Hace un mes que el Banco de España (BdE) publicó un informe[1] en el que analizaba qué efectos había tenido en el empleo la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de comienzos del 2019. Este informe resultó controvertido no solo en ámbitos técnicos de economistas y académicos, también fue objeto de discusión política de algunos sectores del movimiento obrero.

El BdE sostiene que la subida del SMI (que pasó de 735 a 900 euros en 14 pagas, lo que supone un incremento de más del 22 %) tuvo un efecto perjudicial en la contratación de trabajadores en aquellos empleos remunerados con menos de 1050 euros. Es decir, según el BdE, el aumento del SMI de 2019 hizo que se crearan menos puestos de trabajo, en aquellos empleos con menor salario, que los que se habrían creado si no se hubiera dado dicho aumento. Los impactos negativos de la subida afectarían, principalmente, a los trabajadores jóvenes (menores de 32 años), con empleos temporales y/o que trabajen en pequeños comercios (establecimientos que cuentan con menos de una decena de empleados). Esto se explica porque, en los casos de las empresas menos rentables, un aumento salarial acorde a la subida del SMI puede generar una reducción de los beneficios, lo cual pone frenos a la contratación.

Frente a los argumentos que dicen que la subida del SMI generó una caída en la contratación de las franjas salariales más bajas, los defensores de la subida explican, desde enfoques keynesianos de demanda, que el aumento del SMI también tuvo efectos positivos, tanto en la creación de empleo como en la reducción de la desigualdad salarial. Explican que los empleados que se han dejado de contratar en las franjas salariales más bajas son, en una gran proporción, reasignados hacia puestos de trabajo en franjas salariales superiores. De esta manera, la reasignación de empleados desde empresas menos eficientes (de salarios inferiores o ligeramente superiores al SMI) hacia empresas más eficientes supone un efecto positivo. Esta reasignación se produce gracias al efecto agregado que los aumentos salariales producen sobre el consumo (a mayor salario, mayor consumo y a mayor consumo, mayor renta y empleo). Esta postura parece bastante optimista, puesto que, la débil estructura productiva y el alto nivel de desempleo permanente de la economía española (que en el caso de los menores de 25 nunca ha bajado del 30% en la última década) no son propicios para una rápida reasignación de los trabajadores.

Asimismo, explican que el aumento del SMI reduce la desigualdad salarial puesto que eleva el nivel de retribución mínimo. Aunque esto sea cierto, este argumento es tramposo porque no tiene en cuenta que los empleados con bajos salarios que dejan de trabajar (ya sea porque los echan o porque no los renuevan) salen automáticamente de la estadística de desigualdad salarial.

El problema a la hora de calcular el efecto neto (creación de empleo menos destrucción de empleo) del aumento del SMI sobre el empleo reside en que la destrucción del empleo es fácilmente calculable, puesto que se da de manera directa, mientras que la reasignación de empleo se da de manera indirecta (vía aumento de la demanda agregada) y esto dificulta mucho su medición. Por ello, resulta complicado tener en cuenta todos los efectos, positivos y negativos, que el incremento ha producido en el empleo. Sea como sea, parece legítimo afirmar que el aumento del SMI tiene efectos positivos para la acumulación y para los trabajadores que han visto un aumento efectivo en su salario, pero que, al mismo tiempo, tiene efectos negativos en la creación de empleo de ciertos sectores del mercado laboral, principalmente jóvenes, trabajadores a tiempo parcial y trabajadores de pequeños establecimientos.

Lo interesante de este debate está en las implicaciones políticas que surgen a raíz de a las reivindicaciones de aumentos salariales en general y de las subidas, por parte del actual gobierno de coalición, del SMI en particular y en la posición que hemos de tomar al respecto.

En mi opinión, la reivindicación, por parte de los trabajadores, de un aumento salarial es una reivindicación legítima. Entendido de manera general, ningún salario es justo y toda medida que mejore las condiciones de los trabajadores será positiva. Ahora bien, ¿debe una persona consciente de las determinaciones objetivas de nuestra sociedad reivindicar el aumento del SMI actual, sin más?

Como sabemos, el valor de la fuerza de trabajo viene determinado por elementos objetivos como el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y el momento específico del ciclo económico, pero también por elementos de carácter político como la correlación de fuerzas (posición de poder relativa de cada clase).

Esto es relevante puesto que implica que el valor de la fuerza de trabajo depende de dos factores objetivos. Por una parte, depende de la demanda de trabajo, es decir, de la cantidad total a la que se le daría empleo. Por otra parte, depende de la oferta de trabajo, es decir, la cantidad total de trabajadores que o buscan empleo o están empleados.  La demanda de trabajo depende del nivel agregado de producción, mientras que la oferta de trabajo depende de la cantidad de personas desposeídas de medios de producción. En la coyuntura actual, la demanda de trabajo no ha hecho sino descender a raíz de la crisis económica del Covid, que ha provocado un aumento del desempleo y una contracción económica generalizada. Asimismo, las últimas décadas están caracterizadas por un proceso de proletarización en el que cada vez más capas de la población se ven desposeídas de sus pequeños comercios y sometidos a trabajar para otros, más aún debido a la crisis actual.

Pero es que, además, el aumento del SMI no se ha debido a una mejora de la correlación de fuerzas de los trabajadores, sino que ha venido por una decisión gubernamental que promueve medidas expansivas para facilitar la acumulación de capital vía demanda. Así las cosas, un incremento del SMI acarrea un aumento de las horas extra no pagadas, del empleo sin contrato y de la actividad informal.

En este sentido, la reivindicación, por parte de los sectores conscientes de los trabajadores, del aumento del SMI puede poner trabas a la emancipación social por dos motivos. Por una parte, las reivindicaciones salariales se ubican en el terreno de la distribución y por ello no cuestionan la estructura social basada en el trabajo asalariado. Lo que se discute es el precio por el cual el trabajador está dispuesto a venderse al capitalista. Por otra parte, si se acepta sin más, sin tener en cuenta sus limitaciones, se puede caer en la trampa de presentar al Estado como un agente con capacidad efectiva de intervenir y modelar la estructura económica cuando, en realidad, el Estado es consecuencia de esta estructura.

Es que, el trabajo asalariado supone una relación formal por la cual dos personas establecen un contrato de intercambio basado en la igualdad jurídica. El trabajador, haciendo uso de su plena libertad, ofrecerá su capacidad de trabajar a cambio de un salario. El trabajador querrá obtener el mayor salario posible, mientras que el empleador querrá pagar el mínimo salario posible. Pero, además, lo importante de las relaciones salariales, que se dan entre un trabajador y empleador concretos, es que esconden que la dominación capitalista se da entre la totalidad de los trabajadores frente a la totalidad de los capitalistas. Es decir, es el capital, todo él, el que somete al trabajo y reproduce esa dominación. Aunque así lo parezca, el vínculo de dominación no se da de manera personal bajo el capitalismo. Al fin y al cabo, aunque un empleado deje de trabajar en un puesto concreto, seguirá teniendo que vender su fuerza de trabajo para otros.  Por eso resulta tan complicado y, al mismo tiempo, tan necesario articular la lucha salarial entre patrón y obrero con la lucha política que trate de superar la totalidad de las relaciones sociales capitalistas.

Repito, bienvenida sea toda medida que conlleve una mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Sin embargo, una subida salarial no tiene por qué ser tan buena como sus promotores la venden. Una cosa queda clara: las relaciones fundamentales de dominación de clase no pueden transformarse mediante reformas legislativas.