La UPV, a raíz de una huelga estudiantil, amenaza a 34 alumnos y alumnas con abrirles un expediente. El 16 de febrero Pablo Hasel cumple dos años en la cárcel por las letras de sus canciones. Pablo González lleva casi un año preso en Polonia por ejercer su derecho a la información ante la indiferencia del Gobierno español. En Iruñerria han sido identificados más de medio centenar de jóvenes, a los que se les han impuesto multas por su labor política en la calle de cara a la manifestación del 28 de enero.

El endurecimiento de las leyes, la normalización de la presencia policial o la modernización y perfeccionamiento de los medios tecnológicos supone una violación sistemática de los derechos políticos. Hablamos de la criminalización de la actividad política más elemental como hacer huelga, propaganda política o ejercer la libertad de expresión. En Euskal Herria hemos sido durante décadas testigos de la cara más cruda de la represión política; miles de militantes revolucionarios han sido encarcelados y torturados bajo las órdenes del Estado. Hoy, sin embargo, aunque el conflicto callejero se haya difuminado considerablemente, se castiga y obstaculiza de forma desproporcionada la actividad política independiente de baja escala, como vemos en los ejemplos de las infiltraciones en los espacios del movimiento popular, multas de miles de euros, identificaciones, seguimientos, peticiones de colaboración, casos de espionaje, detenciones y registros…

La organización independiente a gran escala está desarticulada y no tiene capacidad para convertirse en un movimiento de masas como una fuerza real de oposición y así responder ante los ataques hacia la actividad política. Las formas de lucha que se consideraban aceptadas están siendo ilegalizadas en el seno de la sociedad civil sin generar la menor preocupación. Las condiciones para ejercer la protesta van perdiéndose. La eliminación de dichas condiciones para la actividad política dificulta la propia militancia, facilitando así su transformación en actividad periférica. Así, el apoyo social que sustenta la militancia también se va desarticulando, lo que culturalmente desprestigia la actividad política independiente. Esa es la dinámica del círculo vicioso: prohibir la militancia, convertirla en asunto de unos pocos y quitarles importancia social. De esta forma, se permite aún más la prohibición y la atomización de la militancia y esta se convierte en una dinámica ineficaz.

Se avecinan tiempos duros. La proletarización nos está golpeando con fuerza y la lucha es el medio más importante que tenemos. La violación de los derechos políticos no nos concierne solo a la militancia, sino a la clase obrera en general. El mantenimiento de la ley mordaza, la entrada en vigor de la ley contra los delitos de odio y el endurecimiento de la ley de desórdenes públicos han sido algunos de los ejemplos de lo que se ha hecho en esta legislatura contra la protesta y la militancia. Los miembros del Consejo Socialista de Iruñerria y elde Bilbao se han mostrado claros en sus recientes declaraciones: «Este tipo de medidas disciplinarias solo tienen como objetivo obstaculizar la organización independiente y las protestas». Ante esto, nos es necesario que el proletariado haga suya la lucha por los derechos políticos y ponga esta en primera fila.