Dada la importancia que está adquiriendo el tema de los cuidados tanto en la agenda política como en coyuntura, me ha parecido interesante indagar en las hipótesis que tenemos sobre el tema con intención de hacer una aportación al debate, subrayando los límites de ciertos análisis de diferentes sectores y dando un atisbo sobre el desafío que supone estructurar propuestas efectivas.

CONTEXTO DE CRISIS

Hemos remarcado una y mil veces la importancia de entender el contexto de crisis del que venimos desde 2007, además de la pandemia del COVID-19, los cuales han supuesto una reestructuración del mismo sistema capitalista. La incapacidad para la acumulación de capital es la espada de Damocles de la burguesía, lo que ha generado un contexto idóneo para nuevas reformas que aporten a un nuevo ciclo de acumulación. En ese sentido, el Capital, para garantizar su beneficio, baja los salarios de los trabajadores y fomenta los recortes y la privatización a nivel de los servicios sociales que garantizan a mínimos las condiciones reproductivas de la clase trabajadora (pensiones, guarderías, sanidad, residencias…).

Bajo esta premisa, los sectores más vulnerables, sean las mujeres trabajadoras, los migrantes, los jóvenes... se han convertido en carne de cañón para una explotación estructural cada vez más desoladora. Las condiciones de la vida diaria están en claro declive, convirtiéndose en cuestiones cada vez más frecuentes los trabajos inestables, los sueldos bajos o el encarecimiento de la vida. Es aquí donde las mujeres trabajadoras jugamos un papel fundamental y donde se va a centrar el análisis de este reportaje.

FEMINIZACIÓN DEL MERCADO LABORAL

Las mujeres trabajadoras jugamos un papel esencial a la hora de entender el empeoramiento de los servicios relacionados con las condiciones de la reproducción social. Trabajos ampliamente feminizados como los del sector del cuidado se caracterizan socialmente como de segunda categoría, teniendo como consecuencia la asunción de peores condiciones laborales. 

Como he dicho, socialmente es evidente que las mujeres trabajadoras tenemos y hemos tenido una función de gran importancia en los trabajos necesarios para la reproducción de la clase trabajadora como clase, ya sea en el cuidado de familiares niños, personas mayores o con algún tipo de dependencia, como el cuidado del hogar limpiando, haciendo la comida o manteniendo las actividades básicas de la vida diaria. Con esto podemos objetivar que al Capital esta forma de trabajo le permite ahorrarse muchos costes. De todas formas, históricamente la función de la mujer en el ámbito del trabajo asalariado ha sido cambiante, pero entendemos que desde la industrialización y sobre todo desde la época de los 70, su inserción en el mercado laboral ha sido masiva (mujeres costureras trabajando en fábricas para la industria textil, guarderías privadas donde cuidan a los hijos de otras familias, amas de casa limpiando las casas de los demás o auxiliares cuidando de mayores en las residencia, por ejemplo). No obstante, lejos de entender como igualitaria esta cuestión, debemos primero entender otros fenómenos, ya que aunque la mayoría de mujeres del centro capitalista actualmente estemos insertadas en el trabajo asalariado, eso no nos ha liberado de la carga de los trabajos domésticos. Eso, sumado a que los sectores más proletarizados de mujeres siguen condenados a aceptar trabajos con pésimas condiciones laborales por su situación económica y social, genera el escenario ideal para la perpetuación de la dominación de la mujer trabajadora.

La brutal división sexual del trabajo que ha caracterizado diferentes épocas hasta la de hoy, por lo tanto, ha legitimado que las mujeres sean contratadas en áreas de trabajo infravaloradas y con salarios inferiores. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma Vasca, en el empleo del hogar el 90 % son mujeres, en actividades sanitarias el 77 %, en educación el 69% y en hostelería el 62%. Los trabajos considerados no cualificados, como los servicios sanitarios y los de cuidado de personas, cobran salarios más bajos en comparación con otras profesiones. Además, otras condiciones laborales distan de ser más alentadoras, ya que el 74 % de los contratos a tiempo parcial se dan en este sector. A esto hay que añadirle la necesidad de conciliación de la vida laboral con el cuidado de familiares, pues genera que la mujer trabajadora esté obligada a aceptar contratos con este tipo de jornadas y sueldos inferiores.

La brutal división sexual del trabajo que ha caracterizado diferentes épocas hasta la de hoy, por lo tanto, ha legitimado que las mujeres sean contratadas en áreas de trabajo infravaloradas y con salarios inferiores

Entendiendo que la división del trabajo en clases es el engranaje que mantiene de forma fehaciente las necesidades del Capital, la división sexual del trabajo juega un papel fundamental, pues devaluando la fuerza de trabajo femenina también devalúa la fuerza de trabajo de la clase trabajadora en general. Y eso genera el marco idóneo para la normalización del empeoramiento de las condiciones para la subsistencia para la clase trabajadora, instaurando así posibles condiciones de vida y trabajo aún peores para el futuro con el encarecimiento de la vida, la inestabilidad laboral, la bajada de salarios, despidos masivos, violencia en el trabajo, etc. Y es así es como debemos analizar la misma división sexual del trabajo, y no mediante lecturas oportunistas y parciales que defienden que las mujeres en general son por sí mismas el único engranaje para el capitalismo, visión que distancia la problemática de la perspectiva de clase.

LA MERCANTILIZACIÓN DE LOS CUIDADOS

Siguiendo con el tema, debemos entender que muchos de esos servicios ampliamente feminizados pueden ser gestionados de formas diferentes, o bien por los servicios públicos del Estado gestionados por impuestos directos o indirectos, o bien de forma privada.

Los servicios públicos per se no cumplen la función de acumulación de capital, a no ser que se proporcionen por medio de subcontratas. Los servicios privados se basan en la contratación de mujeres trabajadoras en empresas que gestionan dicho servicio, donde el capital pueda conseguir beneficio de ello. Estos servicios se ven aumentados cuando la capacidad adquisitiva de ciertas familias es superior, lo que les permite conseguir un servicio individual a un determinado precio. Ese precio traducido en salario variará dependiendo de la categorización del trabajo y de la cualificación, por lo que trabajos considerados de segunda categoría como la limpieza e higiene de personas mayores será mucho peor pagado en comparación con otras profesiones, como por ejemplo con un servicio de médico privado, dejando ver así la caracterización clasista de los trabajos de cuidado.

Presupuestos y privatización de los servicios de cuidado:

Según el indicador de limitación de actividad global de la encuesta europea de salud (EHIS), en 2019, el 30,9 % de la población europea de 65 y más años que vivía en su domicilio tenía necesidades de apoyo y cuidado, lo que supondría aproximadamente 30,8 millones de personas con algún tipo de dependencia funcional, de los cuales algo más de la mitad, 17,0 millones de personas, serían potenciales demandantes de cuidados de larga duración, es decir, el 19 % de las personas con 65 y más años. La población en situación de dependencia se estima que crecerá algo más de 7 millones de personas, desde 30,8 millones en 2019 a 38,1 millones en 2050. Se estima que la necesidad de cuidados en 2050 alcanzaría el 8,9 % en el tramo de edad de 65 a 69 y, en el otro extremo, el porcentaje alcanzaría el 30,7 % de las personas con 85 y más años de edad, con una mayor incidencia en las mujeres respecto de los hombres.

Ante el inminente envejecimiento poblacional y la necesidad de estos servicios derivada de este, el Consejo de Ministros de España aprobó este último año la distribución a las comunidades autónomas de 730,8 millones de euros procedentes de los fondos europeos destinado a la economía de los cuidados. El grueso de esos fondos, 482,4 millones de euros, irían destinados a la atención de las personas en situación de dependencia. Y según sus palabras «tendrán como fin fomentar un modelo que permita a los mayores vivir en sus domicilios el mayor tiempo posible», y los nuevos centros residenciales deberán «construirse como entornos similares a los domésticos», con objetivo de «transformar el modelo de cuidados», fomentando la «atención domiciliaria frente a la residencial creando empleo de calidad en un sector altamente precarizado y feminizado». Por lo tanto, parece contradictorio que, pese a la subida de presupuesto, 11 comunidades autónomas hayan disminuido sus partidas de dependencia desde 2020, según los datos publicados por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Lejos de incrementar la atención a personas en situación de dependencia, los gobiernos han priorizado sacar tajada de ello. En 2021, según los datos publicados por la asociación, las autonomías sufragaron el 79,2 % de la financiación pública y el ministerio, el 20,8 % restante, aunque hay variación por autonomías.

Pese que la subida de presupuesto tuviese también como fin reducir las listas de espera de las familias necesitasen este servicio no se consiguió el objetivo de reducción de 60.000 personas, ya que el tiempo medio de espera para la resolución de la petición se estima en 421 días, siendo solo 38.807 personas las que consiguieron el servicio, quedándose en el limbo 75,78 millones de euros que estaban presupuestados. Es más, en 2022, más de 45.000 personas murieron en la lista de espera del sistema de dependencia según el Observatorio Estatal de la Dependencia. En total, en ese año se atendieron a 1,3 millones de personas, 91.295 más que en 2021, aunque 353.965 siguen en trámites pendientes.

Por otro lado, el modelo residencial se está reduciendo progresivamente a los casos de dependencia más grave y a las edades más elevadas. La tendencia hacia la centralidad de la atención de las personas en su casa está impulsando la expansión de los servicios de atención domiciliaria. En general, los sistemas de provisión son mixtos, caracterizados por la financiación pública y la gestión privada. Podemos encontrar ejemplos cercanos de este modelo en Vitoria-Gasteiz con la Unidad Residencial IMQ Igurco o la nueva residencia Arabarren, los cuales se publicitan como nuevos modelos de residencia integral. Por lo tanto, la gestión de los servicios públicos por entidades proveedoras privadas, mercantiles y de la economía social se ha consolidado en la mayoría de los modelos nacionales de cuidados de larga duración. Cada vez es más frecuente la integración de las entidades privadas lucrativas y no lucrativas entre los prestadores acreditados de servicios mediante la contratación pública o la concertación de plazas financiadas con fondos públicos. Esta tendencia se está consolidando en todo tipo de modelos de cuidados. Por ejemplo, países como Suecia o Finlandia llevan desde 2010 aceptando nuevas medidas para la mercantilización de estos servicios y es previsible que nuestro medio se dirija en esa dirección. En Suecia dicho año entró en vigor una reforma en la cual se fomenta la libertad de elección entre una mayor diversidad de entidades proveedoras. En el caso de Finlandia, esta tendencia se verá consolidada si se implementa la reforma SOTE, la cual amplía la libertad de elección entre proveedores públicos y privados, introduce presupuestos individuales para cuidados y extiende el uso de los cheques servicio. Todo esto tendría como consecuencia el dominio del mercado por empresas millonarias internacionales de asistencia.

En Hego Euskal Herria por ejemplo, empresas muy conocidas como Eulen –un referente en el sector de cuidado con más de 7.000 clientes–, presentó en el 2021 beneficios de 45 millones y ventas de 1.532 millones de euros, presentando un crecimiento del 6,4 % respecto al año anterior. Otras empresas como Zaintzen en el mismo año consiguieron un beneficio neto de 33 millones, siendo de 2,6 millones lo recibido desde las licitaciones. Urgatzi gana, en la misma línea, un beneficio total de 22.2 millones.

La situación demográfica de envejecimiento poblacional nos sitúa ante un nuevo nicho de mercado y ya se habla de la «economía plateada» como economía de la ganancia en el futuro. Cada vez más empresas privadas están acercándose e interesándose en el sector, ya que es previsible e inasumible por los servicios públicos la cantidad de servicios que se necesitarán ofrecer. Solo el sector de la teleasistencia y ayuda a domicilio facturó 1.755 millones de euros en 2020, año de la pandemia de COVID-19, tras registrar un crecimiento del 2 % respecto a 2019.

La situación demográfica de envejecimiento poblacional nos sitúa ante un nuevo nicho de mercado y ya se habla de la «economía plateada» como economía de la ganancia en el futuro

LA LEY DE DEPENDENCIA Y EL SERVICIO DE ATENCIÓN A DOMICILIO (SAD)

El Gobierno ha puesto distintas propuestas sobre la mesa en cuanto a la Ley de Dependencia o los Servicios de Atención a Domicilio (SAD). Las prestaciones para conseguir ayuda por el cuidado de un familiar no dejan de ser insuficientes, generalmente inferiores a los 500 euros, y a esto debe añadirse los problemas para acceder a los servicios como el «limbo de la dependencia», que incluye una diversidad de situaciones en las que hay personas con reconocimiento de dependencia, pero sin acceso a prestaciones o servicios, y, además, tienen que esperar unas listas de espera interminables. Entre marzo de 2021 y junio de 2022, por ejemplo, el tiempo medio desde la solicitud hasta la resolución de las peticiones solo se redujo de 463 a 377 días, a pesar de que los presupuestos del Estado aumentaron, como he mencionado anteriormente. No obstante, estar bajo el amparo de la ley de dependencia tampoco es la panacea para las familias, pues el catálogo de servicios y prestaciones es más que insuficiente y no llega a garantizar la calidad para la atención.

La Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia (LADAP), por su parte, se ha encontrado con diferentes problemas incrementados por el aumento de personas y familias afectadas y la complejidad de las problemáticas por el envejecimiento de la población. Por un lado, la ley estaba inicialmente pensada para atender a las personas mayores en situación de dependencia, pero, posteriormente, se amplió a todas las personas en situación de dependencia, como por ejemplo personas con discapacidad o enfermedades mentales. Por otro lado, siendo una ley ampliamente caricaturizada como «por la prisas en hacerla», su elaboración tuvo lugar antes de la crisis económica, viéndose posteriormente imposible de aplicar en su totalidad por los intereses del Estado. La Ley sufrió un fuerte impacto económico en los recortes presupuestarios del RDL 20/2012. El conjunto de las reformas introducidas a través de la Ley 20/2012, Leyes de Presupuestos Generales del Estado y otras normas, incidieron en una rebaja sustancial del gasto público destinado al SAD. Estos recortes tuvieron lugar en un momento en que la LAPAD estaba a medio camino de su implantación. Estas reformas estructurales y los recortes redujeron el gasto público en la atención a la dependencia. Ejemplo de estas medidas son que entre los años 2012-2014 se acumulasen en recortes más de 4,5 millones de euros, aunque otros estudios como los que estima el XXI dictamen del Observatorio de la Dependencia (2022) los estima en 6,3 millones.

CONDICIONES LABORALES DE LAS TRABAJADORAS DE LOS CUIDADOS

Como hemos subrayado antes, el sector del trabajo de los cuidado se caracteriza por la mayoritaria presencia femenina y por peores condiciones laborales. El sector de la dependencia destaca por la mayor retribución de los hombres en comparación con las mujeres con salarios medios de 22.212 euros y 15.983 euros respectivamente en el periodo 2009-2020, por lo que se estima que los hombres ganan en la atención a la dependencia un 38,98% más que las mujeres.

Las problemáticas habituales de las trabajadoras del sector cuentan con poco apoyo social y, pese a varios intentos de lucha, siempre acaban relegadas a un segundo plano. A pesar de que desde las instituciones se hagan planes de regularización, ningún inspector de trabajo se hace cargo de los trabajos en el domicilio, o no cuentan con técnicos para la prevención. El acoso laboral en un domicilio, el acoso sexual, las agresiones por estar trabajando con usuarios que puedan tener alguna patología que les afecte al comportamiento… son insensibilizadas y nadie tiene la labor de informarlas, y si pretenden hacer algo, no dejan de ser vagos intentos para intentar lavar la imagen de las empresas. Las trabajadoras en situación más vulnerable como las migrantes en situación irregular se convierten en sujeto de chantaje, justificando pésimas condiciones o incluso no pagándoles o bajándoles el sueldo bajo la premisa de que la situación es igual de mala para todos.

En cuanto a la inestabilidad laboral, es habitual que a las trabajadoras las cambien de domicilio una vez han creado un vínculo con la familia y el usuario, reduciéndoles así las horas de trabajo y remplazando sus contratos anteriores con contratos parciales. Además, si un usuario fallece, no cuentan con ninguna garantía para poder mantener su puesto. Los ratios de atención y las condiciones laborales del personal son insuficientes, ya que los proveedores mercantiles anteponen la obtención de beneficio a la consecución de la calidad asistencial, que tiene consecuencias tanto en las trabajadoras como en las familias que necesitan del servicio.

Otro ejemplo de precariedad es la inserción de nuevas tecnologías, que ha ayudado en la normalización de mecanismos para el control social de las trabajadoras como teléfonos con localizadores, tener que fichar para un escrutinio constante de las horas de trabajo… Bajo la mirada de normalizar e incluso fomentar estas cuestiones por ser novedosas, se esconde una intención clara de control para la posterior justificación de despidos o violaciones de contratos, ya que lejos de ayudar en la ejecución del trabajo, cumplen una mera función inquisitiva para asegurar el estricto cumplimiento autoritario del trabajo. Debemos entender, además, que algunos de estos mecanismos suponen atentar contra de la intimidad de las trabajadoras, como por ejemplo las máquinas de fichar con cámara, que es una grave agresión contra los derechos políticos de las mismas.

A esto se le suma que, por la cantidad extraorbitaria de horas que tienen que trabajar y sus pésimas condiciones laborales, las mujeres trabajadoras de este sector tienen dificultades para organizarse, y que cuando lo hacen son a menudo víctimas de amenazas de despido o de empeoramiento de sus condiciones.

Esto todo tiene como consecuencia evidentes problemas de salud. Los estudios dicen que uno de los sectores más afectados es este mismo, siendo en el trabajo doméstico donde más incremento se ha visto en el consumo de hipnosedantes. Problemas como lumbalgias o dolores articulares por la fuerte carga de trabajo que tienen que asumir levantando y trasladando a los usuarios dependientes están al orden del día. Esto, sumado a que muchos problemas físicos causados por su puesto de trabajo como hernias discales o enfermedad del túnel carpiano sean consideradas enfermedades comunes y no accidentes laborales o enfermedad profesional, empeora aún más la situación. Para conseguir una baja por enfermedad laboral generalmente deben tratarse de fracturas por caídas en domicilios o ciertas enfermedades que las Mutuas decidan estimar. Todo esto genera periodos de carencia en caso de baja por enfermedad común, y no resuelve el problema de indemnizaciones en caso de necesitar una incapacidad.

Otro ejemplo muy significativo es el desamparo al que se condenó al sector durante la pandemia COVID-19 en el 2019. A pesar de ser el segundo sector más contagiado –propiciado además por la falta de seguridad y condiciones laborales para su prevención–, no fueron consideradas como de primera línea, y no se les concedió el contagio como enfermedad profesional, a pesar de que otros sectores con contacto estrecho similar hacia los usuarios como el de sanitarios o sociosanitarios sí lo obtuvieron. Esto generó que, si las trabajadoras padecían alguna enfermedad derivada del COVID-19, tuviesen problemas para conseguir una ampliación indefinida del periodo de baja en el que quedaban cubiertos por la Seguridad Social.

Resumiendo, la precariedad de los servicios de los cuidados es evidente: los desproporcionados ratios, los trabajos de pocas horas, el dinero que roban las subcontratas, los trabajos y responsabilidad que asumen las trabajadoras no reflejados en los contratos, trabajos sin contratos, la falta de seguridad laboral y en la salud son el pan de cada día en este sector. A la vez, condiciones son necesarias para las empresas que ganan millones de euros al año a costa de las trabajadoras.

La precariedad de los servicios de los cuidados es evidente: los desproporcionados ratios, los trabajos de pocas horas, el dinero que roban las subcontratas, los trabajos y responsabilidad que asumen las trabajadoras no reflejados en los contratos, trabajos sin contratos, la falta de seguridad laboral y en la salud son el pan de cada día en este sector. A la vez, condiciones son necesarias para las empresas que ganan millones de euros al año a costa de las trabajadoras

LÍMITES DE DIFERENTES PROPUESTAS POLÍTICAS

Como hemos mencionado anteriormente, ante este contexto de crisis, es previsible la disminución del poder adquisitivo general, lo que generará una menor capacidad para poder permitirse contratar servicios de cuidado privado. Los servicios públicos también se verán afectados, ya que dependen de los presupuestos del Estado, afectados directamente por la disminución del consumo general, y por ende la bajada de la retribución por los impuestos. Por lo tanto, dada esta contradicción, el Capital podrá mostrar ciertas tendencias a favor de lo público, pero lejos de ser por su buena voluntad, es evidente que se trata de una intentona por evitar una respuesta social ante la visible decadencia en un contexto de proletarización general.

Todo esto generará por un lado, un empeoramiento en las condiciones de la vida por la incapacidad de poder llevar a cabo en condiciones dignas los imprescindibles trabajos en el sector reproductivo. Por otro lado, podemos sospechar que muchos de estos servicios, hasta ahora gestionados por servicios públicos o privados, recaerán de nuevo en los sectores más vulnerables como las mujeres trabajadoras, aumentando aún más su carga de trabajo, y que además en muchas familias directamente no se podrán llevar a cabo. El Estado y la Administración Pública gestionarán estos servicios de forma indirecta por medio de subcontratas o concursos públicos donde el beneficio de estos servicios públicos dependerá de los presupuestos acordados y de la eficiencia económica. Por lo tanto, empeorarán las condiciones laborales de sus trabajadoras y de los servicios mismos para aumentarlo.

Con todo esto, podemos ver que muchos sectores de políticos profesionales de izquierda o incluso desde el movimiento feminista se realza la importancia de institucionalizar los cuidados reforzando el sistema público de la misma forma. Conciben el Estado como garante del cuidado que de forma neutral y genuina redistribuye la riqueza como ente autónomo del capitalismo. Esto tiene consecuencia que los sectores que asumen el Estado capitalista acaben posponiendo o negando una transformación radical de la organización social, ya que sus propuestas políticas acaban subsumidas por el mismo Estado, burgués por definición, que en última instancia necesita de una constante devaluación del salario y que se organiza en beneficio de los intereses financieros, mercantiles e industriales de la oligarquía. El problema de la crisis de cuidados no radica en la gestión del gasto público, sino en la falta de acumulación de capital tras la crisis, lo que perpetuará los recortes y la opresión con el fin de su propia subsistencia.

Continuando con otras propuestas sobre la mesa, desde hace un tiempo ya podemos encontrarnos con ideas sobre asalariar el trabajo doméstico como estrategia para liberación de la mujer o como solución a la crisis de cuidados. Me pregunto, cómo desde estos sectores donde prima el sentido común feminista se cuantifica o cualifica la categoría del salario como justa. ¿Cuál es el precio justo por asear a un abuelo? ¿o por darle de comer a una persona dependiente? ¿tiene el mismo precio limpiar la casa de un usuario dependiendo de su grado de dependencia, o es una cuestión de tiempo? A esto además se le suma que el trabajo doméstico ya se da de forma asalariada en parte, como con las trabajadoras del cuidado, la compra de la ropa y comida en tiendas o los servicios de limpieza mismamente, y aún seguimos igual con condiciones pésimas en esos sectores y con un horizonte a la vista no más alentador. Aunque ciertas mujeres generalmente pertenecientes a la clase media hayan podido desligarse de estos trabajos, la gran mayoría de mujeres trabajadoras, y sobre todo las que en condiciones de mayor vulnerabilidad se encuentran (por ejemplo las migrantes), siguen encargándose de estos trabajos en condiciones totalmente deplorables.

Aunque ciertas mujeres generalmente pertenecientes a la clase media hayan podido desligarse de estos trabajos, la gran mayoría de mujeres trabajadoras, y sobre todo las que en condiciones de mayor vulnerabilidad se encuentran (por ejemplo las migrantes), siguen encargándose de estos trabajos en condiciones totalmente deplorables

En mi opinión, es incorrecto asumir la categoría del salario como cuestión estratégica a favor de ciertos derechos –totalmente cambiantes según las condiciones socioeconómicas y de las cuotas de poder en el Estado–, en vez entenderlo como categoría a superar para la construcción de una sociedad sin dominación de clases. No solo porque dar un precio a estos trabajos llevados a cabo por mujeres trabajadoras acaba eternizando y legitimizando la misma división sexual del trabajo y acapara el trabajo domiciliario bajo la responsabilidad mayoritaria de la mujeres trabajadoras, que, como he explicado antes, tan importante es para el entendimiento de acumulación de capital. El salario cumple la función de dominación burguesa mediante la explotación del trabajo y es imprescindible poner en duda la racionalidad política que fomenta dichas cuestiones. Las mujeres trabajadoras, si están obligadas a aceptar trabajos asalariados en condiciones miserables, firman un pacto con el aislamiento político y social, ya que no contarán con tiempo ni condiciones para su desarrollo. Por lo tanto, las luchas no deben ser a favor del salario en sí, sino en contra, pues no es una categoría económica simple o neutral, sino una categoría política para la dominación. 

Para terminar, me gustaría dar una breve pincelada sobre las propuestas de «cuidados en el centro desde los márgenes» que están tomando cada vez una mayor importancia mediática.

A raíz de esto, supongo que ciertas hipótesis feministas parecen no entender o no querer entender la importancia estratégica que tiene la disminución de los costes de reproducción de la fuerza de trabajo para la acumulación de capital. Esto nos puede llegar a confundir, haciéndonos pensar en propuestas totalmente desligadas a la superación de la formación social capitalista que entienden la lucha en el sector reproductivo de forma parcial.

Los espacios denominados como «alternativos» o que actúan «desde los márgenes» con pretensión a resistencia desde la autogestión no son capaces de generar las capacidades organizativas efectivas propias y un sujeto político que aspire a un proceso emancipatorio para todo el mundo. No podemos centrar una estrategia global en la buena voluntad espontánea y en experiencias concretas, porque, como bien sabemos, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Es previsible que, con un empobrecimiento generalizado de la sociedad, cada vez haya menos hueco para el activismo o el voluntarismo hacia los sectores más vulnerables, y que la propia subsistencia se hará cada vez más compleja y el mayor fin para ciertos sectores será simplemente sobrevivir.

CONCLUSIONES

Los sectores en lucha que están siendo invisibilizados desde los medios con poco o nulo apoyo social deben ser considerados prioritarios en la agenda política, haciendo propuestas concretas y eficientes y creando condiciones políticas para la superación de la explotación. La subida de salarios, aumentar las horas en los trabajos parciales, acabar con los contratos temporales y con la inestabilidad en el trabajo, el pago de las dietas, contar como tiempo trabajado el de desplazamiento de un lugar a otro durante la jornada, que los trabajos que se realicen sean los plasmados en el contrato y no admitir los no relatados en los mismos, la bajada de los ratios, garantizar la seguridad en el trabajo o la existencia de protocolos efectivos frente a las agresiones y un largo etc; todas son luchas necesarias. Y es así como debemos entender que las luchas a favor de estas condiciones son necesarias para ir generando condiciones políticas en este sector. En el mismo sentido, es necesario orientar todas estas luchas hacia la superación de la sociedad opresora actual, la cual asienta las bases para que la miseria siga perpetuándose.

Los sectores en lucha que están siendo invisibilizados desde los medios con poco o nulo apoyo social deben ser considerados prioritarios en la agenda política, haciendo propuestas concretas y eficientes y creando condiciones políticas para la superación de la explotación

Teniendo en cuenta la situación actual, desde la crisis hasta cuestiones demográficas como el envejecimiento poblacional, subrayaría la necesidad imperante de la socialización de los servicios en los trabajos domésticos. Estos no pueden ser de gestión privada ni pública bajo el paradigma del Estado Burgués, al contrario, deberíamos organizarnos a favor de unos servicios de garantía universal, de calidad y gratuito. Esto es posible mediante un marco económico y social desde el socialismo, forma de organización del trabajo que no se basa en el beneficio económico, sino que aboga por el bienestar de todo el mundo. Por lo tanto, necesitamos de la estrategia socialista para la concreción de un Estado que este subsumido a las necesidades de toda la sociedad y que aspire a la superación de la dominación de clase. Y en esa dirección trabajaremos para conseguir las garantías para las trabajadoras de este sector y para las familias que necesiten estos servicios, acabando con las jerarquías y luchando por sus derechos políticos..

BIBLIOGRAFÍA

Sandra López Letón. 9 Enero 2022. El tsunami que viene: la economía de los cuidados. El País.

María Sosa Troya. 15 Noviembre 2021. Acampadas frente al Ministerio de Trabajo: “La ayuda a Domicio en un nicho de vulnerabilidad y pobreza”. El País. 

Observatorio Estatal de Dependencia.

Reforma SOTE: mites.gob.es

Europa Press. 14 Junio 2022. Junta Eulen aprueba resultados de 2021, con beneficio de 45 millones y ventas de 1532 millones. Europa Press.

Juan Carlos Alcaide Casado, 28 Septiembre 2021. Silver Economy: una economía de retos. El País.