(Traducción)

Últimamente, son varias las disputas mediáticas entre los partidos que cogobiernan el Estado español y, a decir verdad, es notoria la tensión en la gestión de la situación que estamos viviendo. Iglesias y sus compañeros de partido no han perdido ocasión para dar a conocer públicamente sus discusiones internas y subrayar una y otra vez sus posiciones «progres», para que nadie olvide que desde el 15M son ellos los que trabajan desde y para el pueblo.

Sin embargo, las reuniones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en las que ni Iglesias ni Sánchez participan, son las que más tensión acumulan. Este marco, presidido por la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, se encarga de los temas más delicados. Entre ellos, la nueva reforma de las pensiones que se vuelve inconcebible una vez firmado el pacto de Toledo; la derogación de la reforma laboral que PSOE y Podemos pactaron hace unos meses con EH Bildu, pero que nunca se ha llevado a cabo, y el decreto para hacer frente a los desahucios.

Sin embargo, el último conflicto interno que ha ocupado el espacio público ha sido el del salario mínimo. Así, han procedido con ello, limitando el espacio de poder de cada uno y tratando de poner sobre la mesa la línea estratégica de la política económica de cada uno. En esta ocasión, Iglesias y la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se han mostrado en contra de la congelación del salario mínimo y proponen una subida del 0,9 % (a los 950€ que se cobran ahora, se les sumarían 9€), por un lado, con el objetivo de situarse al mismo nivel que el resto de Europa y, por otro, porque en la historia de la democracia española ha subido cada año el SMI, salvo en los dos años de mandato de Rajoy, y parece que la ministra quiere alejarse de estos antecedentes. Por su parte, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha hecho un llamamiento a la prudencia y ha asegurado que la decisión aún no está tomada, y el presidente Sánchez se ha pronunciado en términos parecidos. Sin embargo, según ha dado entender estos últimos días el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, quiere convertir el trámite de consulta del salario mínimo entre profesiones en una negociación de su cantidad, y ha añadido que el objetivo del Gobierno es cumplir con la Carta Social Europea y lograr un SMI que esté en un 60 % del salario medio al final de la legislatura.

En noviembre, Díaz nombró Carta de la Esperanza a la Carta Social Europea[1] -tras la decisión de ratificar la carta desde del Gobierno español-, indicando su objetivo de construir España en forma de Estado Social. Señaló que esto requería un esfuerzo de todos, que era un proyecto que teníamos que llevar a cabo todos juntos. En este sentido, alabó el trabajo que estaba realizando la Unión Europea para responder a la crisis global, explicando que la Carta Social señala que «los derechos sociales y el bienestar de las personas son espacios ganados para una democracia mejor en los que ya no es posible retroceder»[2]. Mientras tanto, es curioso que se utilicen las ayudas procedentes de Bruselas como justificación, por ejemplo, para no derogar la reforma laboral, ya que estas impulsaron la reforma de 2012, y que los puntos «más perjudiciales» del programa (los más perjudiciales para la economía y sus intereses) por tanto, tengan que esperar.

Pero, ¿qué esperábamos de un gobierno sometido a las directrices del estrato más alto del capital financiero internacional? La realidad del Estado español, equiparable a la de otros países europeos, difiere mucho de aquella que pretenden mostrar con ideas como la de la Carta Social. El año 2020 en España: según datos oficiales, han sido 42 las mujeres asesinadas por violencia machista; según la PAH, se han registrado 162 desahucios por día hábil; son al menos 945 los inmigrantes muertos o desaparecidos en el Mediterráneo; 543 trabajadores han sido asesinados en su puesto de trabajo; durante la pandemia, más de 48.000 personas han muerto a la espera de una sanidad de calidad y universal; y más de 47.000 esperando las de ayudas a la dependencia; el paro ha aumentado constantemente… Como se suele decir, «expectativas vs realidad». No se confundan, no hablo de sus expectativas, sino de las expectativas que nos hacen creer para poder seguir cumpliendo sus intereses y esperanzas, es decir, los intereses del capital. Mostrando un rostro cada vez más humano, crean una población cada vez más dócil, de aquellas que se engañan fácilmente.

Deberíamos tener claro  a estas alturas que la política institucional no es un espacio neutral. No es más que el procedimiento de poder de las clases poseedoras de la sociedad. Y para su gestión los burócratas pueden ser de marcas y estilos diferentes, unas veces «más progres» y  otras «más de derechas»; ecologistas, feministas, independentistas o fascistas. Pero, por un lado, su poder sobre las decisiones es limitado por quienes se las financian, como se ha dicho, ya que el Estado no es más que un agente colectivo para los intereses del capital. Y, por otro lado, en el Estado español, todos los partidos políticos se posicionan a favor del régimen del capital, mientras unos defienden el proyecto socialdemócrata, otros quieren desarrollar el proyecto liberal. La rivalidad entre facciones es clara, pero debemos tener más claro que se someten a la misma base política.

Ocultan constantemente, mediante disputas mediáticas, el régimen totalitario y las políticas contra los trabajadores que se están imponiendo, en una lucha por quién muestra un carácter más de izquierdas y social. Seguro que han sido muchos los que han conseguido engañar con estos trucos. Sin embargo, es necesario comprender el objetivo real de las medidas concretas que se esconden detrás de sus bonitas palabras, a pesar de que las defiendan aquellos que dicen trabajar por nosotros. Entre ellas destaca la implementación del Ingreso Mínimo Vital. Este mecanismo, que en un primer momento se presenta como una ayuda para personas con pocos recursos económicos, va a suponer, a medio plazo, cambios notables en contra de la clase trabajadora. Por un lado, en un contexto en el que la robotización supondrá un enorme aumento del paro, es necesaria una bajada directa de los precios de la fuerza de trabajo y en este caso, se da un abaratamiento evidente del salario indirecto, una limosna de unos 400 €. Además, conlleva consecuencias futuras, ya que estas ayudas no cuentan para el cobro de las pensiones. Asimismo, se trata de un mecanismo para facilitar la temporalidad, los trabajos parciales y la no continuidad, para que los destinatarios de esta ayuda no se acostumbren a esta miseria, ya que permite compatibilizarla con otros trabajos menores.

En ese sentido, nos toca mirar con lupa todas esas políticas que se refieren a los sectores más vulnerables de la sociedad, ya que, si queremos afrontar el futuro desconocido que se nos presenta, será necesario conocer la realidad que se esconde tras este carácter. Y en esa línea, debemos asumir la cruda realidad de los beneficios aparentes: el gobierno «más progresista» de la historia haciendo el capital lo más rentable posible y, de esta manera, rebajando la esperanza de la lucha de clases de las próximas décadas. No hay nada más cómodo para el capital que un gobierno «de izquierdas» que se encargue de gestionar sus intereses.