(Traducción)
La semana pasada la Ertzaintza detuvo a dos militantes políticos del Movimiento Por la Amnistía y Contra la Represión en Bizkaia por orden de la Audiencia Nacional. Un par de días más tarde, el juez José de la Mata decretó el ingreso en prisión provisional de ambos. Se les pretende acusar de «enaltecimiento al terrorismo» y de «colaboración con banda armada». Esta última idea le ha resultado incomprensible a la mayoría de gente: ¿con qué organización armada se puede colaborar si no existe ninguna? Sin embargo, deberíamos situar la raíz del problema en la total impunidad que tiene esta decisión, y comenzar por el análisis del contexto y la realidad que permite que eso suceda, para poder plantear una solución política real.
La cuestión de los presos políticos, en el País Vasco, como en cualquier otro rincón del mundo, no hace referencia a los presos de un ciclo político concreto, no es un asunto del pasado, sino que es la cuestión de los presos que perpetúa el sistema capitalista. Es cierto que se trata de una miseria conocida en nuestro país y que ha tenido su expresión concreta, pero va más allá de eso. Es una problemática de la lucha de clases, ya que el Estado capitalista no acepta la diversidad política, sino que, al contrario, la castiga y la niega. La represión, en sus múltiples formas, contra todo aquel que no se somete a su política, es algo inherente al capitalismo, y de la misma forma en la que lo hemos visto en los últimos 60 años, sigue siendo evidente hoy en día. Es evidente la falta de libertad que tiene el proletariado, tanto desde el punto de vista económico, como del político.
Siempre será el momento de vaciar las cárceles, ya que todo aquel que se active como sujeto político contra la realidad social en la que vivimos tiene posibilidades de ser encarcelado. Y por lo tanto, la cuestión de los presos políticos exige una solución política y colectiva, es decir, la superación del sistema al que es inherente la represión, y la construcción de la propuesta política que se contraponga a ello. Y es en esta idea donde adquiere sentido la construcción del Estado Socialista, la superación de la injusticia que los ha convertido en presos. En este camino aparece la amnistía como momento imprescindible en el desarrollo estratégico. Pero la amnistía, como se ha mencionado una y otra vez también en Gedar, no se limita a una cuestión formal, puesto que en la medida en que el control de la burguesía es la forma de dominación social, esta tendrá miles de formas activas de represión. La única posibilidad para conseguir la amnistía viene, por tanto, con la superación total del sistema.
Debido a ello, la reivindicación estratégica del Estado Socialista ante las injusticias que vivimos en la realidad no expresa la falta de rumbo de la línea táctica en ese camino, y el Movimiento Socialista está dando claros ejemplos de esto desde hace tiempo. Por el contrario, son los análisis fruto de políticas a corto plazo, en todo caso, las que no tienen rumbo estratégico. Sin embargo, al menos en el País Vasco, el problema de la izquierda no se sitúa en una falta de estrategia, sino en la clara dirección que tiene. Y eso define, por supuesto, toda su política, tanto las políticas que atañen a la cuestión de los presos -como venimos viendo desde hace tiempo-, como su posición ante las políticas públicas españolas -como se ha demostrado últimamente-, por ejemplo.
En cuanto a la primera, y sin repetirnos mucho, está claro que, por exigencia de los cambios de su rumbo estratégico, han decidido trabajar la cuestión de los presos de manera exclusiva, renunciando a la totalidad. De ninguna manera hablo bajo la intención de cuestionar la tranquilidad que supone tanto para los presos, como para sus familias, su acercamiento o la mejora de sus derechos penitenciarios, pero aun así, con lo mencionado hasta ahora, ha quedado explicada la necesidad de una lectura política en la cuestión de los presos y un planteamiento político coherente, ya que los beneficios individuales de los presos no acaban con la injusticia que ha provocado su cautiverio, no se supera el conflicto de clases y, por tanto, se perpetúa la cuestión de los presos.
En cuanto a la segunda, no podemos dejar de mencionar que las políticas públicas no solo incluyen aquello que consideramos beneficioso y, por tanto, el problema no se sitúa en la distribución de esas inversiones, sino en la naturaleza de clase de quienes ejercen el control sobre ellas. En este caso, encontramos un especial vínculo con el tema que estamos abordando, debido a lo que proponen los presupuestos del Gobierno español, aprobados por la izquierda vasca, en cuanto a la maquinaria represiva: 2.048 millones en justicia, 9.072 millones en defensa y 9.694 millones en las instituciones penitenciarias y seguridad civil[1]. Además, el Ministerio del Interior se ha situado entre los departamentos del Gobierno con mayor aportación económica, y han declarado que el 68,9 % del incremento del gasto que realizarán en él se dirigirá a la subida de las plantillas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los agentes de policía, según ha indicado este ministerio, verán incrementado su sueldo en un 20 %[2].
Es evidente la diversidad de propuestas existentes como respuesta a la represión, y desde el punto de vista de quien quiere entender la cuestión en términos políticos y en su totalidad, la conclusión es clara y podríamos afirmarla en la realidad: en el sistema en el que las opresiones son operativas, la represión es la base para la garantía del statu quo de las clases poseedoras. Esto se hace aún más necesario en tiempos de crisis, por un lado, con el fin de calmar la inestabilidad y desasosiego generados por el proceso de proletarización en las vidas de la clase obrera, y por otro lado, con el objetivo de desarticular toda organización de la clase trabajadora. Tenemos, como claro ejemplo de ello, las detenciones mencionadas en la introducción del texto, pero también: el caso de los jóvenes detenidos hace un par de semanas en Gasteiz, las amenazas ante el trabajo de los militantes comunistas en Bilbo, la prohibición de la movilización convocada por GKS en Iruña, los nuevos castigos contra Iñigo Guridi, la orden de encarcelamiento de la exiliada Jaione Jauregi y otros mil casos que no son noticia. Hoy ocurre bajo el pretexto de la pandemia, todavía con más libertad y con la aceptación de todos los políticos.
Mientras tanto, el Movimiento Socialista ha optado por tomar las calles en defensa de nuestros derechos civiles y políticos. Frente al Estado policial, el control social y la criminalización, se han reafirmado en la construcción de un proyecto para la superación de la relación de clases y han comenzado a desarrollar mecanismos de solidaridad con los miembros que sufren la represión, optando para ello por la organización comunista.
