Todos hemos sido testigos del degradante trato que reciben los prisioneros en las cárceles de El Salvador, gracias a la campaña comunicativa que hizo el propio gobierno en el contexto de la inauguración de la megacárcel a comienzos del 2023. Lo que nos ha llamado la atención a muchos es el hecho de que, lejos de esconder la cruel realidad de tortura, aislamiento y humillación que es habitual bajo los aparatos de represión burgueses, esta vez estas prácticas han sido televisadas como medio de propaganda en todo el mundo. La idea que se quiere transmitir es tan simple como peligrosa: para mantener el orden y la estabilidad hay que aplicar mano dura contra los pobres (y no contra la pobreza). Y es que el famoso “método Bukele” va mucho más allá de la supuesta guerra contra las pandillas. 

Lo que nos ha llamado la atención a muchos es el hecho de que, lejos de esconder la cruel realidad de tortura, aislamiento y humillación que es habitual bajo los aparatos de represión burgueses, esta vez estas prácticas han sido televisadas como medio de propaganda en todo el mundo

Digo “supuesta”, porque hay claras evidencias de que la innegable reducción de homicidios bajo su mandato fue precedida por negociaciones con los líderes de las pandillas, y de hecho, la disminución comenzó antes de empezar a aplicar su plan de seguridad llamado Plan de Control Territorial (PCT). Según las estadísticas del Instituto de Medicina Legal (IML), el descenso comenzó en abril de 2019, es decir, tres meses antes de la implementación del PCT. Asimismo, los números revelan que, en los municipios que abarca el programa, la tasa de homicidios bajó 13,1 puntos, mientras que en los municipios sin cobertura disminuyó 15,6 puntos, según los datos aportados por La Prensa Gráfica en 2020. Y no nos debería de extrañar, porque ya hay antecedentes de ello. Después de la tregua acordada en el año 2012 entre las pandillas y el gobierno del FMLN, la caída de la tasa de homicidios fue de un 70,6% en 2011 a un 41,7% en 2012.

Detrás de los datos de disminución de la violencia ligada a grupos criminales, aparecen los datos de la violencia ejercida por los aparatos del Estado. En un país de apenas 6 millones de personas, más de 80.000 han sido arrestadas y se acumulan más de 500 denuncias de personas fallecidas en centros penales, entre las cuales están algunos niños. Según el informe de Socorro Jurídico Humanitario, el 44% murió por muerte violenta (torturas) y otro 29% por falta de atención médica (que no es otra cosa que una distinta modalidad de tortura), según Associated Press. Los policías tienen cuotas de arrestos a las cuales deben de llegar para poder dar por finalizada la jornada, lo que da una idea de la arbitrariedad de las detenciones (que por supuesto no tienen ninguna garantía de defensa) y de la inviolabilidad de las telecomunicaciones. Además, se prolongan las detenciones provisionales hasta por 15 días, después de los cuales pasan apilados en grupos por delante de la pantalla del ordenador de un juez, y son castigados conjuntamente.

Pero no solo son sistemáticamente vulnerados los derechos de las personas arrestadas, sino que las vulneraciones se expanden a todos los ámbitos. El Estado de Excepción decretado en 2022 (que supuestamente duraría un mes) ya no es excepción, sino norma. Parte de los pasos que están dando en su deriva autoritaria son las medidas que se están tomando en los ámbitos de la representatividad política, la judicatura, el reforzamiento de todo el ámbito policial-militar, medios de comunicación…

Mediante el control conseguido en la asamblea legislativa (que al principio intentó conseguir mediante el uso de la fuerza) Bukele sustituyó a todos los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General del Estado, cuyo resultado fue la nueva interpretación de la Carta Magna, la cual le servía para presentar su candidatura a las elecciones. Por otro lado, mediante la Ley Especial para la Reestructuración Municipal, se han reducido los 262 municipios del país a 44, y la consecuencia más inmediata va a ser un mayor control del país por parte del partido mayoritario.

También en la asamblea legislativa se aprobó de manera express la ley de agentes extranjeros, con la que se podrá dictar con una sola orden qué organizaciones no gubernamentales o medios de comunicación independientes pueden trabajar o no en el país. La ley, además, contempla que quienes tengan permitido trabajar deberán inscribirse a un registro nacional y tributar al Gobierno un 30% de sus ingresos. En cuanto a la persecución de medios de comunicación, hay que recordar que desde que se puso en marcha el estado de excepción, numerosos periodistas han tenido que huir del país para no ser encerrados. A principios de mayo, tuvieron que abandonar el país por lo menos siete periodistas por revelar las relaciones de Bukele con el crimen organizado, y el medio El Faro se ha trasladado a Costa Rica.

En nombre de la seguridad, pues, el régimen salvadoreño se ha quitado la máscara de la democracia burguesa. No les hace falta aparentar que existe una división entre el poder legislativo, judicial y ejecutivo, ni garantías como la de la presunción de inocencia. Lo que supuestamente era una serie de decisiones para combatir al crimen organizado se aplica para sorpresa de nadie contra cualquiera que pueda hacer algo de ruido en contra de los intereses del gobierno o de la burguesía a la que representa. Líderes comunitarios, manifestantes detenidos en las manifestaciones por la vivienda y la tierra, activistas en contra de las minas de oro… engordan las listas de los perseguidos por las autoridades. 

Lo que supuestamente era una serie de decisiones para combatir al crimen organizado, se aplica para sorpresa de nadie contra cualquiera que pueda hacer algo de ruido en contra de los intereses del gobierno o de la burguesía a la que representa

Lo más destacable quizás no sea que un tirano haga lo que los demás están intentando hacer en sus respectivos países, sino la velocidad con la que lo está haciendo y, sobre todo, la aceptación que está teniendo entre sus propios subordinados. Desde su llegada al poder en 2019, Bukele ha mantenido una aprobación que está por encima del 80%, y solo el 1,4% considera que la concentración de poder en una sola persona es un problema (datos de El País). Aun teniendo una popularidad muy alta, los datos del sondeo realizado por GLP Datos muestran una tendencia tímida en cuanto al aumento de desaprobados al presidente, dado que tras el repliegue de las pandillas de las calles, son los mismos temas que han acosado al pueblo salvadoreño durante largos años los que se manifiestan como principales problemas de la gente, la pobreza y la desigualdad, que se ven agravados con el aumento del coste de la vida y el deterioro en la salud pública. 

La verdad es que hay nulas perspectivas de que la situación económica se vaya a revertir. Es más, hay una deuda pública creciente entre otras cosas para mantener el estado policial en que se ha convertido el país, mientras gran parte de la economía sigue dependiendo de las remesas. Esto es también lo que refleja el más reciente informe sobre el clima de negocios en el país elaborado por el Departamento de Estado de EE. UU., publicado en enero, en el que se afirma que “la deuda pública está en un camino insostenible y crea incertidumbre sobre la capacidad de El Salvador para cumplir con sus compromisos futuros”. Desde 2022 hasta 2023 creció en 1.069 millones de dólares, situándose en el 79,2% del PIB, y en el 2024 el aumento respecto a 2023 fue de 2,511 millones de dólares, un 8,4% más según datos del Banco Central de Reserva (BCR), lo que hace cuestionar la viabilidad a largo plazo de las políticas vigentes.

Aunque puede ser compleja la cuestión de porqué la mayoría de los habitantes están, por lo menos de momento, dispuestos a asumir los feroces ataques a sus libertades políticas y la degradación económica del país, hay un elemento que se debería de poner encima de la mesa y que pasa totalmente desapercibido: la falta de alternativa existente. Y es que, el que en su día fuera uno de los referentes en la lucha contra el imperialismo y que puso en jaque a la oligarquía en dicho país, el FMLN, una vez logradas ciertas cuotas de poder y pasado a ser una de las patas del bipartidismo que gobernó el país por casi 30 años, lejos de cambiar el sistema, ha sido él mismo el que ha cambiado, corrompiéndose por completo y siendo colaborador necesario de la nefasta situación a la que está condenada la población. Pasa desapercibido que el propio Bukele formó parte de este mismo partido hasta el año 2017, cuando fue expulsado del mismo.

Aunque puede ser compleja la cuestión de porqué la mayoría de los habitantes están, por lo menos de momento, dispuestos a asumir los feroces ataques a sus libertades políticas y la degradación económica del país, hay un elemento que se debería de poner encima de la mesa y que pasa totalmente desapercibido: la falta de alternativa existente

No hay que olvidarse de que la deriva autoritaria al estilo Bukele no es una particularidad de El Salvador, sino que, con mayor o menor éxito, se está intentando aplicar en otros muchos países latinoamericanos, como pueden ser Honduras, Ecuador y Guatemala, cuyas tasas de criminalidad están disparadas y organizaciones criminales controlan sendos territorios y actividades económicas, a la vez que intimidan a grandes masas de la población; las cuales, paradójicamente, encuentran en dichas redes el sustento para sus familias en numerosas ocasiones. No debemos olvidar que los motivos del surgimiento, evolución, perfeccionamiento y expansión de estas organizaciones fueron la pobreza, el destierro, el racismo y la violencia a la que fueron sometidos los que más tarde serían sus integrantes, que a falta de una alternativa revolucionaria, se sumergieron en la vía del sectarismo, la extorsión, el tráfico de drogas y el sicariato. Sería absurdo pensar que la misma receta que fue el fundamento de su existencia vaya a ser ahora la solución al problema. El crimen organizado cambiará de nombre, forma, apariencia y, quizás temporalmente, de territorio, pero va a seguir existiendo y extendiéndose si no se cambian los cimientos. Cimientos que se hacen más duros y difíciles de derribar con el exterminio de los derechos políticos, como la libre asociación, y con un estado burgués con más capacidad de control sobre las masas obreras empobrecidas.