La aceptación en el Congreso de la nueva ley de eficiencia organizativa de la justicia, y con ella la medida contra la usurpación, no ha dejado indiferente a nadie. La enmienda del PNV de enjuiciar por la vía rápida los casos de ocupación, ha recibido el apoyo de ERC y EH Bildu entre otros veteranos contra la ocupación como son Junts o el PP.  Pero ha habido un último acontecimiento que ha pasado desapercibido: la ley vuelve al Congreso para que se decida si definitivamente sigue adelante o no. Va a haber una nueva votación el 19 de diciembre sobre si se veta la ley. Este hecho abre una nueva ventana para que todas aquellas organizaciones, de las que tanto han dicho preocuparse los partidos institucionales, hagan llegar claramente su exigencia: que voten en contra de la medida contra la ocupación.

Desde distintos espacios y desde una perspectiva jurídica, se ha desbrozado el caos que reinaba en la prensa y se ha relativizado la propia medida. Por una parte, se delimitaba el alcance de la ley, ya que afectaría solo a los casos agravados con violencia de los tipos penales de ocupación. Por otra parte, se llamaba la atención con que la mayor parte de los casos atendidos no se verían influidos por la misma, ya que los casos de usurpación pacífica de inmuebles seguirían, como hasta ahora, el procedimiento de los delitos leves. Frente a esto, es conveniente señalar que la enmienda recoge los dos casos de usurpación, no solo el primero, por lo que habrá que ver cuál es la forma que adopta esta "ambigüedad". Es decir, la enmienda plantea un problema jurídico que ha de resolverse y, aun siendo cierta la aclaración referida a los dos tipos penales, esto no significa que automáticamente las usurpaciones pacíficas se sigan enjuiciando por el procedimiento de delitos leves, y deja abierta la posibilidad de distintas valoraciones subjetivas del juez. Por otro lado, ya se han alzado voces de jueces que ven la necesidad de aclarar el punto para que la medida se aplique en toda su dimensión y desarrollar fórmulas legales para que realmente estos casos se puedan tramitar por el procedimiento de juicio rápido. Una vía, esta última, mucho más difícil de combatir. Todo esto dejaría desprotegidos, sobre todo, a aquellos casos que no cuentan con una fuerza organizada.

Además de ello, debemos considerar que el alcance jurídico de la medida concreta no puede ser el criterio, ni único ni principal, que marque la respuesta política a adoptar. Más aún si se relativiza la medida, ya que esto es sinónimo de desmovilización en las calles. Lo que estamos viendo con el tema de la ocupación es que está siendo una de las caras visibles por el que se está criminalizando y fragmentando a la clase trabajadora. Las más de una docena de leyes antiokupa dan clara muestra de ello. Y la traducción política de esto es que sin una oposición clara que muestre el uso político del tema de la ocupación por parte de la clase dominante, el único relato que cobra fuerza es el de ellos. Un relato que se construye en un contexto de crisis generalizado, de guerra, de pérdidas de privilegios por parte de la clase media, de una radicalización a la derecha y a posiciones reaccionarias de una gran parte de la población.

Los partidos políticos progresistas no son la oposición de este relato. Al debatir sobre la ocupación quieren hacer como que miran a sus causas, pero el debate no va más allá de lo impuesto por la propiedad privada: el acceso a la propiedad y a la posesión se paga y esto no se debate. Lo que hay que hacer es regularlo. Si eres de izquierdas regulas para que el acceso sea más "fácil" que dándole rienda suelta; regulas la subida de los precios, regulas para intentar tener un parque público más grande, regulas para imponer mayores cargas fiscales a los grandes propietarios… Es decir, se suaviza la tendencia, pero se gestiona la aplicación de esa misma tendencia.

Así pues, como defender la ocupación no es parte de su programa político, es un tema que varía según el interés electoral del momento. Si viene bien para hacer oposición a la derecha, se defiende la ocupación (si se puede hablar de que la defienden,) y si se tiene que castigar la ocupación para pactar otra cosa, pues se criminaliza la ocupación. El oportunismo de los partidos institucionales no puede ser más evidente. Porque, como decía, su programa político no va dirigido al proletariado, sino a las clases medias en proceso de descomposición.

Esto define el sentido de las políticas que adoptan, ya que tienen que guardar la fuente de los privilegios de la clase media que al mismo tiempo está siendo la fuente de su estado degenerativo. Es decir, tienen que defender a la clase media sin molestar demasiado a los de arriba. Y por ello, la que tiene que cargar con todo es la clase trabajadora, que aparte de que le saqueen su sueldo, sufre las políticas punitivas y de chantaje que se le impone. La ocupación es uno de los mejores ejemplos, en un Estado donde los privilegios de la clase media las ha guardado, en gran medida, el sector inmobiliario.

Por todo ello, hay que denunciar el carácter político de la tendencia de legislar contra la ocupación y, junto a ello, toda medida contra la ocupación, sea moderada o radical. En este caso en particular, aunque no se legisle contra todos los casos, sí que va en contra de algunos y abre la opción de interpretaciones y futuros retoques más sutiles. Es importante aclarar lo que implica jurídicamente la medida, pero es más importante aún denunciar el carácter de las políticas que están proponiendo y las consecuencias que deja. Por todo ello, hay que aprovechar esta oportunidad que mencionaba al principio. Se vuelve a votar la ley en el Congreso y la exigencia es clara: que voten no a legislar contra la ocupación.