Una pandemia global, una cruenta guerra a las puertas de Europa, los efectos devastadores del cambio climático… Son eventos de muy diversas características que, sin duda, han condicionado y condicionarán la vida de miles de millones de personas. A la vez, son el acicate perfecto para la gran burguesía de cara a imponer políticas de reajuste que solventen una situación de crisis, cuyo origen, sin embargo, es anterior a estos eventos. Ante esta crisis de acumulación de capital, la gran burguesía ha optado por desplegar una ofensiva económica y política, en todos los frentes de la vida de la clase trabajadora en su conjunto.  Lo que está en juego, por lo tanto, no es la racionalización de la economía frente a eventualidades circunstanciales –guerras– o aparentemente exógenas al sistema –sequías, epidemias...–, sino la subordinación absoluta de todos los procesos sociales a las necesidades de acumulación de capital; por tanto, otra vuelta de tuerca más a las vidas del proletariado.

Frente a esta ofensiva, desde el Movimiento Socialista de Euskal Herria hemos hecho una apuesta por ir generando instituciones para reforzar la capacidad de defensa del proletariado y vincular dicho proceso al fortalecimiento de su independencia política, ya que, ante el ataque generalizado a sus condiciones de vida, el proletariado no puede subordinar su programa al de unas clases medias impotentes y en decadencia. Esta colaboración pretende caracterizar la lectura que hacemos del momento y exponer nuestra propuesta política.

Ofensiva burguesa: ataque al salario.

Si tenemos que describir la dimensión económica de la ofensiva que está llevando a cabo la gran burguesía, podemos decir que están aumentando sus márgenes de beneficio a costa del salario de los trabajadores, impulsando para ello todo tipo de reformas. Sin embargo, para hacernos una idea de la dimensión del proceso, tenemos que contemplar el salario en su conjunto, es decir, como la totalidad de los recursos sociales destinados a reproducir la fuerza de trabajo.

Por un lado, se intensifican algunas tendencias que vienen de las últimas décadas en el ámbito laboral o del salario directo –aquel que se recibe directamente a cambio de la venta de la fuerza de trabajo–. El hecho de que la alta inflación nos haga percibir de manera más obvia la pérdida del poder adquisitivo no debe hacernos obviar que el estancamiento del salario directo es un proceso de años que ha pasado más desapercibido. Si nuestros salarios no suben al ritmo de los precios, se devalúan de facto, aun no disminuyendo nominalmente. Por lo tanto, se reduce la cantidad de bienes a los que una nómina da acceso y, además, el peso que ésta tiene en las economías familiares se relativiza. Mientras hace tres décadas un único salario podría servir para mantener a toda una unidad familiar en condiciones relativamente cómodas, hoy en día es algo prácticamente inimaginable.

Además, se generalizan la precarización y la flexibilización del mercado laboral; las condiciones laborales se están igualando por abajo: es decir, las condiciones de la mayoría de los trabajadores cada vez se asemejan más a aquellos que peores condiciones tienen. El paro estructural, se complementa con el subempleo, es decir, la entrada y salida intermitente al mercado laboral. En este contexto, tanto el ejército de parados como el de subempleados presionan a la baja los salarios y las condiciones laborales generales.

 Por todo ello, el proletariado subsiste complementando las nóminas de miseria que van y vienen, con otra serie de ayudas y subsidios que serían parte del salario indirecto. Es decir, cada vez están más determinadas las opciones de consumo del proletariado por los ingresos no ligados estrictamente a la venta directa de su fuerza de trabajo: RGI, prestación por desempleo, ayudas de emergencia social… Estas rentas mantienen unas condiciones de miseria a las cuales puede accederse solo mediante trámites burocráticos. La burocracia no solo es un control de acceso, es también un control constante sobre las vidas de las personas que viene a sustituir parcialmente la disciplina asalariada.

El salario indirecto también incluye todas aquellas rentas y servicios a las que la clase trabajadora accede mediante la forma burguesa del “servicio público”. Se trata del ámbito del salario en el que el empobrecimiento generalizado se muestra de manera especialmente clara. Una de sus expresiones más evidentes es la dualidad entre servicios públicos y privados, es decir, el deterioro imparable de los servicios públicos y el traspaso de algunos de ellos –los más beneficiosos– hacia sectores privados. Un buen ejemplo de ello sería el desmantelamiento del alcance del sistema de pensiones junto a la introducción de planes privados.

Vemos cómo se retiran servicios básicos –la clausura de varios servicios de Urgencias Médicas –, cómo se añaden recargos por servicios que antes eran gratuitos, –la imposición de peajes en las autovías– o cómo se deterioran muchos servicios e infraestructuras. Desde cosas que nos pueden parecer baladí como la reducción de la calefacción en edificios públicos hasta transformaciones de consecuencias devastadoras, como lo que está sucediendo en el sistema sanitario: listas de espera de meses para operaciones, reducción en la detección de enfermedades terminales...

En definitiva, la consecuencia directa de este ataque al salario es la polarización del consumo, es decir, la separación cada vez más evidente entre un consumo de lujo y un consumo para pobres. Para quién pueda permitírselo, principalmente la burguesía, están la educación y sanidad privadas, junto a vivienda, alimentación y toda clase de recursos de calidad. Están también las clases medias en proletarización, que acabarán gastando gran parte de sus ahorros intentando compensar con sus salarios directos el deterioro del salario indirecto. Pero la peor parte le toca, como siempre, al proletariado. Mediante el empeoramiento de las condiciones de vida, se consigue reducir los costes de reproducción de la clase trabajadora y se normaliza un estilo de vida de miseria: se normaliza que comamos basura, que nuestra movilidad en el territorio se reduzca a mínimos, que no nos atiendan para curar un catarro, que pasemos frío en casa o que nuestros hijos no puedan acabar la ESO.

La normalización de esto se da a un ritmo vertiginoso. Y es que la burguesía necesita que su ofensiva económica se convierta en algo culturalmente aceptable y así anular la posibilidad de cualquier tipo de oposición organizada. El ataque generalizado a las condiciones de vida de la clase trabajadora necesita de un marco jurídico, político y cultural apropiado. Los grandes medios de comunicación, la industria cultural y los políticos profesionales actúan como herramientas necesarias en este proceso de normalización de la ofensiva burguesa. En este sentido, la subordinación política de la clase trabajadora es la precondición de su explotación o, dicho de otra manera; toda ofensiva económica es, a su vez, una ofensiva contra las posibilidades de organización del proletariado, y en un contexto en el que no existe ninguna fuerza política antagonista organizada de manera efectiva, la barbarie avanza. La ofensiva política no solo se dirige contra toda posible disidencia organizada, sino contra el proletariado en su conjunto. Últimamente vemos cómo quieren aumentar los costes represivos por ocupar una casa vacía o por hurtar una barra de pan, limitando las pocas vías de subsistencia a las que el proletariado se ve abocado e ilegalizando, de facto, la condición proletaria.

Izquierda parlamentaria, sindicalismo clásico y sindicalismo social.

Frente a la brutal ofensiva de la gran burguesía, la izquierda se muestra completamente impotente, cuando no es cómplice directa de dicha ofensiva. En el ámbito institucional, la izquierda parlamentaria insiste en las recetas redistributivas. La socialdemocracia cree en su capacidad para subordinar al capital a la voluntad aparentemente democrática del Estado. No obstante, estas propuestas están limitadas en dos sentidos: primeramente, porque caracterizan al Estado como un ente neutral que se sitúa por encima de la lucha de clases. Sin embargo, el reformismo olvida que, lejos de ser así, el Estado como lo conocemos es un producto de la sociedad capitalista. Dicho de otra forma, su cometido es reproducir esta sociedad sobre sus propias bases, garantizando la acumulación de capital. En consecuencia, cualquier gobierno, independientemente de su color, está obligado a no poner en riesgo la ganancia de la burguesía, ya que la viabilidad de sus políticas redistributivas depende de la acumulación capitalista.

En segundo lugar, en la coyuntura actual más si cabe, dichas propuestas son irrealizables debido al margen menguante para las políticas sociales. En un contexto de crisis de acumulación, la falta de dinero para las medidas de carácter más progresista se compensa con endeudamiento. Estas medidas contribuyen a lo que se traducirá, en el medio plazo, en subordinación absoluta a las directrices de quién presta el dinero, es decir, el capital financiero. El proletariado ya sabe todo lo que acarrea esto; recortes y medidas de austeridad. Recordemos que los acreedores no tienen ataduras electoralistas, por lo que reclamarán los pagos según sus intereses.

A pesar de todo, las medidas promovidas por los gobiernos de izquierdas hoy en día difícilmente podrían tildarse de redistributivas. La gran mayoría de las políticas de contención social –las diversas moratorias que aplazan los desahucios y los cortes de suministros, los ERTEs extendidos por la última reforma laboral, la subvención al gasóleo, el aumento de la RGI el IMV y otras prestaciones etc.– no resuelven el problema, mostrándose insuficientes en términos reales frente a su magnitud. Al contrario, cumplen una función ideológica de vender humo y endulzar los golpes, neutralizando solo una pequeña parte de toda la ofensiva. Por ello, la izquierda es una gestora idónea en tiempos de crisis. De esta manera, apaciguan las aguas y desactivan la movilización social mientras desplazan el descalabro económico en el tiempo, profundizando en la deuda.

Cuando se encuentra en la oposición, la izquierda del Capital moviliza en torno a proclamas populistas con el objetivo de llegar al Gobierno; se presenta como un agente domesticador frente al Capital más feroz, como un agente capaz de hacerle frente. No obstante, cuando finalmente gobierna, revela su incapacidad de llevar a cabo las propuestas que le llevaron al poder, por lo que tiene un efecto desmovilizador. Al ser incapaz de aplicar el programa socialdemócrata, acaba aplicando el único programa posible en tiempos de crisis; la ofensiva antiproletaria. Así, en esta nueva posición, trata de maquillar los ataques al proletariado y vende medidas de “contención social” como verdaderas victorias populares. Mientras en lo económico sirve las migajas en bandeja de plata, en lo político posibilita reformas en el marco legal y represivo que estrechan aún más el cerco sobre el proletariado. Ahora bien, esta política del “mal menor” no solo desacredita a la socialdemocracia, sino a la política en general, ya que la aparente falta de alternativas lleva a la despolitización o rechazo frontal a la política, generando las condiciones políticas para la proliferación del fascismo.

En este contexto en el que es previsible que las luchas salariales aumenten en todas sus expresiones, también debemos analizar las posibilidades y los límites que ofrece el sindicalismo actual. Como agentes principales encontraremos a los sindicatos clásicos. Se trata de organizaciones, por lo general, de gran tamaño, con grandes medios, alto nivel de profesionalización e importante número de afiliados, capaces de forzar algunos cambios en las condiciones de venta de la fuerza de trabajo. Actualmente, ostentan casi el monopolio político en un ámbito profundamente institucionalizado como es el ámbito laboral, siendo reconocidos como interlocutores por el Capital.

 Su fuerza se deriva de su gran tamaño, pero esto también alimenta sus limitaciones políticas. Respondiendo a criterios casi empresariales, los sindicatos clásicos deben demostrar ser efectivos en su labor. Por ello, actúan allí donde puedan organizarse más fácilmente y lograr representatividad; sectores en los que haya mayor afiliación, en los que haya grandes márgenes de ganancia o vinculados al Estado. Pero también podemos verlo en un mismo sector e incluso en una misma empresa, priorizando a los trabajadores más estables o mejor situados. Esto es, sectores ligados a la aristocracia obrera. Su incapacidad para adaptarse a los nuevos modelos de trabajo y de asentarse en sectores más precarizados es pues notoria.

En consecuencia, por lo general las capas más proletarizadas y sectores cada vez más amplios de la clase trabajadora no están en los sindicatos. Es decir, que aquellos más sindicalizados disfrutan de mejores condiciones solo es una verdad a medias, ya que quienes peores condiciones tienen, más difícil lo tienen para organizarse sindicalmente. Así, la brecha existente entre capas superiores e inferiores no para de aumentar y el sindicalismo es un factor que reproduce dicha división en vez de contribuir a la unidad de clase. Cuando circunstancialmente consiguen llegar a capas inferiores, suelen exagerarlo de manera desproporcionada a su implantación real y lo instrumentalizan propagandísticamente. Así, se demuestra nuevamente que el proletariado está por normal general comandado políticamente por la aristocracia obrera.

En cuanto a su forma, lo que mantiene en pie la enorme estructura de los sindicatos clásicos es un funcionamiento profundamente burocratizado; se trata de estructuras dependientes de liberados y gabinetes de abogados que funcionan a modo de empresas de servicios. Por lo tanto, dejan de ser espacios para la organización, debate y activación colectivas de la clase trabajadora y sus afiliados, en vez de ser militantes activos cuya labor sostenga parte de la organización sindical, pasan a convertirse en meros clientes. Además, son estructuras dependientes del Estado burgués a varios niveles: dependen económicamente de él ya que una gran parte de su actividad se sostiene a base de subvenciones; se ven limitados por el marco legal burgués, ya que su estatus deriva del nivel de representatividad que puedan lograr; y el marco judicial burgués limita su práctica, ya que tienden a la judicialización del conflicto. Incluso las dinámicas de movilización o agitación que puedan emprender carecen de independencia respecto a la izquierda parlamentaria y –estén o no directamente vinculados a un partido– suelen responder a la ya institucionalizada fórmula “calle-institución” que conjuga la movilización en las calles con la presión en las instituciones. A esto hay que sumarle los efectos de un mercado de trabajo cada vez más flexible y precario, haciendo que los niveles de afiliación se reduzcan y que la capacidad negociadora de los sindicatos se vea dañada.

Estas limitaciones son compartidas también por los sindicatos más pequeños, quienes a pesar de no disfrutar del mismo estatus –medios económicos, representatividad, trato privilegiado en el juego institucional etc.–, se debaten constantemente entre la eterna subalternidad o parecerse peligrosamente a los grandes sindicatos para poder competir con ellos. En este sentido, a falta de una estrategia revolucionaria a la que ser funcionales, tienden al mismo proceso de burocratización que sus rivales más fortalecidos si quieren cumplir efectivamente el papel de intermediarios entre Trabajo y Capital.

Por supuesto, hay más diferencias entre sindicatos que el simple tamaño. Están también aquellas derivadas del modelo sindical, ya sea uno más pactista y de concertación, o uno más combativo y de movilización. Sin embargo, más allá de reconocer los mejores resultados o la superioridad ética del segundo, ambos comparten limitaciones en su fundamento estratégico: la visión economicista derivada de su forma de entender las luchas salariales. Lejos de ser un aporte en la dirección de una estrategia revolucionaria –cuyo objetivo sea la superación misma de la lucha económica– reproducen el conflicto salarial ad eternum. Su labor se restringe al ámbito de la mejora de las condiciones de la venta de fuerza de trabajo y a día de hoy, ni siquiera tratan de hacer propaganda política en favor de unas condiciones laborales igualitarias o un acceso universal, gratuito y de calidad a los bienes necesarios, limitándose a reivindicar una “dignidad” abstracta e imposible en el capitalismo. 

Ante la pérdida relativa de peso social del trabajo asalariado y el desplazamiento de la conflictividad social a otros ámbitos del salario indirecto –como la sanidad, la educación o la vivienda–, estos sindicatos han iniciado intentos de organizarse en la acción social más allá de lo meramente laboral. Pero especial importancia ha tomado en los últimos años fuera de los sindicatos clásicos una nueva forma de sindicalismo organizado territorialmente que denominaremos “sindicalismo social”, que normalmente aparece vinculado a la problemática de la vivienda. En ciertos aspectos, especialmente prácticos, intentan superar algunas limitaciones de los movimientos sociales o a las plataformas ciudadanas, ya que plantean luchas prácticas abordando la necesidad de superar las lógicas reivindicativas ciudadanistas. Responden a una intuición acertada al plantear la necesidad de organizar la lucha económica más allá del salario directo –aunque desgraciadamente a menudo es a pesar de él–, de llegar a sectores proletarizados y de crear organización mediante luchas prácticas, yendo más allá de la forma de protesta característica en los movimientos sociales, quienes tienden a interpelar al Estado.

Sin embargo, les lastran otras limitaciones: no disponen de una estructura firme, enuncian sus conflictos en términos predominantemente negativos, reproducen sentidos comunes ya existentes y los movilizan en conflictos particulares… Asimismo, su fundamento sigue siendo economicista debido a varios factores: en primer lugar, al no disponer de una estrategia clara y tratarse de agentes pequeños, los partidos y sindicatos socialdemócratas fagocitan su labor, otorgándole un programa político –electoralista, por supuesto– a una práctica sindical que carecía de él. Incluso aquellas expresiones del sindicalismo social que desarrollen discursos más radicales, o que señalen las principales categorías del sistema de dominación capitalista –propiedad privada, trabajo asalariado– se verán avocadas a lo mismo, ya que no tienen una propuesta estratégica de superación de dichas formas sociales ni una organización que la avale, más allá de la conflictividad que puedan acumular en conflictos económicos menores. En otras palabras, no hay conexión entre lo que hacen y lo que dicen. Como consecuencia, las luchas acaban por convertirse en un fin en sí mismo y esta suerte de “resistencialismo” suele derivar en prácticas asistencialistas. Entendemos aquí el asistencialismo no cómo una posición moral, sino como una práctica limitada a la resolución de conflictos particulares.

Estas deficiencias no se solucionarían simplemente elevando el conflicto o afirmando que la labor de asistencia es también una labor de concienciación; la organización debe otorgarles un sentido integral a las luchas salariales, deben tener un sentido lógico dentro de un modelo de acumulación de fuerzas que conduzca efectivamente a la superación de las formas sociales capitalistas y, más importante aún, todo ello debe tener un reflejo organizativo. En cuanto a las limitaciones organizativas, el carácter que adquiere el sindicalismo social lo conduce inevitablemente al localismo –o a su expresión urbana, el barrionalismo– siendo incapaz de articular sus capacidades a gran escala y abocado a gestionar conflictos económicos de agentes menores. Además de tratarse de estructuras dirigidas a parcialidades, son estructuras fragmentadas y enfrentadas constantemente a las dificultades derivadas del horizontalismo.

Autodefensa socialista.

Ante una situación de ataque generalizado a las condiciones de vida de la clase trabajadora, no podemos conformarnos con relegar las luchas salariales a su sentido conservador. Éstas no pueden limitarse a la lucha contra la regresión de las condiciones de vida, sino que deben servir de revulsivo de un programa efectivamente transformador. El desarrollo de las fuerzas productivas, por vez primera en la historia, nos permite hablar de la posibilidad de un nivel de vida de calidad garantizado de forma universal. Esta posibilidad no es algo abstracto o utópico; esta posibilidad está contenida, amordazada, entre las relaciones sociales capitalistas y debe ser desatada. Es decir, existen las condiciones de posibilidad sin precedentes para garantizar un bienestar social, siempre y cuando se haga bajo una organización racional planificada de las capacidades sociales y productivas. No hablamos de un sistema ideal en el que no exista la pérdida, el sufrimiento personal o la dificultad, sino de un sistema social en el cual se disponga de pleno control sobre los medios de reproducción social y éstos se organicen en base a las necesidades.

Esta potencialidad, sin embargo, es la superación del sistema capitalista como sistema de dominación económico y político. Un sistema de vivienda, de transporte o alimentación gratuitos, de calidad y universales, así como un reparto equitativo del trabajo y unas condiciones laborales iguales son imposibles en el capitalismo y solo realizables mediante un Estado Socialista. En este sentido, toda lucha por las condiciones de vida de la clase trabajadora debe señalar la necesidad de la construcción del Estado Socialista, como única garantía para la total desaparición de la “cuestión laboral” o la “cuestión de la vivienda”.

“¿Y mientras tanto qué?” preguntará más de uno. ¿Qué papel juega la lucha sindical en una estrategia revolucionaria? La cuestión sindical ha sido un punto crucial entre los debates históricos de la tradición política del proletariado Entendemos que la lucha económica no se basta por sí misma y que por lo tanto, no es revolucionaria per se. Nuestra tarea política no puede ser dejarnos arrastrar por el resistencialismo dedicándonos a tiempo completo a las luchas sindicales; ya que éstas no pueden acabar con la explotación, sino como mucho atenuarla provisionalmente, reproduciéndola, condenada a repetirse una y otra vez. Al mismo tiempo, las luchas defensivas son necesarias por pura supervivencia y siempre van a estar ahí, constituyendo la forma más básica en la que se manifiesta la lucha de clases y el espacio más inmediato en el que se agrupa el proletariado. Por ello, no podemos permitirnos el lujo de inhibirnos y dejar de intervenir en estas luchas. Al contrario, debemos plantearnos cómo pueden integrarse en la estrategia socialista, cómo pueden responder a ella, asumiendo sus límites y potencialidades. Es decir, las instituciones socialistas deben acertar en su papel mediador entre la conciencia espontánea que se genera en las luchas salariales y la estrategia socialista. Así, el fin último no pueden ser las mejoras económicas en sí mismas, nunca definitivas, sino mejorar la posición de poder del proletariado en las luchas a través del desarrollo de sus instituciones independientes.

Por lo tanto, la organización comunista debe imponerse una tarea urgente, organizar la autodefensa socialista. La autodefensa socialista asume tres principales tareas que, a día de hoy, deben entenderse desde las capacidades existentes y a la luz de su desarrollo potencial: la expansión del programa comunista, la defensa y mejora efectiva de las condiciones de vida y la creación y consolidación de instituciones proletarias.

Entendemos que la creación de mecanismos defensivos en torno a los que se organice el proletariado debe ir ligada a la difusión de su programa histórico, el comunismo. En un momento en el que el proletariado carece de independencia política y el comunismo no existe como fuerza organizada, la lucha hoy se desarrollará, principalmente, en el plano cultural. Y es que, a día de hoy, no estamos en condiciones de ejercer un control pleno sobre la producción y distribución, lo cual respondería a un escenario de toma de poder para consumarse. Pero sí podemos entender este proceso como algo progresivo, y a medida que la organización aumenta sus cotas de control, podemos hacer una labor ideológica a la hora de plantear dicho control socialista como algo deseable y necesario.

Más allá del momento puramente defensivo, será necesario plantear reivindicaciones desde cada ámbito que de manera abierta sean solo realizables en un Estado Socialista. Ya sea reivindicando una vivienda de calidad, gratuita y universal, el acceso incondicional a los medios de vida, unas condiciones laborales iguales y de calidad, o trabajar menos para trabajar todos. Con ello no pretendemos engañar a nadie para llevarle a un callejón sin salida: estos objetivos no se pueden conseguir de manera aislada ni son posibles en el capitalismo. Se trata de reivindicaciones que deben ir explícitamente ligadas a la construcción del socialismo, como medios para la propaganda por el Estado Socialista.

Ahora bien, hablar de lucha cultural no quiere decir que esta deba quedarse en las meras palabras. De hecho, no existe separación entre la lucha cultural y el desarrollo organizativo que corresponde a su avance, y esta unidad opera desde el primer momento más puramente defensivo. Es decir, la difusión del programa comunista estará íntimamente ligada a la efectividad y la superioridad organizativa que demuestren los comunistas a la hora de plantear la autodefensa. Para ello es imprescindible por desarrollar formas de lucha adecuadas, aumentar las capacidades y el músculo organizativo para mejorar las posiciones políticas que permitan avanzar en el proceso socialista. Será necesario acertar en la forma, pero también en el contenido: estas luchas deberán apuntar a expropiar y socializar la ganancia, explicitando el antagonismo y la imposibilidad de mejoras sin confrontar con la burguesía, a costa de su poder. Deberán responder al principio de igualdad y universalidad como única forma de representar y unificar los intereses del conjunto de la clase trabajadora de manera unitaria. Además, ante la actual dispersión y división de las distintas luchas salariales, éstas deberán afrontarse de manera unificada, organizándonos en todos los ámbitos para no perder por un lado lo ganado por el otro.

Por último, la organización en el ámbito de las luchas salariales debe apuntar desde hoy al progresivo control sobre la distribución y la producción. Aunque este control implique evidentemente conflicto y no pueda ejercerse de manera efectiva sin el control sobre la sociedad en su conjunto, debe ser planteado como eje práctico principal del proceso socialista más allá del momento puramente defensivo. Es decir, se trata de que las luchas salariales puedan servir para alimentar el control progresivo de la organización independiente del proletariado sobre los procesos sociales. No se trata de reivindicar mejoras e inocentemente esperar que el Estado vaya a mantenerlas, sino de integrar cada mejora en una nueva organización de la sociedad; se trata de arrebatar el control –privado o estatal– de la burguesía sobre los procesos sociales e ir integrándolo bajo la dirección democrática del proletariado. Por lo tanto, la autodefensa socialista trata de trascender la división entre lucha política y lucha económica, ya que enfoca las luchas salariales hacia la construcción de instituciones proletarias en todos los ámbitos de la vida, las cuales se regirán bajo una nueva disciplina social.

El reto no es menor y la cruenta ofensiva de la burguesía nos obliga a avanzar a pasos agigantados. Aunque la magnitud de la barbarie pueda hacer a muchos pensar que lo único que puede hacerse es “defender lo conseguido”, no es momento de dejar para mañana lo que debe hacerse hoy; no es momento de amedrentarse por su doctrina del “mal menor”. Urge organizar la autodefensa socialista en todos los ámbitos que podamos abarcar.