El planeta tierra y la humanidad afrontan un reto existencial en los próximos años, y es que el punto de no retorno para evitar el colapso ecológico está muy cerca de ser sobrepasado. Ante esto, empresas, gobiernos y organizaciones internacionales están trazando distintos planes para intentar frenar el cambio climático. Pero estos planes, lejos de ser efectivos para evitar el desastre natural, están mostrando sus límites, al basarse en las lógicas de mercado y competencia capitalistas y querer externalizar los costes del cambio climático a la clase trabajadora y la periferia global.

Como ocurre anualmente en la ciudad suiza de Davos, a inicios de 2024, los mayores capitalistas del mundo junto a los principales líderes políticos se reunieron para debatir sobre los retos que el mundo aborda en el futuro cercano. Aunque más bien trataron de solucionar el problema de cómo asegurar la supervivencia del sistema capitalista que todos ellos defienden. El Foro Económico Mundial, o Foro de Davos a secas, advirtió en su Informe sobre Riesgos Globales de que cinco de los diez mayores riesgos que afronta el planeta en los próximos diez años son ambientales: eventos climáticos extremos, cambios drásticos e irreversibles de los ecosistemas, pérdida de la biodiversidad, agotamiento de los recursos naturales y polución extrema.

Por tanto, para los grandes capitalistas, la mitad de los grandes problemas que afronta el sistema capitalista son generados por la huella que el propio sistema está dejando en el planeta. “Somos responsables de la posible sexta extinción masiva, pero también estamos en una posición única para responder y evitar sus peores consecuencias”, concluye el informe. Sin embargo, lo que el informe olvida intencionadamente, es que no todos somos responsables del desastre ecológico al que nos enfrentamos, si bien las cargas de sus consecuencias y de ciertas soluciones caerán sobre la clase trabajadora, con mayores efectos en aquella de la periferia global. 

Según un informe de Oxfam del 2023, el 1% más rico de la población es responsable de la misma producción de carbono que el 66% más pobre. Obviando las consecuencias directas de la producción capitalista mediante el uso intensivo de combustibles fósiles, el estilo de vida lujoso, que incluye vuelos frecuentes, conducir automóviles grandes, tener muchas casas y una dieta exótica, se encuentra entre las razones del enorme desequilibrio que muestra el informe de Oxfam. El mismo 2023, la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático (conocida como COP28) se celebró en Emiratos Árabes Unidos, uno de los principales productores y exportadores de combustibles fósiles. Además, fue inaugurada por el director de la compañía petrolera estatal de Dubái.

Según un informe de Oxfam del 2023, el 1% más rico de la población es responsable de la misma producción de carbono que el 66% más pobre

Los mismos que generan el problema quieren repartir desigualmente sus consecuencias y cargas para poder solucionarlo, si es que estamos a tiempo de solucionarlo. Este artículo tiene por objetivo realizar una introducción a los planes que los principales organismos internacionales, potencias globales y grandes empresas están diseñando para tratar de frenar el cambio climático. Para ello nos centraremos en la pugna geopolítica que abre la disputa por la reducción de emisiones de carbono y las consecuencias y cargas que ésta va a tener sobre la clase trabajadora. 

¿EXISTE UN PLAN GLOBAL CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO?

Al referirnos a planes internacionales para frenar el cambio climático, a todos nos viene a la mente la muy en boga Agenda 2030 impulsada por la ONU. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue lanzada en 2015, estableciendo un plan de 15 años para realizar 17 objetivos finales, conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos objetivos van desde la grandilocuente afirmación de querer erradicar la pobreza y el hambre en el mundo, hasta la creación de ciudades sostenibles y la preservación de los ecosistemas. Por tanto, en principio los objetivos del plan diseñado por la organización que agrupa a todos los estados del mundo serían frenar el cambio climático y generar las condiciones para un mundo más igualitario. 

No obstante, estos objetivos no son más que una declaración voluntarista que no obliga a ningún estado a tomar medidas efectivas para la consecución de dichos objetivos. Desde muchos foros, sobre todo de extrema derecha, se vincula la Agenda 2030 con un plan que ciertas élites globalistas han diseñado y que será implantado punto por punto hasta eliminar toda la libertad individual y las particularidades nacionales. Sin embargo, éste no es el carácter de ésta agenda ni de la propia ONU, que está sujeta constantemente a las tensiones interimperialistas de las distintas burguesías y Estados que pugnan por la hegemonía mundial. Dicho de otra manera, no existe una élite global, existe un sistema mundial, el capitalismo, formado por diversas burguesías en pugna y constante pelea por la hegemonía política y económica.

Por tal razón, la Agenda 2030 no es un consenso establecido entre todos los países fruto de un proceso de participación en igualdad de condiciones. Los objetivos que esta agenda establece son consideraciones desiderativas que tienen un carácter más descriptivo de los desafíos que prescriptivo para dar las soluciones. De hecho, los distintos gobiernos nacionales se han asegurado de que esta agenda no los obligue a nada, para así poder dar la imagen de apoyar estos nobles objetivos, pero en realidad seguir manteniendo un marco político y económico que aumenta la desigualdad y el agotamiento de los recursos naturales. La mayor crítica que se le puede hacer a la Agenda 2030 no es su carácter conspiranoico como agenda que va a eliminar la libertad individual, sino el hecho de ser un plan de lavado de imagen que realmente no se va a cumplir, al igual que no se cumplieron el protocolo de Kioto o los Objetivos del Milenio. 

La Agenda 2030 no es un consenso establecido entre todos los países fruto de un proceso de participación en igualdad de condiciones. Los objetivos que esta agenda establece son consideraciones desiderativas que tienen un carácter más descriptivo de los desafíos que prescriptivo para dar las soluciones

Efectivamente, después de nueve años de implantación de la Agenda 2030, es la propia ONU la que admite que los objetivos climáticos de reducción de las emisiones de CO2 y preservación de los ecosistemas están lejos de cumplirse. En el balance hecho por la ONU a finales de 2023, admite que tres cuartas partes del ecosistema terrestre del planeta y alrededor del 66% del medio ambiente marino ha sido alterado significativamente por la acción humana. Las energías fósiles, las más contaminantes, siguen siendo una realidad del día a día de gran parte de la población mundial. Por ejemplo, 2.300 millones de personas siguen dependiendo del carbón, el queroseno o los sólidos de biomasa como principal combustible para cocinar. La falta de una cocina limpia genera casi 3,7 millones de muertes prematuras al año, siendo las mujeres y los niños los que más sufren el riesgo.

Después de nueve años de implantación de la Agenda 2030, es la propia ONU la que admite que los objetivos climáticos de reducción de las emisiones de CO2 y preservación de los ecosistemas están lejos de cumplirse

¿QUIÉN PAGARÁ EL DESASTRE?

Si bien la Agenda 2030 no obliga a los gobiernos nacionales a adoptar diferentes medidas, en la cumbre por el clima de París del año 2015 se llegó al acuerdo intergubernamental de limitar el aumento medio de la temperatura global a 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. También se acordó redoblar los esfuerzos para no superar la cuota de 1,5 grados a final de éste siglo y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Para esto, la reducción de las emisiones de gases invernadero a la atmósfera es clave; es decir, que la cantidad de CO2 liberado a la atmósfera (el principal gas causante del calentamiento global) por la actividad humana sea equivalente a la que absorben los sumideros naturales, como los bosques.

La cuestión es que la mayor emisión de estos gases se genera en la producción industrial capitalista, seguida de la movilidad en transportes como el avión o el coche privado, que generan gran masa de gases de dióxido de carbono. Pero decrecer en la producción industrial capitalista supondría detener el proceso de acumulación que debe estar siempre en expansión. Por ello los planes que la mayoría de los gobiernos están impulsando se basan en una tasación de la movilidad de las personas en coche privado. Además de la confianza en que algún tipo de reconversión industrial hacia tecnologías ecológicas mantendrá el ritmo de la acumulación capitalista sin necesidad de decrecer en la expansión de ésta. 

Lo que parece claro es que el modelo de clases medias occidentales en el que la propiedad de un coche privado constituía un rasgo de estatus social está llegando a su fin. Desde la Unión Europea se está impulsando un plan para convertir de pago todas las autovías. Así mismo cada vez es más necesario ser propietario de un coche moderno y de menores emisiones de carbono para poder conducir en el centro de las ciudades. Se trata de objetivos que pueden parecer lógicos debido al desafío climático que afrontamos; no obstante, al ser implementados en un contexto de devaluación constante de los salarios y niveles de vida de la clase trabajadora, hacen que buena parte de ésta quede de facto excluida de la movilidad. Mientras, las capas más ricas de la sociedad mantienen su derecho a la movilidad sin mayor problema.

Por ejemplo, en la implantación del coche eléctrico en Europa se está replicando el esquema desigual de la división del trabajo europea, con un marcado quiebre entre norte y periferia. Según datos de la consultora automovilística Jato, el coche eléctrico acaparó un 15% de la cuota de mercado en el norte europeo en el tercer trimestre de 2022, frente al 3,8% del sur, casi cuatro veces más. El país que lidera la venta de vehículos eléctricos es Noruega, donde casi tres de cada cuatro matriculaciones son eléctricos. Lejos, en segunda posición, con un 34,5% de cuota, le sigue Islandia. Completando el podio está Suecia, donde el 30,1% de los coches nuevos que se vendieron entre julio y septiembre de 2022 fueron eléctricos. En la otra cara de la moneda se encuentran los Estados periféricos del sur, como España, Italia o Grecia, donde los eléctricos no alcanzan a representar el 4% de las ventas. En el caso español, el eléctrico tiene un 3,51% de cuota.

A pesar de ello, los planes europeos de eliminación de vehículos de gasolina y diésel se están llevando a cabo sin importar si se ha dado una expansión equitativa del coche eléctrico o su sustitución por un sistema de transporte público potente y accesible a todas las capas de la población. Además, la reconversión de los vehículos está recayendo en las mismas grandes empresas que han producido los automóviles de gasolina. BMW, Volkswagen, Audi y Porsche han sido sancionadas por Bruselas por oponerse al desarrollo de tecnología para reducir emisiones, pero a la vez son de las empresas que mayor cuota de fondos europeos están captando para el desarrollo y producción de coches eléctricos. 

Los planes europeos de eliminación de vehículos de gasolina y diésel se están llevando a cabo sin importar si se ha dado una expansión equitativa del coche eléctrico o su sustitución por un sistema de transporte público potente y accesible a todas las capas de la población

Se puede hablar de que los planes internacionales para combatir el cambio climático se basan en una comercialización de la ecología. Es decir, que existirá transición ecológica solamente si esta es rentable. De hecho, las cuotas de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera se venden y cotizan en bolsa. El Banco Mundial cuenta desde 2004 con un fondo denominado Biocarbono para la compraventa de los derechos de emisión de gases de carbono. Esto genera de facto que las empresas con mayor capacidad de compra puedan postergar constantemente el cumplimiento del objetivo de reducción de gases de efecto invernadero mediante la adquisición de estos derechos. 

En definitiva, mientras se limita el derecho a la movilidad de la clase trabajadora, no ocurre lo mismo con las grandes cantidades de emisiones que producen las empresas. Pese a todos los planes internacionales generados para frenar el cambio climático, el problema para la industria capitalista es que sigue siendo más rentable invertir en combustibles fósiles que en proyectos de energía limpia. La Agencia Internacional de la Energía estima que la rentabilidad del capital empleado en la industria del petróleo y el gas fue del 6% al 9% entre 2010 y 2022, en comparación con menos del 6% para los proyectos de energía limpia. Además, todos los planes de reconversión industrial tienen un desigual impacto entre el proletariado del centro imperialista y el de la periferia, como veremos para finalizar este artículo. 

LA CARA B DE LA DESCARBONIZACIÓN

La introducción del coche eléctrico, al igual que otras medidas para reducir los gases de CO2, no son de por sí una solución a la emergencia climática. La introducción en masa del coche eléctrico para mantener la movilidad en unas tasas en las que la rentabilidad capitalista no se vea mermada tiene consecuencias secundarias. Evidentemente, los coches eléctricos no emiten gases de dióxido de carbono, pero para su producción son necesarios minerales como el litio o el coltán, materiales cuya extracción genera unas consecuencias devastadoras para los ecosistemas en los que se encuentran. 

Para el funcionamiento de los coches eléctricos son necesarias las baterías de iones de litio, para cuya producción, además de litio, es necesaria otra gran cantidad de metales raros. La mayor reserva de litio mundial se encuentra enterrada en el subsuelo de la cordillera de los Andes en Chile, mayormente en torno al salar de Atacama. El litio se obtiene extrayendo el agua del subsuelo de éstas salinas y filtrándola. Por lo tanto, para recoger el litio es necesario bombear esta agua subterránea. El problema reside en las cantidades ingentes que es necesario bombear para obtener cantidades considerables de litio, ya que se calcula que una sola empresa minera extrae 1.700 litros por segundo de agua subterránea para la obtención del valioso mineral. 

Este bombeo masivo de agua tiene unas consecuencias terribles en los ecosistemas de la zona, puesto que genera sequía y falta de agua para todo el hábitat de la región andina de Atacama. Por ejemplo, rompe la cadena alimenticia de las especies de la zona al matar a muchas especies que viven en las aguas saladas de éstas salinas, o genera escasez de agua potable para los habitantes de la zona, ya que esta se obtiene mediante la desalinización de las aguas subterráneas. 

Lo mismo se puede decir del coltán, otro mineral básico en la producción de chips para los coches eléctricos. Este se extrae mayormente de la República Democrática del Congo, uno de los países más pobres del mundo. Aparte de que se extrae en minas donde el trabajo esclavo e infantil está a la orden del día, su extracción en masa genera la contaminación de acuíferos y campos de cosechas. Por tanto, la adopción de supuestas medidas ecológicas para reducir el consumo de combustibles fósiles, base de los ODS, muchas veces se basa en la expoliación de nuevos recursos alternativos en la periferia global, con un impacto ecológico irreversible.

La adopción de supuestas medidas ecológicas para reducir el consumo de combustibles fósiles, base de los ODS, muchas veces se basa en la expoliación de nuevos recursos alternativos en la periferia global, con un impacto ecológico irreversible

Una investigación del científico ambientalista Thomas Wiedmann calcula que la huella material que está dejando el proceso de descarbonización supera holgadamente el ritmo de extracción de recursos naturales que puede soportar el planeta, pues además del litio y el cobalto, la producción de tecnologías limpias también requiere de la extracción masiva de aluminio, acero, hierro o cobre. Según datos de ésta investigación, mientras el consumo total de recursos naturales era de 26.700 millones de toneladas en 1970, en la década del 2010 el total ya superó los 100.000 millones de toneladas y se calcula que para 2050 esta cifra alcanzará las 180.000 toneladas. Es decir, el proceso de descarbonización, por paradójico que parezca, se basa en una mayor intensificación de la extracción y en el agotamiento de los recursos naturales. 

Con todo, mientras se trata de reducir las emisiones en el ámbito de la movilidad civil, se olvida intencionadamente la huella de carbono que dejan los ejércitos de las principales potencias capitalistas, con el de EE.UU. a la cabeza. El ejército estadounidense es el mayor consumidor de petróleo del mundo y, como resultado, uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Las emisiones anuales de gases de efecto invernadero del Pentágono suman más de 59 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono. Si fuera un Estado-nación, el ejército estadounidense sería el 47º mayor emisor del mundo, con emisiones mayores que las de Portugal, Suecia o Dinamarca.

Por si esto fuera poco, el ejército estadounidense se está expandiendo constantemente para proteger los intereses estadounidenses en los recursos de petróleo y combustibles fósiles por todo el planeta. Además, las tensiones geopolíticas llevarán al ejército estadounidense a emplearse más a fondo en mantener su hegemonía global, aumentando su huella de carbono. Por ejemplo, una de las consecuencias climáticas que tiene consecuencias directas en el mercado mundial capitalista es la reducción del nivel de agua en los estrechos comerciales. El Canal de Panamá, por cuyas aguas transcurre el 3% del comercio mundial y que es clave para la conexión de los océanos Atlántico y Pacífico, está sufriendo una sequía por la falta de lluvias que obliga a reducir el tránsito de barcos. 

Este hecho ocurre al mismo tiempo que la resistencia yemení ataca barcos mercantes occidentales en las aguas del estrecho de Bab el-Mandeb en solidaridad con el genocidio que está sufriendo el pueblo palestino. Esto pone en jaque el comercio mundial, ya que dos de los principales estrechos que conectan las rutas comerciales se encuentran en peligro. Por ello Estados Unidos ha tenido que trasladar su armada marina a las aguas del mar Rojo, con la gran cantidad de combustibles fósiles que consumen los buques militares. 

Las tensiones geopolíticas interimperialistas, además, provocan un encarecimiento de los alimentos al bloquearse muchas de las rutas por las que estos se transportan, como ya se vio con las consecuencias de la guerra de Ucrania. Este encarecimiento generalizado de los alimentos afecta también en primer lugar al proletariado de la periferia, ya que sus Estados cuentan con una deuda exterior inmensa, lo que los hace especialmente vulnerables a cualquier alza del precio global de los alimentos al no poder financiar la compra de estos. En la actualidad, de los 195 países del mundo, al menos 34 son incapaces de producir su propia alimentación debido a limitaciones de agua o de tierra, la mayoría situados en la región del Norte de África y Oriente Medio.

Por tanto, al igual que el desarrollo capitalista genera un desarrollo desigual de sus partes, creando relaciones de centro y periferia, la propia gestión que se está haciendo del cambio climático está suscitando lo que podríamos denominar como un desarrollo desigual ecológico. Este desarrollo desigual ecológico supone que la reducción de combustibles fósiles en las regiones del centro imperialista se base en la extracción de recursos naturales en la periferia, necesarios para las nuevas tecnologías verdes. Además, las pugnas militares por el aseguramiento de estos recursos golpean sobre todo a las regiones de la periferia global.

Al igual que el desarrollo capitalista genera un desarrollo desigual de sus partes, creando relaciones de centro y periferia, la propia gestión que se está haciendo del cambio climático está suscitando lo que podríamos denominar como un desarrollo desigual ecológico

CONCLUSIONES

En definitiva, todos los planes generados por gobiernos y organizaciones internacionales se basan en la premisa de intentar frenar el cambio climático manteniendo la expansión del proceso de acumulación capitalista. Pero esto es una incoherencia en sus propios términos, ya que el proceso de acumulación capitalista depende de la rentabilidad, y apostará por métodos que puedan ser válidos para evitar el colapso ecológico solamente mientras se mantenga dicha rentabilidad. Ante ello, de momento estamos viendo que la carga de evitar el colapso ecológico está recayendo sobre las capas de la clase trabajadora, a la que se le limita su derecho a la movilidad, cuando muchas veces depende del coche privado contaminante para su trayecto al trabajo asalariado.

Mientras tanto, toda la industria de la reconversión industrial se basa en una externalización de los costes ecológicos a los territorios periféricos, que pagan la reducción de emisiones de carbono en las regiones del centro del sistema a cambio de la extracción masiva de sus recursos naturales. Para evitar el colapso ecológico es probable que sea necesaria una reducción o control consciente de ciertos modos de vida que hasta ahora veíamos normales, como los vuelos frecuentes para trayectos vacacionales o el uso diario del coche de gasolina. Pero esta reducción, si se quiere hacer de manera igualitaria y consciente, no puede dejarse bajo las leyes ciegas de la competencia y del mercado capitalista, principales causantes del colapso ecológico inminente que afrontamos.

BIBLIOGRAFÍA

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