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Argia Kortabitarte eta Dani Askunze
En el segundo aniversario de la entrada en vigor de la última reforma laboral en el Estado español, es importante reflexionar sobre su impacto y efectividad durante este periodo de tiempo. La reforma laboral ha sido una de las principales apuestas de la anterior legislatura y el nuevo gobierno ha puesto en valor sus supuestos resultados siempre que ha podido. Unos resultados que son, en su gran mayoría, predecibles y, lejos de solucionar los problemas evidentes del mercado laboral del Estado español, esta reforma no ha hecho más que disfrazarlos estadísticamente.
El Ministerio de Trabajo sale todos los meses a celebrar los nuevos datos que arroja el mercado laboral, con el objetivo de hacernos ver la supuesta efectividad de dicha reforma. Una perfecta puesta en escena, con una gran cantidad de maquillaje y muy hábiles actores para interpretar el papel que tiene que hacernos creer que todo va bien, aunque luego la realidad se presente diferente. Esta sensación de euforia que desde el ministerio transmiten contrasta con la realidad de una clase trabajadora que ve cómo sus condiciones laborales apenas han mejorado en los últimos dos años.
Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido realmente? Resulta que la reducción de la tasa de temporalidad se ha dado en términos nominales de tipo de contrato y, por lo tanto, el impacto de la reforma en la reducción de la precariedad e inestabilidad laboral es más bien escasa. Básicamente, de nada sirve que se reduzcan los contratos temporales si sus efectos y características se mantienen inalteradas bajo otras modalidades de contrato. Los patrones de creación, destrucción y duración de los contratos laborales son prácticamente idénticos antes y después de la reforma.
Como bien expresó Adam Radomski en 2022 en este mismo medio, con motivo de la entrada en vigor de la reforma [1], este paquete de medidas debe comprenderse como una actualización de la legislación laboral con respecto a las necesidades de la coyuntura, que no son otras que las del propio Capital. Es fundamental situar la reforma bajo el contexto en el que fue concebida: la crisis de acumulación del sistema capitalista. De este modo, podemos observar cómo es parte de una lógica más amplia, cuyo objetivo es seguir debilitando las condiciones de vida de la clase trabajadora y, para ello, flexibiliza aún más el uso de la fuerza de trabajo. Todo ello para tratar de impulsar unas tasas de crecimiento económico que se encuentran estancadas y que, además, coinciden con un grave periodo de inflación.
No obstante, es importante destacar que esta reforma se nos presentó como una medida progresista por parte de la izquierda del Capital y su implementación fue acompañada por un gran entramado propagandístico, que la presentaba como una medida ventajosa para la clase trabajadora. Desde un principio, era evidente su incapacidad para mejorar las condiciones de vida y trabajo del proletariado, y no ha sido más que una distracción para perpetuar las estructuras de su dominación.
La reforma laboral no ha puesto en duda, bajo ningún concepto, la ganancia capitalista; en todo caso, se ha reformado en base a las necesidades que esta demanda. No ha representado ni si quiera un tibio intento para limitar el poder de los empresarios a la hora de definir las condiciones de trabajo. Es más, como veremos a continuación, podríamos afirmar justo lo contrario: la subordinación del trabajador frente al empresario se ha intensificado con las nuevas modalidades contractuales, que otorgan al empleador un poder absoluto de decisión unilateral sobre la actividad laboral, como es el caso de los fijos discontinuos.
El engaño de los contratos indefinidos
Tras perpetuar los aspectos más lesivos de las anteriores reformas laborales, esta nueva legislación se vendió como un remedio para reducir la temporalidad del mercado de trabajo. Este es un problema crónico y estructural del mercado de trabajo. Tanto que ha colocado al Estado español en la cima de las tasas de temporalidad y desempleo de la Unión Europea durante décadas −hoy en día sigue situándose a la cabeza en cuanto a desempleo, doblando la media europea−.
Fuera de todo tipo de contexto y sin ningún otro dato que la acompañe, negar que la tasa de temporalidad ha descendido sería negar una obviedad. Es así como presenta el gobierno esta tasa, y aprovecha cada ocasión para poner en valor su proyecto. En concreto, la tasa de temporalidad del Estado español se vio reducida de manera considerable al situarse en torno al 16%, cuando antes de la reforma rondaba el 30%. Este descenso sigue sin ser suficiente a la hora de equipararla a la media comunitaria, que se sitúa en el 13,5%. No obstante, si sumásemos los fijos discontinuos por la eventualidad de su trabajo, esta tasa superaría el 20%. Asimismo, a pesar de este aparente descenso de la tasa de temporalidad, los datos siguen evidenciando que la mayoría de los nuevos contratos iniciales siguen siendo temporales. En el caso concreto de Hego Euskal Herria, a pesar del aumento de la contratación indefinida, la mayoría de los contratos firmados en marzo de 2024 fueron de carácter temporal. En concreto, tres de cada cuatro. A su vez, sólo el 20% de todos los contratos firmados en el Estado español en el mes de marzo fueron indefinidos a jornada completa. El restante 80% se dividió entre contratos temporales, a jornada parcial y fijos discontinuos [2].
Todavía hay más. El descenso significativo de la tasa de temporalidad no ha supuesto cambios en la dinámica de creación y destrucción de empleo diario estatal, lo cual implica que la duración del empleo y la rotación laboral permanezcan inalteradas, pero hay una diferencia: ahora esto se ve reflejado en los contratos indefinidos. Esto ocurre debido a que la nueva composición de los contratos laborales replica los mismos patrones anteriores a la reforma [3].
Despedir sigue siendo extremadamente barato y los empresarios gozan de total impunidad para rescindir contratos a su antojo. Es importante tener en cuenta que, si la extinción del contrato se produce antes de que la relación laboral se afiance en el tiempo, el coste de rescisión es realmente bajo. Solamente una regulación laboral que profundice en esta naturaleza puede permitirse esta volatilidad del empleo, con una alta rotación de trabajadores entrando y saliendo constantemente del mercado laboral. Esto también se ve refrendado por un aumento importante de los despidos colectivos, especialmente en las grandes empresas. El estado, como garante de la acumulación capitalista, se encargó durante la pandemia de socializar las perdidas empresariales y privatizar los beneficios mediante los ERTEs. Una vez acabadas las bonificaciones, los despidos baratos no han hecho más que crecer. Los despidos colectivos aumentaron un 50% en el último año en el Estado español (de 24.215 a 36.305) [4].
Fijos discontinuos y otras formas de eventualidad
La reforma laboral, por tanto, apuntala la ofensiva capitalista de las condiciones laborales. Por un lado, la inestabilidad del empleo persiste y, además, parece haberse trasladado hábilmente a otras modalidades de contrato, como la de los indefinidos. Por otro lado, ser poseedor de un contrato indefinido no garantiza seguridad laboral ni protección contra el despido. Claro ejemplo de todo ello son los fijos discontinuos.
Esta modalidad permite intercalar períodos de actividad e inactividad dentro de un mismo contrato. Además, esta volatilidad a la que están sometidos los fijos discontinuos no permite aclarar la realidad laboral de estas trabajadoras, algo que perpetúa el Ministerio de Trabajo al no esclarecer la situación, originando una polémica tras otra; sin embargo, sí permite al gobierno blanquear la flexibilidad a la que están sometidos. Es difícil negarla cuando en diciembre de 2023 el 94% de los contratos fijos discontinuos fueron firmados por Empresas de Trabajo Temporal (ETT), mientras que las contrataciones por empresa se desplomaron un 89% en la comparación interanual para ese mismo mes [5]. A pesar de las advertencias previas sobre lo que esta modalidad iba a suponer, la realidad siempre logra sorprendernos.
La rotación a la que están condenados los fijos discontinuos es tal que el pase a inactividad de los empleados con estos contratos se situó como el segundo motivo principal de baja en la afiliación a la Seguridad Social a finales de 2023, abarcando el 20% del total (17.503 bajas de afiliación por día laborable de media en 2023), justo después de la finalización de contratos temporales [6].
La ampliación de las condiciones de uso que permite el contrato fijo discontinuo, junto con las ambigüedades que conlleva, han generado un aumento significativo de su uso. Si bien la función original era salvaguardar la estabilidad laboral frente a las fluctuaciones cíclicas o estacionales, las trabajadoras con contrato fijo discontinuo sufren una enorme volatilidad a lo largo del año. Los nuevos contratos fijos discontinuos satisfacen la flexibilidad que tanto demandaban los empresarios y la patronal, lo que evidencia la notable pérdida de condiciones laborales en comparación con la situación previa a la reforma, así como la menor duración de los contratos.
El contrato fijo discontinuo acarrea una subordinación total del trabajador, ya que se encuentra totalmente sujeto a la voluntad del contratante. Este puede presionar en todo momento al trabajador, finalizando el periodo de actividad antes de tiempo o amenazándolo con no volver a llamarlo, sin que se ejecute el cese definitivo. De esta manera, el empresario actúa con total impunidad frente a su empleado, el cual se encuentra a expensas de los intereses momentáneos del empresario y bajo la constante amenaza que le puede perjudicar frente a futuros llamamientos.
Los contratos indefinidos que no superan el periodo de prueba también se han convertido en un modo barato de despido en auge. Este periodo de prueba permite al empresario asegurarse de la idoneidad del empleado y de su duración, al posibilitar la rescisión sin derechos derivados de la relación laboral como indemnización. Desde la entrada en vigor de la reforma, los ceses han pasado del 5% antes de la reforma a representar entre un 20% y un 25% −la Seguridad Social apunta que en los diez primeros meses del 2023 se dio de baja a cerca de 825.000 personas por este motivo−, siendo este otro elemento importante a la hora de blanquear la contratación indefinida [7].
En busca de otras salidas: bajas voluntarias y pluriempleo
No es de extrañar que todo este empeoramiento de las condiciones laborales contribuya a un aumento de las dimisiones y los abandonos voluntarios. En 2023, el porcentaje de asalariados que buscaron otro empleo alcanzó niveles máximos en las dos últimas décadas. Tras la entrada en vigor de la reforma laboral, los contratos indefinidos se han convertido en el tipo de contrato mayoritario entre las bajas por abandono voluntario en el Estado español, superando por primera vez las bajas de los contratos temporales [8]. Así, se evidencia que ser indefinido contractualmente no es garante de condiciones de trabajo de calidad.
Es más, el aumento de la parcialidad, la eventualidad de los fijos discontinuos o lo barato que resulta despedir perpetúan aún más la inestabilidad vital de las trabajadoras. Por lo tanto, las bajas voluntarias en los contratos indefinidos nos llevan a concluir que los actuales empleos indefinidos, a pesar de su título, comparten todas las características de los empleos temporales. Esto motiva a buscar otro empleo, sin preocuparse por lo que se deja atrás, como la antigüedad, ya que a día de hoy es más bien escasa.
Estas dimisiones, además, no conllevan una recolocación inmediata, ya que el 60% de las trabajadoras tarda más de dos meses en encontrar empleo o no lo encuentra. Por todo ello, no es de extrañar que la clase trabajadora este prácticamente obligada a pluriemplearse, siendo así el pluriempleo una de las salidas más demandadas [9]. Más aún en un contexto de inflación y encarecimiento de la vida.
Conclusiones
Transcurridos dos años desde la entrada en vigor de la reforma laboral, observamos cómo las críticas realizadas en su momento se ven refrendadas. Ya sea respecto a su interés de clase, a su propósito o a toda la propaganda que la acompañó. Ahora podemos afirmar que, lejos de solucionar los problemas del mercado laboral del Estado español, la reforma los apuntala. Y no es casualidad que haya sido implementada con éxito por un gobierno progresista, lo cual ha sido garantía de paz social, bloqueando la articulación de un posible rechazo. Por un lado, presentándose el gobierno como responsable y garante del consenso entre patronal y sindicatos. Por otro, asegurando a través de UGT y CCOO el monopolio tanto de la negociación como del control de la conflictividad en la calle y los centros de trabajo, quedando los sindicatos alternativos con un escaso margen de maniobra. Y finalmente, cerrando filas por la izquierda en el propio gobierno a través de una figura simbólica como la ministra de Trabajo y ahora vicepresidenta Yolanda Díaz. Así pues, la izquierda del Capital se muestra como un gestor de lujo de la burguesía, como agente activo y eficiente de la ofensiva capitalista en marcha contra nuestra clase, en este caso, respecto a sus condiciones de trabajo. Ofensiva con la que la burguesía está aumentando sus márgenes de beneficio, mediante un ataque contra el salario y las condiciones de vida de la clase trabajadora, e impulsando para ello medidas y reformas que avancen en esa dirección. La reforma laboral de 2021 está entre ellas.
Mediante esta modificación del marco laboral, se amplía y generaliza la precarización y la flexibilización del mercado de trabajo en busca de unas tasas de ganancia que no se sostienen por sí solas. El estado, como capitalista colectivo, reproduce las condiciones para la explotación del trabajo y para ello establece el marco legal más adecuado para cada contexto, garantizando la continuidad de las relaciones capitalistas. En este contexto de crisis capitalista, las condiciones de trabajo empeoran, de modo que estas tienden a igualarse por abajo. Aunque la tasa de temporalidad contractual haya disminuido, cada vez es más reducida la diferencia entre las condiciones de los trabajadores, sean estos fijos o eventuales. La reforma laboral no ha sido capaz de frenar el empeoramiento de las condiciones de trabajo, al contrario, ha contribuido a ello mediante nuevas modalidades de contrato. Los nuevos contratos indefinidos no ganan en seguridad ni en estabilidad, incluso pierden en duración. Además, el paro sigue mostrando un carácter estructural, junto con un amplio ejército de reserva que entra y sale del mercado de trabajo gracias a que el despido se mantiene igual de barato. En definitiva, la patronal dispone de mano de obra barata y flexible con la ayuda del estado, que se encarga de garantizar la acumulación, incluso socializando pérdidas cuando es necesario.
La modernización del aparato productivo del Estado español pasa por ofrecerle a la inversión capitalista el mejor escenario posible. De ello se encarga la izquierda tratando de reeditar un nuevo pacto social entre la patronal, los sindicatos y el gobierno, entre otras cosas para devaluar la fuerza de trabajo, ya sea mediante la precarización generalizada de las condiciones laborales o el estancamiento de los salarios. No importa el propósito de la inversión siempre y cuando este relance la ganancia capitalista, ya sea destruyendo entornos naturales o promoviendo industrias militares que avancen en la escalada bélica. Para ello, también se encargan de mantener subordinado al proletariado de la periferia a expensas de mantener los intereses de unas clases medias en claro proceso de contracción. Moderación y tibieza con los empresarios a costa de una mayor subordinación del proletariado nacional e internacional; ese es el proyecto progresista de la izquierda del Capital.
Por último, frente a toda esta miseria laboral a la que nos condenan, el estado emerge cada vez más como una institución represora contra toda organización que le haga frente, también en el ámbito laboral. Durante estos años de gobierno progresista la criminalización de la protesta ha seguido incrementándose. Un claro ejemplo de esta tendencia autoritaria es la criminalización de la acción sindical más básica. Los empresarios, los políticos, los jueces y los medios de comunicación son parte activa de ello, ya que buscan disuadir la organización y limitar aún más los ya reducidos márgenes para la lucha, cuando las condiciones laborales no hacen más que empeorar.
Ante esta situación, nos toca trabajar para reforzar y extender la organización comunista, también en el ámbito laboral. Promoviendo la organización independiente de clase y la autodefensa frente a la ofensiva burguesa, y conectando las luchas inmediatas con la construcción de una alternativa socialista frente a un capitalismo y sus gestores que no nos ofrecen más que miseria.
REFERENCIAS
[2] Resumen de datos estadísticos, marzo de 2024. SEPE
[3] Conde-Ruiz, J.I., Garcia M., Puch, L. A., Ruiz, J. (2023). Reforming dual labor markets: 'empirical' or 'contractual' temporary rates? (No. 2023-36). Fedea
[7] Líneas de fuga en el mercado de trabajo tras la reforma laboral, La Brecha (CGT), 18, 2023; https://elpais.com/economia/negocios/2023-12-31/asi-funciona-el-fraude-de-los-periodos-de-prueba-para-que-las-empresas-ahorren-en-indemnizaciones.html
[8] Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo, febrero de 2024, BBVA Research; https://laboral.fedea.net/
[9] https://gedar.eus/es/aktualitatea/inoizko-enplegu-aniztasun-handiena-zenbatu-da-espainiako-estatuan/
