Dimitrov afirmó en su informe sobre el fascismo presentado en el VII Congreso de la Internacional Comunista que el desarrollo del fascismo y la propia dictadura fascista revisten en los distintos países de formas diferentes, según las condiciones históricas, sociales y económicas, las particularidades nacionales y la posición internacional de cada país. A pesar de las similitudes ideológicas con otros procesos europeos inspirados en el fascismo italiano, el desarrollo del fascismo español muestra unas peculiaridades asociadas a la distribución desigual de la tierra, el peso de la Iglesia católica, el desarrollo limitado y tardío de la burguesía y una implantada tradición reaccionaria. El Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) y el Partido Nacional Fascista (PNF) de Mussolini se habían hecho con el Parlamento por medio de la manipulación del sistema político democrático. En el caso de Mussolini, tras la Marcha de Roma llegó a un acuerdo con el rey Víctor Manuel III y se convirtió en jefe de Gobierno. Aprovechando el apoyo del monarca y de las élites, creó una ley electoral que beneficiaba a los ganadores (la Ley Acerbo), y que dio la mayoría absoluta a la lista Nazionale en la que se presentaban, en coalición, fascistas, conservadores y liberales. Bien es sabido que la debilidad de la República de Weimar y los éxitos electorales nazis llevaron al presidente alemán Paul von Hindenburg a nombrar canciller a Hitler.

Dimitrov afirmó en su informe sobre el fascismo presentado en el VII Congreso de la Internacional Comunista que el desarrollo del fascismo y la propia dictadura fascista revisten en los distintos países de formas diferentes, según las condiciones históricas, sociales y económicas, las particularidades nacionales y la posición internacional de cada país

Algo diferente es el caso del Estado español, donde el naufragio de la experiencia autoritaria que había significado la dictadura de Primo de Rivera y la proclamación de la II República supuso un duro revés para la derecha monárquica. Fragmentada y desunida, desde el primer momento adoptó una estrategia conspiratoria contra el nuevo régimen democrático liberal. Falangistas y tradicionalistas aparecen enfrentados y disgregados en una sopa de siglas. Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo habían fundado las Juntas de Ofensiva Nacionalsindicalista (JONS), fusionadas en 1934 con la Falange Española fundada por José Antonio Primo de Rivera. Si bien la unificación supuso un empujón para ambos, hasta 1936 fueron un partido minoritario e irremediablemente asociado al estamento de los “señoritos”. Entre los primeros admiradores de José Antonio predominaban los jóvenes universitarios de origen burgués, y sus primeros intentos de atraer a las clases trabajadoras, generalmente próximas a UGT y CNT, resultaron estériles. 

El golpe de Estado y la Guerra Civil, apoyados por las élites económicas y sociales, militares y eclesiásticas, favorecieron extraordinariamente a falangistas y tradicionalistas. Los métodos escuadristas y la dialéctica violenta de falangistas y jonsistas los situaban en mejores condiciones que a la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) para incorporar a sus filas a los civiles deseosos de movilizarse. Por su parte, desde sus bastiones históricos, los requetés tradicionalistas entendieron la contienda como una nueva guerra carlista. Frente al caso italiano y alemán, el papel del estamento militar fue clave en el desenlace de la Guerra Civil española, y los intereses de los militares africanistas desplazaron a los partidos fascistas, a quienes Franco convertiría en instrumento político bajo su liderazgo. 

El final de la guerra dio origen a un periodo homogéneo y al mismo tiempo inseparable de los acontecimientos que la preceden, es decir, la fallida revolución social y la Guerra Civil. Se había truncado un proceso histórico, pero es evidente que el franquismo no es una manifestación espontánea, sino el resultado de una suma de antecedentes que nos lleva a retrotraernos al régimen político de la Restauración.

EL SIGLO DE LOS PRONUNCIAMIENTOS

Durante el siglo XIX, los progresistas a menudo solo podían intervenir en política mediante la sublevación militar, puesto que, desde la regencia de María Cristina y el reinado de Isabel II en adelante, los borbones favorecieron Gobiernos moderados y conservadores. El término de “pronunciamiento” se acuña cuando Riego se pronunció en Cabezas de San Juan contra el régimen absolutista restaurado de Fernando VII en 1820, aunque no sería el primer pronunciamiento militar. En el Sexenio Absolutista proliferaron los pronunciamientos de signo liberal: Espoz y Mina en 1814, Díaz Porlier en 1815, Richart en 1816, o Lacy y Milans del Bosch en 1817, todos ellos fallidos hasta el pronunciamiento de Riego. La restauración absolutista a partir de la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis inauguró la Década Absolutista. En esa época hay que destacar el pronunciamiento liberal del coronel Valdés en 1824, los de signo absolutista de Bessières y Capapé en ese mismo año, y, sobre todo, el del liberal de Torrijos en 1831. Con las guerras carlistas, el protagonismo del estamento militar aumentó aún más y se normalizó la intervención de los militares en la política parlamentaria. La época del Estatuto Real, a partir de 1834, se caracterizó por su inestabilidad política, con pronunciamientos progresistas como los del teniente Cordero y de Quesada en 1835, pronunciamiento que desembocó en el motín de los sargentos de la Granja en agosto de 1836 que restableció la Constitución de 1812. La reina gobernadora María Cristina terminaría su regencia con la subida al poder del general Espartero. Los progresistas recurrieron a los pronunciamientos para intentar conquistar el poder durante el monopolio en la conocida como Década Moderada, en el período inicial del reinado efectivo de Isabel II.

Con el tiempo, la autonomía militar fue creciendo respecto a las opciones políticas. La injerencia militar no buscaba necesariamente favorecer a una facción o partido político, como había sido habitual hasta entonces. Este cambio obedece a distintas causas y comenzó a gestarse en el Sexenio Democrático. La inestabilidad política que conllevaron los dos regímenes –monarquía democrática de Amadeo I y I República–, la guerra de Cuba y la tercera guerra carlista, y el ímpetu del movimiento obrero y del cantonalismo generó en los cuarteles una nueva actitud más proclive a la defensa de los intereses corporativos de la oficialidad, alejándose de las opciones partidistas. Esta autonomía hacia los partidos y opciones políticas terminaría por triunfar en el sistema canovista de la Restauración. Cánovas hizo un esfuerzo para que los militares se mantuviesen al margen del fragor político con evidente éxito; sin embargo, el Desastre de 1898 trastocaría esta situación y generaría, junto con otros factores, un creciente militarismo.

A su vez, otra razón de la deriva reaccionaria del estamento militar y de amplias capas sociales debe rastrearse en el proceso de construcción de una identidad nacional, muy ligado a la difusión del mito del pueblo como luchador heroico por la libertad nacional.

A finales de siglo, la tendencia conservadora se vio agravada con el conocido como “Desastre del 98”, que supuso la pérdida de las últimas posesiones coloniales españolas. A medida que se recrudecía la guerra de Cuba, la animadversión al reclutamiento militar originó protestas y explosiones de descontento popular ante los temidos sorteos de quintos, de los que las familias adineradas podían librar a sus hijos a cambio de una contribución. Realmente, el relato del desastre que siguió a la derrota respondía a las inquietudes de ciertos sectores intelectuales y de clase media, y no plasmaba el sentir de las clases populares, aliviadas por el fin de la odiosa “contribución de sangre”. Mientras que las potencias europeas en auge consolidaban sus imperios en la Conferencia de Berlín, se generalizó entre la intelectualidad europea una visión peyorativa en torno a las “naciones moribundas” y la decadencia de la “raza latina”. Como respuesta al duro golpe emocional y la humillación que había supuesto la derrota, periodistas, escritores y políticos liberales propusieron la regeneración de España. Las propuestas regeneracionistas, críticas con la corrupción, el falseamiento electoral y el caciquismo, proponían una profunda reforma del sistema político desde el poder. El escritor y político regeneracionista Joaquín Costa proponía en 1902, en su obra Oligarquía y caciquismo como forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla, la actuación de un cirujano de hierro encargado de curar los males del país: “(...) Esa política quirúrgica, repito, tiene que ser cargo personal de un cirujano de hierro, que conozca bien la anatomía del pueblo español y sienta por él una compasión infinita (...)”.

El escritor y político regeneracionista Joaquín Costa proponía en 1902, en su obra Oligarquía y caciquismo como forma actual de gobierno en España: urgencia y modo de cambiarla, la actuación de un cirujano de hierro encargado de curar los males del país: “(...) Esa política quirúrgica, repito, tiene que ser cargo personal de un cirujano de hierro, que conozca bien la anatomía del pueblo español y sienta por él una compasión infinita (...)”

Esta figura, que necesariamente debía provenir del ámbito militar, fue encarnada por Miguel Primo de Rivera, quien, adoptando las ideas regeneracionistas propuestas por Costa, se identificaba a sí mismo como el cirujano que debía poner fin al sistema político de la Restauración. 

A su vez, durante la Restauración, el estamento militar experimentó una profunda transformación. En las primeras décadas del siglo XX se observa el tránsito desde una amplia tendencia liberal-progresista –considerada en su momento como exaltada– hacia una mentalidad marcadamente reaccionaria, imposible de comprender sin el componente del africanismo, consolidado a partir de 1921 con el establecimiento del protectorado español en Marruecos. Surgió entonces un grupo de oficiales que compartían una misma visión del mundo, cohesionados por fuertes lazos de solidaridad y por una identidad común forjada en las campañas marroquíes. Esta “familia castrense”, cuyas raíces se remontan a la crisis imperialista de 1898, halló en la Academia General Militar de Zaragoza su principal instrumento de influencia en el periodo posbélico colonial. En el protectorado de Marruecos se forjó una generación de oficiales –como Francisco Franco, José Sanjurjo o Emilio Mola– que compartían una visión autoritaria de la nación. Dotados de recursos y convencidos de la necesidad espiritual de “regenerar” España, liderarían el golpe de Estado de julio de 1936 que desencadenó la Guerra Civil.

Esta “familia castrense” formada por un grupo de oficiales que compartían una misma visión del mundo y cuyas raíces se remontan a la crisis imperialista de 1898, halló en la Academia General Militar de Zaragoza su principal instrumento de influencia en el periodo posbélico colonial. En el Protectorado de Marruecos se forjó una generación de oficiales –como Francisco Franco, José Sanjurjo o Emilio Mola– que compartían una visión autoritaria de la nación. Dotados de recursos y convencidos de la necesidad espiritual de “regenerar” España, liderarían el golpe de Estado de julio de 1936 que desencadenó la Guerra Civil.

VENCEDORES Y VENCIDOS

Proclamada la Segunda República en 1931, los partidos monárquicos desaparecieron y las desorientadas clases conservadoras optaron por permanecer al margen de la actividad política. No obstante, tan solo dos semanas después, algunos propagandistas católicos fundaron la plataforma Acción Nacional, que un año después pasaría a denominarse Acción Popular. Fue esta organización política la que pondría las bases para la creación de la CEDA, dirigida por José María Gil Robles, que se eregiría como la organización de masas de las derechas promovida por el catolicismo político. Precisamente, una de las principales novedades del periodo republicano fue el surgimiento de organizaciones políticas de masas, que no limitaban su participación política al marco parlamentario. En el ámbito de la derecha, la organización de masas que adoptó esa estrategia fue la CEDA, que más que un partido puede considerarse una coalición de partidos en la que se integraban otras organizaciones derechistas de distintos ámbitos territoriales bajo la defensa de los intereses de la Iglesia católica y las clases conservadoras. Su dialéctica en defensa de la religión, la propiedad privada, la familia y el orden fue marcadamente reaccionaria y antisocialista, pero siempre dentro de unos límites legales, lo que la alejaba de la estrategia golpista y subversiva alfonsina y carlista y que más tarde asumiría el fascismo representado por Falange Española. 

Las elecciones legislativas de 1933, dominadas por una movilización política sin precedentes con mítines multitudinarios y millones de carteles y folletos informativos, dieron la victoria a las derechas de la CEDA y del Partido Radical. En las zonas rurales, como señala Tuñón de Lara, pronto comenzó el desquite hacia las clases populares:

«[…] habían ganado los patronos, los propietarios, y con ellos todo el “aparato de siempre”: caciques, Guardia Civil, secretarios de Ayuntamiento… Empezaba el “gran desquite” en el campo, el ¡comed República!, la baja de salarios riéndose de las Bases, el poner radicales al servicio de los patronos en las presidencias de los Jurados Mixtos, la selección a capricho por el patrono de los obreros que irían a trabajar a las fincas y, para remate, la destitución de Ayuntamientos socialistas».

Mientras que los jornaleros, especialmente en el sur, en Aragón y en la Ribera Navarra, se integraron en la CNT y la UGT, el campesinado propietario adoptó posiciones conservadoras. Un amplio sector del campesinado, integrado por pequeños y medianos propietarios del interior peninsular que mantenían su apoyo a la dictadura primorriverista, constituyó una parte importante de la base electoral del conservadurismo y de la derecha católica en la República, y terminó secundando la sublevación militar de julio de 1936. 

Un amplio sector del campesinado, integrado por pequeños y medianos propietarios del interior peninsular que mantenían su apoyo a la dictadura primorriverista, constituyó una parte importante de la base electoral del conservadurismo y de la derecha católica en la República, y terminó secundando la sublevación militar de julio de 1936

Falange Española y las Juntas de Ofensiva Nacionalsindicalista (JONS), que no se unificarían hasta 1934, encontraron en las clases medias y el ejército sus principales apoyos. Las élites burguesas y aristocráticas mantuvieron un papel ambivalente hacia las formaciones políticas fascistas, inclinándose hacia la derecha monárquica al mismo tiempo que ­incentivaban económicamente el papel agresivo y escuadrista de ambas organizaciones. Los dos grupos recibían financiación de monárquicos alfonsinos, industriales y terratenientes. De hecho, a las JONS, el dinero les llegaba de un grupo de banqueros alfonsinos bilbaínos por mediación de dos miembros de las élites de esa ciudad proclives al ideario fascista. No fue hasta 1936 cuando el número de afiliados aumentó y se integraron en sus filas jornaleros y obreros. No obstante, como muestran los resultados electorales de 1936, la candidatura falangista obtuvo siempre sus mejores resultados en los barrios burgueses.

Con su líder encarcelado y en la clandestinidad, el triunfo del Frente Popular y el descalabro de las derechas convirtieron a Falange en el último refugio ante el temor a una revolución socialista. Tras el golpe y estallido de la Guerra Civil, buena parte de las clases medias rurales y urbanas experimentaron una acelerada fascistización que benefició a las organizaciones fascistas. En Andalucía, el crecimiento de la organización fue enorme, siendo especialmente significativo el caso del pueblo sevillano de Estepa, donde Falange pasó de 6 inscritos en 1935 a 101 en vísperas del 18 de julio. Tras el alzamiento militar, la avalancha de afiliaciones se mantuvo constante.

Las milicias falangistas tuvieron un papel destacado en la represión y exterminio desatados durante la Guerra Civil y la posguerra contra la amplia y heterogénea población que había apoyado la II República y que los vencedores englobaron bajo el término de la antiespaña. Las Jefaturas Provinciales de Falange enviaron delegados a los pueblos ocupados por el bando sublevado con potestad para nombrar las nuevas gestoras municipales encargadas de las labores de vigilancia, persecución y exterminio de los vecinos desafectos al Régimen. A ellos se unieron terratenientes, oligarcas y ciudadanos “de orden” que optaron por colaborar con las autoridades militares. Las delaciones y capturas de opositores crecieron a un ritmo frenético, y las pesquisas no se limitaban al ámbito ideológico, sino que también se escrutaba la orientación sexual, la religiosidad y la conducta sexual de los vecinos. Durante estos años se tejió una densa red de vigilancia y control social basada en el miedo y el silencio.

Las delaciones y capturas de opositores contrarios al Régimen crecieron a un ritmo frenético, y las pesquisas no se limitaban al ámbito ideológico, sino que también se escrutaba la orientación sexual, la religiosidad y la conducta sexual de los vecinos. Durante estos años se tejió una densa red de vigilancia y control social basada en el miedo y el silencio.

LOS AÑOS DEL HAMBRE Y LA REPRESIÓN 

Entre 1939 y 1951 discurrieron los años de la posguerra, de las cartillas de racionamiento, el estraperlo y el hambre. Se trató de un periodo caracterizado por el repliegue social, la imposición de la autarquía económica y un casi total aislamiento internacional. Para hacer frente al bloqueo económico y diplomático, se puso en marcha una política autárquica que dio paso a un nuevo predominio de la actividad agrícola sobre la industrial. Esta contrarreforma agraria comenzó con la devolución de todas las tierras expropiadas durante la II República, apuntalando la propiedad familiar agraria en zonas particularmente importantes para el equilibrio de la dictadura. 

A las pérdidas demográficas se les se sumó un amplio contingente de exiliados. Según las principales estimaciones, entre 440.000 y 470.000 personas cruzaron la frontera francesa en busca de refugio. A este descenso demográfico debe añadirse la miseria de buena parte de la población, afectada hasta los primeros años de la década de 1950 por la escasez de productos básicos y la brusca caída del salario real. En esos años de carestía, racionamiento y mercado negro, surgieron rápidas fortunas gracias a la especulación con los alimentos básicos. El historiador Miguel Ángel del Arco Blanco, en su trabajo La hambruna española, señala que el alimento, distribuido de manera desigual y controlado desde arriba (una mayor clase social y afinidad con el Régimen aseguraban algo más de sustento), se convirtió en instrumento político. Los grupos más humildes, especialmente el campesinado de Extremadura y Andalucía, se vieron gravemente afectados por la política autárquica del Régimen. Paralelamente, la censura prohibía cualquier mención al hambre en la prensa. Según la tesis del historiador, las carencias alimentarias debilitaron a la población, constituyendo una forma de control social, e incluso se plasmaron en las mediciones de los jóvenes que se incorporaban a la mili: “en Madrid, en los años de posguerra, los jóvenes de Chamberí eran 4,5 cm más altos que los de Vallecas.”

La miseria y el miedo no afectó por igual a todos los grupos sociales. La Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939, fue una de las principales herramientas de represión institucional del régimen franquista tras el fin de la Guerra Civil. Su aplicación retroactiva al 18 de julio de 1936 permitía sancionar a cualquier persona que hubiera mostrado apoyo, incluso pasivo, a la República. Según cifras de Preston y Casanova, esta ley afectó a más de 400.000 personas entre sancionadas, inhabilitadas y multadas. Miles de funcionarios, maestros, catedráticos e intelectuales fueron depurados o encarcelados. Las vacantes fueron ocupadas por élites profesionales afectas al Régimen. Para el historiador Paul Preston, la depuración administrativa y profesional fue un medio sistemático para eliminar cualquier rastro de republicanismo y reconstruir el Estado bajo criterios de fidelidad al Caudillo.

La miseria y el miedo impuestos por el Régimen no afectó por igual a todos los grupos sociales. La Ley de Responsabilidades Políticas, de 9 de febrero de 1939, fue una de las principales herramientas de represión institucional del régimen franquista tras el fin de la Guerra Civil. Su aplicación retroactiva al 18 de julio de 1936 permitía sancionar a cualquier persona que hubiera mostrado apoyo, incluso pasivo, a la República.

A partir de 1940, con la aparición de los sin­dicatos verticales que agrupaban a patronos, técnicos y obreros con la intención de eliminar la lucha de clases, se implantó un nuevo sistema de remuneración salarial. La Ley de Reglamentaciones del Trabajo, de 16 de octubre de 1942, suprimió prácticamente la posibilidad de concertar convenios colectivos, acrecentando el desfase entre precios y salarios, que a su vez hizo posible a la oligarquía la puesta en marcha de una importante acumulación primitiva. 

Con la irrupción de la Guerra Fría, la política internacional dio un vuelco favorable a la dictadura franquista. La posición estratégica de España en el contexto del anticomunismo occidental facilitó el acercamiento a Estados Unidos. A nivel interno, el nuevo escenario geopolítico propició un brusco viraje político y económico. El predominio falangista en la Administración llegó a su fin con la entrada en el Gobierno de sectores tecnócratas vinculados al Opus Dei. Asimismo, se acrecentó el poder de las clases burguesas mercantiles, industriales y financieras, así como de la vieja oligarquía terrateniente.

Por el contrario, el proletariado, ahogado por la inflación, inició, a partir de 1951, sus primeras huelgas y manifestaciones que llevarán al estallido de 1956-1957.

DESARROLLISMO. LA ESPAÑA DEL NO-DO Y EL SEISCIENTOS 

En estos últimos años, la idealización poco disimulada del franquismo en las redes sociales se ha vuelto cada vez más habitual. Por lo general los usuarios no suelen referirse a los primeros años de posguerra, y sus preferencias se inclinan más por la década de los sesenta y setenta, conocida como los años del “desarrollismo”. Fragmentos de grabaciones de los viajeros de un vagón de metro en Madrid o de los transeúntes paseando por el centro de la capital se hacen repentinamente virales en redes sociales. Bajo el planteamiento reaccionario de que todo tiempo pasado fue mejor, los usuarios alaban el decoro y la elegancia en la vestimenta, el orden que transmiten los espacios y especialmente la uniformidad racial de los protagonistas de las imágenes. Estas grabaciones provienen de uno de los recursos propagandísticos más importantes de la dictadura franquista: el NO-DO. Estos documentales semanales preludiaron las proyecciones cinematográficas en los cines de todo el Estado desde 1943 hasta 1981. Sus reportajes, de temática variada, tenían la función de adoctrinar a la población y ofrecer la imagen de una España feliz y despreocupada con la que se pretendía ocultar la miseria de los poblados chabolistas en la periferia de las ciudades y el analfabetismo rural, que rondaba el 42,5%. Estas representaciones idílicas de progreso y modernidad se vieron reforzadas durante los años setenta con las campañas del Ministerio de Información y Turismo de Manuel Fraga Iribarne, que con lemas como “Spain is different” trataban de proyectar una imagen atrayente que ocultase el atraso y las desigualdades sociales. 

El crecimiento económico impulsado tras el Plan de Estabilización de 1959 produjo una profunda transformación social. La industrialización y la expansión del sector terciario favorecieron la irrupción de una nueva clase media integrada por obreros cualificados y empleados administrativos. Este nuevo grupo participó activamente en el incipiente consumo de masas, simbolizado por la popularización del Seat 600, convertido en emblema de bienestar y estatus

El crecimiento económico impulsado tras el Plan de Estabilización de 1959 produjo una profunda transformación social. La industrialización y la expansión del sector terciario favorecieron la irrupción de una nueva clase media integrada por obreros cualificados y empleados administrativos. Este nuevo grupo participó activamente en el incipiente consumo de masas, simbolizado por la popularización del Seat 600, convertido en emblema de bienestar y estatus. La aceleración económica, el comienzo del turismo y la relativa apertura vinieron acompañados de un incremento de la conflictividad social. Las pintorescas estampas proyectadas en el cine no conseguían ocultar las costuras del Régimen. La demanda de mano de obra industrial agudizó el éxodo campesino, haciendo surgir el fenómeno del “chabolismo”. Si en los años cuarenta se había especulado con el hambre, en los cincuenta se hizo lo mismo con la vivienda. La especulación, favorecida por la financiación estatal, dio ocasión a la formación de rápidas fortunas. Frente al crecimiento desenfrenado de las ciudades, el campo languidecía, a lo que el Régimen respondió con la llamada “política de pantanos”, parte esencial de la propaganda desarrollista y de la autarquía tardía.

LEGITIMACIÓN DEL RÉGIMEN 

El arco iniciado por el pronunciamiento de Riego en 1820, al grito de “¡Viva la Constitución!” se cerró de forma definitiva en 1936, con un pronunciamiento también liderado por militares, que a pesar de no triunfar de forma generalizada daría paso a un golpe de Estado para derrocar al Gobierno republicano. 

El régimen franquista tiene así su origen en la trayectoria seguida por el reaccionarismo español durante la crisis del sistema político de la Restauración y el naufragio de la experiencia autoritaria que significó la dictadura de Primo de Rivera. Siguiendo a Tusell, cabe destacar que la Guerra Civil supuso un cambio radical sin precedentes, no solo por la imposición de un régimen político dictatorial, sino también por la brusca ruptura y el deseo de silenciar y hacer desaparecer la historia inmediatamente anterior. El nuevo régimen asentado sobre los principios del tradicionalismo y el catolicismo gozó del apoyo de una amplia y heterogénea red de apoyos sociales agraviados por las reformas republicanas y radicalizados ante la conflictividad revolucionaria de obreros y jornaleros. Las élites vencedoras, recogiendo el testigo de los principios regeneracionistas se arrogaron el papel de purificadores de la patria. Como señala Casanova, el Régimen no solo destruyó a sus enemigos políticos, sino que edificó un orden moral basado en la memoria selectiva, el miedo cotidiano y la promesa de redención nacional. Militares, terratenientes, empresarios y clases medias afectas fueron recompensados por su fidelidad y colaboración en la represión, mientras que los sectores populares, debilitados por el hambre y la represión, se vieron incapacitados para cualquier manifestación articulada de protesta política.