La vivienda es un medio para la especulación, la usura y el negocio. No hay más que ver: unas 3.600 personas viven en plena calle en Euskal Herria, los precios de los alquileres tocan sus máximos históricos en la CAV, en Nafarroa hay más de 3.000 viviendas vacías, en Iparralde casi el 30% de las viviendas se consideran de lujo, y en 2022 hubo más de 700 desahucios en la CAV, mientras los casos de embargo siguen aumentando exponencialmente.

Los medios de vida del proletariado están siendo destruidos, y cada vez es mayor el número de los que no llegan a acceder a los medios de vida básicos. El proletariado es totalmente despojado del derecho a la vivienda, pues, al no tener un mínimo de ingresos, no puede acceder a una propiedad ni pagar un alquiler. Así, para un número creciente de personas, la ocupación se convierte en la única alternativa para solucionar su problema con la vivienda.

No es ningún secreto decir que la vivienda no está garantizada como un derecho real, ni tampoco que el gobierno no dispone de la voluntad para resolver la problemática de la vivienda. Como se ha comentado anteriormente, la ocupación es para muchas personas la única salida. Aun siendo consciente de ello, el Gobierno de España sigue justificando a las mafias de Desokupa, permite desahucios ilegales, criminaliza a los sindicatos de vivienda, promueve la represión económica y la persecución contra su actividad, endurece la legislación contra la ocupación, permite el derribo de barrios como el Cañada Real…

Además de lanzar una ofensiva contra la ocupación, el Gobierno no tiene intención alguna de superar el problema de la vivienda, ni siquiera teniendo las competencias necesarias: puede realizar expropiaciones a gran escala, puede proporcionar medios jurídicos para erradicar la especulación de los fondos buitre, puede incrementar el control sobre la facción de Desokupa… En definitiva, tiene capacidades para intervenir en la especulación de la vivienda, al menos más de lo que hace actualmente. Sin embargo, no le conviene entrar en conflicto con terratenientes y propietarios, pues si las necesidades del proletariado entran en contradicciones con los pequeños propietarios (y, en este caso, también a los grandes propietarios), el Gobierno, como representante de los intereses de la clase media, siempre se decantará por el segundo grupo.

Son numerosos aquellos que luchan contra las prácticas especuladoras y la ofensiva contra el proletariado organizándose en sindicatos de vivienda al margen de la demagogia de la campaña electoral. Cada vez son más las redes militantes que responden de manera coordinada a la cuestión de la vivienda a partir de las necesidades del proletariado, que actúan contra la criminalización de la ocupación, tanto a nivel ideológico como práctico, optando por una administración proletaria de estos espacios. En definitiva, es cada vez más numerosa la militancia que trabaja en la dirección de una vivienda universal, gratuita y de calidad. Así pues, las garantías del derecho a la vivienda del proletariado surgirán de su propia organización política y no del Gobierno criminalizador de la pobreza.