(Traducción)

Mucha gente se congregó ayer en Iruñea bajo el lema «solidaridad de clase» para mostrar su apoyo a los jóvenes de Errotxapea y Burlata detenidos el pasado 27 de abril, así como a los otros dos que fueron llamados a declarar al día siguiente. Al término de la marcha, los organizadores dijeron que, además de los diez jóvenes detenidos, también están imputados los otros dos que fueron citados a declarar, por lo que en total son doce los procesados.

Los procesados están acusados de delitos de los que suelen ser severamente castigados y la propia investigación policial, al menos lo que han dicho abiertamente, no tiene ni pies ni cabeza. Sabemos perfectamente, sin embargo, que el derecho burgués puede reconocer una exactitud absoluta a los relatos, pruebas o interpretaciones que pueden ser muy falsos para que cualquiera que haya fichado por la policía sea castigado; por eso, aunque los informes policiales o la acusación de la fiscalía a menudo parecen redactados desde el desconocimiento, tienen un sentido represivo racional. Cualquiera se lo puede imaginar: teniendo en cuenta las acciones que se les imputan a estos doce jóvenes, ¿cómo es posible que la policía hable de «banda criminal», «kale borroka», «guerrilla urbana» o similares? ¿O enlazar entre hechos concretos y organizaciones antiguas y/u organizaciones actuales? ¿No saben lo qué es hoy Euskal Herria? Sabrán algo y no estarán muy equivocados, pero cada vez que puedan dirán lo que sea (aunque sea mentira o una gran barbaridad) para hacer daño a los militantes políticos.

La policía protege y refuerza la dominación de clase de la burguesía y en los tribunales se da la aprobación jurídica al trabajo de la policía. Los jueces, por ejemplo, valoran las mentiras presentadas por la fiscalía y, así, lo «investigado» por la policía es «cierto» jurídicamente: surge así el derecho a castigar a quien es inocente. Como otras instituciones burguesas para prohibir y eliminar la militancia política del otro personal, tanto la policía como la fiscalía pueden aumentar su capacidad de influencia (por ejemplo, el derecho a sancionar). Por ejemplo: triquiñuelas, falsas narraciones. Sin embargo, el tema de los medios de comunicación que dan por cierta la versión de la policía, a sabiendas de que muchas veces miente, y la repiten palabra por palabra es otra cosa; incluso hay quien convierte en mayor barbaridad las barbaridades dichas por la policía. Estos tienen otra responsabilidad ética. Pues bien, lo que hacen estos periódicos y medios es lamentable: no respetar la intimidad de los detenidos, cambiar el significado de estos enunciados parcialmente publicados, legitimar la información no certificada… en general, dar a entender lo que no es y (en este caso) empeorar la situación de las personas y organizaciones en riesgo. Y esto no lo decimos por los medios de comunicación que son reaccionarios o declarados fachas (cuya crueldad no se puede discutir), sino por los que se consideran progresistas y medios de la «izquierda». Estáis hablando en nombre de la objetividad y del derecho a informar pero lo vuestro es un ataque ideológico contra los militantes que se ensucian las manos. Así, queráis o no, hacéis creer lo que dijo la policía a la misma clase social que ha sido perjudicada.

Los doce procesados han vivido en su piel la falta de responsabilidad de los medios de comunicación y, sin embargo, no están solos. Porque muchos no vamos a aceptar mentiras ni criminalizaciones de la militancia.