En los años 70 el eslogan «Euskal Herria ez da salgai» (Euskal Herria no está en venta) se extendió por todo Iparralde. A pesar de que siempre ha estado presente la problemática de la compra de viviendas por parte de burgueses extranjeros, hace unos meses y en plena campaña electoral, esta cuestión volvió a estar en boca de todos. En este contexto, diferentes colectivos han aumentado las acciones simbólicas, las movilizaciones y las denuncias, interpelando mayormente a la Comunidad de aglomeración del País Vasco (CAPV) y a las constructoras. Este será el tema a tratar en las siguientes líneas.

PRESENTACIÓN DE LA SITUACIÓN

Según los datos recogidos por la Comunidad de aglomeración del País Vasco, el 21% de las viviendas existentes en Iparralde serían segundas residencias y el 7% viviendas vacías. Sin embargo, la CAPV ha mostrado en su Plan Local de Vivienda (Programme Local de l’Habitat Pays Basque) la intención de construir anualmente unas 2.700 viviendas más, de las cuales 1.200 serían viviendas sociales. Esto supondría un incremento del 50% en el número de viviendas sociales en Iparralde.

El propio plan nos sirve para darnos cuenta de cómo es la situación. Por un lado, la demanda de vivienda es enorme. Por otro lado, también ha aumentado la necesidad de vivienda social. El programa local de vivienda de la CAPV incide en el aumento de la precariedad: el 72% de la población podría acceder a una vivienda social. El 17% de las familias de Iparralde vive por debajo del umbral de la pobreza (dato del 2015, el cual es posible que haya aumentado).

Hemos dicho con frecuencia que la pandemia no ha hecho más que acelerar unas tendencias que ya venían de antes; este es también el caso de la problemática de la vivienda en Iparralde. Después de pasar el confinamiento en las ciudades, muchos han sentido la necesidad de hacer una escapada a los pequeños pueblos de la costa o a las regiones montañosas. Así se explica la gran oleada turística que asoló Iparralde el pasado verano. Pero, aquella oleada ha traído una segunda vuelta y el aumento de la demanda de segundas viviendas se ha multiplicado en las agencias inmobiliarias. Por supuesto, para cualquiera que se lo pueda permitir es un plan perfecto adquirir en este entorno una segunda vivienda o una vivienda para disfrutar de los placeres de la jubilación. Es por ello que Iparralde se ha convertido en un lugar querido de la burguesía, ya que los empresarios locales ven a numerosos nuevos clientes dispuestos a dejar su fortuna. Esto ha supuesto el aumento de los precios de la vivienda y del ocio, precios que quedan al margen de las posibilidades de la clase trabajadora, la cual no para de empobrecerse.

En los últimos meses se ha denunciado un incremento de los precios de la vivienda del 20-30%. Junto a ello, la venta de residencias de lujo ha aumentado un 30% durante la pandemia (reconocido por el gerente del grupo Barnes con oficinas en Biarritz y Donibane-Lohizune en el documento de perspectivas de invierno 2021). Sin embargo, el mayor incremento de precios se ha producido en Baiona y Bidarte (la asociación Etxalde ha analizado los precios de los apartamentos y casas entre 2013 y 2020 a partir de datos del Gobierno de Francia), ya que en Baiona el precio de los apartamentos ha subido un 49% y el precio de las casas de Bidarte un 125%.

En este contexto, los precios especialmente elevados han saltado a los titulares, acarreando una lluvia de denuncias. En Biarritz, por ejemplo, un lujoso apartamento fue vendido por 40.000 euros el metro cuadrado según el informe presentado por una inmobiliaria a principios de año, y una casa del litoral de Bidarte por 18,9 millones de euros.

En un contexto en el que el 72% de la población de Iparralde opta por acceder a una vivienda social, los precios de las casas destinadas a los burgueses foráneos han generado un gran malestar. Se ha denunciado que el 70% de las viviendas que se construyen en Iparralde se venden a personas no autóctonas. Frente a esto, cabe destacar que según los dos últimos censos (realizados en 2012 y 2017), por ejemplo, Hendaia, Donibane-Lohizune y Biarritz han perdido población.

Esta tendencia al alza de los precios no parece que vaya a detenerse por el momento. En la costa habrá más segundas viviendas, y los hogares ya inasequibles tendrán cada vez un precio más desorbitado. En consecuencia, los trabajadores serán desalojados del litoral y tendrán que encontrar en el interior una vivienda más asequible, eso sí, conservando su empleo en la zona costera. Cabe destacar que estos diez pueblos albergan actualmente el 60% de la población de Iparralde. Esto significa que un gran movimiento demográfico hacia el interior tendría como consecuencia inevitable la perdida de numerosas tierras agrícolas.

En la costa habrá más segundas viviendas, y los hogares ya inasequibles tendrán cada vez un precio más desorbitado. En consecuencia, los trabajadores serán desalojados del litoral y tendrán que encontrar en el interior una vivienda más asequible, eso sí, conservando su empleo en la zona costera

EL AUMENTO DE LAS DENUNCIAS

Ante esta tendencia, se han multiplicado las acciones de denuncia en los últimos meses. Así, a principios de año, en los muros de una casa del monte Bidarrain aparecieron pintadas denunciando la venta de dicha vivienda: «¿600.000 euro? ¡Aski da!» (¿«600.000 euros? ¡Basta ya!») y «Ez dugu onartzen, guk ere EHn bizi nahi dugu» (No lo aceptamos, nosotros también queremos vivir en EH). En Urruña, a finales de marzo, se colocaron varias pancartas que se hicieron virales en las redes y en los medios estatales: «Parisiens, rentrez chez vous. Vous êtes le virus du Pays Basque. Alde Hemendik» (Parisinos, volved a vuestras casas. Vosotros sois el virus del País Vasco. Fuera de aquí). Y durante el fin de semana de Pascua, en Getaria y Hendaia aparecieron pintadas con mensajes como «Etxe hutsa = etxe librea» (casa vacia = casa libre) o «Guk ere hemen bizi nahi dugu» (Nosotros también queremos vivir aquí) y «Stop Turismoa».

El 10 de abril, EH Bai protestó contra el Plan Local de Vivienda presentado por la CAPV y, más adelante, denunció la venta fraudulenta de unas viviendas en Donibane-Lohizune y la publicitación de una agencia inmobiliaria en Hiriburu, colocando en cada evento a sus cabezas de lista en primera fila fotográfica. Desde entonces, han colocado en la entrada de cada municipio sendos carteles que muestran la cantidad de segundas viviendas y de casas vacías de cada municipio. Además, se creó el grupo denominado Gazte Ekintza-Action Jeunes (Acción juvenil) días después de que EH Bai se concentrara frente a la sede de la CAPV, formado por antiguos miembros de la organización Aitzina y varios participantes del Friday For Future en Baiona. Unas de sus primeras acciones fueron las de concentrarse frente a algunas agencias inmobiliarias, bajo el lema «Euskal Herrian Bizi nahi dugu» (Queremos vivir en Euskal Herria», denunciando los Airbnb y las viviendas turísticas.

Por otro lado, la asociación Lurzaindia y el sindicato agrario ELB denunciaron que en solo dos años el precio de una granja en Bastida ha llegado a aumentar un 78%, lo cual la deja totalmente fuera del alcance de futuros agricultores o ganaderos. El gaztetxe de Hendaia también ha lanzado una campaña en torno a la vivienda: prevén organizar charlas, pegadas de carteles y demás acciones. Desde entonces también se ha creado el grupo BAM, que el 13 de mayo desplegó una pancarta gigante con el eslogan «Ez da salgai» (No está en venta) en el faro de Biarritz. Una semana después, denunciaron la creación de un nuevo camping para burgueses en el lugar donde se encontraba el camping popular de Donibane-Lohizune, así como las agresiones sufridas por uno de los residentes del actual camping.

LÍMITES DE LAS DENUNCIAS

Es interesante analizar las reivindicaciones y los discursos utilizados hasta el momento. Por ejemplo, en la concentración de Lurzaindia y ELB se hicieron declaraciones como «queremos garantizar una vivienda para los jóvenes, queremos garantizar la vivienda para las habitantes de nuestra tierra». Asimismo, Peio Etxeberri Aintxart, electo de EH Bai, concluye así la opinión escrita en el último número de la revista Enbata: «¿Sus segundas viviendas valen el exilio de nuestros hijos e hijas?» Las familias de clase media que hasta ahora tenían garantizada la opción de vivienda viven con preocupación la caída de la capacidad económica de sus hijos, el no poder garantizar la posibilidad de ser propietarios de una residencia como las que ellos han tenido. Por su parte, ELB y Lurzaindia hicieron también una advertencia a agencias inmobiliarias, notarios y compradores especuladores: «El País Vasco no es un territorio para el esparcimiento exclusivo de los ricos». ¿Desde qué posición se efectúa esta advertencia? Efectivamente, Iparralde se encuentra a merced de las voluntades de la burguesía, al igual que el resto del mundo, y mientras dure el sistema capitalista, los burgueses harán lo que quieran, tanto con la tierra como con sus habitantes, al menos mientras no haya una organización antagónica a esta forma de sociedad que tenga la suficiente capacidad para evitar esto.

Por su parte, el sindicato ELB y la asociación Lurzaindia han pedido a los electos que «se posicionen ante la especulación». Pero la especulación es propia del sistema capitalista. En vez de desarrollar y articular capacidades para combatir realmente la especulación, se les exige a los partidos políticos –los cuales son inherentes al sistema político que garantiza el actual sistema económico, es decir, la supremacía de la burguesía– que se posicionen. Al fin y al cabo, el posicionarse no es más que una estrategia electoralista.

Es igualmente significativo analizar a quiénes están dirigidas las diferentes declaraciones y reivindicaciones. El eslogan que ha utilizado Gazte Ekintza-Action Jeunes «Lurra behin saldua, betiko galdua!» (La tierra vendida, para siempre perdida), por ejemplo, se dirige a los propietarios de la tierra. En este sentido, «Nosotros somos igualmente culpables, los autóctonos, los vascos, somos los que vendemos» repiten en varias ocasiones. El caso no es si venden, si son franceses o vascos, si son autóctonos o foráneos. Los que venden son los propietarios y quieren vender lo más caro que puedan, como exige la ley de mercado, así que se lo venderán a quien sea capaz de comprarlo al precio más alto.

El entendimiento simplificado de la opresión lleva a ver a los extranjeros per se como enemigos. En este sentido podemos entender las pancartas aparecidas en Urruña que establecen la dicotomía entre autóctonos y forasteros. Pero ¿de qué parisinos en concreto estamos hablando? Algunos parisinos tienen más dificultades que algunas personas de aquí para conseguir una vivienda.

Está claro que este asunto de la vivienda tiene inminentes consecuencias culturales que cabe señalar. El deseo de hacer dinero tanto de la mano del turismo, como alquilando o vendiendo viviendas conlleva un claro efecto cultural, como por ejemplo la folclorización de la cultura vasca: utilizar las expresiones culturales fuera de todo contexto social, con el objetivo de sacarle partido económico. La oleada de gente que no sabe o no aprenderá euskera también trae consecuencias fatales para la comunidad vascoparlante, en un territorio en el que año tras año disminuye el número de hablantes.

El Gaztetxe Enbata de Hendaia ha denunciado la «imposición» de una economía orientada al turismo, que presenta Iparralde como una región del Estado de Francia, y la cultura vasca es tratada como mercancía, dañando así «la conciencia nacional vasca». Con esta situación, subrayan que los promotores, los medios de comunicación franceses, las agencias de turismo y el propio Estado de Francia salen ganadores.

En el sistema capitalista todo producto cultural es «vendido» en favor de los que poseen el poder. Estas declaraciones de los jóvenes de Hendaia pueden servir para fortalecer el sentimiento nacional vasco, pero en este caso, lo que está en la base no es que nos quieran oprimir porque seamos vascos, sino que quieren hacer dinero porque son burgueses.

SOLUCIONES QUE SE PROPONEN

Haciendo algunos comentarios sobre los discursos, observemos las soluciones. Una opción que se propone es subir los impuestos a las segundas viviendas, pero esta medida no afecta a los más ricos, que pueden pagar más impuestos sin problemas. La decisión extrema, necesaria, sería prohibir las segundas viviendas para acabar con este problema. Pero tengo dudas de que los políticos de clase media que posean alguna segunda vivienda, por ejemplo, en Cantabria o Bizkaia, o una borda en el monte, vayan a tomar esa medida. No obstante, la legislación burguesa prohíbe este tipo de medidas, tanto la legislación del Estado de Francia, como la de la Unión Europea. Evidentemente: el mercado dirige la política. Como el objetivo de la socialdemocracia es cambiar las cosas en el marco de la legalidad, estas reivindicaciones son simplemente utópicas.

La legislación burguesa prohíbe este tipo de medidas, tanto la legislación del Estado de Francia, como la de la Unión Europea. Evidentemente: el mercado dirige la política. Como el objetivo de la socialdemocracia es cambiar las cosas en el marco de la legalidad, estas reivindicaciones son simplemente utópicas

En Córcega, por ejemplo, con motivo de limitar la adquisición de segundas viviendas, han propuesto un estatus que exige residir en la isla un mínimo de cinco años para poder adquirir una residencia allí. Claramente esto no es un impedimento para un burgués que se pueda permitir pagar un alquiler en la isla durante ese periodo. La lucha por ese estatus supone una alianza entre la clase obrera corsa y la burguesía nacionalista, alimentando un nacionalismo etnicista, en lugar de fomentar la unidad de clase con la clase obrera mundial. No obstante, como se ha dicho anteriormente, esta medida fue prohibida por ser contraria a la Constitución de Francia y a la legislación de la Unión Europea.

También se propone aumentar el número de viviendas sociales, por ejemplo, la lista municipalista Hendaia Biltzen propone aumentar el número de viviendas sociales del 40% al 60%. Aunque se trata de una pequeña mejora, eso no soluciona en absoluto el problema de las desigualdades.

Hay una asociación en Iparralde que se presenta como alternativa al problema de la vivienda: Etxalde. Desde 2005 compra las viviendas colectivamente y después propone a los asociados un uso vitalicio de las mismas, pagando un alquiler. De este modo los ciudadanos son protegidos de posibles desahucios. Etxalde insiste en que, de este modo, las viviendas «no se venderán en el mercado» y que «se oponen al sistema», teniendo como objetivo la creación de miles de asociaciones como Etxalde. Aquí cabe destacar un par de problemas: por un lado, tienen muy poca capacidad de compra, y durante 15 años Etxalde ha conseguido hacerse con unos pocos inmuebles; y por otro lado, la opción es sólo para aquellos que podrían pagar el alquiler durante varios años. No tiene capacidad alguna para ofrecer alternativas reales al funcionamiento del mercado global.

CONCLUSIÓN

La escasa comprensión del sistema se aprecia tanto en los discursos como en las soluciones propuestas. Por eso son soluciones extremadamente parciales y/o utopistas. Muchas veces son subjetivistas, ya que ponen el foco en la persona que vende las tierras a un extranjero, o en el propietario que alquila su casa en verano mediante Airbnb, cuando el problema reside en el propio sistema. Sin embargo, los más golpeados por la situación actual de la vivienda no son los jóvenes de familias de clase media que ven disminuida su capacidad adquisitiva, sino los que no optan siquiera a un refugio, los inmigrantes o los desahuciados. Una trabajadora de la asociación Atherbea explicó el pasado mes a la prensa que, por lo menos, les consta que en Baiona una veintena de personas trabajan durante el día y pasan la noche en el coche. Miles de inmigrantes llegan aquí, sin trabajo, sin techo, sin derechos. Sin dinero ni papeles, no son nada en esta sociedad.

Esta semana ha aparecido en el diario Sud Ouest que una madre con dos niños en Kanbo será desahuciada a finales de mes. No puede conseguir un alquiler porque tiene un contrato limitado y desde febrero de 2020 está pidiendo una vivienda social. El alcalde de Kanbo ha indicado que unas 50 personas están en lista de espera para acceder a una vivienda social asequible.

No serán los más oprimidos los que se dediquen a denunciar el precio de una vivienda de 700.000 euros, pues bastante tienen con luchar por un techo. Si no proponemos una solución válida para ellos, no estamos solucionando el problema. La diferencia entre quien no puede tener techo y quien tiene 10 casas no puede resolverse en el seno del capitalismo. Mientras las necesidades básicas dependan del mercado no existirá justicia. Mientras la burguesía determine quién y cómo se vivirá, no puede haber igualdad. Por tanto, abordar el problema de la vivienda desde su raíz es cuestionar el funcionamiento del sistema capitalista y organizar nuestra lucha en oposición. La propuesta debe ser revolucionaria, debe llevar en su seno la forma de la sociedad que queremos construir.

Abordar el problema de la vivienda desde su raíz es cuestionar el funcionamiento del sistema capitalista y organizar nuestra lucha en oposición. La propuesta debe ser revolucionaria, debe llevar en su seno la forma de la sociedad que queremos construir

La vía para ello es convertir los espacios controlados por la burguesía en espacios bajo control obrero a través de la ocupación en el seno del mercado, mientras desarrollamos las capacidades de un mejor modelo de sociedad que organice la totalidad. Los problemas relativos a la vivienda son problemas inherentes al sistema capitalista y sólo podremos abordarlos eficazmente en el marco de la estrategia para revertir este sistema. Ya contamos con experiencias prácticas; muestra de ello son los Consejos Socialistas que buscan reforzar la organización comunista, la labor de Erraki para la autodefensa de los espacios de control obrero, o la labor del Sindicato de Vivienda de Gasteiz que a través de la organización ha conseguido y defendido varias viviendas adquiridas para la clase trabajadora, adquiriendo cada vez más capacidades.

Pero a la par, vemos cómo la burguesía quiere extremar la ley de ocupación en el Estado de Francia, tratando de endurecer las penas para los ocupas con multas de hasta 15.000 euros y penas de un año de cárcel. Además, el procedimiento es más rápido que nunca, pues, a través del prefecto, los ocupantes disponen de veinticuatro horas para dejar el edificio por su cuenta, incluso en el caso de que la casa sea una segunda vivienda.

Tenemos una gran tarea en frente. El camino sigue siendo largo y el enemigo es fuerte, pero para la organización obrera bien orientada nada es imposible. Y tenemos como objetivo hacer posible lo mejor.