En este texto se analizarán los dos agentes principales que han formado parte de la campaña llevada a cabo contra la práctica de la ocupación en los últimos años: por un lado, los fondos buitre que hacen negocio con el endeudamiento de la sociedad y desempeñan una función importante en la reestructuración económica en tiempos de crisis; y, por otro lado, el fenómeno de la clase media propietarista, que ha profundizado en el arraigo del principio de la propiedad privada a través de la propiedad de inmuebles.

Últimamente, se ha convertido habitual escuchar en las noticias, en el parlamento y en diferentes espacios discursos que criminalizan la ocupación. Presentan la práctica de la ocupación como una actividad oscura, mediante relatos basados en distintas mentiras. El año pasado, Erraki puso en marcha una campaña contra esta ofensiva, poniendo sobre la mesa algunas claves para poder entender el fenómeno. En ella, por un lado, se expusieron los intereses económicos y políticos que tienen los diferentes agentes que impulsan estos ataques. En cuanto a los económicos, la práctica de la ocupación obstaculiza los beneficios de las diferentes empresas que hacen negocio en el mercado inmobiliario (fondos buitre, empresas de inmuebles, fondos de inversión, rentistas…). Además, hay empresas que consiguen ganancias del miedo generado por la campaña, como las empresas de seguridad o de desocupa. En lo que respecta a los intereses políticos, a los partidos de derechas les resulta políticamente rentable andar difundiendo el discurso contra la ocupación, para así obligar a los partidos progresistas a adoptar una posición incómoda. Podemos entender de este modo la disminución de la intensidad que ha tenido la campaña de tergiversación durante estos meses en los que nos encontramos lejos de las elecciones. Es por ello que, teniendo en cuenta que el próximo año habrá elecciones generales en el Estado español, se puede prever una reactivación de esta ofensiva. Otro de los factores importantes y determinantes, y que profundizaremos más adelante, es el de la naturaleza propietaria de la sociedad del Estado español. Y es que, con el discurso de que cualquiera puede ser víctima de la ocupación, un gran sector de la sociedad se ha sentido interpelado, ya que la mayoría de la sociedad tiene alguna propiedad. De esta manera, han conseguido que tanto la propia campaña de criminalización, como las medidas propuestas, tengan un alto nivel de legitimidad[1].

Por otro lado, Erraki identifica tres vías principales de intervención que lleva a cabo la campaña contra la ocupación: los medios de comunicación de masas que difunden una opinión negativa sobre la ocupación y contribuyen a legitimar las medidas que se adoptan; las empresas parapoliciales de desocupación que ofrecen servicios extrajudiciales ante la lentitud de los procedimientos judiciales; y los intentos de endurecer la legislación que, aprovechando la opinión generada, buscan directamente que la práctica de la ocupación se vuelva imposible[2].

Las consecuencias de esta ofensiva las sufre directamente el proletariado. Y es que los espacios ocupados son recursos extremos para el acceso a la vivienda para los sectores más golpeados y, al mismo tiempo, son espacios imprescindibles para llevar a cabo la política revolucionaria. Por ello, mediante el intento de una ilegalización total de la ocupación, la burguesía ha emprendido una ofensiva para acabar con los Espacios bajo Control Proletario, que son espacios destinados a satisfacer las necesidades del proletariado. En el momento actual de crisis que vivimos, el poder capitalista necesita educar una sociedad dependiente y disciplinada para el estado, y así poder llevar a cabo las reestructuraciones necesarias. Por tanto, debemos entender la campaña contra la ocupación en el seno de la ofensiva general de la burguesía, la cual conlleva la reducción de la autonomía del proletariado, la profundización del estado de indefensión y el aumento de la subordinación.

Las modificaciones jurídicas para una regulación más estricta de la ocupación en diferentes países europeos se han dado antes que en el Estado español. Entre otros, Reino Unido aprobó en 2012 una ley que incluye multas de 5.000 libras por delito de usurpación y, en caso de poner la denuncia en los primeros 28 días, la posibilidad de desalojar a los okupas el próximo día; en el caso de Francia, pueden desalojar el espacio en las primeras 48 horas sin orden judicial alguna, y las sanciones pueden llegar a ser de 15.000 euros y un año de cárcel; en cuanto a los Países Bajos, si en la ocupación se hace uso de la violencia, se pueden recibir multas de 20.500 euros…

En el caso del Estado español, la normativa que penaliza la ocupación es más difusa y lenta. Si la policía no identifica el delito de usurpación en el momento, el juez debe decidir cuándo desalojar a los okupas, mediante un proceso que suele alargarse durante unos meses. Las penas son, en cierto sentido, asumibles en comparación con las normativas de otros países: si se ha utilizado violencia por el delito de usurpación, puedes recibir una pena de cárcel de entre 1 y 2 años y una multa de entre 100 y 600 euros. En una modificación realizada en el BOE en 2018, se agilizan los trámites para que los dueños de espacios que cumplen unas determinadas características puedan recuperarlos, dando los primeros pasos para que poco a poco la ocupación desaparezca completamente. Este artículo se centrará en el caso del Estado español, ya que es imprescindible analizarlo para entender el fenómeno que nos afecta directamente[3].

La crisis de 2008 golpeó duramente la economía del Estado español. Se agotó la sensación de época próspera generada por la dinámica especulativa en el mercado inmobiliario de los años anteriores. Dejó unas consecuencias terribles para los años siguientes: aumento drástico del endeudamiento de las familias, incremento de la deuda pública de los estados, disparo de los despidos, paralización de la compraventa de inmuebles… En este contexto se crearon las condiciones adecuadas para la apertura de nuevas vías de intervención del poder capitalista. Por un lado, como las familias y las instituciones públicas estaban completamente endeudadas, los fondos buitre encontraron una situación idónea para hacer negocio. Es por ello por lo que estos fondos de inversión están interesados en que desaparezca la práctica de la ocupación, la cual supone un obstáculo para el funcionamiento adecuado del mercado inmobiliario. En segundo lugar, debido a la crisis del mercado inmobiliario de la economía española, los despidos aumentaron y disminuyó el sector con una propiedad. El hecho de que la opinión contraria al fenómeno de la ocupación se haya convertido en imperante dentro de este sector, lo podemos entender como reacción del grupo que, en esta situación, todavía sigue siendo propietario y no quiere perder este privilegio, ya que ven la ocupación como un peligro a la hora de mantener sus propiedades. Por las razones mencionadas, estos dos agentes han tenido importancia en la campaña contra la ocupación, de manera que en los siguientes dos apartados se analizarán de forma más profunda.

FONDOS BUITRE

Vulture o Distressed Funds (fondos buitre en castellano) son fondos de inversión que hacen negocio con las deudas de entidades públicas o privadas que se encuentran cerca de la quiebra. Estas empresas no se nombran a sí mismas con este término, sino que se trata de un nombre proveniente del periodismo y de movimientos sociales. Los fondos de inversión son inversiones colectivas conformadas por la aportación de diferentes inversores, gestionadas por una sociedad. Los fondos buitre, en cambio, son fondos de inversión especializados en economías de grandes deudas. Compran títulos de deuda de alto riesgo a un precio bajo (muy por debajo del valor nominal de estos bonos y títulos), para después vender estos bienes a su valor de mercado o para, presionando a los deudores, cobrar toda la deuda e intereses, obteniendo una alta rentabilidad. Como los títulos que compran para hacer negocio son de alto riesgo, existe la posibilidad de que los deudores no paguen la deuda. Frente a ello, estas empresas tienen una gran capacidad jurídica, experiencia y conocimiento para, a la hora de tratar con deudores, ganar los casos y cobrar la deuda.

En la década de los 70, el proceso de financiarización cobró fuerza y aumentó la financiación mediante deuda. Junto con ello, la desregulación financiera que hubo en la década de los 80 y la crisis de deuda de los países latinoamericanos establecieron las condiciones para hacer negocio con dicha deuda. Varios países que durante esos años se encontraban en desarrollo se financiaron mediante deuda pública, como es el caso de diferentes países latinoamericanos como Argentina, Brasil y México, entre otros. Quienes financiaron esta deuda fueron los bancos y fondos de inversión estadounidenses y europeos. Debido a la incapacidad de pagar la deuda a estas empresas inversoras, los países mencionados fueron condenados a pagos millonarios.

En el caso del Estado español, en el contexto de reestructuración financiera para hacer frente a la crisis de 2008, el Gobierno intervino en el mercado inmobiliario facilitando la entrada masiva de fondos buitre. En los años siguientes a la crisis de 2008, los despidos aumentaron ante las dificultades para pagar las hipotecas. Los bancos se apropiaron de varias casas que habían sido desahuciadas, mientras que el valor de estos activos descendía sin cesar. En 2010 se aprobó el Acuerdo de Basilea, impulsado por el G20, en el que uno de los principales objetivos fue el de garantizar la viabilidad de los bancos, y señalaron que estos debían, entre otros, reducir sus activos de riesgo. Para los bancos españoles, esto supuso la eliminación de una buena parte del patrimonio inmobiliario. En este sentido, el Gobierno español llevó a cabo diferentes reformas, en 2009 el PSOE reguló las SOCIMI (instrumento financiero que alquila inmuebles, los fondos buitre suelen tener este tipo de empresas) y en 2012 el PP, mediante diferentes reformas, facilitó las intervenciones de los fondos buitre (por ejemplo, rebajando la presión fiscal a estas empresas). En 2013 el ayuntamiento de Madrid vendió 5.000 viviendas públicas a fondos buitre (1.861 a la empresa Blackstone y 3.000 a Goldman Sachs Azora)[4]. El Gobierno Español lanzó un claro mensaje a los fondos de inversión internacionales: que disponían de bajos precios de vivienda, un marco jurídico beneficioso y apoyo del estado para participar en la economía española. Así lo afirmó Donald Trump en 2012: «España es un lugar sorprendente. Es un país que está enfermo, y es el momento de aprovecharse de ello».

La salida que se le dio al problema que tenía España con la deuda hipotecaria de la banca fue la venta de activos de riesgo a fondos buitre. En 2016, el valor de riesgo de los activos bancarios de España era de 190.000 millones de euros, y para finales del mismo año descendió hasta ser de 95.000 millones de euros. De esta forma, en pocos años, estas empresas se hicieron con una presencia destacada en el mercado inmobiliario español: en 2014 Blackstone compró una cartera inmobiliaria del banco CatalunyaCaixa valorada en 3.500 millones de euros; en septiembre de 2017 Banco Popular vendió el 51 % de su negocio inmobiliario a la empresa Blackstone; en noviembre de 2017 BBVA vendió el 80 % de sus activos inmobiliarios al fondo buitre Cerberus; a mediados de 2018 CaixaBank vendió el 80 % de sus activos inmobiliarios a los fondos buitre Lone Star Fund X y Lone Star Real State Fund V; en septiembre de 2018 Banco Santander vendió al fondo Cerberus inmbuebles valorados en 1.535 millones de euros y en verano de 2019 Banco Sabadel vendió a Cerberus inmuebles de 314 millones de euros[5].

La influencia de estas empresas en España va más allá del mercado inmobiliario. El fondo de inversión BlackRock tiene acciones y participaciones en todas las empresas del Ibex 35; cinco de siete hospitales de gestión mixta de Madrid están controlados al 100 % por los fondos buitre; en las dos principales empresas del mercado energético, Eneagás y Repsol, tienen participaciones importantes, del 19 % y 16,5 % respectivamente; y tienen una presencia destacada en varios bancos (Santander, BBVA, Sabadel, Caixabank…)[6].

También influyen en los medios de comunicación y, en los últimos años, han aumentado su poder: el fondo buitre Amber Active es dueño del 29,2 % de las acciones del Grupo Prisa y, en 2020, las empresas BlackRock y CVC compraron la mitad de la deuda del Grupo Prisa, valorada en 500 millones de euros; en las empresas A3Media y Mediaset, el fondo BlackRock posee el 2,2 % y el 4,9 %, respectivamente. Con estos movimientos, han adquirido la capacidad de generar opinión. Por un lado, para combatir la opinión negativa sobre las practicas agresivas de los fondos buitre, presentando a estas empresas como la salida real a la crisis de deuda y riesgo. Por otro lado, para conseguir condiciones más favorables para llevar a cabo la práctica especuladora de estas empresas.

En cuanto a la segunda razón, como se ha visto anteriormente, los fondos buitre han realizado una importante inversión en el mercado inmobiliario con el fin de alcanzar una alta tasa de rentabilidad. A la hora de conseguir ese objetivo, la práctica de la ocupación supone un obstáculo para estas empresas. Y es que, el hecho de que en España haya más de 120.000 casas ocupadas es un grave problema para el flujo de compraventa de estos activos, a sabiendas de que la mayoría pertenece a empresas privadas (principalmente fondos buitre y bancos). Una casa ocupada tiene muchas dificultades para ser vendida, y el precio del inmueble baja considerablemente (puede llegar a una bajada del 60 %). Asimismo, la empresa debe pagar de su bolsillo todos los costes judiciales y extrajudiciales del desalojo, además de los impuestos de IRPF o IS por un espacio que está ocupado y no puede utilizar.

Para los fondos buitre, la existencia de la práctica de la ocupación influye negativamente a la hora de buscar rentabilidad en el mercado inmobiliario. Por este motivo, estas empresas tienen especial interés en acabar con la ocupación, y es por ello por lo que han sido uno de los agentes más importantes que ha impulsado la campaña contra esta práctica en los últimos años. De cara a buscar una tasa de beneficios lo más alta posible, utilizarán todos los recursos a su alcance para superar los obstáculos que encuentren. En este sentido, han utilizado el poder y la influencia que tienen en los medios de comunicación (junto con otros agentes) para construir una opinión negativa sobre la ocupación, y, para ello, han difundido varias mentiras: que se trata de un fenómeno que afecta a cualquiera que tenga una casa (a la mayoría de la población), que te ocupan la casa cuando vas a por el pan, que la mayoría de los ocupas son narcotraficantes peligrosos, o que son unos vagos que quieren vivir del esfuerzo de los demás… Además de para generar una opinión en la gente, han utilizado el peso que tienen en diferentes sectores de la economía española para empujar al gobierno a tomar algunas decisiones en diferentes momentos, por ejemplo, en 2018 Pedro Sánchez anuló la reforma realizada para la regulación de los alquileres por la amenaza de que estas empresas se marcharían de España. Otro ejemplo es el hecho de que diferentes medios y agentes están señalando que el marco jurídico existente en España es insuficiente (los últimos serían la propuesta de ley presentada por VOX en el congreso de los diputados a finales de junio o el I. Congreso de Ocupación Ilegal del Estado Español celebrado en Málaga) y han empezado a dar los primeros pasos para endurecer la legislación que penaliza la ocupación. Los fondos buitre están impulsando la campaña que criminaliza la ocupación para poder llevar a cabo el negocio en el mercado inmobiliario en las mejores condiciones posibles, ya que la práctica de la ocupación es un obstáculo al que hay que hacer frente.

Desde la crisis de 2008, la dura crítica a los fondos buitre por parte de los sectores progresistas y su presencia en el discurso se han convertido en algo habitual en España. Los partidos de izquierda basan su crítica de estas empresas en su práctica inmoral y, para acabar con ello, exigen al Estado una regulación más estricta del mercado. Este discurso deja de lado el papel que cumplen estas empresas de inversión en el ciclo de acumulación del capital y las presentan como monstruos especuladores, irracionales y descontrolados, situando la crítica en términos puramente morales. Además, asignan al Estado el carácter de ente neutral, atribuyendo a las instituciones burguesas la responsabilidad de terminar con los abusos de estas empresas.

Ante esto, es importante analizar la función que desempeñan los fondos buitre en la reproducción del sistema capitalista. Aunque no hayan existido desde la creación del capitalismo, resultan funcionales para la supervivencia del sistema, todavía más en tiempos de crisis. Los fondos buitre obtienen beneficios de títulos de alto riesgo que pueden perjudicar a otros agentes, dinamizando el mercado y reduciendo los obstáculos que existen en el sector, dicho de otra manera, realizan una racionalización del mercado. Así, desempeñan un papel importante en la reestructuración del sistema económico: hacen desaparecer el capital que ha dejado de ser productivo o se mueven a mercados estratégicos. En tiempos de crisis se hace imprescindible una reestructuración efectiva del sistema económico a la hora de iniciar un nuevo ciclo económico de acumulación beneficioso, y así los fondos buitre adquieren importancia en esta tarea. Es por ello por lo que debemos alejarnos de la crítica realizada desde el progresismo que sostiene que tienen un carácter irracional e inmoral; y señalar el papel totalmente racional de reestructuración que cumplen para emprender un nuevo ciclo de acumulación en tiempos de crisis.

Parece que los fondos buitre han venido para quedarse. En los últimos años han alcanzado un enorme poder a nivel mundial. Ejemplo de ello es que la empresa Black Rock, que es el mayor fondo buitre del mundo, gestiona activos valorados en casi nueve billones de euros, es decir, una cantidad superior a lo que equivale siete veces el valor del PIB total español, un valor de activos gestionados que ha aumentado un 15,4 % el último año. Por otro lado, cuentan con el apoyo de diferentes instituciones burguesas, ya que son conscientes del papel que desempeñan estas empresas en tiempos de crisis. En el caso de España, la recientemente nacionalizada Sareb (empresa privada creada en 2012 con recursos públicos para facilitar la compraventa de inmuebles problemáticos en España) adjudicará la compraventa de su patrimonio, valorado en 25.300 millones de euros, a Blackstone e Hipoges. Por último, estas empresas obtienen la mayor tasa de rentabilidad en épocas de crisis, ya que en estos momentos de recesión económica la deuda aumenta, y también las dificultades para pagarla. De esta forma, se crean las condiciones adecuadas para que el fondo buitre pueda hacer negocio con títulos de riesgo tanto públicos como privados. Dada la crisis sin precedentes que tenemos por delante, parece que estas empresas van a estar presentes por mucho tiempo y de forma aún más evidente.

CLASE MEDIA PROPIETARISTA

Al hablar de la clase media, en palabras de Emmanuel Rodríguez, «hablamos de un efecto político». Y es que, una de las características de la clase media es la ausencia de la conciencia de clase, esto es, la posición subjetiva que no se considera a sí misma ni clase burguesa ni clase obrera. De esta manera, cumple una clara función política: abandonar la idea de la necesidad de acabar con la sociedad de clases e integrar al proletariado en el estado. La clase media está estrechamente ligada al estado, ya que solo a través de su intervención se crean las condiciones para poder ejercer como bloque político (política fiscal, educación, sindicatos, políticas sociales…).

En el caso del Estado español, el efecto de clase media ha tenido dos momentos destacados: en la última etapa del franquismo basada en el fordismo y en la época de la financiarización. Aunque se haya dado en diferentes modelos económicos (fordismo y neoliberalismo), ambos momentos cumplen la misma función ideológica: la integración de la clase obrera en el estado y el establecimiento de la paz social. Además, una de las bases políticas llevadas a cabo en la dictadura, el crecimiento de la propiedad de vivienda como mecanismo disciplinario, será la hoja de ruta en la posterior fase financiera[7]. De esta forma, se enraíza la lógica de la propiedad privada y se desarticula ideológicamente a la clase obrera, como dijo el ministro franquista de vivienda Josu Luis Arrese, mediante la creación de una «sociedad de propietarios y no de proletarios».

Este apartado se centrará en la segunda fase de formación de la clase media, para así poder entender la crisis actual de este sector. En la década de los 70 la crisis productiva y social de la industria se resolvió mediante los mercados financieros. España pasó a formar parte de la Comunidad Económica Europea en 1985 y este movimiento abrió una nueva etapa en la economía española, la época de la reconversión neoliberal: se atrajeron inversores extranjeros y se liberalizaron los movimientos del capital.

Fue una época esperanzadora para la clase media, ya que por primera vez un amplio sector de la sociedad pudo participar en el mercado financiero. La compraventa masiva de viviendas fue impulsada por la accesibilidad a los préstamos, las inversiones exteriores, la subida de precio de los activos y el aumento del valor nominal del patrimonio de las familias que esto conlleva. De esta forma, la propiedad de vivienda adquirió predominio sobre el alquiler. Entre los años 1985 y 1991 se construyeron cerca de tres millones de viviendas, de las cuales la mitad se convirtieron en segundas o terceras viviendas. Además de ser un espacio para vivir y reproducirse, la vivienda se convirtió en un activo para la inversión. Asimismo, la facilidad para conseguir préstamos y la plusvalía obtenida de los inmuebles supuso un aumento de la capacidad de consumo de las familias. El principal beneficiario del auge económico de entre los años 1973 y 1993 fue, por tanto, la clase media. No se puede explicar el efecto clase media tan solo con la euforia financiera, ya que la expansión del empleo público, la subida del acceso a la universidad, el aumento del empleo en las zonas urbanas… también fueron factores clave. No obstante, la época de florecimiento terminó con la crisis de 1991.

Con la intención de volver a la situación de los años anteriores, en 1993 se firmó el tratado de Maastricht. En él, se impulsó la unión monetaria y se pusieron en marcha mecanismos para controlar la inflación de los estados como la deuda y el déficit públicos. De esta forma, entre los años 1995 y 2007 se produjo un notable crecimiento de la economía, y se convirtieron en años de nuevas oportunidades para las familias. En este periodo los principales indicadores económicos fueron crecientes: aumento del PIB (una subida de 3,5 % de media anual) y siete millones de nuevos puestos de trabajo (a pesar de que la mayoría de ellos fueron empleos precarios para mujeres e inmigrantes). La responsable de estas cifras fue la enorme burbuja inmobiliaria que hubo durante esos años. Entre 1995 y 2007 se construyeron siete millones de viviendas, se triplicó el precio de los inmuebles, se multiplicaron por once los préstamos hipotecarios y la capacidad de consumo de las familias aumentó un 90 %. Como consecuencia, un 80 % de la población tenía al menos una vivienda en propiedad y esos años se duplicó el número de familias que disponían de una vivienda en las grandes capitales. Estos acontecimientos generaron una sensación de riqueza y en torno al año 2000 se conformó la ilusión de una fuerte clase media. La participación en el mercado financiero permitió a los sectores propietarios disponer de unos ingresos sin dependencia salarial (se dio una caída de los salarios reales). La otra cara de la moneda fue el endeudamiento masivo de las familias. En 1995 la deuda de las familias respecto a las rentas era del 60 % y en 2007 subió al 140 %.

Sin embargo, en esta ilusión del efecto de riqueza que tiene como base la propiedad inmobiliaria, no participó toda la sociedad. Entre el 10 % y el 20 % de la sociedad quedó excluida del grupo de propietarios, la mayoría de ellos inmigrantes y jóvenes. Las rentas de este sector provenían únicamente de los salarios que se encontraban en constante descenso de valor. La subida del precio de los inmuebles complicó para algunos las posibilidades de hacerse con una casa, ya que mientras el coste del acceso a la vivienda aumentaba, se estaba dando un constante encarecimiento de la vida. En 1996, el coste de una casa suponía una media de la renta de cuatro años de toda la familia, en 2007, sin embargo, de 7,7 años[8].

En 2008 se produjo el colapso del sistema financiero en las economías de Europa y de Estados Unidos. Con el estallido de los mercados hipotecarios del Estado Americano (hipotecas subprime) comenzó una crisis que se extendería a nivel mundial. Muchas empresas de inversión se fueron a la quiebra, siendo la más destacada Lehman Brothers en septiembre de 2008. La crisis se extendió rápidamente al resto de países, y llegó a España con la caída del ciclo financiero inmobiliario.

Las condiciones que generaron el efecto de clase media en las últimas décadas desaparecieron a partir de la crisis de 2008. Por un lado, la deuda pública era muy alta, ya que el estado asumió una importante cantidad de deuda del sector privado. Debido a ello, se redujo el margen de intervención estatal que ha servido de sostén a la clase media. En 2007 la deuda pública representaba el 35 % del PIB, y a finales de 2021 el 118 %.

Por otro lado, otra de las condiciones que desapareció está ligada al mercado inmobiliario, ya que las familias obtenían de este su capacidad de consumo. Como consecuencia de la crisis iniciada en 2008, el paro alcanzaba el 27 % en 2013 (4,6 millones de personas perdieron su empleo entre 2008 y 2013), los desahucios aumentaron considerablemente, las deudas de préstamo de las familias crecieron y el valor de sus viviendas descendió drásticamente. Así, la figura central que tuvo el efecto clase media se encontraba en peligro: la clase media propietarista. Entre 2007 y 2015 un millón de habitantes perdió su vivienda, siendo expulsados del sector de propietarios de la población y además, hasta arriba de deudas.

El sector de clase media propietarista, que cada vez era más reducido, tenía dificultades para sacar rentabilidad de los activos inmobiliarios. Entre 2007 y 2011, la compraventa de viviendas en España cayó un 70 %, entre 2008 y 2013 la cantidad de préstamos para poder comprar casas se redujo a la mitad y el valor de las viviendas sufrió una caída del 35 %.

En este contexto, el alquiler de vivienda se convirtió en una oportunidad de negocio por dos razones: en primer lugar, ante la tendencia de empobrecimiento de la sociedad, una gran parte de los jóvenes e inmigrantes encontró en el alquiler la posibilidad de tener un techo, empujados por la imposibilidad de comprarse una vivienda. En segundo lugar, debido al auge del turismo, el alquiler de casas vacías y segundas viviendas se convirtió en una oportunidad de mercado.

Aunque parte de las rentas fueran alcanzadas por los fondos buitre y las empresas, el principal sector que alquilaba viviendas era el pequeño y mediano propietario. En 2019, había tres millones y medio de viviendas en alquiler, de las que aproximadamente tres millones correspondían a propietarios particulares. Por tanto, una parte de la clase media consiguió tener ingresos mediante las rentas, convirtiéndose en «pequeños rentistas».

En este sentido, el hecho de que los pequeños propietarios vuelvan a obtener beneficios a través de los alquileres ha desempeñado dos funciones: la económica y la ideológica. La primera, convertir la vivienda en un activo para volver a hacer negocio y conseguir riqueza desde la devaluación que experimentaron las viviendas en el mercado inmobiliario en los últimos años. Entre los años 2015 y 2019, el precio de los alquileres en las principales ciudades aumentó en un 50 % y, en consecuencia, los beneficios que obtenían los rentistas aumentaron. La segunda razón, la cual es ideológica y está directamente ligada a la primera, ha supuesto la profundización en la defensa de la propiedad privada, la cual es una de las bases que conforma a la clase media. La clase media propietarista sufrió un fuerte golpe con la crisis del 2008 y varios perdieron su casa, quedándose fuera de este sector. Entre los años 2015 y 2019, con la subida del precio y la oferta del alquiler, las rentas obtenidas a través de la propiedad aumentaron. De esta forma, las condiciones económicas que generan el efecto clase media reaparecieron con el alquiler de pequeñas propiedades (en una escala muy inferior a las condiciones anteriores a la crisis del 2008). El rentista se convierte, por tanto, en la nueva figura política de la clase media[9].

Los medios de comunicación han solido presentar el alquiler como solución al problema de la vivienda. Eran los pequeños propietarios quienes ofrecían un tejado para vivir a una parte de la población. Se presenta al pequeño propietario como una figura legítima, que obtiene un dinero mediante el esfuerzo propio o de un miembro de la familia, alquilando sus propiedades. Sin embargo, se ha dicho que tenían varios problemas para poder alquilar: rigidez del mercado, falta de seguridad jurídica, ocupación, impago de alquileres…

En 2020 el 76 % de las familias tenía una vivienda en propiedad, esto es, la mayoría de la población era propietaria. Aunque el bloque de la clase media propietarista ha ido reduciéndose, todavía forma una amplia capa. Dentro de este sector está arraigado el principio de la propiedad privada, ya que tienen al menos una casa en propiedad y de ellas el 14 % obtiene beneficios de un inmueble del que es propietario.

Debido a ello, uno de los porqués de la aprobación y éxito social de la criminalización que ha sufrido la ocupación en los últimos años se puede encontrar en la alta tasa de propietarios de la población y en la profundización por parte de la figura de los rentistas en la defensa de la propiedad privada. Y es que, los pequeños propietarios y, en general, la mayoría de la población se sienten interpelados ante el discurso de que la próxima casa que sea ocupada pueda ser la suya. Los rentistas ven, por tanto, peligrar el inmueble que les da beneficios.

Tal y como se ha explicado, en el caso del Estado español, las condiciones económicas para la aparición de la clase media han ido ligadas a los beneficios obtenidos por los inmuebles. Debido a la crisis de los últimos años, una gran parte de este sector ha perdido las propiedades que tenía, quedando suprimida la posibilidad de obtener beneficios de ellas y causando la desaparición de una parte de la llamada clase media. Hay que entender en esta situación la reacción de la clase propietaria que no quiere dejar de ser clase media. Defenderá con todas sus fuerzas y recursos el activo inmobiliario que le proporciona las rentas y permite tener un nivel de vida superior.

Los agentes que han impulsado la campaña contra la ocupación han utilizado esta situación: tanto los partidos de derecha (para obligar a los partidos de izquierda a adoptar una posición incómoda en el tema de la ocupación), como las empresas con intereses económicos (empresas de seguridad, fondos buitre, empresas inmobiliarias, empresas de desocupación…). En el centro de la campaña nos han presentado al pequeño propietario que se encuentra en una situación de incertidumbre (a pesar de que los datos indican que la mayoría de las ocupaciones se dan en propiedades de grandes empresas) y, a sabiendas de que gran parte de la población es propietaria (77 %), presentan el fenómeno de la ocupación como algo que puede afectar a todos los habitantes. Se escuchan sin cesar anuncios y discursos para atemorizar a un sector que tiene interiorizado hasta los huesos el principio de la propiedad privada, tanto por parte de los medios de comunicación, como por parte de los políticos. De esta manera, se hace comprensible la repercusión y el gran éxito que ha tenido la campaña[10].

ALGUNAS MENCIONES FINALES

La ofensiva contra la ocupación continúa y se prevé que cobre aún más fuerza. En los últimos meses los ataques se han dado en diferentes formas y han sido numerosos los espacios desalojados: el Gaztetxe de Legutio, el Centro Sozialista de Gasteiz, Leninen Txokoa, el Centro Socialista de Legutio, el Gaztetxe de Algorta, el Gaztetxe de la Rotxapea, el Centro Socialista Urkila de Bilbo…

Se están estableciendo las condiciones para endurecer la legislación en el Estado español y esta tendencia demuestra la voluntad de ilegalizar totalmente la ocupación. Por un lado, la principal conclusión que se extrajo en el congreso sobre Ocupación Ilegal, celebrado en Málaga el pasado mes de mayo, fue la situación de desamparo de los propietarios ante los okupas, y se realizaron dos propuestas para combatirlo, facilitar el desalojo cautelar directamente para vaciar el espacio y que la policía tenga la competencia para acceder a los espacios en cualquier momento. Por otro lado, han sido varias las propuestas presentadas en el congreso español por VOX, C’s y PP para endurecer la legislación que sanciona la ocupación, en la última, VOX proponía en junio aumentar las penas por usurpación y que la policía tuviera la competencia de desalojar espacios sin autorización judicial. Ligado a esto último, debemos tener en cuenta que el próximo año hay elecciones generales y que los partidos de derechas mencionados saben que a PSOE y Unidas Podemos les perjudica debatir sobre estas propuestas. Debido a ello, es previsible que el año que viene haya más propuestas y bombo mediático.

Entre las formas empleadas en los últimos meses para desalojar los espacios, cabe mencionar que se está naturalizando la medida cautelar (medida que establece que los propietarios recuperen el espacio sin haber sido aún sentenciados hasta el día del juicio). Esto conlleva que las personas en situación de indefensión se queden en la calle sin que haya una sentencia, por lo que ha sido una medida que los jueces han utilizado con mucha prudencia. En una instrucción publicada por la fiscalía en 2020, se detallaba cuándo se puede utilizar esta medida y a partir de ahí los jueces han comenzado a utilizarla con más normalidad, como es el caso del desalojo del Centro Socialista de Bilbo, aumentando así las dificultades para la apertura de Espacios bajo Control Proletario.

En un contexto de crisis, la práctica de la ocupación supone un obstáculo, ya que en este momento de reestructuración económica es una traba para que haya un funcionamiento adecuado del mercado inmobiliario. Además, los Espacios bajo Control Proletario son bastiones para la acción revolucionaria y la burguesía no puede permitirse su expansión, más aún en tiempos de incertidumbre. Ante esta difícil situación, en estos momentos en los que la práctica de la ocupación se paga más caro que nunca, la supervivencia de los espacios ocupados pasa por una defensa efectiva, de cada vez mayor escala y compromiso de los Espacios bajo Control Proletario. La clase media propietarista y la oligarquía financiera que se encuentra detrás de los fondos buitre son de los principales enemigos en los conflictos espaciales de estos años y también de los que están por venir.

BIBLIOGRAFIA

[1] Julian, Ibai (2020). La ofensiva contra el Control Obrero sobre los espacios bajo el paradigma de la «okupación». GEDAR LANGILE KAZETA.

[2] Arruti, Alain (2021). Sobre la ofensiva contra la ocupación. GEDAR LANGILE KAZETA.

[3] Instrucción 1/2020 del BOE, del 15 de septiembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre los criterios de actuación para la solicitud de medidas cautelares en los delitos de allanamiento de morada y usurpación de bienes inmuebles.

[4] Gil, Javier (2019). La subida de los alquileres: ¿falta de oferta o fondos buitre?. Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, (148), 85-95.

[5] Ruiz Pantoja, Laura (2020). Análisis de los distressed funds. Trabajo de Fin de Grado. Madrid: Comillas Universidad Politécnica.

[6] Bayona, Eduardo (2021). Los fondos buitre amplían su presencia en los sectores que más disparan los precios: banca, ladrillo y energía. Público. 6 de septiembre.

[7] Pisano, Karla (2022). Propietarios y proletarios: la propiedad de la vivienda como mecanismo de cohesión y exclusión. Arteka.

[8] López, Isidro y Rodríguez, Emanuel (2010). Fin de ciclo. Financiarización territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010). Madrid: Traficantes de Sueños.

[9] Rodríguez, Emanuel (2022). El efecto clase media. Crítica y crisis de la paz social. Madrid: Traficantes de Sueños.

[10] Rodríguez, Emanuel (2020). ¿Qué hay detrás de la campaña contra la okupación?. CTXT Contexto y Acción.