(Traducción)

La semana pasada vivimos un cambio radical de posición en el gobierno español. Tras perder su apoyo para renovar el estado de alarma durante el verano, ha repetido una y otra vez que este mecanismo no era necesario, que bastaba con la legislación ordinaria. En cambio, la gravedad de la situación y la presión de varias comunidades autónomas -siendo la primera el PNV- les ha llevado a cambiar de opinión. Ahora el Gobierno ha decretado el estado de alarma para 15 días, de manera que, sin gran contrariedad en el congreso de diputados, el jueves pasado se aprobó una prórroga de seis meses. La consecuencia inmediata de ello ha sido, por un lado, el toque de queda que se ha impuesto de 23.00 a 06.00 horas y, por otro, la competencia de decisión que se les ha concedido a los presidentes de las comunidades autónomas, evitando así los problemas jurídicos que pudieran tener las autonomías para tomar decisiones.

Tal y como se señaló ante las medidas impuestas en marzo, la decisión se basa en la supresión del principio de legalidad del Estado de derecho y de la correspondiente separación de poderes. Y se puede ver claro que, lejos de ser medidas que respondan a la gravedad del estado de salud, se trata de medidas completamente políticas, con una clara naturaleza de clase. Sin embargo, ningún partido institucional de la burguesía se ha atrevido a denunciar esto. Bueno, más que atreverse, nadie ha identificado dicho problema. El partido ultraderechista Vox ha sido el único que ha denunciado que se esté limitando de forma ilegal el derecho a la movilidad y a la reunión de la ciudadanía. A la socialdemocracia le han pasado por la izquierda los fascistas, al reivindicar la vulneración de los derechos fundamentales, por supuesto, con el anticomunismo por bandera.

Durante este periodo, Pablo Echenique[1], miembro de Podemos, quejándose de los rumores y las mentiras, se limitó a subrayar algunas «certezas»: la rectitud de las decisiones adoptadas y la necesidad de inversión pública fueron los temas que trató. EH Bildu se mostró a favor de la abstención[2], aunque consideren necesario el estado de alarma para salvar vidas, afirman que no es suficiente para garantizar la salud y los derechos sociales. Por lo tanto, a favor de las limitaciones, pero exigiendo un intercambio responsable: que las libertades, al igual que en el ámbito privado, se recorten en el público también.  Asimismo, y en la misma línea que Unidas Podemos, expresaron su apuesta por la salud y lo público, explicando que lo tenemos que hacer entre todos, pero siempre que se lleven a cabo políticas coherentes[3].

Si analizamos la dicotomía de público vs. privado, sin embargo, podemos ver fácilmente la limitación que conlleva el hecho de que la reivindicación de lo público sea un objetivo estratégico. El hecho de que un servicio sea público tan solo muestra el control que tiene el Estado sobre este, teniendo en cuenta que cuando hablamos del Estado nos referimos al Estado burgués. Es decir, estamos hablando de un agente que se organiza en beneficio de los intereses financieros, mercantiles e industriales de la oligarquía. Lo público no hace referencia al control de la población, ya que el acceso individual a estos servicios varía en función de su posición de clase. Puede verse claramente la limitada posibilidad de acceso que tiene el proletariado en cuanto a servicios sanitarios de calidad, como puede ser la falta de opciones para obtener los medios tecnológicos necesarios. La salud, como cualquier otro servicio, estará siempre subordinada al proceso de acumulación global de capital, en tanto que forma parte de la formación social burguesa.

El contexto actual es el contexto de la crisis capitalista, el cambio de fase del capitalismo, y la gestión de la emergencia sanitaria que vivimos hoy en día, también debemos entenderla dentro de esta situación. La crisis supone la proletarización de la capa social de trabajadores que hasta ahora ha formado el bloque político de la clase media. Por tanto, los servicios públicos deben responder a una capa de la población cada vez mayor. Al capital, por tanto, le puede resultar necesario reforzar el servicio público, con el fin de evitar las consecuencias que le pueda acarrear el hecho de no garantizar unas mínimas cuotas de bienestar.

Desde el punto de vista socialdemócrata, se entiende la crisis como un fenómeno que puede  ser pagado, de manera que sus planteamientos en este contexto tienen el fin de garantizar una paz social y política para asegurar la existencia de  la clase media: «Que la crisis la pague el capital». Sin embargo, la crisis se ha pagado históricamente con una reorganización de la explotación sobre el trabajo. En este sentido, hemos de entender que la garantía de la asistencia social y el mantenimiento del orden extrae los medios del valor global producido, teniendo en cuenta que el Estado se limita exclusivamente a la gestión de los medios generados en las actividades productivas, que adquiere mediante impuestos. Sin embargo, la crisis se traduce en una caída de los sectores productivos, de manera que la caída de los rendimientos empresariales se traduce, por un lado, en una disminución de su aportación fiscal y, por otro, en una caída de los ingresos de los trabajadores asalariados. En consecuencia, el mantenimiento de los servicios sociales se hace imposible, de manera que se justifican los recortes de los servicios asistenciales y su mercantilización. He ahí una de las contradicciones del capital: tiene dificultades para garantizar la acumulación del capital y la reproducción social. La prestación de servicios sociales supone un obstáculo para el crecimiento económico. Por ello, la línea estratégica de lo público lucha por el servicio mínimo para los trabajadores, siendo esa la reivindicación necesaria de la tendencia capitalista.

El elemento determinante de la situación se encuentra en la crisis capitalista. No es un virus lo que hace que se mueva la sociedad, sino la acumulación del capital. El virus está siendo utilizado como un medio para establecer, en silencio, la opresión de las condiciones económicas y políticas de vida. Hay que tener en cuenta que el aumento cuantitativo del proletariado, anteriormente mencionado, exige profundizar en la subordinación de todos ellos. Es a eso a lo que responde la aplicación del Estado totalitario que estamos viviendo en los últimos días: un momento histórico que supone la destrucción de todas las libertades y derechos. Y son responsables de ello todos los partidos institucionales que nos han llevado a dicha situación, tanto de derechas como de izquierdas, quienes han optado por la implantación de un nuevo ciclo de acumulación basado en la pobreza.

Esto se está llevando a cabo con facilidad, ya que en la correlación de fuerzas, lo único que nos encontramos es la impotencia ideológica y organizativa del proletariado. Ha sido obvio ante las últimas decisiones, por un lado, el silencio y la no-oposición de la población y de los partidos institucionales y, por otro, el hecho de que la mayoría de los que han salido a la calle se encuentren sin un rumbo ideológico y político. En cambio, encontramos todo un sector que está trabajando en Euskal Herria, con absoluta voluntad y compromiso y de una forma seria, que este mismo fin de semana ha salido a la calle para reivindicar el cese de la dictadura directa de la burguesía. La campaña política lanzada por Gazte Koordinadora Sozialista deja claro que son dos los criterios que hay que aceptar: salud y libertades fundamentales. Y en ese sentido, su línea estratégica es la socialización de los ámbitos de la vida, es decir, el modelo socialista de todos los servicios, porque el sector público tan solo adquiere sentido bajo control directo de toda la sociedad, y no únicamente sobre una parte de la sociedad. Precisamente, un sistema universal, gratuito y de calidad de los procesos de reproducción del metabolismo social. Esto solo puede ser una consecuencia de la aniquilación del poder burgués, por lo que la actividad que nos corresponde es la de la organización comunista del proletariado, en definitiva la construcción del partido para la defensa de los derechos y la universalización de las libertades.