«¿Qué es "reparto equitativo" ¿No afirman los burgueses que el reparto actual es "equitativo"? ¿Y no es éste, en efecto, el único reparto "equitativo" que cabe, sobre la base del modo actual de producción? ¿Acaso las relaciones económicas son reguladas por los conceptos jurídicos? ¿No surgen, por el contrario, las relaciones jurídicas de las relaciones económicas? ¿No se forjan también los sectarios socialistas las más variadas ideas acerca del reparto "equitativo"?»

KARL MARX, Crítica al programa de Gotha

Este reportaje recogerá algunas claves sobre la forma que adopta la estratificación de clases dentro de las cooperativas, para fijarse en el lugar que ocupa el proletariado en el seno de las cooperativas. ¿Hay sitio para el proletariado en las diferentes cooperativas que conocemos aquí y ahora? ¿Cuáles son sus condiciones económicas y políticas?

Según el concepto que se determina en el seno del derecho burgués, la cooperativa es una empresa en el cual la propiedad jurídica la posee una asociación formada por trabajadores. Esta conceptualización realiza, por definición, una abstracción extrema de una realidad material mucho más compleja, distorsionando las relaciones sociales capitalistas de producción y estableciendo categorías burguesas de interpretación del control sobre ellas. Hay pequeñas cooperativas formadas solamente por trabajadores que no materializan acumulación alguna de capital y apenas logran reproducir la fuerza de trabajo de sus miembros. Otras cooperativas, en cambio, son corporaciones gigantescas con una evidente jerarquía, y en su interior hay figuras burocráticas que se aprovechan claramente de la explotación sobre la fuerza de trabajo del proletariado. Puede decirse que el concepto jurídico burgués de cooperativa enraizado en el sentido común oculta esta realidad material, por lo que conviene desmentirla mediante la crítica de la economía política.

Según las ilusiones cooperativistas, puede parecer que los trabajadores tienen derecho a un control sobre la producción en el marco legal del capitalismo, sin quebrar el principio de propiedad privada, en pacífica convivencia con el Estado burgués y basado en la voluntad de los que la forman. Es decir, afirmar que las cooperativas pueden ser en sí mismas una alternativa económica o política adecuada es aceptar que la clase trabajadora y la burguesía tienen las mismas posibilidades reales de competir en el mercado, y aun en los casos en que se reconocen los desequilibrios materiales existentes entre ellas, se llega a la conclusión de que las cooperativas pueden suponer una alternativa más ética actuando bajo esos parámetros; una especie de «socialismo sin revolución» dentro de las unidades particulares de producción. De ahí que el colectivo editorial Cuadernos de Negación (CdN) subraye que las cooperativas o «la autogestión» no son una alternativa al capitalismo, sino una alternancia en su seno[1]. En ese sentido, la autogestión o modelo cooperativo no se debe refutar como “auto-explotación”, sino como “una autogestión de la explotación al servicio del capital”. Pues no hay que olvidar que el sujeto explotador no es un patrón u otro, y que el explotado no es un proletario u otro; es la burguesía, como clase, la que explota todo el proletariado, cualquiera que sea el modelo administrativo de explotación. ¿Y qué supone eso? En el fondo, que el antagonismo entre la burguesía y el proletariado no está en las relaciones personales entre los individuos, sino en las relaciones sociales generales de producción. Es decir, no podemos liberarnos de la condición de expropiado o explotado mediante la mera voluntad propia, la concienciación o el pago de la cuota de autónomo, porque la explotación no está en la mente de quienes la padecemos, en las interpretaciones que podamos hacer al respecto, en la presencia física de un superior o en la nomenclatura jurídica, sino en las condiciones generales de producción. Lo que vemos en estas condiciones es que la clase obrera no ejerce ningún control sobre los medios de producción, las materias primas, la manufactura, la distribución, la publicidad o el consumo. Aunque los trabajadores ahorren un poco y formen cooperativas, podrán gestionar unas proporciones de producción social muy reducidas y sencillas en el seno del capitalismo. En consecuencia, la adaptación de términos para referirse a la misma realidad material o “actuar de buena fe” en ella no es suficiente para la abolición de la explotación de la fuerza de trabajo. El hecho de ocultar o tergiversar la explotación supone, por el contrario, esconder y perpetuar el carácter de clase de la sociedad capitalista. «Porque la explotación no es una cuestión cuantitativa de niveles, no podemos estar más o menos explotados», recuerda CdN.

No podemos liberarnos de la condición de expropiado o explotado mediante la mera voluntad propia, la concienciación o el pago de la cuota de autónomo, porque la explotación no está en la mente de quienes la padecemos, en las interpretaciones que podamos hacer al respecto, en la presencia física de un superior o en la nomenclatura jurídica, sino en las condiciones generales de producción

Pero no sólo eso. Hay que recordar que en la medida en que el mercado es una dinámica autónoma con respecto a la voluntad individual, no se distingue entre un mercado “bueno” formado por trabajadores y uno “malo” controlado por los grandes capitalistas; el mercado es uno y único. No importa qué productor privado haya producido la mercancía o cómo la haya producido, siempre que genere ganancia. Para generar ganancia es imprescindible que el trabajo privado de los productores entre en contacto en el mercado en términos de equivalencia con el trabajo privado de todos los demás, como trabajo social, al fin y al cabo. Desde este punto de vista, la fuerza de trabajo que manejan las cooperativas no es más que una mercancía más, mientras que todas las demás particularidades que se le atribuyen son marketing para convertirlas en mercancías más fáciles de vender. En ese sentido, CdN aclara que las cooperativas han desarrollado su propio discurso de marketing: “Así como una bebida no importa si quita la sed sino que sea sinónimo de fiesta, una golosina no necesita alimentar sino ser “divertida” y un producto hecho en cooperativa es, antes que nada, más correcto que los demás, por lo que se asocia más a una política que a una satisfacción, o a la satisfacción de una falsa necesidad política[2]”.

Por eso es habitual escuchar en el seno del cooperativismo expresiones como “Podemos producir dentro o fuera de las fronteras del capitalismo, pero el problema viene cuando tenemos que comercializar productos”. Esta idea es totalmente errónea porque entiende la producción, el intercambio y el consumo de forma aislada, y no como momentos diferentes de un proceso único. El productor cooperativista no decide lo que debe producir, lo hace en función de las necesidades de la sociedad burguesa. «Cuando “sale” a vender su mercancía no se encuentra con el mercado; éste ya ha establecido qué y cómo debe producir, incluso sus posibilidades y objetivos», afirma CdN. En efecto, en la sociedad capitalista toda producción es producción de mercancías, producción de cambio. La cuestión no se reduce, pues, a la esfera de la circulación o a la de la distribución, ni se encuentran en ella algunas mercancías producidas de un modo “capitalista” y otras de un modo “no capitalista”.

EL FILTRO DE CLASE

En las primeras líneas del texto hemos problematizado de forma simple la función ideológica anticomunista general que históricamente han desempeñado las cooperativas frente a los trabajadores. Pero la imposibilidad estructural de emplear a todos los trabajadores mediante este modelo de gestión del trabajo asalariado es evidente, y se encargan de recordarlo los aparatos estatales, el mercado de trabajo y las carencias materiales del proletariado. A partir de ella se pueden ver los límites estructurales que la propaganda reformista utópica encuentra en la realidad. A continuación, pues, nos fijaremos en el modo específico en que las cooperativas mantienen al proletariado alejado de la propiedad de los medios de producción, relegado a la distribución del producto social y explotado en la extracción de plusvalía. Para ello, nos fijaremos en las que tenemos a nuestro alrededor.

La constitución de cooperativas o la pertenencia a una cooperativa constituida requiere una inversión inicial; la cuantía de esa inversión la determinan la legislación nacional o los estatutos de cada cooperativa. Para pagarlo, lo habitual es recurrir a ahorros, créditos o subvenciones familiares, en este concreto orden. La disponibilidad de estos recursos tiene un marcado carácter de clase que, más exactamente, suele depender de una estratificación de clase. ¿Cómo va a entrar el proletariado en las cooperativas, si las unidades familiares con capacidad de ahorro en el Estado español son solo tres de cada diez?[3]. ¿Cuántos serán los proletarios que tendrán acceso a las cooperativas, si cuatro de cada diez habitantes del Estado español viven “sobreendeudados” por la vivienda? Es decir, ¿si este sector tiene que destinar más del 40 % de sus ingresos mensuales a pagos relacionados con el hogar?[4]. Se ha comprobado que uno de cada cinco habitantes tiene en su cuenta corriente el equivalente a 400 euros mensuales de patrimonio, lo que supone que cerca de 10 millones de personas a nivel estatal tienen dificultades para pagar la renta del hogar frente a gastos imprevistos[5]. El precio medio de los alquileres alcanzó los 1.373 euros mensuales en enero de 2023, y son muchas las personas que tienen grandes dificultades para hacer frente a estos gastos. Si a eso le sumamos la subida del 15 % que han sufrido los alimentos y los últimos incrementos de carburantes y electricidad, los cuales se han encarecido en torno al 73 % en los últimos seis años, el panorama es desolador. Pedir al proletariado que invierta en cooperativas en medio de este contexto de pobreza es como pedir que haga una talla de madera a quien está tirando muebles al fuego para calentar la casa.

Pedir al proletariado que invierta en cooperativas en medio de este contexto de pobreza es como pedir que haga una talla de madera a quien está tirando muebles al fuego para calentar la casa

Más allá de la coyuntura inflacionaria que absorbe los ahorros de la clase obrera a favor de los beneficios de la burguesía, en este momento histórico existen también elementos estables que dificultan aún más el acceso del proletariado a ciertas cooperativas (las más exitosas), como la educación. Para acceder a cooperativas que se dedican a ámbitos como la industria, la innovación y las finanzas no basta con hacer aportaciones económicas, ya que cada vez se demandan titulaciones académicas más altas y competencias más exigentes. El título universitario tampoco es suficiente en sí mismo, ya que las cooperativas más competitivas de nuestro entorno seleccionan las credenciales educativas más apreciadas en el mercado laboral para responder al alto grado de especialización del trabajo. Estos estudios se adquieren mayoritariamente en las universidades privadas y la exigencia académica en las públicas es tan alta que compaginar los estudios con un puesto de trabajo a tiempo completo es inviable, exige que haya un determinado “capital cultural” en la familia, etc. Es decir, se está acabando la opción de entrar a la empresa con las manos vacías y con “ganas de trabajar”, hacer la aportación necesaria con los primeros salarios recibidos y tener una larga, estable y fructífera trayectoria profesional. Las cooperativas más exitosas del centro imperialista occidental carecen hoy de la capacidad que tuvieron en el siglo XX para absorber una fuerza laboral de baja cualificación.

Prueba de ello es que la población que trabaja en las cooperativas es relativamente baja. En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, por ejemplo, 58.700 personas trabajaban en cooperativas en 2018. Aunque se trata de un número significativo, hay que tener en cuenta que esto suponía el 6 % de la población empleada en ese momento en los tres territorios; no el 6 % de la masa total de trabajadores, sino de los que tenían empleo[6]. Si incluyéramos también en la ecuación a los parados y otros sectores de la clase trabajadora, nos daríamos cuenta de que la proporción de trabajadores que emplean las cooperativas es aún más reducida. También destaca la escasa presencia en las cooperativas del segmento de edad en el que el proletariado está más extendido: en 2020 la proporción de jóvenes que trabajaban en cooperativas apenas llegaba al 1,2 %[7].

Por otro lado, la Ley de Cooperativas aprobada por el Gobierno Vasco en 2019 permitió que el porcentaje de trabajadores no socios fuera del 30 %, un 5 % más que la normativa anterior[8].La medida permite la llamada “flexibilidad laboral” durante la crisis, es decir, ahorrar costes de la fuerza de trabajo. ¿Cómo? Aumentando la proporción de trabajadores no socios con condiciones laborales más precarias. Por otra parte, también se permitió la incorporación de “gestores no socios” en el seno de los directivos, como veremos más adelante, para impulsar lo que ellos denominan “profesionalización de la gestión cooperativa”. En consecuencia, se observa que el acceso de los trabajadores de alto nivel a las cooperativas que se reparten los beneficios en épocas de crisis es cada vez más difícil, mientras que la contratación de trabajadores con peores condiciones de trabajo crece exponencialmente. Los proletarios pueden estar en las cooperativas, pero sólo como invitados y en una posición subordinada.

Se observa que el acceso de los trabajadores de alto nivel a las cooperativas que se reparten los beneficios en épocas de crisis es cada vez más difícil, mientras que la contratación de trabajadores con peores condiciones de trabajo crece exponencialmente. Los proletarios pueden estar en las cooperativas, pero sólo como invitados y en una posición subordinada

Para conocer de forma más precisa las entrañas de este circuito económico clasista y la situación actual, hemos hablado con una persona que trabaja en la Corporación Mondragón. En primer lugar, habla de las aportaciones o participaciones, y dice claramente: «Las participaciones, las aportaciones de capital, van subiendo año tras año, igualando el importe inicial. Esto es posible en las cooperativas que funcionan correctamente, es decir, cuando la relación entre los ingresos y el número de cooperativistas a distribuir dividendos es positiva». Sin embargo, recuerda que en 2011 hubo algunas adaptaciones legales para casos en los que las cosas no van bien. Desde que Fagor Electrodomésticos entró en concurso de acreedores, si hay pérdidas, no se devolverán las aportaciones o se devolverán por un importe inferior al correspondiente. En la actualidad, personas cercanas a la jubilación en Euskal Herria han trabajado en cooperativas desde los 18 años; por ejemplo, los que en su día harían una aportación cercana a los 9.000 euros. El entrevistado subraya que en la actualidad aquellas aportaciones pueden costar “300.000 euros o más”. Dado que el plazo máximo de pago es de cinco años, si la cooperativa está en pérdidas y puede aportar pruebas de ello, “la empresa acabará pagando mucho menos”, recuerda el cooperativista. A pesar de la gran cantidad de casos que han llegado a los tribunales, afirma que muchas veces se llega a acuerdos: “A pesar de tener una pérdida relativa, sacar 150.000 euros de una inversión de 9.000 euros no está nada mal”.

COOPERATIVISMO DE ÉPOCA DE CRISIS

El anterior no es el único cambio que ha supuesto la crisis de la última década en el cooperativismo de Euskal Herria. El miembro de Mondragon ha explicado que tras el caso de Fagor la Corporación Mondragón creó la cooperativa Udalaitz S. Coop., que no tiene sede social y que es utilizada como Empresa de Trabajo Temporal (ETT). «Dicen que lo hicieron como favor a los cooperativistas que se quedaron colgados», apunta. Aunque legalmente parezca extraño, básicamente se trata de una ETT orientada a ubicar a estos trabajadores de cooperativa en cooperativa: “Primero te dejo en esta cooperativa, sigues siendo socio de Udalaitz, pero cobras en otra cooperativa, y si finalmente no eres admitido como socio y te despiden, te llevo a otra y si no, a otra”, nos comenta el cooperativista. Quienes no consigan ser socios de otras cooperativas pueden pasar unos años así; trabajando temporalmente y cobrando el paro cuando no trabajan. Udalaitz, sin embargo, no es cosa del pasado: “En cuanto a los concursos de acreedores, ahora hay un concurso de la matriz de Igorre (Bizkaia) en el que también se está utilizando Udalaitz”, reconoce el miembro.

Tras el caso de Fagor la Corporación Mondragón creó la cooperativa Udalaitz S. Coop., que no tiene sede social y que es utilizada como Empresa de Trabajo Temporal (ETT)

La Corporación Mondragón cuenta con una especie de bolsa de fondo perdido para salvar a las cooperativas que empiezan a hundirse. En estos casos, el Banco Santander, La Caixa y otros bancos prohíben a la Corporación beneficiarse de estas operaciones. Sin embargo, es evidente que la financiación de este fondo de rescate plantea numerosos problemas en el seno de Mondragón. En los casos de Ulma y Orona se ha constatado que las empresas más rentables del grupo tienen cada vez más desconfianza en destinar parte de sus beneficios a ella. Por su parte, la fuente de la Corporación Mondragón ha asegurado que en las empresas inmersas en concursos de acreedores se aprovechan de “numerosas ingenierías tanto jurídicas como fiscales” para llevar a cabo operaciones carroñeras como el desalojo y venta de inmuebles.

Por otro lado, las cooperativas con capacidad inversora en Investigación y Desarrollo (I+D) gozan de muchas facilidades fiscales por parte del Estado, y lo mismo ocurre si se incorporan a “proyectos sociales y culturales”. A juicio del entrevistado, “en las oficinas se piensa constantemente en estrategias de rentabilidad, llegando a la última línea de la empresa muy poca información”. ¿Hasta qué punto sabe el trabajador cooperativista normal sobre lo que está pasando en su empresa? El miembro lo tiene claro: “Hasta que no están hundidos, uno no es consciente de la situación”.

FILIALES

En el seno de las cooperativas de éxito hay una gruesa línea que separa el proletariado de la aristocracia obrera: la de las filiales. De hecho, todos ellos tienen filiales que se encuadran dentro de las categorías empresariales S.L o S.A. En realidad, los trabajadores con mejores condiciones laborales, los socios, trabajan en la sociedad matriz, no en las filiales. Como es sabido, la mayoría de las filiales están en Sudamérica, África, China o Europa del Este. En estas áreas geográficas reside todo el sustento económico de las matrices. De no ser por las condiciones laborales que existen en las filiales periféricas, los salarios del trabajador del centro imperialista, los seguros médicos privados, los rendimientos de capital que se generan anualmente para la jubilación, las vacaciones, los coches y otras prebendas caerían como un castillo de naipes.

De no ser por las condiciones laborales que existen en las filiales periféricas, los salarios del trabajador del centro imperialista, los seguros médicos privados, los rendimientos de capital que se generan anualmente para la jubilación, las vacaciones, los coches y otras prebendas caerían como un castillo de naipes

Pero la función de la división entre filiales y matrices no se reduce a la separación y reproducción de clase. Es también un cortafuegos jurídico y moral: “Da seguridad jurídica. Si un proyecto sale mal, la SL de allí aborta y no afecta a la cooperativa, más allá de los beneficios”, explica el trabajador de Mondragon. Es más, asegura que a través de las filiales también se embarcan en “macroproyectos de alto índice de corrupción y riesgo”. Reconoce que los asesores fiscales de las cooperativas vuelven al País Vasco “con las maletas llenas de billetes”. “Luego se encargan de limpiar ese dinero como sea. Pero ¿cómo lo pasan por las aduanas de los aeropuertos? Eso es un misterio”, ha añadido. Lo que sí tiene claro es que “tanto en este tipo de operaciones como en la compraventa de filiales extranjeras se mueve mucho dinero”.

De la mano de la “profesionalización de las cooperativas” mencionada en la reforma de la Ley de Cooperativas de 2019 se han multiplicado las figuras de “gestores” y “asesores”. El trabajador de Mondragon explica con el ejemplo de Orona en qué consiste, así como su relación con las filiales: «Había un presidente en el Consejo Rector de Orona que ha sido el encargado de impulsar todo el proceso de salida. Pues bien, esa persona ya no es el presidente». Según explica, Orona tiene una SA encargada de hacer los contratos, cuyo dinero va a parar a la cooperativa. A partir de ahí aclara que hay todo un complejo de ingeniería fiscal: “Esa persona es el presidente de esa SA. Este tipo de figuras cobran dividendos porque son capitalistas, pero en las cooperativas aparecen como socios cooperativos, sin trabajar para la cooperativa, sino como asesores”. Para decirlo de otra forma, hay asesores socios cooperativos que trabajan y cobran dividendos del filial.

LA MISERIA ANTIPROLETARIA DEL COOPERATIVISMO

Hoy en día hay cooperativas entre las 181 empresas que explotan a trabajadores en las cárceles del Estado español. La Sociedad Limitada Cooperativa Alecop, filial asociada a Mondragon Lingua, utilizaba en 2017 la fuerza de trabajo de los presos en la producción de cables en la cárcel alavesa de Nanclares de la Oca[9]. Si se analiza la lista de empresas que tenían convenios con el Ministerio del Interior en 2022, se observa que Alecop mantenía el acuerdo con el Instituto Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (IFOP)[10]. Seguramente, Alecop no será la única cooperativa que ha explotado a los presos, pero como casi todo lo que ocurre dentro de los muros de las cárceles es muy opaco, no podemos decir con certeza cuáles son el resto.

De todos modos, aunque las autoridades y la mayoría de los medios de comunicación tratan de cubrirlas, algo sabemos de las condiciones de trabajo en las cárceles del Estado español,. En primer lugar, las relaciones laborales en prisión no se regulan por el Estatuto de los Trabajadores, sino por el Real Decreto 782/01. Según este decreto, el trabajo en los centros penitenciarios sería una “relación laboral de carácter especial”, es decir, no garantiza los mismos derechos que los trabajadores normales y deja vía libre a la tiranía burguesa: los salarios se pagan muy por debajo del mínimo legal (entre 200 y 300 euros al mes), no tienen derecho ni a vacaciones, ni a sindicarse, ni a coger bajas por enfermedad, si los despiden no tienen pagas extras ni finiquitos, la empresa no les paga si no hay trabajo, etc. Según los cálculos extraídos por El Salto, en junio de 2022 los presos que trabajaban en talleres de prisiones del Estado español recibían una media de 3,98 euros por hora. Los que acabamos de mencionar serían las “mejores” condiciones laborales de la prisión, ya que las tareas de economatos, cocinas y cafeterías de los centros penitenciarios ni siquiera se pagan, directamente. Por si todo lo anterior fuera poco, estas empresas también reciben subvenciones públicas por explotar a los presos.

DERECHOS POLÍTICOS

En las cooperativas, a diferencia de las prisiones, el derecho a sindicarse está reconocido; o, mejor dicho, no hay prohibición expresa. Y es que en las cooperativas no hay órganos de representación de los trabajadores, es decir, los sindicatos no están organizados en el seno de las cooperativas. “Los trabajadores pueden estar sindicados individualmente pagando las cuotas correspondientes con los derechos que ello conlleva (abogado, etc.), pero dentro de las empresas no hay ningún sindicato”, explica la fuente de Mondragón. En su lugar se encuentran los órganos denominados Consejo Social, que son los que en teoría protegen los intereses de los socios (no de los trabajadores). A fin de cuentas, hay que recordar que el mismo Consejo Social forma parte a la vez de la empresa, y que no representa políticamente los intereses de los trabajadores no socios. Es, por tanto, en este vacío donde el sindicalismo y otras manifestaciones de la lucha obrera se manifiestan en el seno de las cooperativas: donde hay mayores proporciones de trabajadores asalariados por cuenta ajena, en los sectores más proletarizados de la clase obrera cooperativa. Por lo demás, los sindicatos no tienen ningún poder ni sentido en el día a día de las cooperativas, ya que la aristocracia obrera defiende directamente sus intereses, tanto como trabajadores como empresarios, en los órganos de representación de la empresa. El miembro de Mondragón describe en el mismo sentido las delegaciones de los Consejos Sociales: «Históricamente han tenido ese tono socialdemócrata».

Los sindicatos no tienen ningún poder ni sentido en el día a día de las cooperativas, ya que la aristocracia obrera defiende directamente sus intereses, tanto como trabajadores como empresarios, en los órganos de representación de la empresa

REFERENCIAS

[1] Cuadernos de Negación, 12. tomo. Crítica de la autogestión. 2018.

[2] Ibídem.

[3] GEDAR LANGILE KAZETA. Espainiako Estatuko hamar familiatik hiruk baino ezin dezakete aurreztu, indarrean den inflazioaren eraginez. (15 de julio de 2022). gedar.eus.

[4] GEDAR LANGILE KAZETA. Alokairuaren prezioak maximo historikoetan daude Espainiako Estatuko hiriburu gehienetan (15 de noviembre de 2022). gedar.eus.

[5] GEDAR LANGILE KAZETA. Espainiako Estatuko bost biztanletik batek 400 euroko ondarearen baliokidea dauka kontu korrontean (11 de noviembre de 2022). gedar.eus.

[6] Larrakoetxea, C. La futura Ley vasca de cooperativas permitirá que haya más trabajadores no socios (18 de diciembre de 2018). elcorreo.com.

[7] Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila. Gazteen Euskal Behatokia (Koord.) Euskadiko Gazteak 2020/2021. Gasteiz, 2022. pág.24

[8] Larrakoetxea, C. La futura Ley vasca de cooperativas permitirá que haya más trabajadores no socios (18 de diciembre de 2018). elcorreo.com

[9] Requena, A. 120 empresas emplean a miles de presos sin apenas derechos laborales (16 de abril de 2017). eldiario.es.

[10] Poloi. Trabajando por cuatro euros a la hora en la cárcel (29 de octubre de 2022). elsalto.com.