[Artículo escrito antes de aplicarse la reforma]

Los sistemas públicos de pensiones constituyen el sustento de renta de millones de trabajadores mayores en las sociedades europeas. Han sido, en parte, el resultado de una conquista histórica del movimiento obrero, pero también el instrumento indispensable para la autorregulación, modernización y pacificación social del capital. Por tanto, un arma de doble filo. Además, estos fondos gestionados por los estados burgueses son movidos por una mecánica peligrosa. Un prejuicio bastante extendido en el sentido común es aquel que dice que la llamada hucha de las pensiones es algo así como guardar dinero en una hucha del hogar, una simple y segura transacción de ahorro. Esta creencia no puede ser más errónea. Las cotizaciones no son operaciones económicas mucho más seguras que las inversiones en bolsa o las apuestas, ya que tienen un fuerte componente especulativo. Es más, observando el déficit financiero estructural de la mayoría de estados, debemos recordar que las pensiones se enmarcan en el gasto social global basado en el endeudamiento público. Por decirlo de otra forma, las administraciones diseñan los planes de pensiones en base a previsiones macroeconómicas virtuales a medio plazo, con la puerta abierta a la introducción de más modificaciones en las recesiones económicas. Entonces, ¿cómo y hasta cuándo resistirán las pensiones públicas tanto a la tormenta de la crisis capitalista como a sus carencias estructurales? La nueva reforma de pensiones que se está comenzando a implantar en el Estado español nos ofrece una gran oportunidad para hablar de posibles escenarios de un futuro próximo.

Un prejuicio bastante extendido en el sentido común es aquel que dice que la llamada hucha de las pensiones es algo así como guardar dinero en una hucha del hogar, una simple y segura transacción de ahorro. Esta creencia no puede ser más errónea

Al caracterizar el sistema público de pensiones del Estado español, antes que nada, hay que mencionar la solidaridad intergeneracional y la titularidad pública. Hoy por hoy, el Estado se sirve de las cotizaciones de los trabajadores y empresarios para pagar las pensiones del momento, es decir, los salarios directos de un momento histórico determinado son la materia prima del saco de las pensiones. Es característica intrínseca al capitalismo, sin embargo, que los salarios directos de las personas trabajadoras y las ganancias de la burguesía experimenten altibajos. En este sentido, la crisis de 2008 supone un momento de ruptura en el sistema de pensiones del Estado español: desde el punto de vista de la clase trabajadora, ha provocado un deterioro generalizado de las condiciones de vida de los trabajadores que reciben salarios diferidos (los pensionistas). Para el capital, en cambio, se ha abierto una oportunidad excepcional para el ataque carroñero sobre estas formas de renta.

LOS LÍMITES, EN LA BASE

Recurriendo a rasgos más específicos, deberíamos destacar las debilidades tanto demográficas como económicas, que son especialmente graves. En lo que respecta a la dimensión económica, el Estado español es conocido por la baja tasa de rentabilidad de su estructura productiva o por su bajo valor añadido[1]. ¿Cómo equilibra la oligarquía esta desventaja? Atacando a los salarios, en su sentido más amplio. Si observamos la evolución del régimen salarial español, nos damos cuenta de que el precio de la fuerza de trabajo estuvo estancado desde 1998 hasta 2011, mientras que el gasto social (salario indirecto) desempeñaba la función de dique de contención de la proletarización. A partir de 2010, sin embargo, empieza a percibirse la devaluación del salario y la reducción del gasto social[2].

El Estado español es conocido por la baja tasa de rentabilidad de su estructura productiva o por su bajo valor añadido. ¿Cómo equilibra la oligarquía esta desventaja? Atacando a los salarios, en su sentido más amplio

Vemos que la mayoría de los jóvenes trabajadores que se incorporan al mercado laboral actual cobran menos que la media de las pensiones. En concreto, muchos de los jóvenes que viven en el Estado español pueden recibir a cambio de su fuerza de trabajo la mitad, o incluso menos, que sus abuelos con pensión máxima. Si a esto le sumamos la baja tasa de crecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida aún vigente, podemos sospechar la llegada de un descalabro. Los responsables políticos de la nueva reforma de las pensiones huyen del problema sosteniendo que, a medida que aumenta la esperanza de vida, es necesario elevar la edad de jubilación, pero el problema los persigue. El economista Santiago Niño Becerra advierte de lo siguiente: «La esperanza de vida irá cayendo a medida que la sanidad pública universal vaya recortando las prestaciones por imposibilidad financiera de mantenerlas»[3]. La futura caída de la esperanza de vida no va a frenar el envejecimiento de la población en sí mismo, y podría imponer limitaciones al retraso de la edad de jubilación. Ambas son condiciones deficientes para mantener las pensiones públicas.

Por ponerlo en perspectiva, el Estado español ocupa el segundo puesto en la clasificación mundial de envejecimiento demográfico, por detrás de Japón y con previsiones de superarlo. Los datos de Hego Euskal Herria no son mejores: mientras que en 2021, en el Estado español, la población de 65 años o más conformaba un 19,77 %, en Hego Euskal Herria la media era del 22,14 %[4]. Numerosos estudios burgueses españoles también tienen cada vez menos razones para la apología del optimismo, ya que reconocen que las personas que estén en edad de jubilación para 2050 pueden llegar a constituir más del 30 % de la población. Los análisis internacionales son más pesimistas, y sitúan por encima del 40 % al conjunto de la población en edad de jubilación o cerca de ella[5]. Si se cumplen estas previsiones, se invertirá la proporción entre los trabajadores asalariados y pensionistas, es decir, puede que pronto haya más gente jubilada que trabajando, con todo el desequilibrio que ello pueda suponer. Si comparamos los datos actuales del Estado español y Hego Euskal Herria, podemos sospechar que el punto de ruptura mencionado puede llegarnos antes a nosotros.

Puede que pronto haya más gente jubilada que trabajando, con todo el desequilibrio que ello pueda suponer

Encontramos, por lo menos, dos factores inflamables para explicar las cifras anteriores: la creciente tendencia de la cronificación del desempleo y la jubilación de la generación del baby boom[7]. Mientras no se demuestre lo contrario, el desarrollo de la tecnología continuará reduciendo el tiempo de trabajo socialmente necesario y, por tanto, la demanda de trabajo. En este sentido, cabe esperar el crecimiento del excedente general de la fuerza de trabajo. Tal y como explica Adam Radomski, los despidos masivos, los contratos parciales, los expedientes de regulación temporal del empleo, la extensión de la figura del fijo-discontinuo o la provisionalidad serán nuestro pan de cada día en los próximos años[8]. Todo ello impulsará la bajada de la media salarial, reduciendo aún más la eficacia de la ya de por sí débil recaudación de fondos de la Seguridad Social.

En cuanto al segundo aspecto, la importancia de la jubilación de la generación baby boom no se ha de medir únicamente en su peso cuantitativo en términos demográficos, sino también en las consecuencias cualitativas económicas y, por tanto, políticas. En pocos años, Madrid se encontrará en el siguiente atolladero: tendrá que financiar las pensiones de una de las generaciones de trabajadores más numerosas y prósperas de la historia de la Seguridad Social, partiendo de los salarios de la generación de trabajadores con los salarios reales más bajos y la más reducida demográficamente. ¿Cómo van a gestionar esto? «Con el Fondo de Reserva», contestaría más de uno, apelando al supuesto flujo infinito de dinero del Estado de Bienestar. El caso es que entre 2011 y 2021 el Fondo de Reserva se ha vaciado en un 90 %, pasando de 66.000 millones de euros a 2.000 millones[9]. Por tanto, a todos los ejecutivos que estén en la Moncloa en los próximos años solo les quedará una opción: establecer políticas antiproletarias con reducido margen de maniobra y aprobar la liquidez envenenada procedente de Bruselas.

Si, tal y como indican las cifras, se rompe el equilibrio socioeconómico que sostiene el principio de solidaridad intergeneracional, la historia de las pensiones públicas sería la crónica de una muerte anunciada. Desde la perspectiva de las nuevas generaciones de trabajadores y trabajadoras, percibirán empíricamente en su entorno que trabajar y cotizar durante largos años (en caso de conseguir un puesto de trabajo) no asegura determinadas condiciones de vida en la vejez. En el caso de las personas de más edad, a pesar de llevar unos 40 años trabajando, pueden sentir, en el momento de retirarse del mercado laboral, el aliento de la proletarización en su nuca, muchos de ellos, por primera vez. Esto hará que se tambalee uno de los pilares fundamentales del pacto social del Estado de Bienestar. Con el movimiento obrero descompuesto y sin la amenaza del fantasma del comunismo, tanto los propietarios de los planes privados de pensiones como otros oligarcas no ven grandes obstáculos y se frotan las manos. Los buitres nos sobrevuelan, a la espera de que estalle la bomba de relojería social que tenemos delante.

REFORMAS DE LA CRISIS Y CRISIS DE LAS REFORMAS

Tratemos de responder de un modo más preciso a la pregunta lanzada anteriormente. Si el desequilibrio del sistema público de pensiones es crónico y puede, como consecuencia, sufrir a medio plazo una profunda crisis de financiación, ¿hasta qué punto mantendrán el sistema público de pensiones? Y lo que es más importante: ¿cómo puede ser el nuevo modelo que sustituya a este?

Al igual que, en medicina, una parte gangrenada del cuerpo es amputada, los estados burgueses se sirven de la crisis para quitarse de encima tanto los servicios como competencias que provocan el mayor déficit público. De la misma forma en que se ha visto en otros países, la Seguridad Social puede disolverse progresiva y masivamente, con el objetivo de aumentar las ganancias de la burguesía o de evitar que el crack se expanda a todo el cuerpo social. Las pensiones, en la medida en que constituyen una forma de salario, pueden reducir a la burguesía el margen para absorber la plusvalía (trabajo no retribuido). Asimismo, la oligarquía financiera ha ido adaptando, desde la transición hasta ahora, el marco legal de las pensiones de España a medida que las coyunturas económicas lo exigían, de la mano de sus mayordomos políticos. Cada reforma ha permitido a la clase dominante transferencias cada vez mayores desde las rentas del trabajo a las rentas del capital. El economista Mario del Rosal destaca dos políticas generales que han caracterizado esta doctrina sobre las pensiones en la democracia burguesa española[10]:

Cada reforma ha permitido a la clase dominante transferencias cada vez mayores desde las rentas del trabajo a las rentas del capital

1. La reducción de la pensión media de jubilación, con el incremento del número de años para el cálculo de la base reguladora de la pensión.

2. El endurecimiento de las condiciones, mediante la ampliación del periodo mínimo de cotización para el acceso a la pensión.

Ambas líneas de intervención han supuesto, de un modo u otro, la devaluación constante de la fuerza de trabajo. Se puede situar el punto de partida más significativo de la ofensiva histórica contra las pensiones en la primera legislatura del PSOE. En 1985, por ejemplo, el periodo mínimo de cotización para acceder a las pensiones se amplió de 10 a 15 años. Por otro lado, la base para calcular la cuantía de la prestación pasó de ser la media del salario de los últimos dos años de la vida laboral, a ser de la de los últimos 8 años, reduciendo la cuantía que percibía cada pensionista. En 1995 se creó una comisión política especial en el Congreso de los Diputados, para proponer los cambios correspondientes al sistema público de pensiones: el Pacto de Toledo. Mediante esta herramienta política, crearon los anteriormente mencionados Fondos de Reserva de la Seguridad Social, ya que en aquella época recaudaban fondos excedentes anualmente.
El gobierno del PP impulsó otra reforma en 1997, ampliando la base para el cálculo de cada pensión de los salarios de los últimos 8 años a 15. Las modificaciones de 2007 fueron por el mismo camino, aunque la crisis todavía no había estallado. Volvieron a subir el número de años de cotización necesarios para acceder a la pensión y comprimieron las posibilidades para la jubilación parcial. El golpe más duro para el proletariado llegaría con la recesión económica de 2008, ya que fue entonces cuando comenzarían a aumentar considerablemente la presión financiera sobre el sistema de Seguridad Social. Desde entonces, la aplicación del principio denominado «estabilidad presupuestaria» ha sido mucho más estricta. Precisamente en 2011 se introdujeron actualizaciones en la Constitución española y se lanzó toda una batería de leyes contra el poder adquisitivo de la clase trabajadora, que incluía:

◾ La congelación de pensiones.

◾ La posibilidad de retrasar la edad de jubilación entre 65 y 67 años, según la cantidad de años cotizados.

◾ Se mantuvo la posibilidad de prejubilación, pero exigiendo en estos casos 38,5 años de cotización para poder recibir la pensión completa.

◾ Se aumentó la base reguladora para el cálculo de la cuantía de la pensión de 15 a 25 años.

◾ Subida general de 35 a 37 años de la cotización necesaria para recibir la pensión completa.

◾ El ajuste automático: este nuevo factor permitía modificar las condiciones mencionadas en función de determinados indicadores (por ejemplo, la esperanza de vida), sin necesidad de reformas completas.

Así las cosas, Del Rosal considera que la Seguridad Social del Estado español ha seguido la lógica de los seguros privados[11]. Se han debilitado los principios que en la época del Estado de Bienestar regían las pensiones públicas (redistribución de la renta y solidaridad intergeneracional) y, a cambio, se ha fortalecido el denominado «factor de sostenibilidad». Con la Ley 23/2013, por ejemplo, Del Rosal advierte que se ha impuesto una «comprensión más individualista para la protección de la vejez». Y es que el objetivo de la última normativa ha sido limitar los efectos que el aumento de la esperanza de vida tiene en los gastos del sistema de pensiones, reduciendo las pensiones a medida que los pensionistas viven más tiempo. Por si esto fuera poco, el Estado español suspendió su función de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores pensionistas, es decir, renunció a que la subida de las pensiones fuera proporcional a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC). Por poner un ejemplo, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria denunció a principios de febrero que mientras que el IPC había subido un 5,5 %, las pensiones no habían subido más que un 2,5 %[12]. Según los datos publicados por el INE el 11 de marzo, la variación interanual de los precios registró una subida del 7,6 % a lo largo de febrero de 2022, la subida más brusca que se observa desde diciembre de 1986[13]. Se crea, por tanto, un círculo vicioso imparable para el estado y el mercado: como consecuencia del alza del IPC, se reduce el poder adquisitivo de la clase trabajadora, dificultando relativamente las cotizaciones. Esto, a su vez, reduce aún más las pensiones, incidiendo de nuevo negativamente en el poder adquisitivo. «La mera actualización de la cuantía de la pensión queda supeditada al equilibrio financiero del sistema, por lo que su acción protectora se ve debilitada»[14], concluye Del Rosal.

Se han debilitado los principios que en la época del Estado de Bienestar regían las pensiones públicas (redistribución de la renta y solidaridad intergeneracional) y, a cambio, se ha fortalecido el denominado «factor de sostenibilidad»

La decadencia del sistema público de pensiones, en tiempos de crisis, ha ido de la mano de la adaptación de los instrumentos fiscales y de las políticas para la alimentación de los fondos privados. Ha sido habitual eximir a la patronal de las cotizaciones, rebajar los impuestos de sociedades o eliminar parcialmente el impuesto sobre las personas físicas, entre otras medidas. Estas medidas regresivas han favorecido a los contribuyentes de rentas altas, a la alta burguesía, mayormente. Mientras tanto, se ha reducido el número de contribuyentes que cotizan en las pensiones públicas y también el volumen absoluto las partidas monetarias invertidas por cada contribuyente. En relación con el poder adquisitivo de los sueldos de hace unas décadas, el esfuerzo económico que cada trabajador debe hacer para cotizar es relativamente mayor.

El tamaño de los fondos privados de pensiones, en cambio, se ha multiplicado. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2001 en el Estado español los planes privados de pensiones suponían un 5,8 % del Producto Interior Bruto (PIB), y en 2016 alcanzaron el 14 %. Las cifras son aún más interesantes si las actualizamos ligeramente, y es que en 2020 su proporción se situaba en el 14,4 % del PIB estatal[15]. El estancamiento es evidente. Entre los hipotéticos factores que pueden impulsar este fenómeno existe, en cambio, uno que confirmaría la tendencia hacia la proletarización: el hecho de que la población que podría tener acceso a los planes privados de pensiones estaría tocando techo.

No obstante, la degradación del sistema público de pensiones le ha sido funcional al capital en dos sentidos; en palabras de Del Rosal, para abaratar la fuerza de trabajo y «para abrir nuevos espacios de rentabilidad»[16]. Asimismo, el modelo de sistema de pensiones vive un importante momento de transición. Tal y como se establece en la Agenda de Lisboa del año 2000 y en el Semestre Europeo de 2016, el objetivo de las instituciones de la Unión Europea (UE) es el de configurar «un sistema diverso de múltiples pilares en el que se complementan tanto las pensiones públicas como privadas». Sin embargo, el equilibrio perfecto tan solo existe en la mente de quienes lo desean: con las pensiones privadas no hay café para todos, y las pensiones públicas controladas por el capital colectivo son deficitarias. En 1994 la Comisión Europea ya identificaba las cotizaciones sociales como «una carga para la competitividad». En consecuencia, preveían que habría que priorizar «la mejora de las condiciones para la generación de beneficios, reduciendo las relativas a la contratación o al mantenimiento de mano de obra, por ejemplo, las de la Seguridad Social»[17].

No hay, por tanto, contradicciones fundamentales entre las titularidades públicas y privadas de las pensiones; al contrario, hemos visto que son dos modelos de gestión complementarios que se modifican basándose en las necesidades coyunturales del capital. En lo que concierne a las pensiones públicas, no se puede decir que vayan a desaparecer de un día para otro. Eso sí, para que se mantengan, deberán de sufrir profundos cambios tanto cuantitativa como cualitativamente. El aumento del paro, los desequilibrios demográficos, las deudas públicas de gran peso arrastradas por la mayoría de estados europeos, la famosa necesidad de «nuevos espacios de rentabilidad» y la reducción del poder adquisitivo de los asalariados y asalariadas conllevan inevitablemente la inviabilidad financiera de las pensiones. Por otra parte, a falta de movimientos obreros combativos y fuertes, no tiene sentido mantener en la misma medida los gastos destinados a la pacificación social[18].

LA ÚLTIMA REFORMA

El Gobierno español aprobó en diciembre de 2021 una nueva reforma de pensiones. La implantación de sus medidas nos viene dividida en dos bloques: uno de ellos ya está vigente desde el 1 de enero de 2022, y tanto el contenido concreto como la fecha exacta del otro están aún por concretar en el momento en el que se escriben estas líneas.

Con el primer bloque, su objetivo ha sido el de encadenar a los trabajadores de mayor edad en el mercado laboral como a Prometeo con la roca. Para ello han recurrido a diversos instrumentos jurídicos: el más destacable sería el de la clásica estrategia de retrasar directamente la edad de jubilación. A partir del 1 de enero de 2022, la edad oficial de jubilación se fija en 66 años y dos meses. Para 2027, en cambio, está previsto que se alargue hasta los 67 años. Por si fuera poco, parece que el gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha explotado al máximo su intelligentsia, ya que ha propuesto novedades conceptuales en materia de destrucción de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Han permitido, por ejemplo, mediante un término llamado retiro activo, la conciliación del trabajo asalariado y las pensiones. No obstante, han endurecido las sanciones económicas contra las prejubilaciones voluntarias en un 4 % por término medio. Los trabajadores y las trabajadoras que reciben la prestación pueden sufrir una penalización mayor o menor, en función del número de años cotizados. La Seguridad Social quitará de la pensión mensual más dinero a los que menos han cotizado y menos a los que más lo han hecho:

◾ Menos de 38 años y 6 meses cotizados: penalización del 21 % (5 % más que en 2021).

◾ Más de ese tiempo, pero menos de 41 años y 6 meses: penalización del 19 % (un 4 % más que en 2021).

◾ Menos de 44 años y 6 meses cotizados: penalización del 17 % (un 3 % más que en 2021).

◾ Más de 44 años y 6 meses cotizados: penalización del 13 % (la misma que en 2021).

¿Qué supone esto para el bolsillo del pensionista corriente? Por poner un ejemplo, si una persona jubilada con una pensión de 1.200 (pensión media estatal) ha cotizado menos de 38 años y 6 meses, su pensión mensual quedaría en 948 euros. Para los que retrasan la edad de jubilación, en cambio, ofrecen remuneraciones de un 4 % por cada año adicional trabajado. Mientras que el golpe para los trabajadores con condiciones laborales más estables y abundantes va a ser más leve, aquellos que han vivido más inestabilidad y precariedad en su puesto de trabajo pueden pasar grandes apuros en el periodo de jubilación. «Van a tener que trabajar un poco más» advirtió el ministro de Seguridad Social del Gobierno español, José Luis Escrivá a los trabajadores de la generación baby boom que andan cerca de la jubilación.

Mientras que el golpe para los trabajadores con condiciones laborales más estables y abundantes va a ser más leve, aquellos que han vivido más inestabilidad y precariedad en su puesto de trabajo pueden pasar grandes apuros en el periodo de jubilación

Por otro lado, el ejecutivo de Pedro Sánchez decidió adaptar las pensiones a la evolución del IPC, pero no de cualquier forma. Solo han subido entre 20 y 30 euros a cada prestación, cifras nefastas si se comparan con las últimas subidas de los precios de la luz, el gas, la gasolina y los alimentos[19]. Pero las medidas no se quedan ahí, y es que la UE hará pagar caro a la clase trabajadora la modesta subida de las pensiones de enero y la inyección de los famosos fondos europeos. En el marco de la negociación de la reforma de las pensiones, Bruselas ha pedido a Madrid «efectos compensatorios para responder al sobrecoste». Asimismo, el segundo bloque de la reforma podría incluir, entre otros, nuevos «ajustes» de los famosos números de años para calcular las cuantías de las prestaciones.

Un rumor que se ha hecho eco en los medios de comunicación apunta a que podrían ampliar la base reguladora para el cálculo de la pensión de 25 a 35 años cotizados. Decir si se van a establecer o no estas cifras concretas sería mera especulación, al igual que concluir quién y porqué las han difundido: ¿lo ha hecho la oposición de derechas para perjudicar políticamente al PSOE y a Unidas Podemos? ¿O ha sido el propio Gobierno de coalición el que lo ha filtrado, para así medir el enfado social y para que con las cifras reales más bajas que finalmente pueda imponer parezca que «no es para tanto»? Es imposible saberlo, pero sea lo que sea, es bastante seguro que suba el número de años de cálculo de las pensiones, lo cual afectará en todas las pensiones. Debido a que, al retroceder en el recorrido profesional, los sueldos disminuyen, la ampliación de la base de años de cálculo implica necesariamente un descenso generalizado en la media de las pensiones. Además del daño en el poder adquisitivo que causarán las sacudidas inflacionarias, el Gobierno español se ha comprometido ante la UE a revisar la normativa necesaria para este «ajuste»[20].

Es bastante seguro que suba el número de años de cálculo de las pensiones, lo cual afectará en todas las pensiones. Debido a que, al retroceder en el recorrido profesional, los sueldos disminuyen, la ampliación de la base de años de cálculo implica necesariamente un descenso generalizado en la media de las pensiones

Sea cual sea el número de años prolongado, el Gobierno español ha prometido que permitirá a los cotizantes «elegir los años más adecuados» de su carrera profesional, «para paliar los daños colaterales de la reforma». Claro, si amplían mucho la base del número de años para el cálculo de las pensiones, será difícil elegir periodo adecuado alguno. De momento se desconoce cuál será la medida exacta que buscará la Seguridad Social española entre reducir el gasto y mitigar los efectos. Pero dos cosas son seguras: que la única palabra que cumple el Gobierno español es aquella que da a Bruselas y a la Patronal, y que el Banco Central Europeo va a comprar cada vez menos deuda del Estado español[21].

Por último, entre las modificaciones que se proyectan de cara al futuro, encontraríamos al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). El Gobierno de coalición se ha colgado inmediatamente la medalla, diciendo que «ha rechazado» el factor de sostenibilidad impuesto por el PP en 2013. Sin embargo, el MEI, que estará vigente para 2027, sustituirá a este anterior. Al igual que en el caso del número de años para el cálculo de las pensiones, aún está por determinar su contenido concreto.

CONTRATENDENCIAS

«No queremos una España de proletarios, sino una España de propietarios» declaró el ministro de vivienda falangista José Luis de Arrese en 1959[22]. Estas declaraciones demuestran que en el Estado español la política social ha sido una cuestión de orden público,y también que su política social ha sido especialmente caracterizada por la propiedad inmobiliaria. Y no es para menos, porque el carácter masivo de los propietarios de vivienda es lo que diferencia al Estado español del resto de sistemas de bienestar de Europa occidental. Este factor ha constituido también la base material imprescindible para posibilitar hitos históricos como el desarrollismo franquista, la transición o la burbuja inmobiliaria. Como explica el historiador Emmanuel Rodríguez en su último libro, «la vivienda en propiedad se conformó, según una lógica social compensatoria, en el principal medio de garantía y seguridad social»[23]. Si lo ponemos en cifras, en 1950 el 51 % de las familias vivía en alquiler, mientras que en 1980 tan solo el 20 %. El conjunto de unidades de convivencia con vivienda en propiedad pasa del 46 % al 73 % en el mismo periodo[24].

Se estima que el patrimonio de la población que tenía una vivienda en propiedad en el Estado español en 2021 era de 395.500 de media. Según esto, los propietarios sin hipoteca formarían el «20 % más rico» del estado. Sin embargo, se acerca más a la realidad el valor intermedio, que fija en 200.800 euros la riqueza de quienes han pagado su casa. Si el inmueble está hipotecado, en cambio, el patrimonio baja a 114.800 euros. La brecha es aún mayor en el caso de quienes viven en alquiler, cuya riqueza media es de 6.100 euros. El patrimonio de los propietarios multiplica por 33 el de los inquilinos en el Estado español, superando en ocho puntos la media europea[25].

¿Qué queremos decir con todo esto? Que la clase media guarda un as bajo la manga: los inmuebles familiares han funcionado hasta ahora a modo de colchón para suavizar la proletarización, y pueden jugar el mismo rol ante la degeneración de las pensiones públicas. No cabe duda de que desde 2008 la venta o el alquiler de inmuebles ha sacado a más de uno de un apuro. Esto, junto con la interrupción de la reproducción social de la clase media en general, ha incidido en la actual estructura de propiedad, erosionando las cifras astronómicas de las últimas décadas. Reparemos en las tendencias: el porcentaje de propietarios de viviendas ha pasado del 79,8 % en 2010 al 75,1 % en 2021, es decir, a 4,7 puntos menos en una sola década. En consecuencia, España ha sido el tercer estado de la Unión Europea que más propietarios de viviendas ha perdido en los últimos diez años[26].

Los inmuebles familiares han funcionado hasta ahora a modo de colchón para suavizar la proletarización, y pueden jugar el mismo rol ante la degeneración de las pensiones públicas

A pesar de todo, 75,1 % sigue siendo una cifra de peso, por lo que cabe esperar que tanto las viviendas en propiedad como otros inmuebles puedan absorber en parte la proletarización provocada por el deterioro de las pensiones. Pero esto no anula como tal la tendencia general a la proletarización; al contrario, puede empeorarla a largo plazo. Tal y como explica Guillem Vidal, miembro del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, «si no tienes apoyo familiar, comprar un piso es casi imposible», es más, «incluso si tienes un muy buen sueldo, para comprarte una vivienda necesitas acumular todo un patrimonio»[27]. Por tanto, he aquí el quid de la cuestión: ¿qué ocurrirá con el modelo español de transmisión generacional de la riqueza basada en la vivienda, si las clases medias que llegan a la vejez empiezan a vender sus viviendas para evitar la proletarización? Es posible que esta transmisión de la riqueza familiar acumulada se vaya interrumpiendo progresivamente, empeorando aún más las condiciones socioeconómicas de las próximas generaciones.

En el informe del gobierno español España 2050 se menciona que la desigualdad económica intergeneracional está aumentando en el Estado español. Entre 1999 y 2015, la riqueza media de las personas de 65 años duplicaba a la de 35 años. Hoy día, en cambio, las personas de 65 años tienen una riqueza cinco veces mayor que las de 35. Esta brecha generacional es, según el Gobierno español, «habitual» en las denominadas «economías avanzadas». No obstante, reconoce que en el Estado español se ha acelerado, al igual que en países con enormes desigualdades sociales, como, por ejemplo, los Estados Unidos[28].

CONSECUENCIAS POLÍTICAS

En los próximos años, el Estado se limitará a gestionar una serie de escasos servicios que garantizarán la reproducción miserable de la clase trabajadora en el ámbito de las pensiones, de la misma forma en que se espera en otras formas salariales. Una vez eliminada la función que tuvieron de mejorar o mantener las condiciones de vida, adquirirán un carácter asistencial más marcado.

Una vez eliminada la función que tuvieron de mejorar o mantener las condiciones de vida, adquirirán un carácter asistencial más marcado

A pesar de que numerosas personas de izquierdas crean lo contrario, las pensiones públicas no se han deteriorado porque unos políticos torpes o corruptos las hayan gestionado «mal». Las restricciones analizadas tienen su lógica interna, es decir, no han sido del todo irracionales. La viabilidad financiera del sistema público de pensiones a largo plazo es cuestionable, ya que tiene carencias estructurales específicas y en tiempos de crisis el capitalismo no admite grandes márgenes para una contrarreforma que mejore las condiciones de vida de los trabajadores pensionistas.

Por otra parte, el bloqueo que la falta de partidas presupuestarias  provoca en la política institucional no se verá forzado por una Gran Movilización en la calle. El Día D que restablecerá las condiciones socioeconómicas de antes de la crisis no llegará nunca y se espera que, gobierne quien gobierne en Madrid, las pensiones vayan a peor, como hemos visto hasta ahora. En este sentido, el hecho de que la reforma no haya levantado demasiado revuelo en las calles nos lleva a reflexionar sobre la cuestión de la independencia ideológica y política del proletariado. La hegemonía ideológica y política de la socialdemocracia en los movimientos espontáneos de masas es tan grande que el mero hecho de que en Moncloa haya una coalición de izquierdas bloquea de facto los duros ciclos de protesta en medio de una cruda ofensiva contra las condiciones de vida de la clase trabajadora. Se ve claramente que el ala izquierda parlamentaria de la burguesía capitaliza fácilmente las movilizaciones de los ciudadanos enfadados, también en la cuestión de las pensiones. Desde el 15-M, este tipo de protestas han demostrado su eficacia para alimentar las rivalidades electorales contra la derecha y legitimar los programas electorales de la izquierda, pero no para mucho más[29].

La partida no ha terminado, la historia sigue adelante. La crisis que vivimos puede golpear como nunca en los Estados de Bienestar europeos a extensas capas de segmentos de mayor edad que hasta ahora parecía que se libraban de la proletarización. La brecha social va en aumento y veremos cómo el margen de acción de los programas socialdemócratas se estrecha desde el frente de las pensiones. Sabiendo que la participación electoral se concentra entre la población de más edad, en los próximos años la cuestión de las pensiones será especialmente sensible para los partidos institucionales. Veremos largas listas de mentiras ridículas convertidas en programas electorales y harán tantas falsas promesas como se comerán sus palabras, todo con tal de evitar pérdidas significativas en la base electoral. Es posible que esto aumente la desafección hacia la política institucional, mejorando ligeramente las condiciones subjetivas para la intervención revolucionaria. Sin embargo, no se puede perder de vista que también se nos viene encima el peligro de la resignación despolitizada o de reacciones nostálgicas de distintas formas, además de una miseria material, ética y política asegurada. En cualquier caso, miremos al futuro con ansias de lucha, pues los retos que tenemos delante exigirán la inteligencia, la fuerza y el músculo de todas las edades.

Sabiendo que la participación electoral se concentra entre la población de más edad, en los próximos años la cuestión de las pensiones será especialmente sensible para los partidos institucionales

REFERENCIAS Y NOTAS

1 Para profundizar en las características de la estructura productiva del Estado español, véase Francisco Javier Murillor Arroyo. Análisis marxista del milagro económico español (1994-2007): dinámica salarial e impacto sobre la estructura de la propiedad. Universidad Complutense de Madrid. Madrid 2016. Capítulo 10.

2 Ibídem. Capítulo 9.

3 Bou, L. Niño Becerra desmonta la política de pensiones de Sánchez: «La recaudación caerá» (5 de noviembre de 2021) elnacional.cat.

4 Instituto Nacional de Estadística. Indicadores de Estructura de la Población. Resultados por provincias. Proporción de personas mayores de cierta edad por provincia.

5 Mapfre. Número de jubilados respecto a trabajadores. jubilacionypension.com

6 Baños, P. El dominio mundial: Elementos del poder y claves geopolíticas. Ariel. Barcelona, 2018. p. 211.

7 Se denomina generación baby boom, en el caso del Estado español, al conjunto de población nacida entre finales de los cincuenta y finales de los setenta del siglo XX. Se calcula que cuando el Franquismo superó la crisis de la posguerra, inició el proceso de industrialización, estabilizó las relaciones comerciales y abrió las puertas al turismo, posibilitó un crecimiento demográfico de alrededor de 14 millones.

8 Radomski, A. La reforma laboral en el marco de la ofensiva contra las condiciones de vida del proletariado: análisis crítico (10 de febrero de 2022). gedar.eus

9 Público. La caída en picado de la hucha de las pensiones con Rajoy: de los más de 66.000 millones en 2011 a los 2.000 en 2021 (3 de noviembre de 2021). publico.es

10 del Rosal, M. The Debate on Pension Systems: The Paradigmatic Cases of Chile and Spain. American Journal of Economics and Sociology, Vol. 78, No.1. 2019. pp. 211-214.

11 Ibídem. p. 210.

12 GEDAR LANGILE KAZETA. El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha considerado un «engaño» la reforma de las pensiones del Gobierno español (1 de febrero de 2022). gedar.eus

13 Sanchez, A. La inflación escala en febrero al 7,6 %, dos décimas más de lo previsto, mientras la guerra en Ucrania alienta nuevas subidas de precios (11 de marzo de 2022). elpais.com.

14 del Rosal, M. The Debate on Pension Systems: The Paradigmatic Cases of Chile and Spain. American Journal of Economics and Sociology, Vol. 78, No.1. 2019. pp. 213-214.

15 Organization for Economic Development and Cooperation (OECD). (2007). Figure 4: Trends in Autonomous Pension Funds’ Assets Relative to the Size of the Economy in OECD Countries, 2001–2006.» Pension Markets in Focus Issue 4. (2017). «Table 1. Total Investment of Pension Funds and All Retirement Vehicles, 2016.» Pension Markets in Focus. (2020) Table 1. Assets in pension funds and all retirement savings vehicles in 2020 (preliminary). oecd.org

16 del Rosal, M. The Debate on Pension Systems: The Paradigmatic Cases of Chile and Spain. American Journal of Economics and Sociology, Vol. 78, No.1. 2019. p. 214.

17 European Comission. Crecimiento, competitividad, empleo: retos y pistas para entrar en el siglo XXI. Fundación Galicia-Europa. Santiago, 1994. p. 85.

18 Niño-Becerra, S. Más allá del crash, Apuntes para una crisis. Debolsillo. Barcelona, 2012. pp. 23-24.

19 GEDAR LANGILE KAZETA. El encarecimiento de la vida, en cifras. (11 de marzo de 2022). gedar.eus

20 European Commision. Annex to the Commission Decision approving the Operational Arrangements between the Commission and Spain pursuant to Regulation (EU) 2021/241. Bruselas, 2021. p. 315.

21 Bartolome, M. Algunos apuntes sobre la nueva economía política europea (25 de febrero de 2022). gedar.eus

22 Rodriguez, E. El efecto clase media, crítica y crisis de la paz social. Traficantes de sueños. Madrid, 2022. p. 129.

23 Ibídem, p. 130.

24 Instituto Nacional de Estadística. Censos de población y viviendas. Citado por Emmanuel Rodriguez, en El efecto clase media, crítica y crisis de la paz social. Traficantes de sueños. p. 133.

25 Ley, M. Vivir de alquiler o tener casa: así es la brecha de la desigualdad en España y Europa (11 de octubre de 2021). elconfidencial.com.

26 Eurostat. El porcentaje de propietarios de vivienda en España se reduce en la última década (2 de enero de 2022). que.es

27 Ley, M. Vivir de alquiler o tener casa: así es la brecha de la desigualdad en España y Europa (11 de octubre de 2021). elconfidencial.com.

28 Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España (coord.). España 2050: Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo. Ministerio de la Presidencia. Madrid, 2021. p. 327.

29 Para profundizar en el movimiento 15M y en su capitalización electoral, Emmanuel Rodriguez. La política en el ocaso de la clase media: El ciclo 15M-Podemos.Traficantes de sueños. Madrid, 2017.

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