estas actividades eran de alguna manera toleradas; se realizaba gracias a la complicidad de muchos funcionarios, ya que en cierta medida era una actividad rentable; por ejemplo en el caso de quienes se dedicaban a la compraventa de productos de consumo de primera necesidad (entre otros, el trigo; se calcula que el 50% del trigo proveniente del mercado se dirigió al estraperlo).
Por otro lado, el trabajo forzoso de presos políticos se convirtió en principal herramienta de reconstrucción económica del Régimen: a mediados de la década de 1940, más de 100.000 presos tuvieron que hacer trabajos forzosos, sin recibir apenas sueldo por ello y en condiciones inhumanas. El Gobierno de Franco presentó dichos trabajos como “pago del castigo”, pero, en la práctica, se trataba de una forma sistemática de trabajo esclavo. El Estado y los empresarios se aprovecharon de este tipo de trabajo, entre otros, para obtener una fuerza de trabajo casi gratuita.
En los primeros años del franquismo la situación de la mujer cambió de raíz. Se eliminaron los derechos políticos y económicos conseguidos en la II República y la mujer se definió como “madre y esposa ejemplar”. No se aceptaba su inserción al mercado laboral y el hogar se convirtió en su ámbito de actividad principal. Sin embargo, la pobreza generalizada obligó a muchas mujeres a trabajar, sobre todo en el mercado negro, ya que era necesario para la supervivencia de muchas familias. La Iglesia católica legitimó ese sistema de moralidad, estableciendo como principales valores la obediencia, la humildad y el silencio. La educación y los medios de comunicación fueron controladas mediante la censura, y la autonomía económica de la mujer se vio totalmente limitada.
Uno de los elementos principales del procedimiento estatal fue su participación directa en la economía. El Estado se convirtió en un gran empresario.
Uno de los elementos principales del procedimiento estatal fue su participación directa en la economía. El Estado se convirtió en un gran empresario. A pesar de previamente también habían existido empresas públicas, uno de los símbolos que más importancia tomó en esa época fue el Instituto Nacional de la Industria (INI) creado en 1941. Siguiendo el modelo de Italia (Instituto per la Riconstruzione Industriale), el Estado se hizo cargo de industrias estratégicas –siderurgia, armería, red ferroviaria y energía– con la intención de fortalecer la autarquía. El objetivo era conseguir “independencia económica”, pero la mayoría de proyectos no eran rentables. Las condiciones laborales eran duras y los salarios bajos, y aquellos empleos dependientes del Estado se convirtieron en símbolo de disciplina y control social. La productividad era pequeña y la corrupción grande, y como España se encontraba en situación de aislamiento diplomático, no recibía subvenciones económicas internacionales. En los primeros años del franquismo, el 40% de los presupuestos se destinó a intereses militares.
La mayoría de empresas creadas por el INI en la década de 1940 tenían como objetivo garantizar la autonomía miliar y energética de España (embarcaciones, combustible…). Se retrasó la modernización tecnológica y se hicieron apuestas dudosas en la industria pesada muchas de las cuales no fueron rentables en esa década. Por poner un simple ejemplo, se hizo un gasto inmensurable para conseguir un sustituto del petróleo a través de la pizarra, y poco después ese proyecto se tuvo que abandonar, y así, podríamos hacer una lista interminable de apuestas inútiles.
Esa política trajo consigo dejar de lado la producción de bienes básicos y el país continuó sumido en la pobreza. De todas formas, el intervencionismo no acababa ahí: mediante algunas leyes, diferentes sectores de la industria fueron clasificados según intereses militares. Así, a cambio de “protección”, es decir, a cambio de un trato de ayuda, de favor y de privilegio, el Estado conseguía una mayor cuota de control sobre sectores estratégicos de la industria.
Bajo la política proteccionista, a cambio de “protección”, es decir, a cambio de un trato de ayuda, de favor y de privilegio, el Estado conseguía una mayor cuota de control sobre sectores estratégicos de la industria
Toda esta lógica conllevaba dejar de lado las necesidades de los trabajadores: no se dio ningún tipo de prioridad a productos agrícolas (condicionados por las cartillas de racionamiento para la mayoría de alimentos y el jabón), ni a bienes de consumo, ni a materias primas, ni tampoco a la energía. Es especialmente remarcable el caso de la electricidad: el Estado, con el objetivo de garantizar energía barata para la industria, tasó el precio de la electricidad; como reacción, no muy lejos de la actitud de las eléctricas del siglo XXI, las compañías eléctricas de la época redujeron o detuvieron la inversión. Lejos de saciar las necesidades de toda la población, a partir de 1944, y hasta la mitad de la década de 1950, los cortes de servicio se convirtieron en algo común.
Con respecto a la alimentación, deberíamos hablar sobre subalimentación, ya que la agricultura española no era capaz de alimentar bien a toda la población: calidad escasa, hambre y aumento de enfermedades a esa falta de alimentos. Entre los historiadores económicos, el caso que más se ha estudiado ha sido la producción de cereal, que se convertía en alimento básico en época de hambruna. El Estado, junto con el Servicio Nacional del Trigo (SNT, fundado en 1937), intervino el mercado y puso varias medidas en marcha: tasó el precio del trigo y empezó a adquirir todo el cereal que se pudiese comercializar, para después vendérselo a fábricas de harinas. El pan negro fue reflejo de estas medidas, es decir, un pan de escasa calidad, debido a que ante el alto nivel de intervención la harina para hacer pan blanco se guardaba para el mercado negro. Más tarde, el SNT dio el salto para monopolizar la compra de productos más allá del trigo, con el objetivo de controlar el mercado en general.
La inversión realizada en agricultura fue irrisoria. Podríamos hablar del inicio de la construcción de pantanos, pero todavía no estaban en marcha y no se tomó ninguna otra medida efectiva. Los terratenientes también se aprovecharon de los bajos salarios, recuperaron tierras echando a los arrendatarios y contrataron jornaleros, y no invirtieron en mecanización ni abonos, ni otros avances; la productividad iba cuesta abajo.
El Gobierno franquista le abrió las puertas a un enriquecimiento progresivo de la clase media: recuperación de tierras, estabilización de precios y oportunidad de usar el estraperlo. De esa alianza se beneficiaron tanto pequeños propietarios del norte como grandes empresarios del campo. Sin embargo, dichas ganancias estaban condicionadas, ya que el Estado se benficiaba de ellas: obligaba a redirigir esas ganancias a las cajas de ahorro rurales, para luego destinarlas a la financiación de la inversión industrial en las siguientes décadas.
El crecimiento del gasto del Estado, al principio, se hizo a base de aumentar la deuda interna; y después, mediante la inflación (entre otros, se habilitó a los bancos para la compra de deuda estatal que después cambiaban esa deuda en el Banco de España por dinero líquido, aumentando más si cabe la inflación). La época de la autarquía quedó muy lejos de ser una autarquía real. El Estado se vio irónicamente atrapado en un círculo vicioso en el que la incapacidad de financiación para llevar a cabo políticas económicas fue una de las bases su fracaso.
La época de la autarquía quedó muy lejos de ser una autarquía real. El Estado se vio irónicamente atrapado en un círculo vicioso en el que la incapacidad de financiación para llevar a cabo políticas económicas fue una de las bases su fracaso.
A principios de la década de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial y a un año de la creación de la OTAN, el mundo estaba dividido en dos bloques político-ideológicos y España buscó exitosamente su lugar en ese nuevo contexto. De ser amiga de países nazis y fascistas, pasó a convertirse en refugio del anticomunismo, lo que Estados Unidos vio con buenos ojos. Así llegaron los denominados “Pactos de Madrid”, un acuerdo entre España y Estados Unidos. A cambio de establecer bases militares permanentes en España, Estados Unidos ofreció ayudas económicas cuantificadas en más de 500 millones de euros a España, y esas ayudas económicas continuaron hasta el año 1959. Estas ayudas fueron útiles para hacerle frente a la recesión que el Estado arrastraba desde la autarquía: se importó tecnología nueva, materias primas estratégicas o maquinaría. El Estado se lanzó a combatir el ahogamiento y a construir la recuperación económica mediante el Plan de Estabilidad de 1959.
A pesar de que se mantuvo una política económica autárquica e intervencionista, el control también se relajó. Esa apertura relativa fue notable en agricultura, en tanto que el SNT dejó de tener el control sobre algunos productos y esto, en cierta medida, impulsó el aumento de la producción de cereal. Las políticas de regadío de aquella década tuvieron un gran impacto en la agricultura. La apuesta principal se centró en la construcción de pantanos; ver a Franco inaugurar este tipo de infraestructura se convirtió en una estampa común. De tener 3.600 millones de m3 (1940) se pasó a tener 36.900 millones de m3 (1970), y la mayoría de embalses se construyeron a partir de la década de 1950. La recuperación de la agricultura puso poco a poco condiciones para salir de la subalimentación. Se acabó con el racionamiento y se aligeró el control sobre los alimentos y el consumo eléctrico (debemos tener en cuenta que todavía a principios de la década de 1950 se mantenía el racionamiento de víveres principales, por ejemplo, del pan). Algunos historiadores defienden que la década de 1950 fue la época dorada de la agricultura tradicional para los terratenientes gracias a una paz social impuesta, un proteccionismo estatal en el mercado del cereal y la normalización de la mecanización y del uso el fertilizante. Y al mantener bajo el salario de agricultores, el sector de la agricultura se volvió aún más rentable.
Sin embargo, como consecuencia de las políticas de la autarquía, la industria se convirtió en el principal sector de España, por encima de la agricultura. En la década de los cincuenta, el INI dejó de lado su militarismo inicial, y concentró su actividad en el sector de la energía, sobre todo en hidrocarburos (Encaso, Repesa) y electricidad (Endesa, ENHER), con el objetivo de aliviar los problemas de suministro eléctrico. Al mismo tiempo, el Instituto amplió el sector metalúrgico (creando Ensidesa) e impulsó la industria automovilística (Seat, ENASA). La industrialización española se quedó a las puertas de la “madurez”, con un equilibrio aproximado entre los sectores de bienes de consumo y bienes de equipo. Era ejemplo de un modelo de industrialización llevado a cabo con el objetivo de sustituir la importación.
El Estado también empezó a aumentar el gasto destinado a la economía y el ámbito social, a pesar de que todavía la miseria era rampante. Los problemas de la vivienda y el fenómeno del chabolismo que crecía alrededor de las ciudades ejemplificaban las condiciones de vida extremadamente adversas. Entre 1939 y 1954, la construcción de viviendas sociales en España fue escasa. La principal organización del Estado, la Obra Sindical del Hogar (OSH), apenas construyó 10.000 viviendas, cifra insignificante frente a la acuciante necesidad en toda España.
Mientras tanto, la población urbana crecía rápidamente. Entre 1940 y 1960, la población de España creció en siete millones de personas y, a su vez, más de cuatro millones de personas dejaron el medio rural para irse a la ciudad. La falta de planificación residencial y urbanística convirtió el chabolismo en “solución de urgencia” para muchas familias.
La falta de planificación residencial y urbanística convirtió el chabolismo en “solución de urgencia” para muchas familias
El éxodo rural de las décadas de los 50 y los 60 fue uno de los mayores procesos sociales de la España del siglo XX. Entre 1950 y 1975, más de seis millones de personas cambiaron de provincia para buscar trabajo. En ese periodo, las ciudades industriales vivieron uno de los mayores crecimientos: Bilbao, por ejemplo, pasó de 195.000 habitantes en 1940 a 410.000 en 1970 (considerando el núcleo urbano), y el Gran Bilbao tenía más de 750.000 habitantes. Ese crecimiento, sin embargo, fue mucho más grande que la capacidad de construcción regulada de viviendas.
El Estado permitió el chabolismo, en tanto que cumplía una función económica importante, ya que garantizaba fuerza de trabajo barata cerca de las industrias. Siguiendo con el ejemplo de Bilbao, en 1957 había mínimo 7.200 chabolas en dicha urbe.
El final de la década de 1950 marcó un antes y un después en la historia del franquismo. Cuando quedaron de manifiesto los resultados de las políticas de aislamiento y autarquía aplicadas durante largas décadas, el Régimen tuvo que necesariamente aceptar que su modelo estaba agotado: una alta inflación, una producción baja y la escasez de medios económicos demostraron la necesidad de realizar cambios en aquel sistema tan cerrado. Era necesario cambiar la economía de España, y el nuevo contexto internacional –dinámica de la Guerra Fría, interés estratégico de Estados Unidos y apertura progresiva de mercados internacionales- abrió las puertas a una nueva oportunidad para el Régimen. Así, teniendo en cuenta que el crecimiento económico todavía estaba limitado y la presión causada por las tensiones internas (la miseria era generalizada y empezaron a salir a la luz problemas sociales: las huelgas de 1951 y 1956, la creación de ETA, los movimientos estudiantiles…), se tomó la decisión de modificar la política económica y estabilizar el sistema mediante un proceso de liberalización.
La creación del Plan de Estabilización marcó esa nueva dirección. El objetivo era claro: hacer frente al fracaso de la autarquía económica y que España se abriera al capital extranjero y a nuevos mercados, sin perder control político. Para ello, el Régimen dejó la responsabilidad económica en manos de un grupo de tecnócratas, la mayoría miembros del Opus Dei, y su prpyecto se basó en el intento de conciliar la efectividad de mercado y la moral católica. Franco, todavía en el poder, dejo la gestión del día a día en manos de los tecnócratas, quienes dirigieron las primeras fases de la liberalización económica. El Plan de Estabilización tenía tres pilares principales: estabilizar la moneda, reducir el gasto público e impulsar la inversión extranjera. A partir de 1960, la economía tuvo un rápido crecimiento, en tanto que el producto interior bruto creció en torno al 7% durante varios años. El país se sumergió en un proceso de modernización y el mantenimiento de salarios bajos, una mayor disciplina laboral y la falta de libertad sindical constituyeron la base del “milagro económico”. El plan se realizó con el consejo del Fondo Monetario Internacional y Organización Europea de Cooperación Económica, de quienes después recibirían la mayoría de ayudas, así como de la banca privada de EEUU.
Esa rápida industrialización trajo cambios profundos a nivel social. Los sectores de la automoción, la siderurgia y la construcción tuvieron el mayor crecimiento, y miles de trabajadores encontraron ahí su empleo. Al mismo tiempo, la pobreza del campo y la mecanización de la agricultura empujaron a emigrar a millones de personas. La migración interna de España tomó una dimensión enorme: entre 1950 y 1975, alrededor de siete millones de personas se movieron del campo a la ciudad, lo que transformó el urbanismo completamente. La sociedad rural tradicional se descompuso y en las ciudades industrializadas apareció una nueva clase media, a costa de la explotación de una amplia masa trabajadora explotada. Se crearon nuevos barrios proletarios, los cuales albergaban una infraestructura escasa y unas condiciones de vida difíciles, pero allí se crearon, al mismo tiempo, nuevas oportunidades para revivir la organización trabajadora.
La sociedad rural tradicional se descompuso y en las ciudades industrializadas apareció una nueva clase media, a costa de la explotación de una amplia masa trabajadora explotada. Se crearon nuevos barrios proletarios, los cuales albergaban una infraestructura escasa y unas condiciones de vida difíciles, pero allí se crearon, al mismo tiempo, nuevas oportunidades para revivir la organización trabajadora.
A finales de la década de los 50, Gasteiz se convirtió en un experimento paradigmático de la nueva industrialización. El llamado Plan de Desarrollo Industrial (1957) de Álava no trajo grandes avances desde la perspectiva del desarrollo económico, pero fue una reproducción exacta de la estructura económica del franquismo.
Los polígonos industriales de Gamarra, Ali y Betoño no surgieron de las dinámicas naturales del mercado; fueron resultado de una red corporativo entre Estado y bancos privados, bajo el amparo de élites económicas y religiosas locales. La alianza de intereses formada entre alta burguesía, sacerdotes importantes y autoridades locales franquistas condicionaba el desarrollo de la industria, y el clientelismo y la corrupción ocultos tras el discurso de modernización se convirtieron en práctica habitual. Muchas empresas –Michelin, MEVOSA, Forjas Alavesas– consiguieron tierras baratas y exención de impuestos a través de contactos personales y políticos.
Los polígonos industriales de Gamarra, Ali y Betoño no surgieron de las dinámicas naturales del mercado; fueron resultado de una red corporativo entre Estado y bancos privados, bajo el amparo de élites económicas y religiosas locales
Detrás de todo esto se mantuvo la lógica social y política del franquismo: estricta disciplina laboral, presencia persistente de la policía y control de representantes del sindicato vertical en reuniones de trabajadores. La industrialización de Gasteiz fue la expresión más clara de la modernización tecnocrática del franquismo: de apariencia progresista y vestida de eficiencia, pero arraigada básicamente en el viejo control social y en la red corporativa del poder económico. Debajo del discurso de desarrollo económico, la estructura autoritaria de la sociedad perduró y el proceso de industrialización de Euskal Herria demostró cómo modernización y opresión social fueron de la mano en la época de la dictadura.
En el contexto del Plan de Estabilización (1959-1961), se produjo un gran crecimiento económico por medio de una reducción de los costes de producción y un aumento de la productividad por parte de las empresas; para ello, se aumentó la intensidad del trabajo y empeoraron las condiciones laborales –reduciendo salarios (40%, en algunos casos) o eliminando la opción de horas extras–. La Ley de 1961, de Relaciones Laborales, facilitó los despidos, y muchos trabajadores necesitaban un segundo trabajo, a menudo ilegal, para satisfacer las necesidades básicas de la familia. Al mismo tiempo, la participación de la mujer en la economía aumentó notablemente como salario complementario, a pesar llevarse en secreto: trabajaban en sastrería o en limpieza, con una larga jornada y un salario escaso. El régimen de Franco reprobó moralmente el trabajo público de la mujer, pero el propio sistema económico obligó a la mujer a entrar en mercados paralelos, convirtiéndose el trabajo femenino en pieza necesaria para la supervivencia.
La nueva generación de jóvenes no creía en el discurso de la “colaboración”
El sindicato vertical todavía era la herramienta para la gestión oficial del trabajo, pero, a mediados de la década de 1960, su eficacia y legitimidad comenzaron a resquebrajarse. La nueva generación de jóvenes no creía en el discurso de la “colaboración” y empezaron a usar estrategias sutiles como huelgas silenciosas, paros y baja productividad. El Estado continuaba prohibiendo las huelgas, pero las movilizaciones clandestinas se hicieron cada vez más comunes y las acciones de desobediencia de trabajadores empezaron a desgastar las bases sociales del Régimen. Aun así, el control político era estricto: las detenciones, las depuraciones y las medidas para silenciar a la disidencia eran algo constante.
El Estado continuaba prohibiendo las huelgas, pero las movilizaciones clandestinas se hicieron cada vez más comunes y las acciones de desobediencia de trabajadores empezaron a desgastar las bases sociales del Régimen
La década de los 60 marcó el comienzo de una nueva época. Con el Plan de Estabilización de 1959, el régimen de Franco renunció a la autarquía estricta y se abrió a la economía internacional. Esa decisión impulsó el desarrollismo, en el cual se consolidaron el impresionante desarrollo económico y la rápida modernización, lo que causó una profundización de las desigualdades sociales. En las próximas dos décadas España se convirtió en ejemplo clásico de la industrialización tardía del siglo XX. Desde 1960 a 1975, la economía de España se triplicó y la renta per cápita se multiplicó más del doble. La velocidad del desarrollo fue intensa y España se acercó al nivel de desarrollo de Europa occidental. Ya no era un país cualquiera en vías de desarrollo; su industrialización tardía se aceleró mediante el capital internacional, la mano de obra barata y numerosa y la expansión progresiva del consumo de masas.
La industria fue el mayor motor de ese crecimiento. Los planes nacionales de desarrollo iniciados por el Gobierno a partir de 1964 planificaron la dirección con un objetivo claro: pasar a una economía basada en la industria pesada, química y mecánica.
En Burgos, Huelva, Vigo, Zaragoza, Sevilla y otros puntos de Galicia y Andalucía se crearon polos industriales. Esta red de industrias no respondía a una estrategia aleatoria: el Estado protegió fiscalmente a los sectores estratégicos y, al mismo tiempo, las multinacionales –sobre todo del sector automovilístico– vieron una oportunidad de establecer la producción en España: mano de obra barata, suelos baratos y un mercado insaciable. Renault, Chrysler, Ford y Seat se convirtieron en icono de la modernización; a partir de la década de 1950 el sector automovilístico se erigió como el nuevo símbolo de la economía. La creación de Seat (Sociedad Española de Automóviles de Turismo) fue el proyecto industrial más fuerte de aquella época. Las ayudas del Estado, el uso de patentes extranjeras (a través de FIAT) y la flexibilidad en el control burocrático fueron claves para conseguir el éxito. En Barcelona y en las zonas industriales de su alrededor, miles de trabajadores entraron a trabajar en las fábricas, y las primeras huelgas y paros coordinados también sucedieron allí a comienzos de la década de 1960. Empresas como Seat establecieron una dura disciplina del trabajo, pero, a su vez, también se convirtieron en laboratorios del nuevo movimiento obrero, donde la tensión entre obediencia y dignidad era cada vez más palpable.
En Barcelona y en las zonas industriales de su alrededor, miles de trabajadores entraron a trabajar en las fábricas, y las primeras huelgas y paros coordinados también sucedieron allí a comienzos de la década de 1960. Empresas como Seat establecieron una dura disciplina del trabajo, pero, a su vez, también se convirtieron en laboratorios del nuevo movimiento obrero.
El sector de la construcción también explotó, como consecuencia de rápidos procesos de urbanización y de la gran demanda del turismo. En cuestión de pocas décadas, las grandes ciudades españolas se convirtieron en escaparate para el consumo de la construcción: nuevos barrios crecían bloque a bloque. La rápida urbanización y de mala calidad trajo gran escasez de infraestructura. El Estado no tenía capacidades para cubrir las necesidades básicas de la población y esto llevó a los vecinos y las vecinas a la autogestión. Muchas veces la red de abastecimiento, las conexiones de agua y luz, y la creación de colegios y asociaciones se realizaron a través de la organización de las redes de trabajadores y trabajadoras.
El sistema de oligopolios desarrollado en los sectores de la energía y la automoción fue uno de los pilares ocultos de la economía franquista. La distribución del petróleo y la electricidad se dejó en manos de algunas familias: compañías como CAMPSA, Iberduero o Hidroeléctica Española recibieron privilegios monopolistas a cambio de lealtad al Régimen. Esa red de intereses que conectaba Iglesia, Ejército y élites franquistas consolidó la cultura del clientelismo. En el sector de la construcción, la necesidad creada a raíz de la destrucción en la posguerra dejó vía libre a una corrupción generalizada: los planes de viviendas sociales y las grandes obras de infraestructura se adjudicaban por el sistema de “concesión directa”, sin concurso, y detrás de los contratos públicos solía haber remuneraciones políticas o complicidades económicas.
El crecimiento del sector automovilístico y la inversión pública a través del INI crearon riqueza, pero, al mismo tiempo, también aumentó el clientelismo tecnocrático. Muchos altos cargos del Estado participaban en consejos de compañías privadas y redirigían recursos públicos a intereses privados. Muchos empresarios franquistas se aprovecharon del discurso del mercado libre y mientras trabajaban estrechamente con el Estado. Así surgió el capitalismo español que ha perdurado durante décadas: una mezcla entre economía privada basada en el amparo del Estado y una falsa imagen del mercado. La corrupción en el franquismo no fue ningún accidente, sino la propia expresión de la lógica del sistema. El clientelismo político-económico atravesaba toda la estructura institucional. Las grandes empresas se enriquecían al amparo del Estado y, a cambio, ofrecían fidelidad política. Las “relaciones de confianza” se convirtieron en condición para la contratación pública y la ayuda económica.
La corrupción en el franquismo no fue ningún accidente, sino la propia expresión de la lógica del sistema. El clientelismo político-económico atravesaba toda la estructura institucional. Las grandes empresas se enriquecían al amparo del Estado y, a cambio, ofrecían fidelidad política.
Aunque la agricultura fue un pilar histórico en la estructura económica de España, la situación cambió de raíz en la década de los 60. La mecanización, la expansión del regadío, la generalización de abonos y el uso de semillas híbridas aumentaron la productividad, pero también causaron una enorme reducción de la mano de obra. Todo este proceso se dio a conocer con el nombre de “revolución verde”. El resultado fue dramático en muchas zonas rurales: millones de personas se trasladaron a la ciudad en busca de trabajo; entre 1960 y 1975, más de dos millones de personas abandonaron el campo. Este proceso asentó las bases de lo que se conoce como “la España vaciada”. Aquel éxodo alimentó el crecimiento de la industria, ofreciendo mano de obra barata, pero también trajo una urbanización salvaje y caótica: barrios pobres, falta de viviendas e infraestructuras débiles.
El Plan de Estabilización expandió el dinamismo del comercio y el mercado. A pesar de que España tuviese que importar muchas máquinas y petróleo, las exportaciones también aumentaron: acero, textiles, zapatos y barcos, sobre todo. Los principales apoyos fueron tres:
Los precios subieron sin cesar, más que en muchos países de Occidente en esa misma época. Las infraestructuras públicas eran escasas: el sistema sanitario, la educación y la seguridad social estaban atrasados. La sociedad española pasó a una época de consumo, pero las bases del estado de bienestar eran casi inexistentes. Además, los conflictos laborales empezaron a aumentar. A mediados de la década de los 60, el movimiento obrero se activó de nuevo, aunque seguía siendo ilegal. La creación de Comisiones Obreras fue uno de los hechos más reseñables: nació a raíz de una alianza entre movimientos de trabajadores cristianos y partidos comunistas, y se organizó mediante un sistema asambleario en las fábricas. La representación elegida, las negociaciones informales de condiciones laborales y los preparativos de huelgas generales se convirtieron en algo común. Históricas organizaciones como UGT y CNT todavía eran ilegales, pero muchos miembros participaron en las estructuras de CCOO. Las huelgas de Asturias y de Bizkaia de 1962 se convirtieron en hitos: miles de trabajadores participaron y el Régimen no pudo silenciar todo. La obediencia mediante el trabajo, poco a poco, se fue convirtiendo en razón para la lucha, y esa fue la primera ruptura social en la estabilidad del franquismo.
La obediencia mediante el trabajo, poco a poco, se fue convirtiendo en razón para la lucha, y esa fue la primera ruptura social en la estabilidad del franquismo
El desarrollismo fue una de las modernizaciones más rápidas de la historia de España. El país se industrializó, se urbanizó, se internacionalizó y se convirtió en una sociedad de consumo moderna. Pero el proceso también dejó sus propias sombras: dependencia tecnológica, falta de rapidez en la energía, insuficiencias en el estado de bienestar, desequilibrios entre territorios y una pequeña industria débil. La crisis de petróleo de 1973 y la muerte de Carrero Blanco sacaron a la luz los límites y las tensiones internas del modelo, y a finales de la década de los 70, junto con la muerte de Franco, España se dirigió a una transformación política y económica profunda, portando todavía restos del desarrollismo a sus espaldas.
El empujón económico dado por el régimen franquista reforzó la estructura del capitalismo, y normalizó una organización concreta de relaciones público-privadas. El crecimiento industrial, el aumento de la inversión extranjera y las grandes obras públicas fueron las principales características de esa época, y las redes político-económicas creadas a su alrededor tuvieron una gran influencia en el desarrollo de las siguientes décadas.
A pesar de que la Transición trajo un nuevo marco político, las investigaciones subrayan que varias dinámicas históricas tuvieron continuidad en el tiempo. Las estructuras de la época desarrollista han tenido cierta resonancia en la evolución de los vínculos entre la Administración y determinados sectores económicos, en la configuración de la contratación pública o en la presencia de redes de influencia. Así lo demuestra este reportaje: el pasado no ha desaparecido, sino que ha perdurado incorporado en nuevas formas.
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