Todo parece estar listo para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024. Un Sena saneado acogerá los Juegos a partir del próximo 26 de julio. Todos los medios han sido desplegados para que nada falle gracias a la explosión del presupuesto inicial y una nueva legislación en materia de seguridad diseñada para los Juegos Olímpicos (JJOO). Todo un despliegue coronado con accidentes mortales en las obras, desplazamiento de poblaciones indeseables a las periferias y la degradación de los ecosistemas. Nada es demasiado y todo es poco para que el festival salga a pedir de boca. Serán unos juegos a los que podrá asistir cualquiera; cualquiera que esté dispuesto a pagar cientos de euros para presenciar los actos menos solicitados [1].

Mientras tanto, la llama ya está recorriendo las distintas ciudades del Estado francés, quemando con su fervor represivo a todo aquel que se atreva a cuestionar el evento o, por extensión, las políticas del Estado. El cuento de la supuesta fiesta popular, sostenible e inclusiva convence a cada vez menos gente. La mayoría de la gente ya sabe que los valores olímpicos se ajustan más a los intereses de grandes corporaciones capitalistas y a los del Estado que a los intereses del proletariado.

Los Juegos Olímpicos son uno de esos megaeventos en los que el deporte juega un papel secundario. No es más que la fachada que esconde un entramado de intereses económicos y financieros para toda una serie de grandes empresas: desde los grandes patrocinadores del acontecimiento hasta los grandes grupos televisivos, pasando por las industrias de la construcción, inmobiliarias y de seguridad. Los Juegos Olímpicos le sirven también de escaparate al país anfitrión, que aprovecha el acontecimiento para intentar vender al mundo una imagen de bienestar y estabilidad social. El Libro Blanco sobre la seguridad interior de Francia no lo podía decir más claro: “El 2024 debe ser un escaparate de la seguridad” [2].

La ventaja de montar un escaparate es que se puede mostrar solo lo que se quiere vender. En un país duramente golpeado por la crisis capitalista y la dolorosa destrucción de su modelo social, cada vez son más las cosas que se quieren hacer pasar por la puerta de atrás. Para el evento, se tratará de mantener fuera del foco mediático la explosión de miseria social y de protesta creciente. Pero nada de esto puede asustar al aparato tecno-policial y legislativo de la maquinaria burocrático-militar francesa, aparato que se ha modernizado más aún para la ocasión, apoyado por una floreciente industria de seguridad.

Este es el punto en el que nos centraremos en este artículo, y en particular en la excusa que nos muestran estos macroeventos deportivos para profundizar aún más el control social de la población en general, y el control de los militantes políticos en particular. Porque los Juegos Olímpicos también desempeñan un papel en la aceleración de las reformas autoritarias. Lo hacen de forma similar a las distintas “estrategias de choque” que se emplean para conseguir la aceptación social de reformas que consolidan el control del Estado tras un acontecimiento traumático. El caso de los JJOO, se utilizará para experimentar con toda una serie de nuevas tecnologías y medidas de vigilancia, al mismo tiempo que su uso irá adquiriendo una legitimidad social. Nos venden que su uso está limitado en el tiempo y justificado únicamente por el carácter excepcional del acontecimiento; no obstante, es sabido que la excepcionalidad casi siempre se convierte en norma. Sin embargo, las medidas excepcionales incorporadas al derecho ordinario han adquirido una nueva nomenclatura gracias al equipo comunicativo de los JJOO: “legado de los Juegos Olímpicos”.

Las medidas excepcionales incorporadas al derecho ordinario han adquirido una nueva nomenclatura gracias al equipo comunicativo de los JJOO: “legado de los Juegos Olímpicos”

Para intentar cumplir los objetivos de este artículo, haremos primero un breve resumen de las últimas ediciones y de las diversas innovaciones autoritarias, de la militarización del espacio público y de la violación de derechos que han permitido. Así, más tarde nos detendremos en el caso concreto de los Juegos Olímpicos de 2024.

ANTERIORES MEDALLISTAS DE ORO

No pretendemos hacer un resumen exhaustivo de todas las medidas autoritarias puestas en marcha durante las anteriores ediciones de los Juegos; el objetivo de estas líneas es mostrar la constancia con la que los Juegos Olímpicos han permitido a los países organizadores modernizar sus aparatos represivos y de control a lo largo y ancho del planeta. Estas líneas también intentarán reforzar el argumento de que los Juegos Olímpicos han permitido sistemáticamente introducir de la nada y en tiempos de paz un estado de excepcionalidad.

El colectivo internacional antiolímpico Nolympics Anywhere cuenta con abundante material sobre ediciones anteriores de los Juegos para quien quiera ahondar más en los detalles de los JJOO [3]. Gracias al análisis de sus documentos, podemos ver una tendencia que surgió en los años 90 con las ediciones de Barcelona (1992), Atlanta (1996) y Sídney (2000), mediante la cual se ha normalizado el desplazamiento del foco mediático de la miseria, ocultándolo y desplazando poblaciones a las periferias, mientras estas se convierten en el objetivo de los reforzados y renovados sistemas de vigilancia.

Podemos ver una tendencia que surgió en los años 90 con las ediciones de Barcelona, Atlanta y Sídney, mediante la cual se ha normalizado el desplazamiento del foco mediático de la miseria, ocultándolo y desplazando poblaciones a las periferias, mientras estas se convierten en el objetivo de los reforzados y renovados sistemas de vigilancia

Los JJOO de Salt Lake City (2002), pero sobre todo los de Atenas (2004) y Pekín (2008), han supuesto un claro afianzamiento de esta tendencia. Estos Juegos se celebraron poco después del 11 de septiembre (11S) y del posterior giro de la política exterior estadounidense hacia la “guerra contra el terrorismo”. Cuando el terrorismo es la principal amenaza, ninguna medida de seguridad es en vano. Bajo ese relato oficial, casualmente, las medidas sirven mayormente para sofocar la disidencia y la protesta social acarreada por la sangrante reestructuración capitalista.

Cuando el terrorismo es la principal amenaza, ninguna medida de seguridad es en vano. Bajo ese relato oficial, casualmente, las medidas sirven mayormente para sofocar la disidencia y la protesta social acarreada por la sangrante reestructuración capitalista

Fue cuando los Juegos regresaron a su patria, a Grecia, en 2004, que el nexo entre las Olimpiadas y las medidas autoritarias se consolidó definitivamente: el presupuesto de seguridad ascendió a 1.400 millones de dólares, se movilizaron más de 40.000 agentes para la ocasión y se instalaron más de 1.000 cámaras de vigilancia. La edición de 2008 en Pekín mantuvo ese impulso, con una represión continua de quienes se atrevían a manifestar su descontento. Vancouver tomó su relevo en 2010, la cual fue considerada la mayor operación militar desplegada en tiempos de paz, con la participación al completo de los ejércitos de aire, tierra y mar, con un coste para los contribuyentes de 900 millones de dólares.

Todos conocemos la atracción que tiene la patria del autor del Gran Hermano por las tecnologías de vigilancia, siendo así Londres la ciudad más vigilada del mundo con un ingente número de cámaras. Así pues, los Juegos Olímpicos de 2012 le brindaron una oportunidad perfecta. A raíz de un desacuerdo con G4S, la empresa que se encargaría inicialmente de la seguridad, Londres se vio obligada a improvisar en el último momento, lo cual hizo saltar por los aires el presupuesto de seguridad inicial. Rodeó todos los recintos deportivos de tiradores de élite, se apropió del ejército e incautó armas de guerra que iban desde cazas Typhoon hasta misiles tierra-aire instalados cerca del Parque Olímpico. Posteriormente, Rusia movilizó también misiles tierra-aire para los Juegos Olímpicos de Sochi, así como 70.000 militares y agentes.

Los Juegos Olímpicos de 2016 en Río, por su parte, permitieron el desalojo de las favelas. Pasarían así a ser recordadas como los Juegos que expulsaron a miles de personas de sus casas dejándolas aún más desamparadas.

Para poner fin a esta selección de ejemplos ilustrativos, no nos podemos olvidar del caso de Japón. El gobierno japonés aprovechó el acontecimiento de Tokio para aprobar una ley anticonspiración que había fracasado con anterioridad varias veces en el intento de ponerlo en vigor. No es de extrañar, dado que el texto preveía la modificación de un principio penal básico, según el cual la intención de una persona en sí misma no puede constituir un delito penal en ausencia de un delito material. Los Juegos de Tokio también fueron tristemente célebres por el uso de la novedosa tecnología de reconocimiento facial. El colectivo Saccage2024, que se organiza contra los Juegos Olímpicos de París, denuncia que los Juegos de Los Ángeles, que se celebrarán en 2028, profundizarán en la normalización y uso de este tipo de tecnologías, utilizándolo además como argumento de marketing: “tu cara será tu entrada”.

MÁS ALTO, MÁS RÁPIDO, MÁS FUERTE

Parece que Francia ha adoptado el lema de los JJOO de ir cada vez más alto, más rápido y más fuerte en la actualización autoritaria del Estado. Los últimos años hemos podido ver una militarización del Estado, el auge de la tecnología policial para el control social, una ofensiva legal contra los derechos políticos del proletariado, la disolución de colectivos militantes y la introducción de un régimen de excepción contra el proletariado inmigrante o los barrios. Tensiones imperialistas, revueltas en los barrios, fuertes protestas generadas por la reestructuración capitalista en curso... al gobierno no le faltan excusas para justificar la necesidad del orden y de la seguridad. Además, cuenta con el apoyo ideológico y político de una extrema derecha cada vez más influyente y a un escalón del poder. Las Olimpiadas son, por tanto, una oportunidad para profundizar en este proceso y volver a sacar al estrado una serie de medidas tan autoritarias que hasta los propios cortes supremos burgueses se han visto obligados a censurar en el pasado.

En efecto, Francia no perderá la oportunidad de mostrarse firme y de reprimir todo intento de atentado al orden. Menos aun cuando todavía ronda la conciencia del ministro del Interior el amargo recuerdo de la final de la Liga de Campeones de febrero de 2022, en la que consiguió la proeza de ser odiado como ministro del Interior, tanto por todo el interior del país como otros agentes exteriores como Inglaterra [4]. Sin embargo, como en el Mundial de Rugby de 2023 tuvo más éxito, el ejecutivo pudo respirar tranquilo al considerar que estará bien preparado para los JJOO. Pero, ¿hasta qué punto se ha preparado Francia para los Juegos Olímpicos?

LEY DE SEGURIDAD O LEY OLÍMPICA

París 2024 se materializa sobre todo como la ley de 19 de mayo de 2023 relativa a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos [5]. Esta nueva ley de seguridad vuelve a incluir disposiciones que el ejecutivo no consiguió aprobar en leyes de seguridad anteriormente, como en la Ley de Seguridad Global. La razón por la que no se admitió no era baladí: el artículo ganador de esta ley, el 7, autoriza la videovigilancia algorítmica (VSA) en cámaras y drones.

Esta nueva ley de seguridad vuelve a incluir disposiciones que el ejecutivo no consiguió aprobar en leyes de seguridad anteriormente, como en la Ley de Seguridad Global. [La ley] autoriza la videovigilancia algorítmica (VSA) en cámaras y drones

Antes de explicar en qué consiste, hay que repasar brevemente el sistema actual de utilización de cámaras. En la actualidad, las señales de vídeo procedentes de las cámaras se centralizan, por ejemplo, a nivel de una autoridad local y dentro de lo que se conoce como un centro de vigilancia urbana (CSU, en siglas francesas). Esos flujos son recibidos y tratados por los agentes de vigilancia que, en caso necesario, alertan a la policía cuando son testigos de un acto sospechoso o delictivo en curso.

La VSA consiste pura y simplemente en automatizar este trabajo y, con ello, intentar remediar la imperfección humana. Técnicamente, se trata de entrenar la maquinaría en el procesamiento de una gran cantidad de datos procedentes de cámaras o drones –aprendizaje automático– para que aísle automáticamente ciertos comportamientos sospechosos –mediante visión por ordenador– y sea capaz así de activar una alerta. Los comportamientos sospechosos serán definidos por las autoridades, y las máquinas se programarán por los ingenieros en concordancia con esas decisiones. Esos comportamientos pueden ir desde la identificación de personas estáticas hasta agrupaciones “anormales”, pasando por violaciones de la propiedad privada. Por supuesto, la definición de lo que constituye un uso indebido del espacio público es arbitraria. De hecho, parece que todo lo que vaya más allá del simple acto de desplazarse de un punto A a un punto B podría llegar a ser sospechoso. Por ejemplo, el hecho de merodear por la calle. Esto es la base de una clara vulneración del derecho a la manifestación, ya que, si detenerse o desplazarse en grupo se convierte de facto en algo sospechoso, esta tecnología supondrá un ataque absoluto al derecho político de manifestación y reunión, en vista de que será imposible hacerlo fuera del control de las fuerzas represivas. Mediante esa ley se estandariza y reduce el uso del espacio público al mero movimiento, restringiendo derechos políticos y perjudicando también, aún más, a quienes no tienen más remedio que vivir y trabajar en la calle.

La VSA se basará en un aprendizaje continuo que permitirá el reconocimiento de formas con gran eficacia mediante las imágenes adquiridas. La diferencia con las cámaras de reconocimiento facial es que no identificará la cara de los individuos pero sí formas corporales, movimientos de individuos, objetos y vestimenta.

Ambas tecnologías difieren en este punto en concreto, pero por mucho que el gobierno lo niegue y oculte, ambas tecnologías sirven para la vigilancia biométrica y, por ende, deberían ser consideradas como tal. En materia de videovigilancia, se distinguen cámaras biométricas y cámaras aumentadas o inteligentes. La particularidad de la primera categoría de cámaras sería que estas cámaras pueden tratar datos de carácter físico, fisiológico o de comportamiento, y por tanto serían capaces de identificar a un individuo en concreto. No obstante, si leemos el informe sobre la VSA elaborado por La asociación La Quadrature du Net, podemos comprender lo siguiente: “Esta tecnología identifica, analiza y clasifica constantemente los cuerpos, los atributos físicos, los gestos, las siluetas y la forma de andar; todos ellos son datos biométricos innegables” [6].

Es decir, la VSA es también un sistema para el control biométrico. Se trata de un detalle importante si se tiene en cuenta que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) europeo es, al menos sobre el papel, muy estricto en cuanto al tratamiento de datos sensibles que pueden ser utilizados para identificar a un individuo en particular. A pesar de ello, Francia ha sido el primer país europeo en introducir un sistema de vigilancia biométrica, alegando que dicho sistema tiene carácter temporal y que es indispensable para poder hacer frente a “objetos abandonados o movimientos de multitudes”.

Sin embargo, La Quadrature du Net sostiene que sólo se tratará de una generalización y un despliegue masivo de un dispositivo que ya era utilizado anteriormente de forma ilegal: “Desplegado en los últimos años en total secreto, la VSA es una tecnología prácticamente desconocida para el gran público. Desarrollada y vendida discretamente por empresas, se instala sin que las autoridades locales informen al respecto, ocultando a los residentes información sobre lo que se instala en su ciudad. Por ejemplo, el software de la empresa israelí Briefcam, desplegado a hurtadillas en más de 200 municipios de Francia, permite realizar búsquedas por atributos (color de la ropa, sombrero, bolso, tipo de vestimenta y supuesto sexo de la persona), rastrear a las personas a través de todas las cámaras de la ciudad e incluso dispone de una opción de ‘comparación facial’ que permite buscar a través de secuencias de vídeo el rostro identificado". De esa tecnología al reconocimiento facial (que ya se utiliza para las personas en el fichero de antecedentes penales) hay sólo un paso.

En la misma línea de leyes y aparatos sobre videovigilancia, debemos recordar que la polémica ley “Drones 2” también se ha aprobado en parte a causa de la presión de los JJOO. Gracias a ello se ha reforzado aún más el control del espacio público mediante el uso de drones para vigilar manifestaciones y fronteras.

La medalla de plata al artículo más problemático de esta ley olímpica es el 11, el cual permite el uso de escáneres corporales a la entrada de estadios y otros recintos deportivos, recreativos o culturales que alberguen a más de 300 personas. Ese escáner proporciona una visión tridimensional de las personas, revelando lo que se oculta tras sus ropas. Esta violación del derecho a la intimidad y la privacidad se considera proporcionada, ya que está sujeta al “consentimiento expreso” de las personas afectadas. Es decir, únicamente se puede aplicar si así lo permite el usuario. Pero quien se niegue a someterse a un escáner corporal tendrá que soportar la posibilidad de tener que someterse igualmente a un control de palpación y, además, a la incomodidad de esperar más tiempo que los demás para poder entrar a los recintos. Así pues, esa tecnología también se justifica como medio para agilizar los controles y evitar atascos.

La ley también ha aprovechado la oportunidad para consagrar dos nuevos delitos que sobrevivirán después de los Juegos: una para castigar a los reincidentes por entrar ilegalmente en un recinto deportivo, y la otra a los de por saltar al campo o por entrar a una zona de competición. Se trata de un nuevo intento de suavizar al máximo los acontecimientos deportivos y despojarlos de cualquier posible reivindicación política, señalando sobre todo a los hinchas. En caso de violación grave de la seguridad, también se introduciría una prohibición total del acceso al estadio.

MEDIDAS POLICIALES ADMINISTRATIVAS

Otra medida similar destinada a controlar aún más la docilidad de los aficionados es el del uso de investigaciones investigaciones administrativas en las szonas de aficionados, así como en los grandes acontecimientos admitidos dentro del perímetro de los Juegos. Estas investigaciones administrativas están dirigidas inicialmente a las personas que desean trabajar en determinados sectores relacionados con la seguridad o la defensa u otras misiones del Estado. Pero estamos viendo como con el tiempo se están extendiendo a todos aquellos que deseen participar en el acontecimiento de los JJOO. A grandes rasgos, estas investigaciones tratan de efectuar una búsqueda individual en diversos ficheros para determinar si una persona representa o no un riesgo para la seguridad.

También hay que recordar que, aunque la legislación francesa prohíbe los vetos generales de manifestaciones, el Tour de Francia de la llama olímpica ya ha dado lugar a un gran número de prohibiciones de manifestaciones con toda impunidad. En la misma línea, se ha prohibido cualquier reivindicación, cartel o pancarta a lo largo del recorrido de la llama, y que también durará durante los Juegos, mientras que los grandes patrocinadores tendrán total libertad para exhibir su publicidad en los monumentos públicos. Además, lo más probable es que sea imposible organizar una manifestación dentro del recinto de la competición.

Por último, será obligatorio disponer de un código QR para poder desplazarse por París durante los Juegos. Para ello, hay que inscribirse previamente en una plataforma digital, proporcionando información personal. Por ejemplo, la ceremonia de apertura se celebrará al aire libre a orillas del Sena, y por eso, toda la zona circundante estará sujeta al uso de un código QR.

Cordón policial de los espacios públicos

El colectivo Saccage2024 informa de que se movilizarán unos 35.000 policías, 20.000 militares y 22.000 guardias de seguridad privada cada día durante las dos semanas de competición por la friolera de 295 millones de euros. Aunque la factura es considerable, sigue siendo extrañamente baja en comparación con ediciones anteriores, por lo que lo más probable es que esta acabe disparándose las próximas semanas. También se ha anunciado que se duplicará el número de policías destinados a la seguridad del transporte, con la creación de 77 nuevas unidades [7].

La cuestión de la seguridad privada merece un momento en nuestra reflexión. Cada vez más personas recurren a los servicios de empresas de seguridad privada. La seguridad privada es una forma de pagar por servicios policiales privados. Es más, desde la introducción de la última legislación en materia de seguridad en Francia, los guardias de seguridad privada tienen cada vez más prerrogativas, y poco a poco se van asemejando más a los agentes del orden tradicionales. Por ejemplo, un guardia de seguridad que trabaja en una tienda puede ahora retener a alguien hasta que llegue la policía. Esté fenómeno que ya estaba en pleno auge ha despuntado gracias a los Juegos Olímpicos.

Además, el ministro del Interior ya ha comprado 600 drones que utilizará en los Juegos Olímpicos. Es muy consciente de que el acontecimiento es una oportunidad de oro para promocionar el armamento francés y su industria de seguridad. Los magnates de esta rama de la industria son muy conscientes de ello, que, con el fin de presionar para adaptar la ley a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de control, se han organizando en torno a un lobby: GICAT (Groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre). Nos conocemos la copla: si las tecnologías aún no son lo bastante eficaces para frenar lo que ellos llaman inseguridad, es porque la ley no permite utilizarlas en todo su potencial; si las cámaras de vigilancia no funcionan, es porque no se automatizan.

El colectivo Saccage2024 también pone claramente de manifiesto la estrecha colaboración entre los políticos y la industria de la seguridad. Estos políticos actúan a la vez como mercaderes del miedo y como salvadores, todo ello mediante la implantación de nuevas tecnologías. Es el caso de la ciudad de Élancourt, que acogerá algunas de las competiciones de los Juegos Olímpicos y que ha firmado un contrato con GENETEC para experimentar con nuevos tipos de videovigilancia. El objetivo de la ciudad es incluso convertirse en un “stand de exposición” de la propia empresa con una nueva comisaría de policía prevista para 2024. Otro ejemplo es Saint-Denis, donde se inauguró en 2021 un flamante Centro de Vigilancia Urbana (CSU). La infraestructura técnica, equipada actualmente con 93 cámaras, crecerá casi un 340 % de aquí a finales del 2024 para preparar los Juegos Olímpicos. Y los representantes electos ya están planeando dotar a la videovigilancia de inteligencia artificial para automatizar el registro de infracciones.

Limpieza social y maquinaria penal

Como decíamos antes, no se trata de que la imagen de Francia durante los Juegos se vea ensuciada por imágenes de creciente miseria social ni de que se ponga en duda ninguna política del país. París 2024 es limpieza de clases. En los últimos años hemos asistido a un claro retroceso del derecho a circular, pero además a esto se le suma que el propio derecho a estar y permanecer en el espacio público está cada vez más amenazado, sobre todo para una cada vez mayor parte del proletariado.

Empecemos mencionando el plan “delincuencia cero” que se aplica desde hace varios años en las ciudades que acogen los Juegos Olímpicos. El plan consiste en intensificar los controles en estos barrios (especialmente en el norte de Seine-Saint-Denis). Y la prefectura presume de sus decisiones: “El aumento de las operaciones de lucha previsto contra la delincuencia se prolongará hasta el verano de 2024. Desde principios de 2023, se han llevado a cabo 871 operaciones, se han movilizado 9.400 agentes, se ha controlado a cerca de 25.000 personas y se ha detenido a 1.254”. El aumento constante del personal desplegado sobre el terreno ha hecho que se duplique el número de personas detenidas y arrestadas. Eso les demuestra que el plan de intensificación de los dispositivos contra la delincuencia está surtiendo efecto.

En la práctica eso se ha traducido en un nuevo neologismo policial, que es el de la “delincuencia fisionómica”, para referirse a la obligación de hacer frente a todo aquello que ofrezca una imagen decadente del espacio. Se legaliza así de alguna manera el ”delito facial”, que consiste en interpelar a alguien por su aspecto, y era, hasta ahora, obviamente, ilegal. Siento decepcionar a aquellos que creían que el antirracismo era uno de los valores olímpicos.

Si el número de detenciones aumenta, también debe hacerlo la maquinaria penal. Por eso, más de 380 magistrados han sido contratados para la ocasión y se prevén traslados de presos a la cárcel de Normandía. Es previsible que el proletariado inmigrante sin papeles sea sancionado por delitos menores con Obligaciones de Salir del Territorio Francés, conocidos como OQTF. Además, se han construido centros de detención administrativa para la ocasión. Para ello, las grandes empresas constructoras han contratado a un gran número de trabajadores indocumentados, mal pagados y con gran riesgo laboral. A veces incluso ilegalmente, como en el caso del Adidas Arena, donde esta decisión provocó una exitosa huelga de trabajadores inmigrantes [8].

Entre las personas que van a convertirse en aún más se vulnerables a causa de los Juegos Olímpicos, se encuentran también las personas sin hogar. Se han cerrado 5.000 plazas de hotel social para utilizarlas como hoteles a cambio de chequera. Además, los sintecho han sido desalojados de sus ciudades y trasladados a otras ciudades francesas, sobre todo a Brest, donde únicamente se les ha ofrecido alojamiento durante tres semanas. Además de echarlos de la ciudad y dejarlos sin alternativas habitacionales, es sabido que les resultará muy difícil regresar a París. Asimismo, los estudiantes más precarios tampoco se han salvado, ya que se les ha retirado el alojamiento estudiantil mientras vayan a durar los Juegos. Cabe señalar que la Copa del Mundo de Rugby fue también un infierno para los estudiantes más pobres. Los propietarios prefirieron alquilar los pisos a precios exorbitantes durante el periodo de competiciones en lugar de optar por el alquiler a estudiantes pobres durante todo el año.

Las Olimpiadas también han brindado una oportunidad sin precedentes para aplicar la reciente ley antiocupaciones mediante el desalojo masivo. El caso del squat Unibeton, que albergaba a 500 personas, ha sido especialmente trágico [9].

Según el análisis de los desalojos de lugares habitacionales informales publicado por el colectivo Revers de la médaille, durante el periodo 23-24 se contabilizaron 138 desalojos en la región de Île-de-France, frente a los 121 del periodo 21-22. En esos desalojos se han llevado a cabo: 64 desalojos de barrios de chabolas, 34 desalojos de asentamientos de tiendas de campaña (exclusivamente en París y Aubervilliers), 33 desalojos de casas ocupadas y siete desalojos de nómadas. Estos desalojos afectaron a 12.545 personas, lo que supone un aumento del 38,5 % en comparación con el periodo 21-22. De ellas, 3.434 eran menores, el doble que el año pasado y casi el triple que en el periodo anterior [10].

BATIENDO RÉCORDS

Año a año, cada edición de los JJOO compite con el anterior en medidas de control social e innovaciones tecnológicas en cuestiones de defensa. Modernizaciones, inversiones y grandes despliegues de personal se expanden por los recintos de competición. Pero ese es solo uno de los aspectos a analizar.

Los macroeventos de este calibre generan una brecha en la sociedad que va más allá de las cuestiones que se han tratado en este texto. Eventos semejantes ahondan en dinámicas capitalistas de explotación, opresión y degradación del proletariado, que sobre todo afectan a mujeres, jóvenes y migrantes. Crean un escenario ideal para la especulación de la vivienda a gran escala, la normalización de trabajos sin contrato, mal pagados y en condiciones deplorables, el empeoramiento de los servicios sociales y la desnormalización de la vida en general, sobre todo el de las capas más bajas de la sociedad.

Más allá del interés deportivo que puedan tener los JJOO, no podemos permitir que, como está ocurriendo, en el país anfitrión empeoren repentinamente las condiciones de vida del proletariado.

REFERENCIAS

[1] Los precios sumamente altos de los Juegos Olímpicos han creado polémica, pues solo quedan entradas de 2.700 euros: https://www.francetvinfo. fr/les-jeux

[2] Frantziako barne segurtasunari buruzko Liburu Zuria: https://www.interieur.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/livre-blanc-de-securite-interieure

[3] https://nolympicsla.com/resources/

[4] https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/incidents-lors-de-la-finale-de-la-ligue-des-champions-2022/incidents-du-stade-de-france-en-mai-2022-l-uefa-va-indemniser-les-supporters-de-liverpool_6441973.html

[5] https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000046777392/

[6] https://saccage2024.noblogs.org/files/2024/02/Presentation-saccagesV22024.pdf

[7] https://94.citoyens.com/2024/le-revers-de-la-medaille-denonce-une-augmentation-massive-des-expulsions-avant-les-jeux-olympiques-en-ile-de-france,04-06-2024.html#:~:text=À%2052%20de%20jours%20de,une%20année%20sur%20l’autre.

[8] https://www.francetvinfo.fr/les-jeux-olympiques/paris-2024-comment-des-ouvriers-sans-papiers-ont-travaille-sur-des-chantiers-des-jeux_6240894.html

[9] https://www.bondyblog.fr/societe/9-squat-unibeton-de-lile-saint-denis-les-jeux-dabord-les-gens-apres/

[10] https://www.laquadrature.net/wp-content/uploads/sites/8/2023/02/Dossier-VSA-2-LQDN.pdf