Las previsiones se hacen realidad con la llegada del duro invierno. El Ayuntamiento de Madrid tomó la decisión de dar un paso más allá en la ofensiva de desalojo del barrio de la Cañada Real. Han pasado dos años desde que se les cortara la luz, una decisión que ha dejado terribles consecuencias: el invierno pasado un hombre murió de frío y varios niños tuvieron que ser hospitalizados con síntomas de hipotermia. Sin embargo, la decisión final ha sido derribar las edificaciones y enterrar los restos, la ropa, el mobiliario y los recuerdos que podían quedar en ellos; en definitiva, dejar en la calle a más de 4.000 personas a las puertas de los temporales fríos de diciembre. Aquellas personas que han quedado sin hogar como consecuencia del derribo de este barrio no tienen alternativas para hospedarse. Y es que a este contexto hay que añadir que para estas personas y para muchas otras la ocupación es la única alternativa posible, pero que esta deja de ser una alternativa con la nueva ley del PSOE para realizar desalojos exprés. Esto pone de manifiesto cuál es el rumbo de la ofensiva de los gobiernos del PP y PSOE-Podemos, a quién perjudica y a quién le beneficia.

Si bien el ejemplo de la Cañada Real es un ejemplo extremo, también podemos mencionar el ejemplo Gobierno de Francia, que anuncia la posibilidad de cortes de luz para principios de enero. Francia es una de las mayores potencias nucleares a nivel mundial, con 19 centrales nucleares y 56 reactores, pero el país se ve inmerso en una crisis energética, otro ejemplo que muestra que la estatalización y socialización no son lo mismo. El gobierno de Macron ha dejado durante muchos años el mantenimiento de los reactores en un segundo plano y ha profundizado en la industria militar nuclear, que es indudablemente un sector estratégico para las élites europeas. No obstante, el 60% de la población se encuentra ahora en peligro de sufrir cortes de luz. En esta situación, será el proletariado el mayor perjudicado, precisamente porque no dispondrá de alternativa alguna para calentar su casa, no tendrá a nadie que cuide de sus hijos e hijas cuando cierren los colegios, o no tendrá medios de transporte privados para desplazarse.

En este contexto de crisis, se intensifica notablemente la ofensiva de las élites económicas. La burguesía opta por encarecer los más básicos medios de vida empezando por la vivienda, pasando por la electricidad y terminando en los víveres, y convertirlos en inaccesibles para una capa creciente de la clase trabajadora. Además, después de negarle los medios de vida para subsistir, presenta al proletariado como el responsable de dicha miseria. La ideología aspiracional permite que en los Estados de Bienestar y territorios con una consolidada clase media exista un amplio consenso social mediante el cual se difunde un estigma de las personas en situación de pobreza entre las capas trabajadoras. La idea de que la condición de pobre depende de la actitud y voluntad de cada persona estigmatiza a las personas pobres, y esto resulta en la criminalización del modelo de vida y la cultura del proletariado.

Pero en este momento de una proletarización cada vez mayor, es decir, de la generalización de la pobreza, este consenso social empieza a agrietarse, y como consecuencia, se refuerzan las leyes para criminalizar el modelo de vida proletario, las fuerzas armadas y la ideología reaccionaria. 

Ante todo esto, el deber de nosotros y nosotras como comunistas es sacarle partido a este contexto convulso creado por esta situación para luchar por el estigma hacia el pobre y señalar a la burguesía como responsable de la pobreza. Además de esto, para superar la pobreza, hemos de poner sobre la mesa la necesidad de derribar el sistema capitalista que la perpetúa y la alimenta, es decir, plantear que no hay capitalismo sin pobreza, y mientras tanto, luchar por unas condiciones de vida de calidad para el proletariado.