La cruzada de medios, partidos y demás ilustres en defensa de la legitimidad policial estos días es escalofriante. El consejero de seguridad por ejemplo, al ser interrogado en varios medios sobre las cuatro detenciones, sanciones, heridos, cargas y un largo etcétera que hubo a raíz de la acampada reivindicativa de GKS en Gasteiz, despachó la pregunta con que "no había permiso" para la acampada. ¡No había permiso! Que la falta de un permiso administrativo legitime ante la opinión pública semejante despliegue y asedio de antidisturbios es una auténtica locura. Es más, esta misma semana, los jardineros en huelga de la ciudad montaron un puesto para recoger firmas en su apoyo, y fue la policía a obligarlos a desmontarlo. ¡Y tenían el sacrosanto permiso!
Al fin y al cabo, ¿quién marca el criterio de dejar todos los fines de semana a las empresas montar sus puestos de promoción de productos, pero de prohibir una acampada de protesta? ¿Acaso alguien se imagina a 60 antidisturbios desmontando una terraza que invade el espacio público sin permiso, como ocurrió con la acampada? Es muy peligroso normalizar estas respuestas policiales ante cualquier iniciativa que no autorice el partido que controle la administración o mando policial de turno.
No nos engañemos: que se legitime así de fácil usar el castigo y violencia indiscriminada en base a una nimiedad burocrática es mortal para las libertades de crítica y reunión. Precisamente, es ridículo que cuando preguntan a Zupiria sobre la acampada de GKS, unas pocas líneas más abajo esté hablando de ETA; así como son ridículos también los reportajes sobre "ataques contra la policía" de diversos periódicos que meten en el mismo saco conflictos contra la policía en la detención de un agresor o los surgidos al reprimir movimientos políticos. Sin embargo, criminalizar protestas y justificar detenciones mediante estas triquiñuelas está dejando mella, lo cual deja un panorama negro para cualquier militante, sindicalista, movimiento u organización.
Si estos políticos se esmeran en la defensa férrea de la impunidad policial es por la simbiosis que mantienen con ellos; pues no hay político profesional burócrata y autoritario sin policías que ejecuten sus designios. Les quitan el trabajo sucio de encima: obligar a los huelguistas a volver al trabajo, sembrar terror entre personas migrantes y racializadas, castigar las protestas no autorizadas… Algunos refuerzan la invulnerabilidad de la institución policial con un discurso de la seguridad en general y otros insisten en que solo ponen en cuestión el modelo policial actual, no la policía en sí, mientras buscan atraer el voto policial. En cualquier caso, ambos perpetúan la situación actual, porque por supuesto ellos no tienen ningún problema para lograr los permisos oficiales para hacer lo que les plazca. En cambio, para el resto es muy peligroso permitir que se criminalice de esta manera una acampada y legitimar así la impunidad.