En Hego Euskal Herria, acceder a una vivienda de alquiler se ha convertido en un proceso cada vez más restrictivo. Los precios suben, la oferta disminuye y la competencia por cada piso disponible se intensifica. Pero, más allá de esas dinámicas económicas, existe un conjunto de prácticas silenciosas que determinan quién puede alquilar y quién queda sistemáticamente fuera del mercado inmobiliario. Dichas prácticas no siempre aparecen en los anuncios ni en los contratos: se manifiestan en llamadas que no se devuelven, visitas canceladas a última hora o requisitos que se endurecen de manera selectiva.

Distintas organizaciones sociales y los datos institucionales llevan años señalando un patrón que se repite en todo el territorio: las personas migradas y/o racializadas se enfrentan a más obstáculos, más sospechas, más puertas cerradas y más teléfonos colgados. El mercado del alquiler no solo filtra por ingresos o por estabilidad laboral; también opera con criterios informales, prejuicios y percepciones de riesgo que se activan en función del origen, el acento o el color de piel.

Este fenómeno, conocido como racismo inmobiliario, se ha convertido en uno de los mecanismos más potentes de exclusión residencial. Su fuerza reside precisamente en su discreción: rara vez se formula abiertamente, pero está presente en cada paso. Para entender cómo actúa hoy, conviene desmenuzar sus engranajes y observar cómo interactúan con la estructura del mercado y con la precariedad creciente de amplios sectores de la población.

CÓMO FUNCIONA HOY EL RACISMO INMOBILIARIO

Como digo, el racismo inmobiliario, generalmente, es un fenómeno sutil y, por ello, difícil de identificar, demostrar y combatir. Suele darse en la negativa más o menos explícita, sin explicación ni motivo aparente, que recibe una persona migrada y/o racializada al contactar con una agencia inmobiliaria o un particular para alquilar una vivienda o una habitación. Sin embargo, esto es tan solo un momento de un fenómeno de raíces más profundas.

En el mercado de la vivienda, las clases propietarias emplean una amplia variedad de mecanismos para asegurar sus ganancias y minimizar riesgos. Para mantener estas condiciones, imponen a la clase trabajadora una serie de requisitos que, con frecuencia, actúan como barreras de acceso. Entre ellos figuran la exigencia de ingresos mínimos altos, fianzas cuantiosas, contratos indefinidos o documentación complementaria difícil de obtener. También es habitual pedir varios meses de renta por adelantado o negar la posibilidad de empadronarse. Además, en algunos casos se observan diferencias en la forma de mostrar las viviendas según el perfil de la persona, segmentando visitas o no enseñando ciertos inmuebles. La temporalidad laboral, la inestabilidad contractual o las barreras administrativas suelen influir en los procesos de selección, al igual que el manejo del idioma, el acento o el color de la piel.

En el mercado de la vivienda, las clases propietarias emplean una amplia variedad de mecanismos para asegurar sus ganancias y minimizar riesgos. Para mantener estas condiciones, imponen a la clase trabajadora una serie de requisitos que, con frecuencia, actúan como barreras de acceso

En un mercado de alquiler donde hay más candidatos que pisos disponibles, los propietarios pueden imponer condiciones sin consecuencias significativas. Sus decisiones están atravesadas no solo por criterios económicos, sino también por prejuicios, bulos y rumores que configuran una percepción difusa de amenaza. En este sentido, el surgimiento relativamente novedoso de la figura del inquiokupa es paradigmática: una categoría estigmatizante e ideológica, sin base jurídica, que trata de fusionar impagos puntuales o conflictos contractuales con la usurpación, convirtiendo situaciones habituales del alquiler en supuestas conductas delictivas. La criminalización de la vulnerabilidad económica ha contribuido al aumento de la inversión en vigilancia privada y a la proliferación de empresas de desokupación dedicadas a intervenciones extrajudiciales en disputas relacionadas con el alquiler. Entre las intervenciones aparecen visitas presenciales, comunicaciones insistentes y distintas formas de presión orientadas a que los inquilinos abandonen la vivienda o modifiquen su situación contractual.

En este contexto, la clase trabajadora migrada y/o racializada queda en una posición de desventaja en el mercado libre, lo que la puede llevar a recurrir a habitaciones en alquiler, viviendas compartidas o inmuebles con prestaciones limitadas. Cuando estas alternativas tampoco existen, aparecen situaciones de infravivienda e incluso de ausencia —total o intermitente— de alojamiento estable. Al mismo tiempo, estas dinámicas tienden a empujar a los sectores más empobrecidos hacia zonas periféricas o áreas con menor oferta residencial, configurando patrones de distribución espacial que afectan de forma desigual a distintos grupos de población.

En última instancia, estas lógicas no solo definen quién accede a una vivienda, sino también cómo se ordenan las ciudades y qué posiciones ocupa cada grupo dentro de ellas. El racismo inmobiliario opera así en un terreno donde decisiones aparentemente ordinarias y puntuales terminan modelando recorridos vitales y configuraciones urbanas. Señalar y analizar estos mecanismos permite entender mejor el entramado que lo sostiene y abre la posibilidad de observar el mercado de la vivienda como un espacio donde se expresan, de forma cotidiana, procesos sociales más amplios.

EL RACISMO INMOBILIARIO EN HEGO EUSKAL HERRIA: UNA APROXIMACIÓN

Si se mira el mapa de Hego Euskal Herria desde los anteojos del Capital, no se ven barrios ni comunidades humanas, sino una gigantesca red de activos inmobiliarios, flujos de renta y oportunidades de valorización. Las casas dejan de ser vistas como hogares para pasar a ser vistas como mercancías que deben producir ganancias. Y bajo estas circunstancias, la figura del propietario ocupa una posición privilegiada: custodia un bien escaso, puede decidir a quién se lo ofrece, en qué condiciones. Esa capacidad discrecional es el terreno donde nace y se reproduce el racismo inmobiliario.

Si se mira el mapa de Hego Euskal Herria desde los anteojos del Capital, no se ven barrios ni comunidades humanas, sino una gigantesca red de activos inmobiliarios, flujos de renta y oportunidades de valorización

Partiendo de este marco general, adquiere sentido observar cómo se distribuye socialmente la población, porque es dentro de esa estructura de mercado donde se producen las desigualdades de clase y la discriminación racial. En la CAV, a 1 de enero de 2024, vivían 298.422 personas nacidas en el extranjero, un 13,5% de la población total. En Nafarroa, según las series oficiales elaboradas con datos del INE, la población nacida en el extranjero alcanzó el 17,9% en 2023 (120.316 personas), por encima de la media estatal (17,1%). Es decir, la diversidad de origen no es una excepción marginal: la quinta parte de quienes viven en la comunidad foral y más de una de cada ocho personas en la CAV han nacido fuera del Estado. Ahora bien, estas cifras solo muestran una parte del paisaje real. La población racializada en Hego Euskal Herria es mayor que la que aparece en las estadísticas oficiales, porque los datos recogen únicamente a quienes han nacido en el extranjero, pero no a sus hijas e hijos nacidos aquí ni a quienes ya han obtenido la nacionalidad. Las segundas generaciones —jóvenes que han crecido en barrios de Bilbo, Donostia, Gasteiz o Iruñea— siguen siendo tratadas como sospechosas por buena parte del mercado del alquiler. Y lo mismo ocurre con las terceras generaciones, que ya forman parte del tejido social desde hace décadas, pero que continúan enfrentándose a los mismos filtros raciales que sus abuelos. La nacionalidad tampoco actúa como protección: miles de personas han obtenido el DNI español en los últimos años, pero eso no ha impedido que se les siga negando una vivienda por su apellido, su fenotipo o su acento familiar. El resultado es que el peso real de la población racializada afectada por el racismo inmobiliario es muy superior al que sugieren los porcentajes oficiales, aunque el sistema estadístico insista en reducirlo a la categoría administrativa de «nacidos en el extranjero». Aquí, la línea que separa quién entra y quién no en el mercado del alquiler no la dibuja un documento, sino una mirada. A partir de aquí, el análisis del mercado del alquiler permite ver cómo esta estructura económica se traduce en prácticas concretas que afectan de manera desigual a distintos grupos.

El mercado del alquiler en Nafarroa ofrece una imagen clara del terreno de juego. A comienzos de 2025, se contabilizaban 25.278 viviendas alquiladas —solamente teniendo en cuenta aquellas casas que declaran alquilar las personas físicas, y dejando fuera, por tanto, los alquileres sin declarar y aquellos en los que los propietarios son personas jurídicas—, con un precio medio mensual de 582,2€, un 7,5% más que el año anterior. El precio medio por metro cuadrado se situaba en 6,7€, casi un 10% más que el año previo. No es solo una curva ascendente en un gráfico: significa que una fracción creciente del salario de la clase trabajadora se destina a la reproducción de la renta de una minoría propietaria. En la CAV, el mercado del alquiler también se ha expandido: un incremento del 5,5% en los contratos de vivienda habitual en 2024, mientras los precios se consolidan en niveles altos, especialmente en áreas metropolitanas como Bilbo o Donostia. Una dinámica que adquiere todo su sentido cuando se observa quién queda atrapado en esa presión creciente.

Como sabemos, la vivienda de alquiler es un mecanismo de extracción de renta sobre la parte del salario que no se destina de forma directa a la subsistencia biológica, sino a la reproducción social de la fuerza de trabajo. En este sentido, el racismo inmobiliario es una tecnología de gestión de esa renta: decide quién soporta las peores condiciones, quién es expulsado del mercado libre, quién paga más por menos y quién queda perpetuamente atado a tener que escoger entre la infravivienda o la ausencia total de una vivienda.  Los datos sobre exclusión residencial en la CAV muestran de forma muy nítida esta fractura. La II Estrategia Vasca contra la Exclusión Residencial señala que, en el recuento de 2022, había 3.380 personas en situación de ausencia total de vivienda —sumando personas en calle, albergues y otros recursos— y que, en las tres capitales, el peso de las personas de origen extranjero entre quienes se encuentran sin techo pasó del 63% en 2016 al 78% en 2022. Y si atendemos a los datos más recientes del VII Estudio sobre las Personas en Situación de Exclusión Residencial Grave en la CAPV (2024), la tendencia es incluso más evidente. Entre quienes duermen en la calle, la estimación para el conjunto de la CAV sitúa el porcentaje de personas extranjeras en un 86%, y entre quienes pernoctan en albergues o centros de acogida nocturna, en un 70%. Todo ello, como indicaba anteriormente, ocurre en un contexto en el que la población nacida en el extranjero en la CAV representa únicamente el 13,5% del total.

El racismo inmobiliario es una tecnología de gestión de la renta sobre la parte del salario que se destina a la reproducción social de la fuerza de trabajo: decide quién soporta las peores condiciones, quién es expulsado del mercado libre, quién paga más por menos y quién queda perpetuamente atado a tener que escoger entre la infravivienda o la ausencia total de una vivienda

Este estudio de 2024, además, ofrece una cifra global actualizada: 4.326 personas sin hogar en la CAV, a partir de un recuento realizado en 30 municipios durante una misma noche. El 83% de las personas contabilizadas eran nacidas en el extranjero —con una mayoría de origen magrebí—, y el propio informe advierte que las personas de origen no extranjero podrían incluso estar sobrerrepresentadas. La desproporción es tan abrumadora que resulta insostenible atribuirla a malas decisiones individuales: lo que se observa es el resultado acumulado de un sistema que ejerce mayor presión en cada cruce sobre determinados grupos poblacionales.

El panorama es similar cuando se baja a la escala más local y se observa cómo se experimenta esta exclusión en el día a día. Cáritas Gipuzkoa aporta un retrato más cercano de este fenómeno. Entre enero y septiembre de 2025, la entidad acompañó a 1.216 personas sin hogar en el territorio. El 93% eran de origen extranjero, el 90% hombres, y la mayoría jóvenes de entre 18 y 44 años. El 78,8% no tenía ningún tipo de alojamiento cuando fueron atendidos y, lo que es clave, más del 70% no estaba empadronado en ningún municipio. No estar empadronado no es solo un dato administrativo: es una exclusión de derechos sociales básicos, entre ellos el acceso a ayudas de vivienda o a determinados servicios sociales. La institución señala que el empadronamiento se ha convertido en una traba central; sin dirección, no hay padrón, y sin padrón no hay reconocimiento institucional de la existencia social de esas personas.

Quienes duermen en la calle en Donostia son, en un 95%, personas extranjeras, según los recuentos de exclusión residencial. En Bilbo, el 84% de quienes lo hacen en la vía pública también son de origen extranjero. La marginación residencial más extrema no recae sobre “la sociedad vasca” en abstracto, sino sobre un segmento muy concreto de la clase trabajadora: jóvenes migrantes, hombres en su mayoría, que sostienen trabajos duros y mal pagados o que han quedado atrapados en los pliegues de la burocracia de asilo y extranjería.

Aunque el foco suele ponerse en la CAV por su mayor disponibilidad de datos, en Nafarroa la lógica es comparable y presenta sus propios mecanismos de exclusión. Varios colectivos sociales han alertado del aumento del número de personas sin hogar en Iruñea, subrayando que la mayoría son de origen extranjero. En este contexto, el empadronamiento aparece en Nafarroa como una frontera administrativa decisiva.

Según SOS Racismo Nafarroa, en su Informe Anual 2024, el padrón social se ha convertido en un foco recurrente de vulneraciones de derechos. La entidad documenta retrasos injustificados en la respuesta, la no aplicación del silencio administrativo positivo, y la exigencia de volver a presentar solicitudes que, en algunos casos, han supuesto esperas de hasta diez meses para obtener una resolución. También denuncia la aplicación generalizada de un periodo de estudio de tres meses para comprobar la residencia efectiva en el municipio y la obligación de firmar compromisos de comparecencia cada quince días en dependencias municipales, requisitos que no se exigen de manera generalizada a toda la población. Así, lo que sobre el papel es un trámite casi automático se convierte, en la práctica, en un mecanismo selectivo: quien está en situación precaria, quien vive en una habitación sin contrato o quien comparte piso en condiciones de hacinamiento se encuentra mucho más expuesto a quedarse fuera del sistema. Y en Nafarroa, precisamente, el acceso a muchas prestaciones forales —incluidas ayudas al alquiler o programas específicos de vivienda— depende de ese registro.

La misma estructura institucional que dice garantizar derechos socializa selectivamente la miseria: la parte de la clase trabajadora en situación más inestable queda fuera de las redes de protección, mientras se mantiene la ficción de un sistema de protección social de acceso universal

Esto significa que la misma estructura institucional que dice garantizar derechos socializa selectivamente la miseria: la parte de la clase trabajadora en situación más inestable queda fuera de las redes de protección, mientras se mantiene la ficción de un sistema de protección social de acceso universal. El racismo inmobiliario se anuda aquí con la Ley de Extranjería y con la gestión local de los padrones: quienes no tienen papeles, quienes no pueden demostrar un contrato de alquiler o quienes viven en espacios informales son tratados como sujetos potencialmente hostiles, y esa duda se convierte en pretexto para denegarles el acceso a derechos básicos. El capital necesita a esa fuerza de trabajo sobreexplotada, pero le niega el reconocimiento pleno de ciudadanía, y la vivienda se convierte en una de las palancas fundamentales de esa negación.

El capital necesita una fuerza de trabajo sobreexplotada, pero, al mismo tiempo, le niega el reconocimiento pleno de ciudadanía, y la vivienda se convierte en una de las palancas fundamentales de esa negación

La discriminación no se manifiesta solo en los extremos de la ausencia de vivienda. Ikuspegi, el Observatorio Vasco de la Inmigración, ha analizado las percepciones de la población vasca sobre la discriminación en distintos ámbitos. En la encuesta EPADE 2024 (Encuesta de Percepciones y Actitudes en torno a la Discriminación en Euskadi), se señala que las características más afectadas por la discriminación en el acceso a la vivienda son disponer de bajos recursos económicos (66,3%) y ser de origen extranjero, junto con pertenecer al pueblo gitano, como rasgos fuertemente asociados a trato desigual en el ámbito residencial. Es significativo que la combinación de pobreza y origen aparezca como el núcleo duro de la exclusión. Pero no hay sorpresa: la raza —o mejor, la racialización— funciona como una forma específica de marcar y diferenciar segmentos dentro de la clase trabajadora, atribuyendo mayor riesgo precisamente a quienes el capital ha empujado a los peldaños más bajos del mercado laboral.

Si se observa el paisaje de la vivienda en la CAV, el contraste entre vivienda pública y mercado privado también tiene lectura de clase. Alokabide informó de que, en 2024, la oferta de alquiler protegido superó las 16.600 viviendas gestionadas, con un refuerzo del parque de vivienda protegida en alquiler y programas como Gaztelagun destinados a apoyar el pago del alquiler a jóvenes. La vivienda protegida, al tener criterios reglados de acceso, reduce formalmente la capacidad del propietario individual de discriminar, pero la entrada a esos programas no es neutra; requiere, de nuevo, empadronamiento, cierta estabilidad económica y, en muchos casos, situación administrativa regular. Quien ha sido expulsado del circuito formal de alquiler, quien ha sufrido barreras para empadronarse o quien está atrapado por la Ley de Extranjería llega con dificultad a esta puerta relativamente más igualitaria.

En Nafarroa, la renta garantizada sostiene con dificultad a un volumen creciente de hogares migrantes que afrontan ingresos bajos, empleo inestable y mayores tasas de pobreza, pero esa protección económica no se traduce automáticamente en acceso real a la vivienda. Aunque programas como David y Emanzipa de Nasuvinsa están pensados para facilitar alquileres asequibles, muchos de estos hogares quedan fuera porque los requisitos formales —solvencia acreditable, ingresos regulares, contratos laborales estables, topes de renta o inscripción previa en el censo de vivienda protegida— no se ajustan a las trayectorias laborales precarias que caracterizan a buena parte de las familias perceptoras de la renta garantizada. Además, los tiempos de residencia exigidos, la necesidad de empadronamiento continuo y la carga documental limitan aún más las posibilidades de acceso. Esta exclusión se agrava porque el mercado privado actúa también como filtro: la población migrante se enfrenta con mayor frecuencia a rechazos explícitos, exigencias de garantías más altas y restricciones encubiertas, elementos reconocidos como manifestaciones de racismo inmobiliario. Así, los mismos sectores que dependen de la renta garantizada para sostener su vida diaria se encuentran atrapados entre una oferta privada que los discrimina y una oferta pública difícil de alcanzar, lo que refuerza un círculo de exclusión en el que la garantía de ingresos no es suficiente para asegurar una vivienda de calidad.

Mientras tanto, la maquinaria privada del racismo inmobiliario continúa funcionando casi sin freno, amparada en la discrecionalidad del propietario. A escala estatal, el informe Racismo y segregación en el alquiler de vivienda, de la asociación Provivienda, reveló que el 99% de las agencias inmobiliarias de Madrid aceptaban sin reparos poner en práctica exigencias discriminatorias contra personas migrantes: mentir sobre la disponibilidad de una vivienda, exigir garantías adicionales solo a extranjeros, o aceptar instrucciones explícitas de "no alquilar a inmigrantes”. Y este no es un fenómeno aislado de la capital del Estado español, sino la expresión descarnada de lo que en Hego Euskal Herria acontece con formas más discretas pero no menos reales: exigencias de contratos indefinidos en sectores donde casi nadie los tiene, seguros de impago que se usan selectivamente contra personas extranjeras, o directamente la negativa verbal, improcedente pero difícil de demostrar, en la visita o por teléfono, ya sea por el color de piel, por el nombre o por el acento.

Que agencias inmobiliarias de Madrid acepten poner en práctica exigencias discriminatorias contra personas migrantes no es un fenómeno aislado de la capital del Estado español, sino la expresión descarnada de lo que en Hego Euskal Herria acontece con formas más discretas pero no menos reales

Estas formas de vivienda degradada son rentables precisamente porque se trata de población con pocas alternativas. Aquí, la propiedad funciona como un pequeño capital local que extrae plusrenta de la necesidad imperiosa de techo de los sectores más vulnerables. La encuesta de condiciones de vida del INE de 2024, a escala estatal, señala que más de 1,4 millones de personas se sienten discriminadas en el acceso a la vivienda, y que el principal motivo declarado es el origen étnico o la condición de persona migrante. Aunque estos datos no se desglosan por comunidad, ilustran algo que se percibe también en la CAV y en la CFN: el mercado del alquiler está atravesado por un racismo funcional a la especulación y a la maximización de rentas.

Al final, detrás de cada puerta que se abre y de cada puerta que se cierra, opera un sistema que reparte posibilidades de vida de forma desigual. El racismo inmobiliario no es un gesto puntual, sino una lógica que atraviesa la arquitectura misma del mercado inmobiliario y que decide quién puede quedarse, quién debe desplazarse y quién queda directamente fuera. En esa cartografía desigual, la vivienda se convierte en uno de los lugares donde mejor se dibujan las fronteras sociales de nuestro tiempo.

LO QUE HACEN LAS INSTITUCIONES: DISCURSOS, FILTROS Y LEYES

La respuesta institucional se mueve en una tensión permanente. Por un lado, se pone el acento en el parque de vivienda social, se elaboran estrategias contra la exclusión residencial y se habla de derecho a la vivienda. Por otro, se mantienen y aplican leyes y prácticas administrativas que bloquean el acceso efectivo de la población migrante a esos derechos: exigencias de regularidad administrativa, padrones revocables, requisitos de arraigo de difícil cumplimiento. El resultado, como digo más arriba, es un doble discurso: se proclama la universalidad, pero se organiza una estructura de filtros que garantiza que la parte más precarizada de la fuerza de trabajo siga rotando en la periferia, siempre disponible para los sectores que necesitan mano de obra barata y desechable; como ejército industrial de reserva.

De hecho, las modificaciones legislativas más recientes en materia de vivienda muestran un patrón común en Nafarroa y en la CAV: la mayor parte de las medidas buscan beneficiar a la clase media, que constituye el grueso de la base electoral de los partidos que impulsan estos cambios normativos. Mientras tanto, los sectores más proletarizados, entre los cuales la población migrada tiene gran peso, quedan relegadas a un segundo plano, o directamente sufren recortes en lo que respecta a sus oportunidades de acceso a una vivienda en condiciones de calidad. Basta con mirar con lupa la letra pequeña de algunas medidas recientes para observar este patrón.

La mayor parte de las medidas en materia de vivienda buscan beneficiar a la clase media, que constituye el grueso de la base electoral de los partidos que impulsan estos cambios normativos. Mientras tanto, los sectores más proletarizados, entre los cuales la población migrada tiene gran peso, quedan relegadas a un segundo plano

En la propia justificación de las leyes se puede vislumbrar la idea de que las políticas públicas de vivienda se han venido centrando demasiado en los sectores más empobrecidos de la población, y que por tanto habría que reorientar dichas políticas de forma más notoria hacia las clases medias. Esto vendría a ser una versión edulcorada del mantra racista que repite aquello de que “las VPO se las llevan los de fuera”. Un buen ejemplo nos lo brinda la Ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo, aprobada en el Parlamento Vasco a finales de 2025. En la fase de enmiendas, la presidenta de Eudel, Esther Apraiz (PNV), en calidad de parte impulsora de la ley, remarcaba la necesidad de aumentar las promociones de vivienda protegida de cara a “quienes lo necesitan, pero también a las clases medias vascas”, y destacaba que no se puede pensar “únicamente en las necesidades y la realidad de las personas vulnerables y dejar de lado al grueso de la sociedad, las clases medias”.

Este tipo de discursos se traducen en fórmulas como la de la vivienda asequible, que actualmente está en boca de todos los partidos políticos. Esta modalidad de vivienda protegida de alquiler, a la que se están dedicando buena parte de los esfuerzos institucionales, tiene como fin dar cobertura a sectores más solventes de la población. Muestra de ello es que, en la CAV, uno de los requisitos para acceder a ellas es tener ingresos de entre 21.000 y 39.000 euros anuales. En el caso navarro, estos ingresos tienen que ser de entre 28.000 y 50.400 euros, aproximadamente.

El requisito de empadronamiento en el acceso a la vivienda protegida apunta en la misma dirección. En la CAV, el Decreto de Modificación Urgente de Disposiciones Reglamentarias de Vivienda va a añadir el criterio de llevar tres años empadronado en algún municipio de la comunidad autónoma para participar en el procedimiento de adjudicación de una vivienda de protección oficial de alquiler. En Nafarroa, por su parte, la Ley Foral 20/2022, para el fomento de un parque de vivienda protegida y asequible en Nafarroa, reintrodujo la puntuación por empadronamiento en el acceso a las VPO, precisamente después de haber eliminado dicho criterio en 2016, justificándolo en aquella ocasión con la siguiente argumentación: “acabar con una situación injusta y discriminatoria que hasta la fecha se ha producido en la adjudicación de las viviendas protegidas: la puntuación por años de empadronamiento en algún municipio de la Comunidad Foral de Nafarroa. El derecho a la vivienda es un derecho constitucional que debe ser garantizado con independencia de los años que se lleve residiendo en un determinado lugar, considerándose que todas las personas empadronadas en Nafarroa deben ser tratadas en términos de igualdad”. Cuando esta puntuación volvió a establecerse en 2022, no hubo ninguna mención a ello en la exposición de motivos de la ley, quizás porque admitir explícitamente las razones de este cambio de postura chocaría con el relato integrador que pretenden vender desde las instituciones.

Sin salir de la comunidad foral, más recientemente, la Ley Foral 9/2025, para el derecho a la vivienda asequible, ha establecido, en las adjudicaciones de VPO en régimen de alquiler y de alquiler asequible, un sistema de sorteo que sustituye al anterior sistema de puntuación, de forma que la “necesidad acreditada de vivienda” ha dejado de valorarse a la hora de adjudicar una vivienda protegida. Al mismo tiempo, y excluyendo las reservas especiales —destinadas a familias numerosas, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género, etc.—, se imponen reservas del 40% “para personas empadronadas con residencia efectiva ininterrumpida en el municipio de ubicación de la promoción de al menos dos años de antigüedad”. Estos cambios se pueden enmarcar en el patrón descrito más arriba: primar el acceso de los sectores más solventes a las viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

De un plumazo, se otorga credibilidad a los discursos antiproletarios o directamente racistas en lo que respecta a prestaciones sociales y acceso a la vivienda y, al mismo tiempo, se dificulta aún más la vida de la población más proletarizada, en buena medida de origen extranjero

Por último, no se deben obviar los recortes directos que afectan a los sectores más proletarizados de la población. Anteriormente se han mencionado los crecientes obstáculos en el mero acceso a un padrón, pero otro claro ejemplo de estos recortes lo constituye la reforma de la renta de garantía de ingresos, o RGI, introducida por la ley de medidas urgentes de la CAV que ya se ha citado. Esta ley establece que para poder cobrar la RGI se deberá acreditar “título válido en derecho” de la vivienda o el alojamiento donde se vive. Es decir, se excluye del acceso a esta prestación a las personas que viven sin contrato, en subarriendos ilegales, ocupación o situaciones similares. De un plumazo, se otorga credibilidad a los discursos antiproletarios o directamente racistas en lo que respecta a prestaciones sociales y acceso a la vivienda y, al mismo tiempo, se dificulta aún más la vida de la población más proletarizada, en buena medida de origen extranjero, lo que contribuye a acentuar su exclusión y estigmatización, de forma que se auspician esos mismos discursos racistas.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Llegados a este punto, podría pensarse que el único problema es la falta de sensibilidad o la poca formación en las agencias inmobiliarias y en las oficinas municipales. Esa lectura moralizante, sin embargo, es vaga. El racismo inmobiliario en Hego Euskal Herria no es un error puntual del sistema, sino uno de sus vectores centrales. En un contexto de encarecimiento constante del alquiler, de especulación y financiarización de la vivienda, las clases propietarias —desde el pequeño rentista hasta los grandes tenedores y fondos de inversión— usan la raza y el origen como criterio informal para gestionar el riesgo, legitimar la exclusión y defender su tasa de beneficio. El Estado autonómico, con sus límites claros de soberanía y su inserción en el régimen jurídico español y europeo, oscila entre la corrección parcial de esos desequilibrios y su reproducción mediante la Ley de Extranjería, las políticas de control de fronteras y los filtros institucionales.

Frente a todo esto, hablar de racismo inmobiliario en la CAV y en la CFN no es una cuestión de corrección política, sino el resultado de un análisis materialista. Los datos muestran una sobrerrepresentación brutal de las personas de origen extranjero en situación de falta total de vivienda, una presencia creciente de denuncias por vulneraciones de derechos vinculadas al empadronamiento y la vivienda, y una percepción social extendida de que el origen extranjero, junto con la pobreza, es uno de los factores determinantes de discriminación en el acceso a un techo.

El racismo inmobiliario en Hego Euskal Herria es la expresión, en el ámbito de la vivienda, de una lógica de dominación más amplia: aquella que combina propiedad privada, jerarquías de clase y dispositivos de racialización para decidir quién puede vivir dónde y en qué condiciones

El racismo inmobiliario en Hego Euskal Herria es la expresión, en el ámbito de la vivienda, de una lógica de dominación más amplia: aquella que combina propiedad privada, jerarquías de clase y dispositivos de racialización para decidir quién puede vivir dónde y en qué condiciones. No basta con denunciar anuncios discriminatorios o exigir una mayor sensibilidad a particulares e inmobiliarias. Si de verdad se quiere enfrentar el problema, habrá que cuestionar la lógica que convierte la vivienda en mercancía, la capa jurídica que separa a la población en sujetos de pleno derecho y población excedente, y la ideología que presenta como decisión racional de un propietario lo que en el fondo es un acto de exclusión de clase racializada.