A pesar de que es habitual, no es correcto juzgar la política en un estado de normalidad; allí donde la norma impera, la política se diluye en las relaciones de dominación que adquieren carácter de cotidianeidad. La política hace presencia cuando estalla la crisis, en los límites mismos de la normalidad. Hay quien llama a esa situación extrema estado de excepción, o situación que responde a una necesidad coyuntural y pasajera, que se genera como una exterioridad. Creemos, en cambio, que los límites de lo posible definen lo que es, y como es aquello que existe, mucho más que la propia normalidad. Acaso la normalidad no es sino una contrapartida empírica de la realidad que la subyace: un constante estado de excepción normativizado contra el conjunto de la clase obrera.

La pandemia mundial se ha convertido en una coyuntura favorable para el fortalecimiento de la arbitrariedad autoritaria, lo que viene siendo el autoritarismo, y la constante violación de derechos. Sin embargo, no es la pandemia el terreno sobre el que se constituye el autoritarismo, sino que un medio favorable para realizar esa tendencia, estrechamente ligada al desarrollo social del modo de producción capitalista, y que está latente, aunque no siempre se haga evidente.

No es la pandemia el terreno sobre el que se constituye el autoritarismo, sino que un medio favorable para realizar esa tendencia, estrechamente ligada al desarrollo social del modo de producción capitalista, y que está latente, aunque no siempre se haga evidente

Los últimos meses han sido especialmente instructivas para el caso: constantes actos de violencia policial, a los que siguen una campaña de victimización de los verdugos y legitimación del autoritarismo fascista por los medios de comunicación de la burguesía, siempre bajo el paraguas de una ideología sanitaria que busca generar una colectividad abstracta, que defienda pasivamente la dictadura directa de la burguesía. Los que defienden y justifican esa violencia, piden calma y aseguran: si cumplís las normas y no protestáis, no tendréis ningún problema. Afirman que esto no es la norma, sino que es la excepción necesariamente impuesta por la situación de pandemia mundial. Pero más bien deberíamos replicar que la violencia policial en contra de la clase obrera es lo que caracteriza, también en un estado de normalidad, a un sistema que se nutre de la sangre de quienes lo sustentan, y que la explicitud de esa violencia depende de las ansias de libertad de quienes lo enfrentan.

La ideología que apoya esos hechos violentos incurre cada vez más en la despolitización y desdemocratización para defender, en lugar de la política y la democracia, una dictadura técnica de especialistas y burócratas bien preparados para hacer frente a la pandemia. Eso implica la suspensión de la democracia burguesa y la representatividad parlamentaria que, pese a ser una evidente farsa, destapa por completo sus fundamentos y los extiende socialmente a una clase media profundamente clasista que clama porque sean los médicos quienes decidan sobre cuestiones políticas y no sus representantes electos. En ese mismo contexto se refuerza la autoridad policial, que está llamada a ejercer el poder en «interés de todos», pero siempre «contra todos». Así es como esta sociedad aprende, acepta y sustenta el autoritarismo como medida para defenderse de sí misma.

Donostia, preámbulo de la violencia e impunidad policial

En los últimos meses, la policía autonómica vasca ha cargado varias veces en Donostia (Gipuzkoa), frente a la mirada atónita de los vecinos que no entendían lo que estaba ocurriendo. Esa aparente irracionalidad o excepcionalidad es, sin embargo, característica necesaria de la violencia policial y, por ende, de la policía como cuerpo de represión.

En las últimos meses, la policía autonómica vasca ha cargado varias veces en Donostia, frente a la mirada atónita de los vecinos que no entendían lo que estaba ocurriendo. Esa aparente irracionalidad o excepcionalidad es, sin embargo, característica necesaria de la violencia policial y, por ende, de la policía como cuerpo de represión

La primera carga fue el día 14 de diciembre, tras una manifestación llamada para denunciar los hechos ocurridos dos días antes, en los que la policía autonómica vasca aporreó a diversos jóvenes que se encontraban en la Plaza de la Trinidad, causando diversos heridos. Según los jóvenes, en las últimas semanas era notoria la mayor presencia policial en el barrio.

Un mes después de esos sucesos, el 16 de enero, una vez más en la Plaza de la Trinidad, la policía, con 14 vehículos, ocupó el espacio y cargó contra los allí presentes. Sendas identificaciones y 4 jóvenes detenidos, además de varios heridos. Un día después, la misma imagen, con otro detenido.

El 20 de enero la Ertzaintza volvió a cargar en la parte vieja de Donostia, causando dos nuevos detenidos y 9 heridos, entre ellos un hospitalizado con la mandíbula rota. Es de especial mención el audio que fue filtrado en el que un mando de la policía ordenaba «tirar a dar». La importancia de esa filtración no reside en que cuente nada nuevo. Muy al contrario, solo oficializa lo que todo el mundo sabía. El audio es importante precisamente porque destapa lo que ya se sabe, y eso permite superar todo formalismo e impone exigencias mayores que la simple crítica verbal sobre unos hechos, en la medida en que esta deja de ser efectiva para destapar una realidad que ya está desnuda.

Tampoco sorprenden posteriores informaciones. Según se advirtió, las balas de foam SIRX que utiliza la Ertzaintza tienen un riesgo del 50% de provocar una fractura craneal si se disparan a menos de 40 metros de quien recibe el impacto. Con la munición SIR, la distancia disminuye a los 15 metros. Se preguntan al respecto los defensores de la actuación policial si en vez de ello debieran tirar caramelos. Lo cierto es que nadie duda de que la violencia y la represión sean funciones específicas de la policía, nadie salvo quienes pretenden democratizarla.

Hubo casos similares de represión en Santurtzi (Bizkaia) y Pasaia (Gipuzkoa), entre otros. Han sido numerosas las reacciones que se han dado frente a la violencia policial, reacciones que han sido censuradas por los medios de comunicación de la burguesía, intervenidos directamente por la policía, y que han dado pie a amenazas de denuncias policiales sobre quienes señalan y enfrentan la violencia policial, confirmando así lo que la policía y el estado quieren ocultar. La estrategia ha sido clara: buscar la razón de la violencia en el exterior, y no en la dinámica propia de los cuerpos de represión del estado. Así, cuando afirman que los disturbios han sido previamente organizados, la respuesta a la violencia policial no sería tal, sino que la causa misma de la violencia. Redunda decir que el objetivo de esa campaña es extender, más si cabe, la impunidad policial, terreno de cultivo y cimiento del autoritarismo.

Pero nada contarían estos hechos a corto plazo sin su evidente conexión con la tendencia duradera de la militarización del estado y la impunidad policial. En los últimos años se han puesto en marcha diversas leyes de control sobre la ciudadanía. En el estado español, la Ley Mordaza es seguramente la más oída y la que mayores consecuencias ha traído.

Cinco años de Ley Mordaza

La Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, fue aprobada el 30 de marzo de 2014 y entró en vigor en Julio de 2015. A pesar de que en septiembre de 2018 se inició un proceso parlamentario para llevar a cabo su derogación, tras varios años de intentos, y a pesar de haberse aprobado la derogación, aun hoy sigue vigente, a la espera de una nueva ley que la sustituya. Mientras tanto, nos encontramos en una oleada represiva en la que su aplicación alcanza niveles nunca vistos. Además, nada indica que una posible ley nueva vaya a cambiar nada. Los nuevos proyectos de ley incluyen el artículo 36.6, el más utilizado durante el estado de alarma, y no hay intención alguna de retirarlo. Ese artículo permite sancionar por falta grave la desobediencia a las fuerzas de seguridad del estado.

Los nuevos proyectos de Ley incluyen el artículo 36.6, el más utilizado durante el estado de alarma, y no hay intención alguna de retirarlo. Ese artículo permite sancionar por falta grave la desobediencia a las fuerzas de seguridad del estado

Desde su entrada en vigor en julio de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2019, se han impuesto con esta norma un total de 1.009.729 multas con una cuantía global de 563,3 millones de euros, siempre según los datos emitidos por el Ministerio de Interior del estado español. Empero, en esos datos no están recogidas las multas que han impuesto Ertzaintza, Policía Foral o Mossos d’Esquadra.

En el mismo periodo de tiempo, en Hego Euskal Herria se contabilizan en más de 29.000 las sanciones impuestas aplicando la Ley Mordaza. Entre ellas, alrededor de 8.000 estarían relacionadas con derechos sociales y políticos, o lo que sería la conflictividad directamente organizada.

Sin embargo, en los primeros 100 días de estado de alarma, la cifra de sanciones en el estado español aumentó un 42% con respecto a los primeros tres años y medio de la norma, con una cuantía de alrededor de 1.2 millones de multas. Asimismo, en Hego Euskal Herria se han aplicado alrededor de 45.000 sanciones, mientras que 464 personas han sido detenidas en la Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

En los primeros 100 días de estado de alarma, la cifra de sanciones en el estado español aumentó un 42% con respecto a los primeros tres años y medio de la norma, con una cuantía de alrededor de 1.2 millones de multas. Asimismo, en Hego Euskal Herria se han aplicado alrededor de 45.000 sanciones, mientras que 464 personas han sido detenidas en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa

El 70% de las sanciones del estado español –un total de 704.604–, han sido interpuestas por consumo o tenencia de drogas en la vía pública, infracción que es considerada grave. El segundo lugar en número de sanciones lo ocupan las relacionadas con la seguridad ciudadana, entre las que se encuentran manifestaciones y concentraciones, respeto y colaboración con las fuerzas de seguridad, documentos de identificación, vandalismo y ocupación de inmuebles, todas ellas subcategorías que, en muchos casos, desde el punto de vista sistémico, tienden a ser mezcladas con el propósito de manipular los hechos que realmente son reprimidos en un contexto social determinado. Las multas relacionadas con estos conflictos suman 197.288, el 19,5% del total, una cantidad nada desdeñable si tenemos en cuenta la posición relativa que ocupa en magnitud el conflicto social directo con respecto al consumo generalizado de las drogas, que es mucho más extenso.

Las multas por tenencia, fabricación o transporte de armas o explosivos, cuando ese hecho no constituye por su gravedad un delito penal, se sitúan en tercer lugar. En total suman 107.837 infracciones desde la entrada en vigor de la ley, el 10,5% del total.

Arbitrariedad y autoridad

Lo más característico de la Ley Mordaza es el concepto de infracción administrativa. La infracción administrativa permite a la policía sentenciar y ejecutar un castigo, saltándose las escasas garantías que pueda ofrecer un proceso jurídico regulado. Las sanciones interpuestas quedan registradas y se suman al expediente del sancionado, completando un registro de infractores. Además, con la puesta en marcha de la ley, las sanciones se endurecieron. Lo que antes era una falta se convirtió en un delito leve, y lo que era una infracción leve en delito grave con penas de entre 30.001 a 600.000 euros.

La infracción administrativa permite a la policía sentenciar y ejecutar un castigo, saltándose las escasas garantías que pueda ofrecer un proceso jurídico regulado

Al desvincular al sancionador y ejecutor del proceso de mediación política que presupone el principio democrático de representatividad y revocabilidad, la función sancionadora recae sobre una estructura rígida frente a la que no hay defensa posible ni capacidad de enfrentar. En definitiva, la palabra del policía es incuestionable, pero también lo es el policía mismo, que se erige en ejecutor de una estructura de poder que funciona por sí misma, y contra todos, y frente a la que no hay posibilidad de recurso.

Otra característica de la ley, que es inherente al principio de la arbitrariedad autoritaria, es la falta de definición del objeto de su aplicación: principios generales sujetos a la interpretación y a la palabra indiscutible de la policía, que resultan en sanciones arbitrarias que, como toda arbitrariedad, generan inestabilidad, incertidumbre e indefensión sobre la ciudadanía. Vieja receta autoritaria las de la irracionalidad violenta del estado y sus lacayos, que suspende garantías jurídicas y derechos de la ciudadanía.

Pero quizá la aplicación más sonada de la Ley Mordaza sea la prohibición de grabar a la policía. Según la ley, se prohíbe grabar a la policía si esa grabación puede poner en peligro la seguridad personal o familiar del agente. Nos encontramos, una vez más, ante una indeterminación que favorece a la autoridad policial y otorga impunidad a sus acciones. La impunidad es un principio elemental del autoritarismo, que no sería tal si su legalidad permitiera hacerle frente. La prohibición de grabar a la policía, además, impide recaudar pruebas de su actuación, pruebas que en muchos casos ni siquiera sirven judicialmente, pero que permiten, cuanto menos, demostrar la naturaleza violenta del cuerpo policial. Impidiendo la grabación de las actuaciones violentas de la policía impiden también su crítica y su denuncia, y someten a la indefensión a las víctimas de su violencia.

Niveles de castigo en el Estado Español

La Ley Mordaza sanciona una gran variedad de acciones diferenciándolas en tres categorías según su nivel de gravedad: leve, grave o muy grave.

Las sanciones leves son penadas con multas de entre 100 y 600 euros. Entre otras son sanciones de esta categoría no identificarse frente a la policía, ocupar un inmueble o una entidad bancaria, escalar edificios, insultar a la policía en una manifestación o protesta, la venta ambulante en la vía pública o el consumo de bebidas alcohólicas en la calle. Paradójicamente, esta última ha sido la razón esgrimida para justificar las violentas cargas policiales de las últimas semanas, dejando en evidencia que hasta la acción más inverosímil sirve a la policía para hacer valer su autoridad y machacar a la población. Sobra decir que el resto de las acciones sancionables mencionadas están dirigidas exclusivamente contra las capacidades de la clase obrera, evidenciando que no se trata de una simple ley ciudadana para todos, sino que, además de cumplir con el papel disciplinario de la violencia policial, cumple también con el objetivo político de someter al proletariado.

En la misma línea se desarrollan también las sanciones graves y las muy graves. Las primeras son penadas con multas entre 601 y 30.000 euros, mientras que las segundas entre 30.001 y 600.000 euros.

Entre las sanciones graves se encuentran impedir un desahucio, no finalizar una manifestación cuando se requiera, grabar a la policía, o manifestarse frente a la sede del Congreso, Senado o un Parlamento autonómico perturbando la seguridad. También consumir drogas en lugares públicos, o solicitar o aceptar servicios sexuales en la vía pública o en lugares donde haya menores.

Las sanciones muy graves recogen, en cambio, reunirse o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos, o celebrar espectáculos o actividades recreativas en contra de la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente.

Conclusión. Pérdida de derechos

Más allá de los casos específicos que se castigan, el producto más genuino de la Ley Mordaza es la ocupación policial de las calles y el aumento del control social sobre la ciudadanía, unidos a la impunidad policial y a la impotencia social frente a la represión policial. Todo ello deriva en el fortalecimiento del autoritarismo y el sometimiento, no ya de la ciudadanía como un grupo social abstracto, sino que del impulso en su interior hacia una nueva sociedad: el proletariado revolucionario.

Más allá de los casos específicos que se castigan, el producto más genuino de la Ley Mordaza es la ocupación policial de las calles y el aumento del control social sobre la ciudadanía, unidos a la impunidad policial y a la impotencia social frente a la represión policial

La arbitrariedad conlleva la suspensión del derecho, y el objetivo real que se abre paso entre tanta arbitrariedad y reducción de derechos, que aparentemente afectan a todos, es la censura del derecho a la política, a cambiar el mundo. Pero este no puede ser abiertamente expuesto, sino por mediación de una coyuntura en la que la reducción de derechos sea vista como medio para ejercer la voluntad de la colectividad. En otras palabras, el derecho a la política, que nosotros traduciríamos en la necesidad de la revolución, tan solo puede ser transgredido de manera en la que su propia negación no catapulte a la política más allá de los límites impuestos. Negar derechos sociales es la forma más efectiva para realizar dicho objetivo, y hacerlo en beneficio de un «todos» abstracto la prueba de su efectividad.