(Traducción)

En este momento reina la ignorancia. De hecho, Pedro Sánchez ha repetido a menudo que su Gobierno levantará el estado de alarma el próximo nueve de mayo. Y no ha aclarado, a pesar de las reiteradas preguntas de las autoridades de algunas comunidades autónomas, qué nuevos escenarios podría suponer esa posible anulación del estado de alarma con exactitud. Según lo dicho por Sánchez, cada comunidad autónoma podría entonces adoptar las medidas sociales y políticas que considerase necesarias, aunque el estado de alarma no estuviera vigente. Sin embargo, de momento el Gobierno central español no ha dicho nada de lo que podría ocurrir hasta el fin del estado de alarma y hasta la entrada en vigor de los nuevos decretos ley por parte de los gobiernos locales.

Esta es la principal preocupación de los partidos que han apoyado durante un largo año esta situación dictatorial: ¿qué hacer mientras tanto? El quebradero de cabeza de los partidos que no detectaron ningún otro problema posible y aceptaron el estado de alarma es si entre el fin del estado de alarma y hasta la aprobación de los nuevos Decretos-ley, que durara aproximadamente en un mes, no habrá un retorno caótico a la «normalidad» que empeoraría la situación epidemiológica. No es seguro, pero no sorprenderá a nadie el Gobierno español si del nueve de mayo a mediados de junio, por alguna decisión extraordinaria, perpetúa las medidas de «salud» ahora vigentes. Y, en fin, eso mismo es lo que esperan los partidos que se quejan.

Cuando los partidos tratan dicha preocupación hablan en nombre de la sanidad pública, y piden al Gobierno de Sánchez que prorrogue el estado de alarma para asegurar el bienestar de los ciudadanos. Sabemos muy bien que el estado de alarma y sus restricciones y medidas tienen consecuencias políticas severas (son torpes para mejorar la salud de los trabajadores y muy eficaces para prohibir sus libertades civiles y políticas) y, sin embargo, la mayoría de los partidos que consideran que representan los intereses de los trabajadores se han manifestado a favor del estado de alarma. Entre ellos EH Bildu. Pues. En Euskal Herria la «izquierda» (1) apoya el estado de alarma, (2) se preocupa por lo que puede ocurrir en un mes al finalizar el estado de alarma y (3) en adelante, una vez anulado el estado de alarma, es partidaria de que sea cada comunidad autónoma la que adopte las medidas de restricción que considere oportunas. Y, puesto que coincide con lo mencionado, (4) poco le importa la libertad política de la clase trabajadora.

Con tales ejemplos los trabajadores tenemos algo que aprender en este curso, la propia Izquierda Abertzale nos ha ofrecido una de las enseñanzas más importantes. De hecho, Sortu, que forma parte de la coalición EH Bildu, este año ha alineado en ocasiones su iniciativa política con el orden oficial del Estado español. Por ejemplo: ha apoyado oficialmente el estado de alarma desde el principio, ha aprobado los presupuestos generales del Gobierno español, ha apoyado la gestión central de los fondos europeos y ha posibilitado el nuevo decreto de ley que ha presentado EAJ-PNV para cuando finalice el estado de alarma (a pesar de que desde la coalición EH Bildu le pueden proponer alguna modificación legislativa). Lo más significativo, sin embargo, es que los militantes de Sortu, al menos unos pocos, no hayan dicho públicamente nada en contra de la línea oficial del partido. Ante estas barbaridades que ha apoyado EH Bildu, Sortu no ha manifestado ninguna oposición formal ni significativa.

Se está resolviendo una polaridad que elimina la pluralidad entre los agentes políticos de Euskal Herria, donde es muy claro cuál es revolucionario y cuál está a favor del orden burgués, aunque sea involuntariamente. La cuestión del estado de alarma lo ha puesto de manifiesto.