(Traducción)

Las últimas semanas nos han puesto con la mirada en Catalunya. Aunque muchos han estado dando vueltas a los datos de las elecciones y aferrándose a la idea de la victoria del independentismo, la cifra de la abstención no ha podido pasar desapercibida, ya que ha sido del 46 %, frente a un 20,91 % en el 2017. No voy a entrar a valorar la deriva estratégica del independentismo, ya que considero que tiene más interés el tema de la abstención. Sin embargo, no es fácil determinar la causa directa de ello, pero es evidente la simple intención de defender y legitimar el parlamentarismo burgués de aquellos que utilizan la «pandemia» como única justificación.

Desde el punto de vista del proletariado, deberíamos hacer un hueco en la justificación de la abstención al proceso de proletarización que está viviendo la clase trabajadora en las últimas décadas, situación que se ha acentuado de forma notable desde el inicio de la pandemia. Sin la posibilidad o capacidad para llevar a cabo el arduo trabajo que requiere la verificación de esta hipótesis, podríamos tomar como ejemplo los siguientes datos: la tasa de participación en los barrios más pobres de Cataluña ha sido del 35 %[1]. En la propia Barcelona, en los pueblos con la renta media más baja (entre 10.000-11.500 €) la abstención ha superado el 50 % (L 'Hospitalet 52,96 %, Mataró 50 %). También se ha notado la abstención en otras localidades con la tasa más alta de riesgo de pobreza, como Girona: el 51,85 % de Castellón d 'empuries, el 53,57 % de Lloret de Mar o el 52,2 % de Roses; y en Tarragona: el 54,08 % de Salou.

En pocos días, otra noticia con difusión internacional, ha puesto a Catalunya en el centro: el rapero leridano Pablo Hasel fue encarcelado por «injurias a la monarquía española» y «enaltecimiento al terrorismo». No es de extrañar que mientras la burguesía y sus vasallos poseen todo el derecho a la libertad de expresión, la defensa de los intereses de clase del proletariado sea perseguida y juzgada. Esto es indicativo del carácter totalitario de la democracia burguesa. Debemos entender la forma del Estado burgués en la dialéctica democracia/dictadura, y en el contexto de crisis está claro hacia qué lado de la dicotomía se inclina la balanza, embistiendo de forma aún más amplia las libertades fundamentales del proletariado.

No deberíamos de entender la respuesta social que se ha dado tras la detención de Hasel de una forma aislada, ya que ha sido una simple muestra del odio y malestar que estaban creciendo desde antes. Y cuando hablo de lo que venía de antes, me refiero a la penosa situación del Estado español, a la mayor tasa de paro juvenil de la Unión Europea[2], a un país en el que cada dos horas y media una persona se suicida[3], a un Estado que asesinó a 780 trabajadores asalariados en 2020[4]… Por lo tanto, no deberíamos de analizar la respuesta social que se ha dado tras las elecciones y la detención de Hasel como un hecho excepcional, ya que podemos encontrar una relación directa entre ambos: el empobrecimiento de una gran parte de la población, el empeoramiento de sus condiciones tanto de vida como laborales, y el malestar y la rabia que genera todo esto.

En este sentido, cobra relevancia el análisis de las movilizaciones de masas que se están llevando a cabo en los últimos largos días y de las posiciones que se están tomando ante ellas, indicios de lo que nos viene, con el fin de definir los quehaceres del momento. No quiero decir con eso que lo ocurrido estos días sea una señal de la revolución de mañana, en absoluto, pero puede abrir las puertas a algunas labores o ha creado la posibilidad de volver a debatir sobre algunas que estaban ya abiertas. Hay que destacar varias posiciones defendidas por los partidos institucionales ante estas movilizaciones. Las más destacadas, por un lado, la definición de la actitud policial y de la propia detención de Hasel como anomalía de la democracia o defecto momentáneo de su funcionamiento y, por otra, la criminalización de la violencia de las masas.

En buen momento se pronunció Otegi defendiendo la democratización y la euskaldunización de la Ertzaintza. La importancia que cobró en el debate se difumino desafortunadamente en cuanto todos sus compas «progres» defendieron públicamente la misma posición. Su propuesta se ha basado, sobre todo, en la democratización de las fuerzas policiales y en la reforma del Código Penal. Es decir, en sumar capas de democratización con el fin de ocultar la miseria estructural del proletariado, reforzando así el Estado burgués y legitimando el capital. Justamente, el cambio en el carácter de la policía o la purificación de las fuerzas policiales lo justifican dentro de las anomalías internas de éste, o sea, en la idea de las figuras fascistas que hay dentro de las fuerzas policiales. En cambio, cierran los ojos a la hora de analizar el carácter mismo de las fuerzas policiales, puesto que son una pieza central del tablero para mantener el régimen capitalista, siendo su función tener a la clase trabajadora bajo el control del Estado.

En cuanto a la cuestión de la violencia, la posición de todos los partidos es la criminalización de esta. Que la violencia no es el camino, que no justifica nada, que el antifascismo en sí no es violento… incluso he leído que la violencia es patriarcal en sí misma. El mismo Sánchez ha dicho que «la violencia es la negación de la democracia», que «en una democracia plena como España, es inaceptable». No hace falta mencionar que esa lectura de la violencia es totalmente interesada, porque, frente a la violencia que es monopolio del estado, estos niegan la violencia que no usa el estado, es decir, la violencia que condenan es la que no defiende sus intereses. Dicho de otro modo, la única violencia que se niega es la violencia revolucionaria que los explotados podemos utilizar contra el orden social, no la que usa una clase social para dominar a otra. En cambio, tendríamos que entender la violencia más allá de una actitud física, es parte de nuestras vidas. La violencia es la incapacidad de decisión sobre nuestras vidas. O, acaso, ¿no es violencia morir de hambre? ¿Los despidos? ¿Estar obligado a trabajar? ¿Y los desahucios? Pero claro, esta violencia es necesaria para mantener su posición de clase, por lo que, cualquier respuesta a esta será aplastada con la violencia más cruda, con total legitimidad e impunidad. No obstante, la autodefensa del proletariado será condenada política y socialmente.

Sin embargo, la justificación de esos sectores es una idea aún muy arraigada al código moral de los sectores progresistas de la sociedad, dentro de la idea de que la capacidad de cambio de estos partidos es limitada. Aún más, en este caso, cuando han hecho propaganda en contra de la detención de Pablo Hasel. Todos esos intentos de ampliar los espacios a los que llegar como agentes electorales toman otra imagen cuando intentan, como agentes del estado, calmar los ánimos del gobierno y restablecer el orden, siendo esta última su función. Es evidente el caso de Podemos mientras comparte reivindicaciones a favor de Hasel en las redes, está sumergido en la constante legitimación del estado, criminalizando así la defensa de los intereses del proletariado. Tenemos que entender que el Estado, como síntesis política de la sociedad burguesa, es diversa y mientras asegura los intereses generales del capital, también tiene que asegurar los intereses particulares de diferentes partidos, aunque muchas veces la balanza se incline en contra de estos últimos.