Ayer en Astrabudua fue desahuciada una mujer de 70 años. Mientras duran los interminables debates parlamentarios y televisivos sobre "el problema de la vivienda", el negocio de la vivienda se cobra innumerables vidas destrozadas. Esta mujer, a la que una compañía de prestamistas carroñeros le ha quitado su casa como aval por un préstamo de unos míseros 7.000 euros, es la última de sus víctimas.

El estado de derecho protege al débil del fuerte, es una cantinela constante. Sin embargo, hasta ahora, el escudo social en vivienda tanto de Madrid como de Gasteiz ha consistido en subsidios que acaban en el bolsillo de los ya enriquecidos rentistas, prestamistas, bancos, fondos buitre… Más que proteger al débil, pagan tributo al fuerte para pedirle que por favor no acabe de asfixiar del todo al proletario. Más aún, ayer mismo se gastaron en el dispositivo policial más dinero del que haría falta para pagar la deuda originaria de la mujer desahuciada. Paralelamente, los partidos parlamentarios e instituciones tratan de legitimar los desahucios y victimizar al casero. Nada más lejos de la realidad, pues según datos de la propia AEAT, de quienes ingresan menos de 18.000 euros los caseros solo son el 8% y los inquilinos son el 46%, mientras que en la población que ingresa más de 53.000 las cifras se invierten.

Todo esto deja de manifiesto que el estado no es árbitro y juez imparcial en el mercado de la vivienda. Muy por el contrario, es el garante de intereses del propietario; un guardián del orden jurídico en el que prima siempre la propiedad y el beneficio sobre las personas. Al contrario que los políticos profesionales, esto lo comprende bien Rosa, la mujer desahuciada, que en medio de toda la rabia e impotencia por su situación, apartó el brazo del policía que se prestó a ayudarla a llevar sus únicas pertenencias.