Siete activistas que están en contra del macroproyecto urbanístico Aroztegia de Lekaroz se enfrentan a penas de 20 años de cárcel y multas de 56.000 euros. Cualquiera que tenga una pizca de sentido común podría ver hasta qué punto es una barbaridad. Y no sólo eso: da miedo el camino que los tribunales han tomado en los últimos tiempos contra los derechos políticos fundamentales. En Euskal Herria se ha vivido durante muchos años una situación de excepción, pero este caso no corresponde a esa política represiva. No se trata de una política represiva concreta contra un foco de conflicto, sino de una política autoritaria más general.
Cabía esperar que estos activistas fueran castigados por desobediencia, alteración del orden público, coacción u ocupación ilegal, pero no por formar una banda criminal. No es la primera vez que se investigan grupos antifascistas, grupos en contra de la crisis climática, independentistas catalanes, sindicatos u otros como si fuesen grupos criminales. Bajo esta categoría han empezado a ser castigados los grupos que son un estorbo político para el Estado y que pueden generar inestabilidad, lo cual supone un salto cualitativo importante.
Association de malfaiteurs, Bandenbildung eta Kriminalität in Vereinigungen, Associazione mafiosa… Los grupos criminales y similares están tipificados como delictivos en la mayoría de los países europeos. Así se ha castigado a grupos que cometen graves delitos relacionados con el narcotráfico o la trata de personas, pero en los últimos años esta tipificación se ha empezado a utilizar también para castigar a activistas, grupos políticos y movimientos sociales. Por ejemplo, en el Reino Unido se renovó en 2015 el Serious Crim Act, con el que se castigaron las protestas de Extinction Rebellion (cortes de carretera, desobediencia civil, delitos de orden público,...) como si fuese un grupo criminal.
El caso fue sonado y afectó también al resto de Europa. En su memoria de 2022, la Fiscalía del PSOE tuvo la osadía de vincular a Extinction Rebellion, Futuro Vegetal y "otros grupos del ecologismo radical" con un peligro terrorista, como muestra de la lógica autoritaria de los países occidentales. También categorizaba de ese modo a independentistas catalanes, grupos de "extrema izquierda" y otros.
El giro autoritario de los estados ha traído consigo reformas del Código Penal y legislaciones cada vez más represivas. En cuanto a los grupos criminales, la ley de 1995 fue modificada en 2015 con una tipificación más amplia de los grupos criminales, penas más duras y una propuesta de cooperación entre órganos internacionales más fuerte. En consecuencia, la categoría de grupo criminal puede incluir organizaciones políticas y movimientos sociales. Esta interpretación más autoritaria de las leyes puede servir para considerar ilegal, de facto, cualquier grupo que se organice al margen del control de los aparatos de Estado. Porque no sólo se ataca a las libertades de manifestación y expresión, sino también al propio derecho a la organización, ya que podemos ser perseguidos por formar parte de una "organización criminal" o colaborar con ella.
Cada país aplica esta ley a su manera, pero la Comisión Europea dice claramente que busca aumentar "la homogeneización de las legislaciones y facilitar el intercambio de información para asegurar que los Estados miembros puedan responder de manera coherente a las amenazas a la seguridad" para, así, "facilitar la cooperación y la coordinación de las actividades operativas" y "mejorar la cooperación judicial y la armonización de la legislación y las prácticas judiciales". Para ello, están creando cada vez más agencias, órganos y políticas de cooperación. Agencias como Europol, Eurojust y Frontex; marcos políticos como EJN y CSDP o comités como COSI, posibilitan coordinarse y unificar los planes de actuación entre países europeos. Parece que en el desierto político de Europa tienen en el punto de mira a los más activistas, que son, entre otros, los antifascistas y los ecologistas.
Los planes represivos de los Estados tienen el objetivo de limitar y vulnerar los derechos fundamentales de la clase trabajadora, y contra ello debemos seguir tejiendo redes de solidaridad. Defenderemos a toda costa los derechos a manifestarnos y a expresarnos, y, sobre todo, el derecho a organizarnos. Mañana nos toca movilizarnos solidariamente con los procesados. Todo nuestro apoyo a ellos.
