La crisis de 2008 supuso un enorme estancamiento de la actividad económica. El fuerte aumento de paro y la destrucción del capital redujo la capacidad de acumulación de todas las economías desarrolladas. En varias economías del Sur de Europa, aquellas con altos niveles de deuda, la crisis económica adquirió una magnitud todavía mayor al juntarse con una crisis de la deuda que dificultaba enormemente la financiación de los Estados.

La deuda es el principal mecanismo para sostener el gasto estatal y, en momentos en los que un mayor endeudamiento es inviable tanto políticamente como económicamente, los Estados pierden su capacidad de gasto. El resultado es ampliamente conocido: bajo el eufemismo de medidas de austeridad impuestas desde Bruselas, se llevaron a cabo un cúmulo reformas entre las que se encontraban medidas fiscales (subidas de impuestos), reformas laborales de 2010 y 2012 (flexibilización del mercado laboral) y reducción del gasto público.

Desde 2015, el Banco Central Europeo (BCE) ha llevado a cabo una política monetaria expansiva (para aumentar la demanda y, por ende, la actividad económica) con el objetivo de acelerar la economía mediante el incremento de la oferta de dinero y el crédito. Por medio de estas políticas, el BCE facilitaba la financiación de grandes empresas privadas y de los Estados, puesto que tenían la posibilidad de obtener crédito barato y endeudarse a menor coste.

Además, la disminución de la actividad económica por la pandemia conllevó un aumento de la deuda de los Estados, que tenían que financiarse para hacer frente a sus gastos inesperados. El BCE aumentó el volumen de deuda que compraba a los Estados; prácticamente toda la deuda emitida por empresas privadas (principalmente vinculadas al sector energético, construcción y transporte) y administraciones del Estado español fue comprada por el BCE. En resumidas cuentas, el BCE ha sido un agente fundamental en la financiación de Estados y empresas en los últimos años puesto que les permitía obtener crédito barato y, con ello, trataba de dinamizar y estimular la economía de la zona euro.

Aunque empezó a aplicarla más tarde de lo que debía, la política expansiva del BCE fue necesaria para mantener la acumulación de capital mediante el aumento de la demanda, y así poder relanzar un nuevo ciclo económico tras la crisis de 2008; más aún después del parón global por la pandemia y con la puesta en marcha de los fondos Next Generation EU.

Sin embargo, existen indicios para pensar que el BCE reducirá sus estímulos a la actividad económica y aumentará los tipos de interés: la inflación creció, en enero, por encima de lo estimado y, además, parece que el aumento de los precios va a continuar durante algo más que lo inicialmente previsto. Los precios de bienes esenciales como la energía, que tuvo una subida récord del 28,6 % en enero respecto al año anterior (en este sentido, el conflicto entre Rusia y Ucrania no ayudan a que el precio del petróleo y el gas se estabilicen), o los alimentos frescos (el dato de enero muestra una subida anual del 30,1 % en el precio del aceite de oliva) seguirán aumentando a lo largo del 2022.

La inflación es también un fenómeno que emborrona, por así decirlo, la actividad económica global. La economía es una compleja red de relaciones entre agentes que, por una parte, llegan a acuerdos y, al mismo tiempo, compiten entre sí. En ella, el mercado establece un orden anárquico por el cual no existe coordinación directa en las decisiones de producción y en la que los precios dan una información esencial. Es por esto que el rápido aumento de los precios dificulta la acumulación de capital porque genera incertidumbre y «descuadra» a capitalistas e inversores (privados y públicos) a la hora de tomar decisiones económicas a futuro. Por ello, todo apunta a que el BCE subirá los tipos para combatir la inflación.

De hecho, el pasado 3 de febrero, Christine Lagarde, presidenta del BCE, dio una rueda de prensa[1] muy relevante para el futuro de la política monetaria europea. En ella, se anunciaba el fin del programa de compra de deuda pública de emergencia por pandemia para finales de marzo de este año. Además, los programas ordinarios disminuirán su volumen de compra de deuda progresivamente a lo largo del año. Tarde o temprano, El BCE moderará su política y tratará de «enfriar» la economía europea y, con ello, también frenar el aumento de los precios.

Esta subida tendría varias consecuencias. Por una parte, la oferta de crédito se restringirá y los prestamos serán más caros. Por otra parte, y esto es lo más relevante, los Estados y empresas tendrán mayores limitaciones a la hora de gastar más de lo que ingresan, puesto que endeudarse les saldrá más caro. De hecho, los mercados de deuda ya se están anticipando a posibles subidas de los tipos y los rendimientos de los bonos de deuda de la mayoría de economías europeas llevan creciendo desde mediados del pasado diciembre. Lo cual implica que los intereses del pago de la deuda, que debido a las políticas expansivas del BCE partían de niveles muy bajos, han aumentado en las últimas semanas.

Aunque tales afirmaciones necesitan ser tomadas con cautela, podríamos estar en el inicio de un contexto con elementos similares al de los años que siguieron a la crisis de 2008, donde las dificultades de financiación de los países periféricos europeos condicionaron fuertemente las decisiones políticas.

Pero, sin ir más lejos, hace unos días se aprobó la no-derogación de la reforma del 2012, que fija elementos como la facilidad del despido o la modificación unilateral de las condiciones contractuales en caso de crisis. Aunque en su momento eran vistas como coyunturales, hoy en día se constatan como medidas englobadas dentro de un plan de reestructuración más ambicioso, fundamentado sobre la búsqueda de un nuevo pacto social. Veremos si es verdad eso de que la historia se repite. De momento, la trágica ofensiva contra el trabajo planeada por la dirección europea y aplicadas a través de los Estados en el contexto de crisis post 2008 parece repetirse. Por su parte, la nueva reforma laboral (dejando de lado transfuguismos políticos, errores técnicos y demás elementos de la votación convertida en parodia) dista poco de ser una gran farsa. El Estado se muestra así como el encargado de administrar la agenda política del gran capital europeo. En este sentido, no deja de tener cierta gracia, permítase la expresión, que el «Gobierno del cambio», junto a CCOO, UGT y la CEOE, hace que nada cambie.

Resulta muy clarificadora la valoración positiva de la CEOE, pues en sus palabras el acuerdo consigue «garantiza la paz social y consolida lo esencial de la reforma del 2012». Y, es que, cuando decimos que el Estado es el máximo garante del correcto funcionamiento de la relación de capital no hacemos referencia a entelequias sino, más bien, a este tipo de cuestiones. Sirva esto, ojalá, como una pequeña lección para aquellos despistados que mantienen posiciones ambiguas con respecto a las instituciones. Algunos tenemos cada vez más claro el tipo de política que queremos.