Para empezar, ¿podríais explicarnos qué agentes intervienen políticamente en la problemática de la vivienda en vuestro territorio? ¿Qué propuestas políticas ponen sobre la mesa y qué tácticas les distinguen?

Lucía: Para responder a esta pregunta es importante aclarar que resulta difícil establecer una caracterización muy nítida de los distintos agentes que intervienen en el movimiento de vivienda madrileño. Esto no solo se debe a que las sensibilidades políticas y los modelos organizativos puedan ser muy dispares –tanto entre colectivos como dentro de cada uno de ellos–, sino también a que rara vez se han hecho explícitos determinados debates políticos. Dicho esto, sí que podríamos distinguir una serie de actores, aunque repito que no es una clasificación que responda a posicionamientos explícitos de cada colectivo, sino más bien a tendencias un tanto ambiguas.

Es importante aclarar que resulta difícil establecer una caracterización muy nítida de los distintos agentes que intervienen en el movimiento de vivienda madrileño. Esto no solo se debe a que las sensibilidades políticas y los modelos organizativos puedan ser muy dispares, sino también a que rara vez se han hecho explícitos determinados debates políticos

En primer lugar, las marcas PAH y Stop Desahucios todavía mantienen su presencia en algunas ciudades y barrios del sur como Usera, Vallecas, Leganés, Alcorcón, Parla o Móstoles. Se trata de grupos locales que han ido perdiendo actividad y militancia a medida que el principal foco de conflicto se trasladaba de las estafas hipotecarias al incremento del precio del alquiler, debido a una cierta incapacidad para renovar su modelo de intervención, así como para tener un relevo generacional y mantener cierta autonomía respecto a los partidos políticos de izquierdas. Estos colectivos, aunque con algunas diferencias entre ellos, se basan fundamentalmente en las asesorías colectivas, las acciones de presión a la propiedad y de desobediencia, la negociación extrajudicial y la lucha por reformas legislativas. En sus momentos más álgidos (2010-2013) contaban con una importante red de profesionales de la abogacía que les respaldaban, capacidad para poner en marcha “obras sociales”' (okupación de bloques de vivienda), apoyo social y mecanismos de coordinación a nivel estatal como para elaborar propuestas legislativas propias (la famosa ILP de “las 5 de la PAH”). No obstante, tanto sus formas organizativas y de intervención como sus discursos o propuestas políticas siempre han discurrido en la informalidad, presuponiendo los principios del asamblearismo y la horizontalidad a la hora de funcionar cotidianamente y tratando de aglutinar a la gente en torno a la demanda de “derecho a una vivienda digna”. En cuanto a su composición, la principal novedad y potencialidad que introducen es que ponen en contacto a sectores del proletariado que normalmente no se organizan juntos, con una fuerte presencia de mujeres migrantes y racializadas, especialmente en territorios como el sur de Madrid. 

Con la irrupción de Podemos y las candidaturas municipalistas a partir de 2014-2015 se produce un importante trasvase de activistas cercanos a la PAH a las instituciones, además de una clara asimilación de sus discursos y demandas. Esto, sumado al descenso del conflicto en torno a las hipotecas (debido en parte a alguna medida social como las moratorias) y a la proliferación de conflictos internos en los colectivos, ha llevado a la desaparición o al fuerte debilitamiento de muchos de estos grupos locales. En Madrid esto se ha materializado en la descomposición de la Coordinadora de Vivienda, que aglutinaba a muchos de estos colectivos, y en la actividad testimonial que mantienen la mayoría de los que todavía tienen algo de presencia. Quizás aquí habría que hacer una mención especial a PAH Vallekas, que sí ha mantenido un importante nivel de actividad. En su caso, el fuerte tejido social y asociativo del barrio, además de su participación en un Centro Social como La Villana, les ha permitido tejer alianzas más sólidas con otros colectivos y estructuras populares (grupos antirracistas y feministas, despensas solidarias, asociaciones de vecinos, etc.). Además, su relación con los partidos y las instituciones siempre ha sido más conflictiva que en el caso de otros grupos.

Por otra parte, el Sindicato de Inquilinas es otro de los principales agentes que intervienen en la lucha por la vivienda en Madrid. Nace en 2017 y parte básicamente de dos diagnósticos: en primer lugar, que la problemática principal en torno a la vivienda se había trasladado de las hipotecas a la burbuja del alquiler, y que por tanto el sujeto político a organizar debía ser el “inquilinato”; en segundo lugar, que era necesario dar un salto organizativo, dejando atrás en la medida de lo posible la informalidad y el asistencialismo que había caracterizado al movimiento de vivienda, por lo que introducen las cuotas de afiliación, las liberaciones y un modelo de acción sindical centrado en los conflictos colectivos, en el mejor de los casos organizando bloques cuya propiedad sea de un gran tenedor. Este colectivo acertó en la lectura del cambio de coyuntura económico-financiera, lo cual le permitió tener un relativo éxito inicial (sobre todo entre la población joven, que vive mayoritariamente de alquiler). Además, la selección estratégica de conflictos, la mejor capacidad económica y las innovaciones táctico-organizativas les han permitido sostener grandes conflictos colectivos, tener una importante presencia mediática y dar servicios rápidos de asesoría jurídica a numerosas personas, consolidando paulatinamente una estructura organizativa. Su composición es bastante diferente a la que tenía la PAH: mayoritariamente está integrado por activistas y militantes jóvenes con formación universitaria, algunos de ellos conocidos al mismo tiempo por sus trabajos profesionales de análisis e investigación sobre la vivienda. Cabe decir que este sindicato sigue la estela del barcelonés, más avanzado en estructura y objetivos al estar vinculado con La Hidra y el Observatori DESC. En este espacio conviven militantes que se catalogarían a ellos mismos bajo diversas sensibilidades políticas, desde anarcosindicalistas hasta reformistas. Aunque internamente no tengan una estrategia política clara, su intervención apuesta por la organización colectiva de inquilinos ya mencionada y en proponer cambios legislativos usando de altavoz estos mismos conflictos. Así, intentan colocar en la agenda mediática problemas vinculados al alquiler y generar con ello un cambio en la opinión pública que suponga, de nuevo, una presión al partido político que gobierne en ese momento para conseguir una legislación más favorable para el inquilinato, el cual entienden como su sujeto a organizar (aunque no definan quién es este más allá de “quien paga un alquiler”). 

Por último, estarían los Sindicatos y Asambleas de Vivienda (Carabanchel, Tetuán, Villalba) y los Sindicatos de Barrio como Moratalaz u Hortaleza, algunos nacidos al calor de la apuesta por nuevas formas organizativas barriales de corte sindical que se lanzaron desde Catalunya a partir de 2015-2016, y otros con trayectoria previa vinculada al 15M o la PAH (incluso tiene sentido ubicar a la mencionada PAH Vallekas en este grupo). Bajo estas formas organizativas se quería generar un sujeto político unido al territorio, abordando con ello las diferentes problemáticas que pudieran atravesarle y apostando por el conflicto como su principal herramienta táctica. Con el coste represivo cada vez mayor, la asimilación ideológica de algunas de estas estructuras por la socialdemocracia (pese a mantener muchos de ellos un discurso explícitamente anticapitalista) y un descenso en la sensibilidad pública hacia conflictos como los desahucios, estos colectivos han encontrado en la falta de orientación estratégica la causa principal de su repliegue. Además, en el plano de acción sindical apenas han logrado ir más allá de los mecanismos aprendidos por parte del legado de la PAH. Sin embargo, es cierto que en los últimos tiempos –al menos en este último sector– hay quienes han ido tomando conciencia de algunos de estos límites, cada cual, con su lectura al respecto, de forma que al menos se han empezado a abrir algunos debates necesarios.

En los últimos tiempos hay quienes han ido tomando conciencia de algunos de estos límites, cada cual, con su lectura al respecto, de forma que al menos se han empezado a abrir algunos debates necesarios

Álex: En términos políticos, en Catalunya siempre ha habido dos espíritus en lucha por la vivienda: el espíritu de cambio de leyes y movilización ciudadana y el espíritu “revolucionario” que entendió la lucha por la vivienda como una expresión de la lucha de clases. Las propuestas políticas y las tácticas se han correspondido siempre con estas dos tendencias de fondo. Promoción de leyes y protesta ante su bloqueo o derogación y presencia fuerte mediática contrastaban con las ocupaciones de pisos, espacios o bloques para realojo y organización, las acciones de presión contra propietarios, etc... Diciendo esto, no podemos caer en el error o la simplificación de delimitar estos dos espíritus a uno u otro agente político, pues han tenido presencia en la totalidad del movimiento de diversas formas. Esto vale para la PAH, para el Sindicat de Llogateres o para los Sindicats d'Habitatge, que son los tres agentes principales de la lucha por la vivienda en Catalunya. Ha habido siempre una dinámica de tironeo entre estas dos tendencias, ya sea internamente a dichos agentes, ya sea entre ellos, cada uno representando una posición política diferenciada, como también ha habido consenso y acción, digamos unitaria, en diversas ocasiones.

Nosotros nos proponemos interpelar a los que se reconocen en el movimiento por la vivienda con en este espíritu revolucionario, haciendo propuestas que nos saquen de la impotencia

En ese sentido, nuestra lectura como militantes socialistas en vivienda es que los dos espíritus son caras de una misma moneda: la falta de independencia política del movimiento por lo que respeta a la agenda de los partidos de izquierdas, su límite en forma de circulo vicioso de movimiento social subalterno a la socialdemocracia. Las partes, digamos, “reformistas”, han defendido este modelo como válido, ya sea abierta o implícitamente. Las tendencias revolucionarias no han sido capaces de elevar más allá de lo local o de la radicalidad discursiva su práctica y propuestas, solo de manera muy puntual, ni tampoco han podido romper la influencia fuerte del estado y los partidos. Al decir esto no nos abstraemos: hemos formado parte de esta dinámica, nos hemos formado y politizado en el fango de la vivienda, para lo bueno y lo malo. Buena parte de las reflexiones que nos llevan a entender la necesidad de la organización comunista y el principio de la independencia política proletaria vienen de allí, de esas experiencias. Y ojo, eso justamente no significa que ahora tiremos al niño con el agua sucia: nosotros nos proponemos interpelar a los que se reconocen en el movimiento por la vivienda con en este espíritu revolucionario, haciendo propuestas que nos saquen de la impotencia.

Con la crisis del 2008 surgieron en torno a las ejecuciones hipotecarias diversas iniciativas como las PAHs. Pronto encontraron sus límites y en unos años, surgieron los sindicatos de vivienda que hoy conocemos en muchos barrios o los sindicatos de inquilinos. ¿Qué renovaciones incluyen a nivel político y táctico respecto al ciclo anterior?

Lucía: En un primer momento, en torno al llamado “asalto institucional” protagonizado por Podemos y las candidaturas municipalistas, algunos sectores militantes barajaron la hipótesis del partido-movimiento. Así, se entendía que debía haber una vinculación, que incluso podría llegar a formalizarse, entre partido y movimientos sociales, entre los que se incluía al de vivienda y a la PAH como uno de los más significativos y representativos del ciclo político al que se trataba de dar continuidad. Así, durante un tiempo, se operó bajo la idea de tener “un pie en la calle y otro en la institución”, en tanto que la segunda debía servir para expandir las condiciones de posibilidad de la primera en un momento en el que los movimientos sociales se encontraban en estancamiento y reflujo, y, por su parte, los movimientos debían “empujar desde la calle” los gestos llevados a cabo en el interior de la institución. Se comprendían como dos partes que debían articularse juntas y que de su tensión podría impulsarse una mayor “democratización”.

Sin embargo, en torno a 2017 (aunque siempre había habido voces críticas), se constataba el fracaso de este modelo, entre otras cosas por la “traición” que acometió Podemos en la atención prestada al movimiento según el momento fuera de oposición o de campaña. De esta forma, se pasaba a barajar otra hipótesis, que no era la del trabajo complementario sino en paralelo, debiendo tomar los movimientos caminos que garantizasen su autonomía y no plegarse, en ningún caso, a los ritmos institucionales, sino que incluso debían desbordarlos (“lograr ser irrepresentables”). Además, en lo que respecta al movimiento de vivienda, el contexto económico-financiero había cambiado sustancialmente hacia la burbuja inmobiliaria vinculada a los alquileres. Aunque hay una mayoría de la población en España que sigue siendo propietaria de una vivienda (parte de ella todavía hipotecada), el mercado del alquiler ha ido creciendo progresivamente y, en las zonas urbanas más grandes del Estado, el precio de estos alquileres se ha disparado por completo como consecuencia de un proceso especulativo favorecido por la entrada masiva en el negocio del alquiler de fondos de inversión internacionales y de largos procesos de gentrificación y turistificación de las ciudades. Además, a esta problemática le acompaña el fenómeno del “rentismo popular”, es decir, el hecho de que un determinado porcentaje de las clases medias obtiene rentas del alquiler y se beneficia de este incremento constante de los precios, una cuestión que el movimiento de vivienda nunca ha sabido o querido abordar.

Es en este nuevo marco en el que el sindicalismo social cobra relevancia, se considera el modelo adecuado para revertir la pérdida de fuerza de los movimientos sociales. Consiste en el abordaje de las problemáticas y vivencias más concretas que devienen de la crisis capitalista a través de mecanismos de apoyo mutuo. Se entiende que permite reconocer e integrar a la lucha experiencias que hasta ahora los mecanismos sindicales tradicionales no incorporaban por estructurarse casi exclusivamente en torno al salario directo. De esta forma, se propugna la proliferación de experiencias de asociacionismo como las ya existentes en el momento, entre las que la PAH se considera un ejemplo replicable y una plataforma de partida. Pese a que no existe una ruptura total con el ciclo anterior, no deja de ser sintomático la adopción de lógicas y lenguajes sindicales, algo seguramente impensable unos pocos años atrás, en los que la herencia 15M había generado un fetiche del asamblearismo y la horizontalidad, así como una sospecha hacia cualquier atisbo de organización más “clásica”. Se puede observar, por tanto, que se empieza a discutir sobre la necesidad de “organizarse más y mejor”, por muy abstracto y difuso que pueda sonar.

Como fórmula para subvertir las formas profundamente asistencialistas, personalistas y estériles (incluso corruptas, a veces) en las que el movimiento se adentraba

Este marco subsiste hoy de diversas formas. Por un lado, estaría la apuesta por generar “comunidades en lucha” como en Madrid podría representar PAH Vallekas, tratando de expandir su acción en el barrio más allá del ámbito de la vivienda y constituyendo otras estructuras que nacen vinculadas a la primera, como escuelas populares o despensas solidarias. Por otro lado, el Sindicato de Inquilinas apuesta por las negociaciones colectivas por propietarios y por posicionarse en conflictos a corto plazo (subidas del IPC, gastos de inmobiliarias...), para colocarlos así en la agenda mediática y presionar por el cambio legislativo que lleve aparejado ese conflicto. Por último, podemos decir que entre 2020 y 2022 se han hecho las apuestas más explícitas de sindicalismo social bajo la voluntad de superar el barrionalismo. Así, desde sindicatos barriales como el de Carabanchel se lanzaron propuestas de corte más sindical y colectivo a la hora de enfrentar el conflicto contra la propiedad, como fórmula para subvertir las formas profundamente asistencialistas, personalistas y estériles (incluso corruptas, a veces) en las que el movimiento se adentraba. Esta apuesta respondía a la influencia de los procesos que se daban en el ámbito de la vivienda catalán y sus apuestas tras el 1r Congrès d’Habitatge, el Primer Congreso de Vivienda, (sindicatos por barrios/municipios, estructuras populares, campaña conjunta del movimiento, conflictos colectivos...). Si bien introdujeron aire fresco en el movimiento, es sintomática la especial descomposición y debilidad del movimiento de vivienda en Madrid desde hace años debido a una ausencia absoluta de estrategia y de contenido político.

A partir de 2015 se fortalece en Cataluña el modelo de los sindicatos de vivienda. ¿Qué elementos favorecen esta extensión y hasta qué punto pudo considerarse una “ventana de oportunidad” con fecha de caducidad? Si así lo era, ¿hubo alguna reflexión explícita al respecto entre los colectivos que trabajaban la problemática? 

Álex: Exacto. Pero haría un matiz a lo que dices: la ventana de oportunidad, desde mi punto de vista, es la misma que se abrió en 2008. El problema entonces fue que los círculos más militantes o revolucionarios, salvo algunas excepciones, no supimos verlo. Entre 2015 y 2019 lo que se da es una corrección de esta falta de vista: las tradiciones activistas más “revolucionarias” aprovechan el reflujo de la PAH BCN y que el Sindicat de Llogateres i Llogaters (Sindicato de Inquilinas e Inquilinos) aún no tiene músculo organizativo para lanzar sindicatos y se difunde la concepción de la lucha por la vivienda como expresión de la lucha de clases. Un episodio más del tironeo entre el espíritu revolucionario y el reformista, si queréis. Pero aquí rige más la lógica de que en política no existen espacios vacíos, un vacío interno del movimiento que nosotros vemos y llenamos.

Pero aquí rige más la lógica de que en política no existen espacios vacíos, un vacío interno del movimiento que nosotros vemos y llenamos

A partir de eso, la ventana de oportunidad con la que nos encontramos es lo que quedaba aún abierto a raíz de la crisis del 2008 y el periodo alcista de luchas que originó. Sociológicamente, los nuevos sindicatos representaban una combinación de jóvenes militantes con proletariado hondo como base social, menos amplia que en la primera PAH. Y el grado de movilización del resto de la sociedad era ya mucho menor. Pero se supieron aprovechar bien los resquicios para promover conflictos, victorias y movilización cotidiana, se consiguió entre 2015 y 2019 determinar la agenda política y tener iniciativa política revolucionaria. El 1r Congrés d'Habitatge, la consolidación de las tácticas de acción sindical y estructuras populares y la extensión de los sindicatos más allá de Barcelona son resultados de esa capacidad.

Pero un elemento de autocrítica claro es que en su momento no supimos ver como de concreto y coyuntural era ese contexto, quizás cegados por cierta euforia. Como de movilizados estábamos, pero como el resto de la sociedad y la clase lo iban estando cada vez menos. Más adelante hubo algunos intentos de reflexionar y coagular organizativamente todo ello por parte de militantes de Endavant y Arran que participábamos de la lucha por la vivienda, pero la mayoría fueron expulsados o salimos de tales organizaciones durante la ruptura del curso pasado y se perdió la iniciativa de esas reflexiones o propuestas.

¿Creéis que este modelo está mostrando signos de agotamiento? Si así lo consideráis, explicar qué límites os habéis encontrado. 

Lucía: Desde luego, los signos de agotamiento de las formas que venía adoptando la lucha por la vivienda son evidentes especialmente desde la pandemia, y esto no es algo que yo diga o que plantee únicamente el Movimiento Socialista, sino un sentir generalizado en gran parte del movimiento, a excepción de algunas voces más triunfalistas en base a ciertos intereses corporativistas. Es evidente la menor capacidad para parar desahucios tanto en la puerta como por los mecanismos burocráticos habituales, el aumento de la criminalización de la okupación y la represión, la menor capacidad de movilización y el vacío estratégico generado por años de lucha en la inmediatez y la urgencia.

Cuando presentamos los Encuentros por el Proceso Socialista en octubre, una de las ponencias trataba precisamente sobre los límites con los que habíamos chocado algunas militantes en la lucha por la vivienda en los últimos años. Principalmente eran límites a nivel organizativo, a nivel teórico-estratégico y derivados de la sectorialidad. En lo organizativo, por un lado, nos referimos a la debilidad de la estructura interna de las asambleas y sindicatos, que favorecen que las fuerzas militantes queden absorbidas por la urgencia y las dinámicas asistencialistas, dificultando enormemente los espacios de reflexión o la innovación táctica. Por el otro, encontramos la atomización que caracteriza al movimiento de vivienda, con asambleas o sindicatos organizados generalmente por barrios o pueblos y vínculos laxos entre ellos. La “autonomía” de la asamblea ha sido vista como algo naturalmente positivo, ocultando así las relaciones y los roles de poder que se dan en ellas a través de una suerte de “vanguardias” militantes que al fin y al cabo acumulan la capacidad de decisión. A su vez, esto se complementaba con una visión fantasmagórica de toda hipótesis que superase esa atomización, bajo el miedo a perder dicha autonomía que en último término se traduce en miedo a perder poder. Todo esto ha derivado en el paradigma de la coordinación, es decir, en la idea de no entenderse como un todo sino como una suma de partes cada una con sus propios posicionamientos, que en última instancia son contradictorios entre sí pero que nunca se revelan. Y esto es aplicable tanto al movimiento de vivienda como a la forma en que se concibe éste en relación a otras luchas. Y esto no es solo una crítica a las coordinaciones puntuales (que pueden ser útiles en determinado momento), sino también al establecimiento orgánico de coordinadoras con sus funciones, subgrupos, acuerdos de mínimos e incluso marca propia, en las que, sin embargo, cada colectivo no deja de pretenderse como una parte totalmente autónoma del resto.

A su vez, las carencias organizativas y la sectorialidad refuerzan lo que son en el fondo los principales límites: los estratégicos. La ausencia de espacios de formación y debate político profundo en y entre los distintos actores impide clarificar, elaborar y confrontar las distintas posturas, compartir un análisis de coyuntura o elaborar una estrategia conjunta. Esto limita mucho la activad cotidiana, pues, al no tener claro a qué se va ni cómo se llega hasta ahí, ocurre que en un mismo espacio se despliegan tácticas o discursos contradictorios entre sí, y tampoco hay mecanismos eficaces para aprender de la experiencia acumulada.

Álex: Creo, que, básicamente, más que señales de agotamiento, se está ya cerrando el período que permitió a una mezcla de astucia y voluntad desarrollar prácticas de lucha y defensa cotidianas mucho más avanzadas que el estado general de movilización de la sociedad, por no hablar del grado de articulación política del proletariado como sujeto histórico. Eso ha ido pasando sobre todo a partir del corte abrupto de la pandemia, siguió gradualmente entre 2020-2021 y se ha agravado este último curso. La capacidad de ocupar casi como queríamos, de defender desahucios durante años e intentos... creo que todo eso tuvo un punto de espejismo. Aunque hayamos tenido interesantes experiencias de control del espacio y de conflicto, tenemos que reconocer que las desarrollamos en base a la cierta permisividad del estado, no por una situación de movilización generalizada o caos en la que intervinimos, ni tampoco por un avance del poder del proletariado en términos organizativos. Saber “aprovechar” un contexto fue algo positivo, pero principalmente nos faltó visión estratégica y tener claro para qué proyecto estábamos trabajando, más allá de lo inmediato y las voluntades.

Con esto no estoy afirmando que los sindicatos de vivienda hayan dejado de ser útiles. Allí estamos, clavados y trabajando. Pues la problemática de la vivienda sigue diezmando las condiciones de salario y vida del proletariado, ocupa centralidad política y económica en el capitalismo español y genera tensiones y degradación en los barrios de clase trabajadora que son nuestro ámbito territorial de actuación prioritaria. Mientras esto siga siendo así, seguirán siendo necesarios los sindicatos. Pero hay que asumir que ahora mismo no estamos en un momento alcista de movilización social, sino justo al contrario, y que en paralelo está en marcha una ofensiva mediática, judicial y policial, que ya está afectando al movimiento, sobre todo a nuestro modelo organizativo. Esta es la limitación más reciente con la que hemos topado, pero conecta con cuestiones a resolver, límites si quieres, que han existido siempre, también en los momentos más álgidos. Allí estaría la dificultad de doblegar a enemigos como los fondos buitres, que ha ido a peor desde su aparición, la brecha en la politización y compromiso entre “afectados” y “militantes”, la escala organizativa de “asamblea” con su límite de saturación y la dificultad de generar otras escalas funcionales, por poner algunos ejemplos. 

Es habitual entender límites de índole estratégica a través de deficiencias organizativas o a través de la insuficiencia en las tácticas sindicales. Un buen ejemplo de las limitaciones políticas que han tenido los sindicatos de vivienda es la instrumentalización que los partidos socialdemócratas han hecho de sus esfuerzos. ¿Cuál es vuestra experiencia al respecto y qué os suscita esta idea? 

Álex: Te daré dos ejemplos. El primero, es lejano a mi inicio militante en vivienda: el uso claramente instrumental para fines electorales que el sector DESC y Ada Colau hicieron de la PAH. Aunque esta se declarara apartidista en sus inicios e independiente, el liderazgo y la retórica ciudadanista se impuso a su vitalidad proletaria inicial, encarrilando la debilidad de tal marco de demandas, que eran muchas veces la traducción económica de críticas morales a un capitalismo “malo” de los bancos, para ganar unas elecciones. Allí, buena parte de los que nos reconocíamos como activistas radicales, revolucionarios, dejamos solo a una parte del proletariado y de la clase media rápidamente proletarizada ante unos arribistas que se aprovecharon de la situación. Una buena lección.

El segundo, más actual, es la dinámica que el Sindicat de Llogateres dio lugar para la aprobación de la ley de regulación de alquileres en Cataluña. Nuestra lectura es clara: allí se dio una primera instrumentalización cuando ERC pone la idea de la ley y el Sindicat de Llogateres la empieza a negociar con ellos, convergen intereses. Los primeros quieren aprovechar el clima social tensado alrededor de la vivienda para marcar perfil de izquierdas y tensar a sus socios más de derechas; el sindicato quiere imponer la prioridad estratégica al resto del movimiento y erigirse en agente reconocido por la administración. En los dos casos, en base a los esfuerzos de sostenimiento del conflicto cotidiano por parte de PAH y sindicatos locales. La segunda instrumentalización, ya afecta al mismo Sindicat de Llogateres. La ley dura 6 meses y cae tumbada por el Tribunal Constitucional. Su repercusión entre los inquilinos es limitada y la fuerza que da al movimiento cuestionable, como mucho le da iniciativa a SLL para movilizarse. Pero para ERC es material de campaña, para denunciar una vez más el ataque a las instituciones catalanas, y de paso gana las siguientes elecciones. Más tarde, elementos quedan incorporados en la Ley Vivienda del PSOE, pero mucho más descafeinados.

Así vemos cómo los esfuerzos del movimiento se transforman en una iniciativa legislativa sobre la que una parte no tienen ni control, el beneficio de tal ley es limitado tanto cuantitativamente como cualitativamente y no hay una lectura clara de cómo esta ley beneficia a la acumulación de fuerzas del movimiento en general. Finalmente, en desproporción, contribuye a la campaña política de partidos socioliberales y socialdemócratas y a sus artimañas electorales. 

Lucía: Evidentemente, todos los límites que planteamos antes no se pueden separar de lo estratégico: cómo te organizas y cómo se relacionan entre sí distintas luchas no son cuestiones independientes del planteamiento estratégico; al contrario, aunque hay que aterrizarlo en el contexto concreto, estas cuestiones se deducen de la estrategia. Es absurdo plantearse el “cómo” sin tener claro el “para qué”.

Cómo te organizas y cómo se relacionan entre sí distintas luchas no son cuestiones independientes del planteamiento estratégico

Por ejemplo, organizaciones como el Sindicato de Inquilinas plantean de forma reiterada que el debate “realmente importante” es el organizativo, al mismo tiempo que afirman que están superando estos límites que mencionaba, haciendo referencia a cuestiones organizativas o tácticas a menudo muy útiles, pero que para nada resuelven la cuestión estratégica. 

En cualquier caso, es una característica general del anterior ciclo político tenerle cierto miedo al debate político, como si automáticamente nos fuese a llevar a una espiral de debates académicos, provocar una escisión tras otra o hacernos caer en una radicalidad autorreferencial que nos llevase a la marginalidad, hasta el punto que incluso muchos militantes que se consideran revolucionarios ven como positivo la convivencia de perspectivas revolucionarias y reformistas en un mismo movimiento, sin ver problemática la incapacidad de plantear debates profundos y un programa propio. Todo son programas de mínimos, además muy difusos, de forma que se deja en bandeja a la socialdemocracia integrar esas reivindicaciones en su programa general. Y es importante resaltar que esa carencia estratégica no se resuelve solo desde lo organizativo, creando un espacio para esos debates en el movimiento. Hablar de una estrategia para el movimiento de vivienda es una contradicción, porque una estrategia es por definición algo integral. A los sectores más radicales les parecerá una obviedad que digamos que el problema de la vivienda no se puede superar sin superar el capitalismo. Pero es que decirlo tiene implicaciones. Primero, que la estrategia tiene que estar enfocada a esa superación. Y segundo, que eso no puede ser una tarea exclusiva de las luchas por la vivienda, ni una suma de “estrategias parciales”, sino que tiene que pensarse de forma integral, desde la totalidad.

Por poner un ejemplo reciente de esa instrumentalización, podemos pensar en la acción que se realizó hace poco cubriendo la lona de Desokupa con el lema “Ni alquileres, ni hipotecas, ni deudas. Vivienda gratuita, universal, de calidad y bajo control obrero”, que ya indica que se están abriendo debates importantes que serían impensables hace unos años. A pesar de la claridad del mensaje, incluso esta acción fue instrumentalizada por partidos socialdemócratas como Podemos para hablar de una “sociedad civil” que demandaba medidas en vivienda a un gobierno que debía ser valiente para implementarlas. ¿Por qué pudo ocurrir eso? Igual que la independencia política no es una cuestión meramente organizativa, tampoco es meramente discursiva. Hay quien podría pensar que por poner mensajes más radicales ya no íbamos a ser instrumentalizados por ellos. Pero es que no se trata solo de eso; tienes que tener un análisis y un discurso propio, sí, pero también la fuerza material para transmitirlo sin pasar por su filtro, así como un proyecto integral en torno al cual acumular fuerzas. Crecer sí, pero ¿para qué? Si carecemos de proyecto propio alimentamos el de otros, ese vacío lo llena la socialdemocracia, filtrando o incluso deformando las consignas si hace falta. También hay otros ejemplos, quizá más evidentes, como el que ya hemos mencionado de la Ley de Vivienda, o el salto que han dado algunas caras visibles del movimiento de vivienda a partidos como Podemos. Esto, por supuesto, ha sido criticado por algunos sectores, muchas veces desde el moralismo y la autocomplacencia, señalando la traición. Pero hay que decir también que la propia debilidad y práctica del movimiento lo favorecía: si gran parte de la actividad consiste en hacer reivindicaciones al Estado, es incluso lógico que haya quien dé el paso de intentar implementarlas desde dentro. De nuevo, el problema de fondo es estratégico.

¿Consideráis que el concepto “movimiento por la vivienda” sigue siendo un concepto políticamente válido?

Álex: En base a todo lo dicho hasta ahora, la reflexión que compartimos la militancia socialista que formamos parte de la lucha por la vivienda es clara: creemos que el movimiento por la vivienda sigue existiendo políticamente, pero que urge una enmienda grande para romper el influjo ideológico de la lógica socialdemócrata y movimentista en este. Urge romper con la convivencia entre la política de la clase media y los intereses del proletariado, que acaba concretándose, por ejemplo, en pactos como el de la Ley Vivienda, donde se benefician los intereses de cierta clase media rentista en algunos de sus artículos, y el hecho flagrante de que para el proletariado que están expulsando de su casa tal ley no tiene efectos, ni para los desahucios.

Urge romper con la convivencia entre la política de la clase media y los intereses del proletariado

Nosotros proponemos el horizonte estratégico del proceso socialista y su traducción para las luchas económicas; un horizonte de autodefensa de un proletariado y capas de la clase media que van cayendo, aún con mucha dispersión y poca articulación política. Queremos desarrollar estas discusiones con el movimiento como militantes socialistas en vivienda, interpelar al resto de la gente que participa en vivienda y ver hasta qué consecuencias lleva eso.

Al mismo tiempo, entendemos el momento de ofensiva burguesa que se está dando y de retroceso del movimiento; por ello, es importante que tales discusiones vayan acompañadas de la capacidad de generar dinámicas, acuerdos tácticos, de afrontar las movilizaciones o coyunturas que se puedan dar de manera unitaria, pero, por nuestra parte, deberá ser desde la independencia política consciente, no basada en una unidad abstracta sin base estratégica, o que si la tiene, es de forma velada la estrategia de la clase media, es decir, de la socialdemocracia. Algo así es lo que está en discusión, aun de forma poco clara, en el espacio del 2n Congrés d'Habitatge (Segundo Congreso de Vivienda) que lleva en gestación todo este curso pasado.

Por eso creemos que la táctica y su validez se debe probar en la práctica. Y esto vale para nosotros también, para recordarnos que la mayor fuente de legitimidad de aquello que propongamos es que se respalde en sindicatos funcionales, no en el aire o el papel. Pero al mismo tiempo, nadie debe caer en la trampa de los que insisten en discutir en las tácticas, pero no aún no han respondido cuál es su estrategia. Porque a quien no le interesa discutir sobre estrategia es o porque no la tiene, o porque la suya es la dominante que se impone de manera implícita. 

Lucía: De momento, lo cierto es que describe una realidad: la lucha por la vivienda toma aquí la forma de movimiento social, con múltiples actores sin vínculos organizativos sólidos, sin una cohesión política ni estratégica, que se asume como lucha sectorial, etc. Al mismo tiempo es evidente, por todo lo que ya he ido comentando, que muchas de estas características son límites a superar. De hecho, resulta difícil, por no decir imposible, imaginar que se puedan superar manteniendo la forma de movimiento social; son características que van implícitas.

Aquí habría un tema que no hemos tocado aún y que tiene mucho que ver con esto, que es: ¿cuál es el sujeto de la lucha por la vivienda? En muchas ocasiones se dio por obvio, “quienes tienen un problema de vivienda”. Es algo que también va implícito en la idea de “movimiento de vivienda”, ya que surge no de unos planteamientos políticos concretos sino de una problemática compartida, donde sectores de clase muy distintos entre sí hacen frente para conseguir ciertas mejoras inmediatas en ese ámbito concreto. Pero la pregunta “¿qué es tener un problema de vivienda y quiénes tienen ese tipo de problemas?” rara vez se ha abordado en profundidad; en lo discursivo unas hablaban de okupas, otros de familias vulnerables, obreros, inquilinos, los barrios, las vecinas... Pero en la práctica, el movimiento de vivienda lo ha entendido de forma muy limitada: quienes se enfrentan a un desahucio, o a una subida “abusiva” del alquiler que apunta a un futuro desahucio. La burbuja del alquiler, y la cronificación de la crisis en general, hizo más evidente todavía que el problema de la vivienda es algo más complejo y amplio: jóvenes que no se pueden independizar, tener que destinar al alquiler o la hipoteca un porcentaje altísimo de los ingresos, distintas formas de violencia por parte de los propietarios, criminalización de la okupación, hacinamiento... En definitiva, que una necesidad tan básica como la vivienda sea una mercancía. Y esto evidentemente no afecta a una minoría especialmente precarizada, sino en mayor o menor medida a capas muy amplias.

El problema viene cuando hay que plantearse cómo se llega a toda esa gente. Aquí es donde empiezan las confusiones. Por un lado, se tiende a asumir que tener un proyecto de mayorías implica necesariamente tener un discurso más moderado, y viceversa, que un discurso radical implica caer en la marginalidad, porque asusta a la gente o no va a ser entendible. Y así se habla por ejemplo de “vivienda pública” (sin analizar el grado de utopía que hay en exigir esto al Estado en un capitalismo en crisis, ni valorar qué estamos queriendo si esta es nuestra demanda final) o “alquileres justos” que naturalizan la vivienda como mercancía. ¿Desde qué perspectiva se pude decir que algo como el alquiler puede ser “justo”? Como si hablar de “vivienda gratuita” fuese incomprensible para la gente. De esa forma, tratan de adaptarse al sentido común de mayorías ya existentes para relacionarlo con su proyecto (estrategia que, por cierto, comparte la nueva socialdemocracia populista, con su visión reduccionista de qué es la hegemonía), en lugar de generar uno nuevo en torno a su programa. Además, esto te hace, perder el control de tu línea política, porque si ese sentido común varía, tu línea varía con él: vas a la deriva.

Para nosotras, querer organizar a los hipotecados, al inquilinato, a las okupas, o a todos ellos, no supone que no exista un sujeto que permita enfocar estas luchas desde la totalidad: el proletariado revolucionario. No por ningún tipo de obrerismo, sino porque, al ser quien sufre la mayor desposesión, las soluciones que formulemos en torno a sus intereses son las que nos sirven como solución universal, en lugar de articularlas en torno a intereses inmediatos de determinados sectores de la clase a costa de otros, o de mantener los términos de la relación de clase. 

No se trata simplemente de aumentar la fuerza de los inquilinos en su conflicto con los propietarios, sino de, a través de este, alterar los términos en que se da ese conflicto, alterar la propia relación, negando la propiedad privada

Y es curioso porque cuando lo decimos, hay quienes contestan “no, pero es que los inquilinos son proletarios”. A veces incluso se justifica con la analogía de que pagar un alquiler es una relación de explotación, cuando esto es falso. Esa misma “okupa” o “inquilina” se puede organizar como tal o como proletaria. Es una elección política, eliges qué sujeto construyes. Sobre todo, porque no se trata simplemente de organizar al proletariado sociológico, sino de organizarlo entorno a un programa de superación del capitalismo: el programa comunista. Que una organización esté formada por el proletariado sociológico no significa que vaya a aportar a la independencia política del proletariado. ¿Un equipo de fútbol formado por proletarios lo hace? No se trata simplemente de aumentar la fuerza de los inquilinos en su conflicto con los propietarios, sino de, a través de este, alterar los términos en que se da ese conflicto, alterar la propia relación, negando la propiedad privada. Por eso el sujeto es el proletariado revolucionario. Un sujeto que no se puede “ir a buscar” a ninguna parte, sino que se construye políticamente. Ese es el reto hoy.

Precisamente, en el contexto de ofensiva capitalista que vivimos, es previsible que los próximos años la vivienda sea un foco de conflicto social de gran centralidad. ¿Qué retos deberían abordarse para conseguir que la lucha por la vivienda alimente un horizonte de emancipación universal?

Álex: Como prioridad inmediata, si queremos que los sindicatos sigan siendo herramientas útiles para el proletariado, debemos modificar ciertas partes de su estructura y métodos de trabajo que eran propios de los de un movimiento social movilizado. Hay que solidificar nuestras estructuras o nos barrerán. Hay que tener capacidad de maniobrar tácticamente a la defensiva de manera correcta en el contexto que se abre.

De fondo y en paralelo, hay que reconducir un error cometido: el haber asumido la neutralidad política de los sindicatos como algo positivo. Esta es una discusión histórica del sindicalismo y de la concepción comunista revolucionaria de la intervención en los sindicatos. La neutralidad de los sindicatos solo beneficia a la proliferación de burócratas, al mantenimiento de la hegemonía socialdemócrata que se hace pasar por neutral o, en la peor de las instancias, a la integración directa en el estado. En nuestra época, la neutralidad de los sindicatos viene determinada por la forma movimiento social y el anticapitalismo abstracto que se hacen paradigmas mayoritarios a partir del ciclo 15M. Hemos de romper con ello. A nadie le rechina que LAB sea un sindicato laboral abertzale, que la CGT sea una central sindical anarcosindicalista, pero, en cambio, ha habido un sentido común fuerte en el movimiento por la vivienda de rechazo del marcaje ideológico y político; hasta nosotros en muchos periodos hemos contribuido a ello. Que en la lucha por la vivienda se asuma una orientación ideológica o estratégica clara es un paso adelante y la militancia socialista nos proponemos la tarea de impulsarlo. Eso sí, claro, proponiendo y demostrando que nuestro paradigma ideológico y estratégico es el más certero, entendiendo que el principio de guerra cultural por la rehegemonización del comunismo en una lucha por la vivienda no significa ahora hacer propaganda en los desahucios y ya. Al contrario, debemos entender que un sindicato funcional es aquel que es eficiente para cubrir las necesidades de nuestra clase, pero que a la vez empuja hacía la acumulación de fuerzas socialista en la posibilidad que nos lo permite la coyuntura más histórica; no que empuja para que se beneficie electoralmente tal partido o para que una fracción concreta de la clase trabajadora mejore sus condiciones corporativamente a costa de estratos más bajos. Hay que plantearlo con humildad. Esos serían unos primeros pasos para que el espíritu revolucionario del movimiento por la vivienda entronque con las posibilidades de su realización, más allá del voluntarismo.

Asimismo, todo lo dicho ha de acompañarse de la preparación para un eventual retorno de momentos de auge de la problemática y la movilización, en su dimensión más espontánea y no mediada. Justamente, para presentar nuestra concepción de los sindicatos y la lucha por la vivienda como herramientas y explicaciones útiles, como una vía factible a través de la que articular lo que pueda pasar con una nueva epidemia de impagos hipotecarios o con la caída en el umbral del desahucio forzosos a todos aquellos inquilinos que han ido trampeando las subidas de alquiler o se han trasladado a zonas menos caras. Si no lo hacemos nosotros, lo hará el nuevo invento de la pata movimentista de los partidos de izquierdas; y si no hay organización, se alimentarán las pulsiones reaccionarias.