El Ministerio de Igualdad del Estado español prevé presentar la Estrategia de Cuidados Estatales a mediados de marzo, en colaboración con el Ministerio de los Derechos Sociales. Antes de acabar la legislatura, las fuerzas progresistas utilizan una última baza para dar a conocer la hoja de ruta del sistema de cuidados. El debate sobre la cuestión no se agota en las instituciones, ya que desde los márgenes también se ha subrayado la necesidad de estas políticas de cuidados, como eje transformador. Algunas a nivel estatal, otras a nivel nacional o a nivel autonómico, y sin embargo, todas se diluyen en el planteamiento de un Estado de Bienestar, que está en plena descomposición y cada día hace más evidente la falsa ilusión de la alternativa bajo el capitalismo.

La cuestión del trabajo doméstico y de cuidados ha sido un punto central respecto al planteamiento de liberación de la mujer trabajadora y, por lo tanto, es innegable la importancia que adquiere su resolución. Comprenderla dentro de la relación social capitalista y encauzar procesos de lucha por revertirla, es una tarea de primer orden.

Abordamos mediante este texto los límites de las propuestas sobre el cuidado, provengan éstas de políticos profesionales o se erijan de lo más bajo. Sin intención de entrar demasiado en debates teóricos, es de nuestro interés tratar, desde una posición crítica, la estrategia y formas organizativas que se asientan en torno a la demanda de un sistema de cuidados de carácter público y comunitario.

El contexto de crisis se caracteriza por la incapacidad de acumulación de ganancia, fundamento que rige todos los ámbitos y, por ende, mayor dificultad de mantener la posición de clase de la burguesía. El tope que supone la crisis capitalista respecto al aumento del beneficio económico y su acumulación, exige la reestructuración interna del mismo sistema. Lo que implica reformas y ajustes que posibiliten abrir un nuevo ciclo de acumulación, o lo que venimos llamando como una ofensiva económica y política por parte de la burguesía contra la clase trabajadora. Quienes tienen la capacidad de decisión sobre el proceso productivo global son los que promueven estas medidas mediante diversas instituciones, que devalúan como hemos mencionado a la clase trabajadora y, así, generalizan la condición proletaria como existencia de vida dentro de la misma.

En materia de trabajo doméstico y de cuidados, este proceso pone de relieve dos cuestiones: la primera, la tendencia declinante de las condiciones de trabajo del sector, mayoritariamente femenino y de la calidad de los mismos servicios, y la segunda, tiene que ver con la gradual privatización de los servicios de cuidados y limpieza por parte de las empresas privadas, dependiente, en última instancia, de la inversión económica de las instituciones públicas. Y es importante señalar la colaboración de las instituciones en esto, ya que cumplen una función esencial: subcontratan a esas empresas, establecen las condiciones de trabajo, y refuerzan su privatización.

Esta situación, incapaz de satisfacer las mejoras salariales y garantizar el acceso y la calidad de los servicios, genera una creciente preocupación social, por el deterioro de aquellos servicios que han resultado primordiales para la reproducción de la clase trabajadora. Esta impotencia se traduce en ciertos sectores de la izquierda en una propuesta programática para la cuestión del trabajo doméstico y de cuidados. Indiferentemente de la forma organizativa que adopten, abogan por el reconocimiento y garantía de los cuidados como motor transformador de la decadencia social, y se vertebra mediante tres ejes: el derecho a recibir cuidados, del derecho a cuidar en condiciones de igualdad y el derecho a trabajar en condiciones dignas. Con ello procuran la construcción de una nueva cultura de cuidados, a saber, bajo un cambio sustancial en la organización de la vida, que traería consigo la gradual transformación hacia una sociedad más justa y decente. El derecho colectivo al cuidado se convierte en la consigna estratégica y su fundamento en una simbiosis entre el Estado y la comunidad, que se da siempre bajo las coordenadas del capital y que es, en definitiva, la que dicta la cualidad de toda relación social.

La reestructuración del cuidado, desde un punto de vista comunitario, implica la participación de diferentes agentes en el proceso, entre los cuales existiría una relación de cooperación. Instituciones que recurren al refuerzo de las prestaciones públicas, cooperativas que trabajan en aras de una economía social transformadora que se comprometerían a mantener contratos sociales y condiciones laborales justas, y colectivos sociales que serían la base social de todo este engranaje. Todos ellos promulgan, en mayor o menor medida, una respuesta desde abajo a la crisis de los cuidados, demandando la ampliación de derechos al Estado, lo que viene a ser profundizar en políticas públicas y complementar aquellas mediante redes locales voluntarias, basadas en la solidaridad.

Este planteamiento presenta al Estado como agente neutral, con capacidad de decisión sobre la economía y la financiación. El problema, por lo tanto, no reside en su carácter clasista, sino en una mera cuestión técnica, que podría solventarse con un cambio de voluntad, dicho de otra forma, reforzando algún partido institucional que planteara estas mismas políticas y gestionara su aplicación, las cuales se mantendrían por la presión social de la calle.

Al mismo tiempo, se comprende que de alguna manera el reforzar las políticas públicas necesita de financiación económica que las sustente. Por lo que se plantea una redistribución equitativa de los beneficios, mediante reforma fiscal. Existen así, a su juicio, capitalistas (frente a unos malvados usureros) en los que podemos confiar, y pensar que su bondad los llevará a tomar la decisión de salvaguardar los intereses del proletariado, dejando sus privilegios de lado y, a propósito, negando su existencia de clase. En conclusión, todas las respuestas provenientes de esta concepción terminan siendo, por un lado, reivindicaciones a las instituciones y, por otro, medidas locales de carácter asistencial que terminan complementando las carencias que las administraciones públicas presentan en su labor. Además, en tiempos de crisis, la proyección del deseo formal encuentra mayores límites en la falta de aplicabilidad, ya que mantener los beneficios de la clase poseedora exige recortar las inversiones de la reproducción social del mismo sistema y, en concreto, de la clase trabajadora: sanidad, educación, servicios de cuidados...

La retórica discursiva, además, la completan con la creación de redes comunitarias de cuidados, por ejemplo, las vecinales o las de los pueblos. Apuestan por la construcción desde los márgenes como forma de resistencia, que en última instancia plantea crear pequeños oasis de no-capitalismo. La revolución, la socialización de los medios de producción (también de los cuidados), queda olvidada en favor de una estrategia de "los comunes" que serían actividades autoorganizadas de construcción de lo común, pensando fuera del capital. Es decir: no apunta a las causas y, por lo tanto, se limitan a ser experiencias concretas y parciales. No suponen la construcción de un sujeto capaz de confrontar el poder del capital, y en consecuencia, desarrollar un proceso emancipatorio para toda la humanidad.

Las propuestas que se sitúan en la posibilidad de cambio dentro del capitalismo, vinculan los intereses inmediatos con reivindicaciones formales. La acción política y la posibilidad de lucha quedan así relegadas a los límites del Estado, de lo que permite y lo que no. Esto borra cualquier indicio de respuesta organizada que identifique la necesidad y voluntad de revertir la situación, bajo los parámetros de la independencia de clase. A tal efecto, la reforma deja de ser un espacio de educación política para aumentar nuestras capacidades, y se convierte en un medio para mantener las condiciones existentes: misma miseria y subordinación del proletariado.

Toda la actividad política que se enmarca dentro de esta lógica, aunque genere un marco de comprensión a priori de rechazo o alternativo, carece de una hoja de ruta revolucionaria, puesto que no llegan a asumir las implicaciones prácticas de su análisis. En última instancia, el trabajo que realizan estas expresiones políticas es capitalizado por partidos políticos profesionales y su ala izquierda, que no tienen mayor objetivo que el de sostener su posición en la gestión del capital mediante el acaparamiento de votos.

La cuestión del trabajo doméstico y de cuidados exige adoptar un enfoque integral, que encauce la lucha política bajo unos conceptos estratégicos claros. Entendemos que su solución implica, por un lado, terminar con la división sexual del trabajo, que requiere a la vez acabar con la división social del trabajo, basada en el beneficio económico. Y, por otro lado, implica la socialización universal del trabajo doméstico, a diferencia de las propuestas de estatalización o publicación de los servicios, que seguirían estando subsumidos a la dinámica del capital, y, por consiguiente, no van a garantizar una atención de calidad y gratuita para todas las personas, ya que, como se ha mencionado, eso implicaría dejar su privilegio de clase de lado, por el bienestar general.

Esas líneas estratégicas son fundamentales para garantizar unas condiciones de vida y de trabajo de calidad e iguales para todas las personas, terminando con la jerarquía de los procesos de trabajo en función de la cualificación y garantizando el mismo reconocimiento social para todos ellos. También son premisa para asegurar en términos reales el derecho a ser cuidados y a cuidar, de manera digna y humana, con garantías tanto en las condiciones de las personas que lleven estos procesos acabo, como en las condiciones de las que las reciban. Y terminar así, con la carga que muchísimas mujeres proletarias llevan encima, por los trabajos que realizan en su familia y en otras familias en las que las mujeres de clase media han podido liberarse de esas funciones. De igual modo, permitiría proteger los servicios necesarios para tener una vida de calidad de todas las familias proletarias, las cuales a día de hoy no pueden hacerlo en muchos casos por la incapacidad de realizarlos por falta de medios, tiempo y fuerza.

El estudio crítico de las experiencias anteriores en materia de cuidados, puede servir como punto de partida para concretar posibles iniciativas e instituciones al servicio de la construcción del socialismo. Casas cuna, jardines de infancia, comedores, lavanderías y organizaciones deportivas o de tiempo libre son ejemplos de diferentes procesos socialistas en la historia, que dieron un primer empujón a la socialización de estos trabajos y facilitaron la integración de la mujer trabajadora como agente político en el trabajo militante. Sin embargo, es importante enmarcar la lucha política desde la actualidad. La organización y la lucha socialista no cristalizan simplemente la indignación social como denuncia, sino que articulan la potencia del proletariado en su conjunto para plantear una solución.

Para este fin, es necesario plantear procesos de lucha en este ámbito también. Deben ser luchas y experiencias que permitan garantizar la supervivencia del proletariado en las mejores condiciones para desarrollar la lucha política y deben servir de experimentación de un poder socialista, siempre y cuando sean complementarias al proceso de desmontaje del capitalismo. Por eso, todo este planteamiento tiene que traer consigo una activación política de la mujer trabajadora y, a su vez, un avance en la construcción de un poder independiente, a favor de una sociedad que garantice el bienestar de todas y todos.