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2020/09/30

(Traducción)

Dimos comienzo con la dinámica de «este virus lo paramos juntos» a una situación que nunca habíamos imaginado. Desde el primer momento del estado de alarma, han querido hacernos creer que la cuestión del antagonismo de clases es imaginación de una vieja cuadrilla de chiflados, y que la posibilidad de superar esta situación tan solo puede venir de «la unidad, la responsabilidad y la disciplina social».

Sin embargo, desde la primera decisión para la gestión de la situación, quedó en evidencia lo que todo este teatro escondía. Tras unas semanas, muchos trabajadores de las fábricas más grandes de la CAV estaban trabajando de nuevo, de manera que la Lehendakaritza y el Gobierno Español perdieron toda oportunidad de ocultar sus prioridades económicas. Todo ello, por supuesto, en detrimento de quienes tienen que ir a trabajar y de sus familias. Aunque otros muchos tuvieron la oportunidad de quedarse en casa en las modernizadas fórmulas de las relaciones laborales, la situación no fue mejor, ya que se vieron obligados a idear una nueva forma de conciliación entre la carga del trabajo familiar y su puesto de trabajo. Todo ello sin olvidar a los trabajadores que fueron despedidos o a los que se les impuso un expediente de regulación de empleo. Aquella igualdad de los intereses de clases que quisieron vendernos llegó a su límite.

Como bien se explicó en varias lecturas políticas que se hicieron en el momento, la situación que vivíamos como consecuencia de la emergencia sanitaria no era más que la aceleración de una crisis económica previsible. Lamentablemente, y tal y como se preveía, ahora que nos estamos acostumbrando a la «nueva normalidad» de nuestras vidas, la situación no va ir a mejor. El descenso interanual de la economía española (PIB) ha sido uno de los mayores de la Unión Europea[1], y aunque no sea tan alto en la CAV[2], el impacto está siendo evidente. El propio Pedro Azpiazu mencionó el viernes que este año se prevé la pérdida de 30.000 puestos de trabajo. La primera «mala noticia» de ello, como señalaba Arantxa Tapia, la pudimos ver en Tubacex con el ajuste del 20 % de los trabajadores. «Otra mala noticia» fue la reducción del personal en empresas como Aernnova o ITP Aero, y todavía falta ver las que quedan por venir. Ayer mismo llegaron las últimas noticias, la empresa Gestamp de Zamudio cerrará sus puertas y dejará a 230 en la calle.

Asimismo, muchos de los trabajadores que durante el confinamiento tuvieron expedientes de regulación temporal aún no han vuelto a trabajar. En el Estado Español fueron 3,4 millones los que llegaron a estar sujetos a un expediente de regulación de esa forma, ahora son unos 700.000 los que quedan. El futuro de estos tampoco tiene buena pinta, de manera que, en cada negociación para la prórroga de los expedientes entre el Gobierno, los sindicatos y las empresas, la situación empeora. En esta ocasión, han optado por sectorializar la ayuda del Estado, con la intención de que los medios públicos sean dirigidos a empresas que no pueden desarrollar su actividad por los recortes del coronavirus pero que son viables. De esta forma, se reducirían o suprimirían las ayudas a empresas cuyos problemas no se relacionen directamente con el virus. Y es que, el Banco de España ya les ha hecho saber cuál es el riesgo de conceder ayudas durante un largo periodo de tiempo a empresas «zombies» que no sobrevivirán en el futuro.

A toda esta situación debemos añadir también el decreto regulador del Teletrabajo que se ha publicado este mes en el BOE y que entrará en vigor en octubre. Por lo visto, el teletrabajo será una decisión voluntaria en una relación «equilibrada» de empresa-trabajador. Aunque no quede muy claro a cargo de quién corren los gastos, pues deja la solución de esto en manos de los convenios colectivos, y ya sabemos cuál es la forma de negociación de los sindicatos del capital en tiempos de crisis.

Tanto los líderes políticos como los empresarios nos han repetido constantemente que sin salud no hay economía y que, por tanto, la prioridad siempre será el bienestar de las personas. Pero por descontado, ese bienestar exige nuestra disciplina, la disciplina laboral. Ha quedado claro que el pacto entre los partidos políticos y las empresas tiene (y ha tenido) como objetivo recuperar el beneficio capitalista, manteniendo para ello la actividad productiva necesaria y aceptando los muertos y enfermos necesarios.

Y en un momento en el que la situación no apunta a otra salida, el director de Confebask, Eduardo Zubiaurre, nos dejó muy claro la semana pasada aquello que todos pretenden ocultar: «apostar por despidos o rebajar salarios dependerá de la solidaridad en las plantillas»[3]. La izquierda no tardó nada en alborotarse tras estas declaraciones, haciendo hincapié en que la nueva consejera del Gobierno Vasco estaba firmando un contrato de 85.000 euros anuales. Y es que ésta está siendo una de las lecturas más habituales ante la situación que vivimos: ¿cómo es posible que ahora que los trabajadores vivimos una proletarización constante de nuestras vidas, la clase dominante tenga sueldos de este tamaño? ¿que, ante la pandemia que ha causado miles de muertos, la sanidad se privatice y el presupuesto de las fuerzas armadas sea de 20.000 millones de euros?

Sin embargo, las propuestas políticas basadas en la redistribución de la riqueza deberían tener en cuenta que, más que una cuestión de voluntad de la burguesía, se trataría de una cuestión de oportunidad o de capacidad. Es decir, ¿es esto posible sin que la burguesía sacrifique su dominación de clase? Esto le exige dos condiciones: debe de seguir dando continuidad a la producción de la riqueza y, al mismo tiempo, debe garantizar unas cuotas de bienestar y equilibro social con el aumento de los puestos de trabajo y de las ayudas tanto económicas como sociales. Como veis, esta propuesta centra la solución de la crisis en la gestión del gasto público, sin entender que no se trata más que de la superficie del problema.

La cuestión de la redistribución conlleva una precondición: la producción de la riqueza. La garantía del sistema capitalista no solo la da la redistribución de los beneficios de la clase poseedora, sino que exige un sacrificio aún mayor por parte del proletariado, para poder conseguir nuevas fuentes de valoración. El ansia de dinero de la burguesía se presenta como parte del problema, pero no como razón estructural. La raíz del problema se encuentra en la falta de beneficios y de acumulación del capital. En consecuencia, se disminuyen los ingresos de los trabajadores para restablecer la tasa de acumulación y, de la mano con todo esto, la imposibilidad de mantener el nivel de los servicios sociales justifica cualquier recorte de los mismos. Esa degradación pone en peligro la estabilidad social y eso implica un gasto en lo aparatos represivos que incidiría en el gasto público.

Por tanto, tal y como hemos visto la crisis, y a la espera de lo que nos falta por ver, es un momento de ofensiva de la reproducción social y de las reformas laborales dictadas en el ámbito productivo, encaminadas ambas estrategias a que la tendencia de la acumulación del capital vaya en aumento. Por consiguiente, el optimismo del reformismo se encuentra construido sobre una premisa falsa. Ante esto, debemos poner en primera línea la propia contradicción de la relación social basada en la producción de la plusvalía. Y no es tan solo una cuestión ideológica, sino una cuestión práctica, que muestra claramente a dónde vamos a dirigir nuestras fuerzas: a superar la estructura que sostiene la acumulación del capital o a una gestión imposible de la reproducción social del capital que se encuentra en crisis.