"Cuando mis 4 hijos puedan volar solos, me volveré a mi país como hago cada mes de agosto, para seguir cuidando de mi herencia. Yo no tengo miedo a ser deportado. Soy camerunés. Con kilómetros de tierras agrícolas y hectáreas de cacao. No vine huyendo ni del hambre ni de la guerra. Vine legalmente y por gusto. No formo parte de la nueva esclavitud moderna."

-Bertrand Ndongo

La creación de centros de deportación italianos en Albania no es un hecho aislado, sino la expresión más reciente de toda una tendencia global: la externalización del control migratorio por parte de las principales potencias imperialistas. Este fenómeno revela cómo las fronteras no solo separan territorios, sino que también funcionan como herramientas efectivas para gestionar y dosificar la fuerza de trabajo de acuerdo con las necesidades de acumulación y para perpetuar la división del trabajo internacional entre el centro y la periferia del capitalismo mundial.

El acuerdo entre Italia y Albania, justamente, pone de manifiesto estas contradicciones: las contradicciones de un modo de producción que, mientras necesita fuerza de trabajo migrante devaluada para suplir la crisis demográfica de la que adolece el viejo continente y cubrir las tareas esenciales que la cínica y mimada aristocracia obrera europea no quiere ni ver, endurece sus políticas para mantener a millones de personas a raya en la marginalidad y la inseguridad vital más absoluta, como condición necesaria para dominar y explotar a este enorme ejército industrial de reserva que llega huyendo de la miseria y la barbarie que genera la dinámica general de desposesión y violencia. La construcción de los centros de internamiento de migrantes en territorio albanés refleja, por tanto, cómo el control migratorio sirve como un negocio y un instrumento de reproducción social por igual, desplazando geográficamente las contradicciones inherentes allí donde la vista de la asustadiza y pija sociedad europea no alcanza, delegando la gestión de vidas proletarias, que son vendidas a precios de saldo a terceros países que tienen aún menos reparos en aplastarlas.

Más allá del debate jurídico o humanitario, lo que está en juego aquí es el papel que juega la gestión migratoria en la economía global: cómo dar salida a una fuerza de trabajo sobrante con utilidad intermitente a ojos del Capital, que se mueve entre fronteras enfrentando barreras sofisticadamente crueles y que es utilizada como moneda de cambio en acuerdos internacionales entre las élites burguesas y sus respectivos mayordomos políticos de derechas e izquierdas. Analizar este caso desde una perspectiva revolucionaria permite entender no solo las políticas migratorias, sino también las lógicas de poder y explotación generales que las engendran.

En suma, el plan de los centros italianos de internamiento de migrantes en Albania ha sido el resultado de una coyuntura marcada por una gestión de las migraciones en Europa tendente a la mano dura, la búsqueda de “respuestas rápidas” ante el estado de emergencia permanente en los sistemas de acogida que padecen un colapso crónico, y el consiguiente impulso hacia la externalización del control de fronteras, la militarización interna y los procedimientos de expulsión fuera del territorio de la Unión Europea, “donde no molesta”.

1. CONTEXTO Y ANTECEDENTES DEL PACTO

1.1. La firma del acuerdo

A finales de 2023, Italia y Albania firmaron un acuerdo inédito en la Unión Europea para la gestión de personas migrantes vagamente rescatadas en el Mediterráneo central. El pacto, anunciado oficialmente el 6 de noviembre de 2023 por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro albanés, Edi Rama, permitía a Italia construir y operar dos centros de “procesamiento de migrantes” en territorio albanés, concretamente en las localidades de Shëngjin y Gjader.

A cambio de ceder el uso de su territorio a un país extranjero, la servil Albania recibe apoyo financiero y logístico de Italia, así como respaldo político en su proceso de adhesión a la Unión Europea. Win-win. 

La iniciativa responde a la “presión migratoria” que experimentaba Italia, convertida en uno de los principales puntos de entrada a Europa para personas que huyen de conflictos, pobreza o persecución en África y Asia. Según datos de ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2023 llegaron a las costas italianas más de 150.000 personas migrantes, una cifra que superó la capacidad de acogida de muchas regiones y generó tensiones políticas internas.

El acuerdo se inspira en modelos de externalización de fronteras ya aplicados en otros contextos, como el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía de 2016, o los centros de procesamiento australianos en Nauru y Papúa Nueva Guinea. Sin embargo, en este caso, la diferencia radica en que las autoridades italianas gestionan directamente los centros en Albania, aunque el territorio sigue bajo soberanía albanesa. Se preveía una duración inicial de cinco años para el acuerdo, prorrogables, con la intención de recluir allí hasta 3.000 personas al mes, de acuerdo con los primeros reportes de Reuters que recogieron la firma del acuerdo.

A cambio de ceder el uso de su territorio a un país extranjero, la servil Albania recibe apoyo financiero y logístico de Italia, así como respaldo político en su proceso de adhesión a la Unión Europea. Win-win. El acuerdo, para mitigar los ecos de Auschwitz, excluía en principio a menores, mujeres embarazadas y “personas vulnerables” (valga la redundancia). Todo el plan fue presentado por sus impulsores como “una solución pragmática” para “aliviar la presión sobre el sistema de acogida italiano”.

Sin embargo, la medida ha suscitado críticas de organizaciones de derechos humanos y juristas, que advierten sobre los evidentes riesgos de vulnerar el derecho de asilo y las garantías legales de las personas migrantes.

1.2. Situación migratoria en Italia y política migratoria de Meloni

Como hemos mencionado anteriormente, Italia sigue siendo uno de los principales puntos de entrada a Europa para personas migrantes que cruzan el Mediterráneo central. Según el Cruscotto Statistico de Italia, la mayoría de estas personas provienen de países como Guinea, Costa de Marfil, Túnez, Egipto y Bangladesh.

Roma mantiene su apuesta por esta gestión restrictiva, argumentando “la necesidad de orden y legalidad” en la política migratoria italiana; orden y legalidad para la burguesía, reclusión y muerte para el proletariado

Desde su llegada al Gobierno, la primera ministra, que de joven era una gran admiradora de Benito Mussolini, ha impulsado una política migratoria basada en la intensificación del control y la “disuasión” para estas poblaciones; es decir, inducir el terror entre los migrantes y los potenciales migrantes. En noviembre de 2023, Meloni declaraba lo siguiente ante la Cámara de los Diputados: “No podemos permitir que Italia sea el punto de acceso de toda la inmigración irregular hacia Europa”. Su Gobierno, por tanto, ha aprobado decretos que restringen la labor de las ONG de rescate, limitando el número de desembarcos y endureciendo las sanciones a quienes incumplen las nuevas normas, como el Decreto Ley del 2 de enero de 2023.

Además, esta duce con cara de besugo no solo firmó acuerdos con Albania, sino que también lo hizo con otros países de tránsito y origen, como el memorando firmado con Túnez en julio de 2023, que prevé financiación y apoyo logístico a cambio de un mayor control de las salidas. Además, de cuando en cuando, estos países se cobran sus recompensas por los servicios prestados, como cuando Meloni, que se presenta como “azote de la criminalidad”, liberó al criminal de guerra libio Osama Al-Masri.

Aunque todas estas políticas hayan sido criticadas por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos reiteradas veces, Roma mantiene su apuesta por esta gestión restrictiva, argumentando “la necesidad de orden y legalidad” en la política migratoria italiana; orden y legalidad para la burguesía, reclusión y muerte para el proletariado.

1.3. Antecedentes legales y políticos: el protectorado albanés

Desde el final de la Primera Guerra Mundial, Italia ejerció una fuerte influencia sobre Albania, estableciendo un protectorado entre 1917 y 1920 y, posteriormente, controlando áreas clave como la economía y la infraestructura a través de acuerdos comerciales, financieros y militares. Durante los años 20, tras la llegada al poder de Ahmed Zogu, Italia otorgó créditos, monopolizó sectores como el transporte y, mediante los Pactos de Tirana (1926 y 1927), consolidó su posición como principal aliado y garante exterior del Estado albanés, asegurando su derecho a intervenir en Albania y enviando asesores militares que sentaron las bases históricas de la dependencia del Estado albanés moderno hacia Roma.

El punto culminante de este proceso de consolidación de la dependencia albanesa hacia Italia fue la invasión del 7 de abril de 1939, cuando las tropas de Mussolini ocuparon el país en apenas días, forzando al rey Zog I al exilio y anexando oficialmente Albania a la corona italiana. Así, el país funcionó como Estado satélite de la Italia fascista hasta 1943, siendo dirigido por emisarios y utilizado militarmente, especialmente contra la resistencia en Grecia. Tras la ocupación alemana y la liberación por los comunistas en 1944, Albania rompió con Italia; no fue sino hasta el fin de la Guerra Fría, la caída del socialismo y la reconversión de Albania en un narcoestado saqueado por los capitales internacionales que las relaciones diplomáticas con Italia se restablecieron.

La Italia de principios de siglo XXI, como una de las potencias centrales del decadente imperialismo europeo que nunca ha dejado de ver a Albania como su patio trasero, enfrenta la contradicción de gestionar un flujo constante de migración que, si bien es necesaria para sostener los sectores más depauperados de su economía –como la agricultura, la construcción o los servicios–, es también percibida como una “carga”, ya que, a sus ojos, no puede sobrepasar las capacidades administrativas y materiales dadas del aparato de Estado en ningún momento, como tampoco puede asumir “la amenaza para la estabilidad social” que supone meter de golpe a decenas de miles de desposeídos en su territorio. Por ello, Italia opta por externalizar la gestión migratoria a su eterno protectorado albanés, un país periférico humillado y deprimido tras la caída del socialismo que, al ser la integración en la UE su mayor aspiración, acepta con gusto esta función a cambio de apoyo político y financiero.

Legalmente, esta estrategia busca eludir las obligaciones y límites que impone el derecho internacional y europeo en materia de asilo y derechos humanos. Al desplazar los centros de procesamiento fuera del territorio italiano, se crea un espacio de excepción donde las garantías legales pueden ser fácilmente reducidas o suspendidas, facilitando la rápida expulsión y el control de la movilidad de la población migrante. Este mecanismo reproduce la lógica capitalista de la segmentación y la exclusión: la fuerza de trabajo migrante es necesaria, pero debe ser contenida y disciplinada, su acceso a derechos básicos ha de ser muy limitado y se aceptarán sola y exclusivamente los migrantes que el Capital necesite para obtener ganancias, ni uno más.

Italia se apoya en la subordinación de países periféricos, como Albania, que aceptan convertirse en los porteros de discoteca a cambio de beneficios económicos y promesas de que les dejen sentarse en la mesa de los mayores en Bruselas

Políticamente, el acuerdo con Albania refleja la búsqueda de Italia del mantenimiento de su posición dentro de la UE, mostrando “mano dura” frente a las personas migrantes indocumentas para satisfacer las crecientes demandas electorales internas de control social por parte de una clase media fascistizada. Al mismo tiempo, se apoya en la subordinación de países periféricos, como Albania, que aceptan convertirse en los porteros de discoteca a cambio de beneficios económicos y promesas de que les dejen sentarse en la mesa de los mayores en Bruselas.

En definitiva, el recurso a Tirana es una manifestación más de cómo el capitalismo global externaliza y pospone sus antagonismos internos: mientras el centro imperialista blinda sus fronteras y mercados laborales, las periferias y las semiperiferias asumen el coste social y político de la gestión migratoria, el trabajo sucio, en un juego de poder que reproduce desigualdades y vulnerabilidades estructurales extremas. Por lo tanto, este acuerdo no es solo el síntoma de una política migratoria restrictiva o reaccionaria que les apetezca a líderes enloquecidos, sino una estrategia racional para mantener la división internacional del trabajo vigente en Europa y en el mundo entero, y, con ello, salvaguardar el orden económico y social establecido.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS CENTROS

2.1. Infraestructura

Los centros de deportación italianos en Albania se ubican en las localidades de Shëngjin y Gjader, ambas en la provincia de Lezhë, a unos 50 kilómetros al norte de Tirana. Estas instalaciones, diseñadas y financiadas por Italia, presentan características físicas y de seguridad propias de complejos de detención de alta vigilancia. El proceso en los centros de deportación italianos en Albania comienza en Shëngjin, donde las personas migrantes desembarcan tras ser rescatadas en el Mediterráneo. Allí son identificados, reciben atención médica, ropa y pueden presentar su solicitud de asilo, pero no pernoctan en el lugar. Ese mismo día son trasladados en autobús a Gjader, el centro principal, situado a unos 20 kilómetros tierra adentro.

Gjader es una instalación de máximo control, rodeada por un muro de cinco metros y equipada con cámaras, drones y vigilancia permanente de fuerzas italianas.

El complejo, construido con módulos prefabricados, está dividido en tres áreas: una principal para solicitantes de asilo (con estancias máximas de 28 días y capacidad inicial de 400 plazas, ampliable a 880), una sección para personas pendientes de expulsión (144 plazas, con habitaciones provistas de rejas), y una pequeña prisión interna preparada para hasta 20 personas que se atrevan a rebelarse durante su estancia.

Durante este secuestro institucional en el centro de deportación, las personas allí retenidas son privadas de libertad sin haber cometido ningún delito

Las habitaciones, de unos 12 metros cuadrados, cuentan con literas para cuatro personas, armario y mesa; los internos reciben un uniforme a su llegada y disponen de zonas comunes para rezar o realizar videoconferencias judiciales. No hay comedor: la comida llega empaquetada desde el exterior y se consume en áreas comunes.

Durante este secuestro institucional, las personas allí retenidas son privadas de libertad sin haber cometido ningún delito. No pueden abandonar el recinto y permanecen bajo supervisión constante. El objetivo declarado es “resolver su situación migratoria en un máximo de 28 días”, ya sea mediante expulsión o la concesión de protección internacional.

2.2. Gestión y personal

La gestión y el funcionamiento de los centros de deportación están completamente bajo control estatal italiano. El Gobierno de Italia es el principal responsable de la financiación, la administración y la operativa diaria de estas instalaciones, tras invertir cerca de 800 millones de euros en su construcción y puesta en marcha para un periodo inicial de cinco años. Además, se calculaba que la deportación de cada persona le costaba miles de euros a Roma.

El personal implicado en los centros está compuesto mayoritariamente por fuerzas policiales italianas, funcionarios del Ministerio del Interior, y personal técnico y logístico enviado desde Italia. La vigilancia interna, la tramitación de expedientes y las tareas administrativas se realizan bajo jurisdicción italiana, y la policía albanesa se encarga únicamente de la vigilancia del perímetro exterior.

Esta estructura refuerza el carácter extraterritorial de los centros: aunque se encuentran en suelo albanés, la gestión y el régimen legal aplicable son italianos, casi como si se tratara de una embajada.

No se ha hecho pública la participación de empresas privadas específicas en la gestión directa de los centros, pero la magnitud de la inversión y la complejidad logística sugieren la posible subcontratación de servicios de mantenimiento, alimentación y limpieza a empresas italianas o albanesas, bajo supervisión estatal.

La opacidad en torno a los contratos y la falta de transparencia sobre los proveedores han sido señaladas por medios y organizaciones de derechos humanos como una de las principales críticas al modelo.

3. FUNCIONAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS

3.1.Perfil de los internos

El perfil de las personas secuestradas en estos centros es principalmente el siguiente: hombres adultos, “no vulnerables”, capturados por las Fuerzas Armadas italianas en aguas internacionales del Mediterráneo central. El perfil de los primeros grupos procesados incluye personas interceptadas en el mar, mayoritariamente de países como Bangladesh y Egipto, que se encontraban en ruta hacia Italia y que no presentan las condiciones de vulnerabilidad reconocidas: ser menores, mujeres embarazadas o personas con necesidades médicas muy graves.

3.2.Proceso de tramitación de asilo y deportación

El proceso de tramitación de asilo y deportación está diseñado para ser rápido y restrictivo, con tiempos, derechos y limitaciones muy definidos. El protocolo establece que la solicitud de asilo debe resolverse en un plazo máximo de 28 días desde la llegada al centro, siguiendo un procedimiento acelerado. En la práctica, el objetivo es identificar rápidamente a quienes pueden ser repatriados y ejecutar la expulsión en el menor tiempo posible. Sin embargo, la experiencia muestra que los plazos pueden alargarse, ya que las repatriaciones a menudo requieren entre tres y seis meses debido a dificultades para obtener la documentación necesaria o la falta de acuerdos con los países de origen.

Durante su estancia, los internos tienen en teoría derecho a presentar una solicitud de asilo, ser identificados y recibir atención médica básica. Un juez italiano revisa en un plazo de 48 horas la validez de la detención y el acceso al procedimiento de asilo. Si la solicitud es rechazada, como sucede en la mayoría de casos, se inicia el proceso de expulsión.

Las personas recluidas pueden recurrir la decisión, aunque la tramitación es sumaria y se prioriza la rapidez sobre la exhaustividad de las garantías. Aquellos que sí son considerados vulnerables (menores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades graves) son devueltos a Italia y no permanecen en los centros albaneses.

El procedimiento busca acelerar la identificación y la expulsión de las personas consideradas “deportables”, pero enfrenta importantes obstáculos legales y prácticos. Además, mantiene a los internos en un régimen restrictivo de excepción, con garantías limitadas y bajo estricta vigilancia

En caso de que no sea posible ejecutar la repatriación, las personas migrantes no pueden ser liberadas en Albania, por lo que podrían ser devueltos a Italia, lo que genera dudas sobre la viabilidad real del modelo, comenzando desde su propia lógica interna.

El régimen de vida en los centros es estricto: el mero acceso a la asistencia legal y a la prensa es muy limitado, lo que ha suscitado críticas sobre la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales.

En síntesis, el procedimiento busca acelerar la identificación y la expulsión de las personas consideradas “deportables”, pero enfrenta importantes obstáculos legales y prácticos. Además, mantiene a los internos en un régimen restrictivo de excepción, con garantías limitadas y bajo estricta vigilancia.

3.3. Cambios recientes en la normativa

En marzo de 2025, el Gobierno italiano aprobó un nuevo decreto que modifica sustancialmente el uso de los centros de internamiento de personas migrantes en Albania. Originalmente, estos centros estaban destinados a procesar de manera acelerada a hombres adultos, “no vulnerables”, “rescatados” por Italia en aguas internacionales y provenientes de países considerados “seguros”. Sin embargo, la normativa fue ampliada para permitir también el traslado a Albania de aquellas personas indocumentadas que ya se encontraban en territorio italiano y cuya solicitud de asilo había sido rechazada, es decir, personas con una orden de expulsión vigente que estaban recluidas en los centros de permanencia para la repatriación (CPR) en territorio italiano.

Con este cambio, los centros de Shëngjin y Gjader pasan a funcionar como una extensión de la red italiana de CPR, y las personas migrantes deportadas podrían permanecer allí hasta 18 meses a la espera de su expulsión definitiva de Europa, en lugar del plazo máximo de 28 días que regía inicialmente.

La medida responde a la necesidad que identificó Roma de dar uso a unas instalaciones que habían permanecido prácticamente vacías debido a obstáculos judiciales y a la anulación de las órdenes de detención por parte de los tribunales italianos. Además, también busca alinearse con las propuestas recientes de la Comisión Europea sobre centros de retorno y repatriación.

Los teléfonos personales son incautados al ingresar y que las llamadas permitidas son muy breves, de 10 a 20 minutos diarios por persona

La justificación política de estos cambios se centra en “reforzar el control migratorio”, acelerar las expulsiones y enviar un mensaje de “firmeza” tanto a la opinión pública italiana como a la población migrante. El Ejecutivo italiano sostiene que la externalización y ampliación del uso de estos centros “permitirá gestionar de manera más eficaz la repatriación de personas sin derecho a permanecer en Italia”, y “aliviar la presión” sobre el sistema nacional de acogida.

4. TESTIMONIOS Y EXPERIENCIAS

El acceso a testimonios directos de personas internas en los centros de Albania ha sido muy limitado hasta el momento, debido a las mencionadas restricciones impuestas y al aislamiento de las instalaciones. Sin embargo, la abogada italiana Guia Tani, que fue una de las pocas personas externas que visitó el centro de Gjader, recogió impresiones de algunos internos. Aseguró que uno de ellos se mostró en un estado de “entusiasmo artificial”, posiblemente bajo efectos de psicofármacos, y evitó hablar sobre una posible paliza que habría sufrido. Tani también constató que los teléfonos personales son incautados al ingresar y que las llamadas permitidas son muy breves, de 10 a 20 minutos diarios por persona. Durante su visita, a pesar de que las autoridades afirmaron que llegaban unos veinte hombres por semana, solo pudo ver a dos internos, lo que sugiere una ocupación muy baja, un ambiente de aislamiento extremo y una suspensión casi total de derechos civiles.

4.1. Reacciones de la población local en Albania

En Shëngjin y Gjader, la presencia de los centros ha generado reacciones dispares. La vida cotidiana en la zona turística de Shëngjin apenas se ha visto alterada, y muchos locales muestran indiferencia o desconocimiento sobre la actividad de los centros. No obstante, existe cierta preocupación en otros sectores de los albaneses por el aislamiento de los internos y el impacto que puedan tener las instalaciones en la imagen de la región. En general, la gestión se desarrolla en un clima de “silenciosa normalidad”, con escasa visibilidad pública y poco debate social abierto sobre la situación de los internos o las consecuencias a largo plazo.

Reina el secretismo, el aislamiento, el control estricto y baja transparencia, tanto para los internos como para la sociedad albanesa, en un contexto donde las autoridades italianas priorizan la eficacia y el control de la situación.

5. ASPECTOS LEGALES

Paradójicamente, las personas que llegan de estos países considerados seguros a menudo son tratadas como “sospechosas” o “peligrosas”; sin embargo, sus países de origen parecen ser lo “suficientemente seguros” como para devolverlos por la fuerza

Numerosos especialistas y organizaciones de derechos humanos ponen de manifiesto que el modelo de los centros en Albania vulnera principios fundamentales del derecho internacional y europeo. Señalan que la externalización de la gestión de asilo y la detención en un tercer país puede limitar el acceso efectivo a la protección internacional y a garantías procesales básicas, especialmente cuando los procedimientos se aceleran y se restringe el contacto con abogados y familiares. Además, expertos subrayan que la selección de países considerados “seguros” para la deportación es problemática, ya que muchas veces no se garantiza la protección de los derechos humanos en esos estados.

Paradójicamente, las personas que llegan de estos países a menudo son tratadas como “sospechosas” o “peligrosas”; sin embargo, sus países de origen parecen ser lo “suficientemente seguros” como para devolverlos por la fuerza.

Por el momento, la UE ha mostrado ciertas reservas. Aunque algunos gobiernos han observado con interés el experimento italiano, la Comisión Europea ha evitado avalar explícitamente el modelo. Organizaciones como ACNUR, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han criticado duramente el plan, alertando sobre el riesgo de detenciones arbitrarias y devoluciones colectivas, y recordando que la externalización no exime a Italia de sus obligaciones internacionales. La oposición política italiana y asociaciones de jueces, por su parte, han denunciado la falta de garantías y el intento del Ejecutivo de sortear los controles judiciales.

En ese sentido, el principal escollo ha sido judicial. Los tribunales italianos, en varias ocasiones, han declarado ilegales los centros de detención en Albania, obligando a retornar a los internos a Italia y bloqueando la operatividad de los centros de momento. Los jueces argumentan que la normativa europea impide la retención prolongada de personas migrantes en un tercer país y que solo pueden ser expulsados quienes provengan de países “plenamente considerados seguros”, lo que limita de alguna forma el alcance del plan. Además, la justicia italiana ha consultado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para aclarar la legalidad del protocolo rápido de asilo y deportación aplicado en Albania.

El conflicto entre el Ejecutivo y el poder judicial ha sido tan intenso que Meloni ha intentado cambiar la competencia de los jueces que revisan estos casos, sin éxito. Por el momento, a julio de 2025, la mayoría de las personas enviadas a Albania han tenido que ser devueltas a Italia por orden judicial, y el futuro del plan depende de las decisiones pendientes del TJUE y de la capacidad del Roma para adaptar su normativa a los estándares europeos.

En conclusión, el modelo de externalización migratoria de Italia en Albania se enfrenta a algunos contrapesos jurídicos, con un amplio rechazo de expertos, ONG y tribunales, y por el momento, sin respaldo firme de la UE, lo que pone en entredicho su viabilidad y legitimidad. Sin embargo, sus promotores no desistirán tan fácilmente, y la idea ya ha calado.

6. IMPACTO

A pesar de estos obstáculos y críticas, parece ser que a Von der Leyen, como buena aristócrata alemana que es, le ha parecido maravillosa la idea de montar campos de concentración para los Untermenschen, por lo que podría plantear replicar el modelo Meloni en todo su IV Reich europeo. Algunos socios europeos, que también se están fascistizando a pasos agigantados, tampoco lo ven tan mal. Nueve gobiernos europeos ya han exigido al Tribunal de Estrasburgo más margen para deportar a personas migrantes, y tanto Bruselas como varios estados miembros observan con atención la experiencia italiana en Albania, a la espera de resoluciones judiciales, al tiempo que proponen reformas legislativas que podrían dar cobertura legal a campos de concentración para personas migrantes en terceros países, incluso sin vínculos previos con los deportados. Von der Leyen ya ha anticipado que está trabajando en un plan para crear centros de deportación fuera de sus fronteras, y que será una de las “medidas estrella” de la actual legislatura.

Desde la Comisión Europea, al estilo de Reinhard Heydrich y Heinrich Himmler proponiéndole la solución final a Adolf Hitler al oído, los centros de detención han sido presentados como una solución innovadora para “gestionar de manera más eficaz” aquello que ellos denominan como “el problema migratorio”, como los nazis se referían al “problema judío”. De hecho, las autoridades comunitarias ya han propuesto reformas legislativas inspiradas en la experiencia italiana: ampliación de los plazos máximos de detención y la creación de listas europeas de “países seguros” para facilitar las devoluciones. La Agencia de Asilo de la UE está analizando la viabilidad de acuerdos similares con terceros países, lo que indica un giro hacia la externalización como estrategia prioritaria general en la política anti-inmigrante europea.

A Von der Leyen, como buena aristócrata alemana que es, le ha parecido maravillosa la idea de montar campos de concentración para los "Untermenschen", por lo que podría plantear replicar el modelo Meloni en todo su IV Reich europeo

Sin embargo, la propuesta ha generado división entre los estados miembros. Algunos países, como el Gobierno socialfascista de Mette Frederiksen en Dinamarca y los fascistas descarados del “Partido de la Libertad” liderados por Geert Wilders en Países Bajos han mostrado su apoyo entusiasta y han participado en reuniones de coordinación con Meloni para explorar la posibilidad de replicar el modelo en sus respectivas tiranías etnonacionalistas del norte de Europa, históricamente aficionadas a la colonización y a convicciones supremacistas blancas. En el Estado español, como la política exterior es el ámbito predilecto de Pedro Sánchez para el teatro, este brazo progre de la ley ha mostrado públicamente su “rechazo” al modelo italiano de externalización migratoria, presentándose como adalid de la gestión “humanitaria”. A la luz de los hechos, esta (im)postura resulta grotesca e insultante a partes iguales, porque a Sánchez no le hace falta montar centros de detención en terceros países. Las autoridades españolas disponen de momento de suficientes mecanismos propios en territorio estatal para gestionar y contener la migración, aunque con formas más discretas y, a menudo, igual de abominables. Estas capacidades se resumen en dos grandes grupos:

1. Características geográficas: las Islas Canarias, Ceuta y Melilla convierten al Estado español en un acceso relativamente fácil frente a otros en Europa, pero, al mismo tiempo, le facilitan más la expulsión, porque funcionan como puestos avanzados en África para las tareas de vigilancia y “contención”. Físicamente, le permiten también mantener a raya la inmigración hacia el territorio peninsular.

2. Diplomacia: La cooperación migratoria entre Madrid y Rabat es una de las más intensas y estructuradas de Europa en el ámbito de las relaciones con países de origen, señalándose frecuentemente a Marruecos como un "socio prioritario" y a la colaboración bilateral como “ejemplar” dentro del contexto europeo. Estos acuerdos incluyen vigilancia conjunta, control fronterizo, mecanismos de devolución y readmisión, así como programas de migración circular y repatriación, que han permitido la reducción significativa de flujos irregulares por la ruta occidental mediterránea. Aunque existen otros acuerdos bilaterales en Europa, la dimensión y el carácter operativo de la cooperación hispano-marroquí suelen considerarse más avanzados.

Por tanto, mientras el Gobierno español critica la política de Meloni y Sánchez muestra su falsa cara amable ante el mundo, vemos que los sádicos que tiene a sus órdenes en el Ministerio del Interior y Exteriores han reforzado siniestros dispositivos de control en estos territorios y en materia de cooperación. A veces se han reportado incluso devoluciones en caliente en la frontera sur e implementado traslados internos de menores no acompañados a comunidades autónomas, todo ello bajo un marco legal que ha sido objeto de numerosas denuncias por parte de organismos internacionales. Para muestra, un botón: la masacre de Melilla del 24 de junio de 2022.

Sánchez, por el momento, no necesita exportar la gestión migratoria: ha perfeccionado todas las malas artes de la “contención fronteriza” y la gestión interna, manteniendo la imagen de país “acogedor” mientras aplica políticas de control que no desentonan con las tendencias restrictivas del resto del muro que compone la Europa-fortaleza

Además, el nuevo Reglamento de Extranjería, en vigor desde mayo de 2025, se presenta como una “reforma integradora”, pero en la práctica prioriza la agilización de trámites, sin abordar los problemas estructurales de fondo.

Sánchez, por el momento, no necesita exportar la gestión migratoria: ha perfeccionado todas las malas artes de la “contención fronteriza” y la gestión interna, manteniendo la imagen de país “acogedor” mientras aplica políticas de control que no desentonan con las tendencias restrictivas del resto del muro que compone la Europa-fortaleza. Así, la “crítica” española al modelo Meloni suena más a marketing que a una verdadera alternativa, en un contexto europeo donde todos los gobiernos buscan, por vías distintas, eludir la llegada y permanencia de los “no deseados”.

7. COMPARATIVA INTERNACIONAL

La externalización de fronteras y el outsourcing (cualquier aberración suena mejor si se le pone un nombre en inglés) de procedimientos migratorios no son una invención italiana, sino una tendencia ya consolidada y en expansión tanto en la Europa-fortaleza como a nivel global. La vía Meloni de Italia en Albania se inscribe, por tanto, en una estrategia más amplia de la Unión Europea y el bloque imperialista occidental que busca desplazar la gestión migratoria fuera de sus territorios, delegando controles y procedimientos en terceros estados más empobrecidos a cambio de financiación y ventajas diplomáticas.

7.1. Modelos similares en Europa y el mundo

En la propia UE, desde el acuerdo con Turquía en 2016 –por el que Bruselas pagó miles de millones de euros a cambio de que Ankara reforzara el control de sus fronteras para contener a las personas que huían de la sangría desencadenada en Siria por las potencias occidentales y sus hordas mercenarias wahabitas y salafistas internacionales rebanacuellos– la UE ha replicado este esquema de “contención migratoria” financiando países de su entorno y vigilando rutas clave. Meloni ha desarrollado este principio echándole más imaginación y dando un paso más allá.

El reciente Pacto Europeo sobre Migración y Asilo refuerza todo este enfoque, promoviendo acuerdos con países de tránsito y la creación de “centros de retorno” fuera del “jardín europeo”:

• Dinamarca y el “modelo Ruanda”: A los socialfascistas daneses les gustó la idea británica de deportar a solicitantes de asilo a Ruanda y tomaron nota. Desde el país africano se procesarían sus expedientes lejos de suelo europeo, a cambio de compensaciones económicas.

• Estados Unidos: La externalización se observa también en la política migratoria estadounidense, que financia y presiona a México y países centroamericanos para frenar los flujos migratorios antes de que lleguen a la frontera sur de EE. UU..

7.2. Diferencias y similitudes con los CIE en el Estado español, Grecia, Turquía, Túnez

Los campos de detención españoles y griegos para migrantes –popularmente conocidos por el siniestro acrónimo de CIE en el caso español– funcionan para la contención desde el interior del territorio estatal, están sujetos a mínima supervisión judicial y una leve presión social interna. La externalización al estilo Meloni, en cambio, permite a los gobiernos europeos alejar totalmente “el problema”, reducir la visibilidad mediática casi a cero y neutralizar el mínimo control “democrático” del que podían presumir, delegando la responsabilidad en países conocidos por sus “exquisitos” estándares de derechos humanos.

En síntesis, la externalización migratoria se integra en toda una Gran Industria Global de Deportación que se fija como objetivo el control y la contención de masas empobrecidas y sobrantes a ojos de las necesidades de la acumulación capitalista, siempre en detrimento del bienestar, la integridad y la libertad de la amplia mayoría social.

Por tanto, el modelo italiano en Albania no es una excepción, sino la última expresión de una norma y una tendencia que, lejos de resolver el fenómeno migratorio, lo desplaza, lo recrudece y lo agrava en las periferias del capitalismo internacional, mientras de cuando en cuando salpica dentro del jardín.