El estudiantado griego comienza el curso con convocatorias de protesta y movilización. El gobierno ha invertido 50 millones de euros en el despliegue de una policía especializada llamada Equipo de Protección de Instituciones Universitarias (OPPI) en las universidades más importantes de Grecia. Estas protestas, que han logrado movilizar a grandes multitudes, han sido duramente reprimidas por la policía; la respuesta gubernamental se ha basado en gases lacrimógenos, cañones de agua y violencia desenfrenada.
Estos hechos no pueden ser entendidos aislados de la situación que vivimos. En los últimos dos años, el Movimiento Socialista ha denunciado en varias ocasiones la apuesta por parte de las élites económicas y los gobiernos por la solución policial de los conflictos. La normalización de los estados de excepción, el aumento general del personal de las fuerzas policiales, el aumento de los presupuestos del Ministerio del Interior y la ampliación de las competencias policiales han sido algunas de las medidas aprobadas en el Estado español. Su objetivo es garantizar la sumisión del proletariado en este contexto que provoca la situación de crisis, obstaculizando toda protesta espontánea, pero, sobre todo, suprimiendo los derechos políticos. El Gobierno griego ha dejado claro que uno de los objetivos de esta policía es evitar una posible organización política.
Los derechos a la política del proletariado se van reduciendo a medida que el proletariado se multiplica en números. La política institucional pretende abarcar todos los ámbitos de la política, adquirir el monopolio de la política, y no solo en un sentido administrativo, sino también en el cultural. Tanto a los partidos políticos como a las élites económicas les es necesario reforzar la legitimidad, la eficacia y, en definitiva, la idea de que la política real solo puede realizarse a través de las instituciones burguesas, y más ahora, en tiempos en los que el proletariado se aleja cada vez más del partido del capital. Así, la burguesía impulsa escenarios que permitan ensuciar el nombre de la política del proletariado e impedir la militancia política mediante la represión y la persecución.
Y a nosotros y nosotras, como militantes comunistas, nos atañe el deber de recalcar la legitimidad y necesidad de la organización política; trabajar en la dirección de garantizar las condiciones para manifestarse, protestar, y organizarse. Solo así conseguiremos la única alternativa real a esta cruda realidad: el Estado Socialista.
