«La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior […] El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito».

(Art. 282 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)

El Ministerio de Interior, bajo la dirección de Grande-Marlasca, otorgó en 2019 falsas identidades a Policías Nacionales con el fin de que estos se integrasen en los movimientos populares de Los Països Catalans. Este es el segundo policía infiltrado que Directa ha destapado en menos de un año en ese mismo territorio. Este caso ha conmovido especialmente por el uso de relaciones sexo-afectivas como medio para infiltrarse, habiendo claramente viciado el consentimiento de las militantes para llevarlo a cabo.

Cabe destacar que, a los ojos del estado, el policía no se extralimitó en sus funciones, ya que los agentes encubiertos están totalmente regularizados en el Estado Español desde el 99, aunque normalizados desde mucho antes. Están amparados hasta el punto de que la misma ley les exime de actuaciones realizadas mediante consentimiento viciado, prefigurando que la intromisión en la intimidad es inherente a la labor del policía encubierto.

Tales actuaciones han tenido una respuesta de odio y repulsa hacia la policía. No obstante, debemos canalizar ese odio en contra de toda una estructura. La estructura responsable de organizar, realizar, avalar y proteger estas prácticas: el Estado Burgués en su totalidad. La policía es un simple siervo sin escrúpulos, un cuadro intermedio para que la burguesía exprima al máximo las capacidades productivas del groso del proletariado. Así pues, el Gobierno es el último responsable de tales actuaciones. Al cual, en un contexto cada vez más autoritario, no le tiembla la mano cuando debe ordenar cualquier tipo de limitación o supresión de los derechos políticos del proletariado.

Sobra silencio en torno al caso. Pero también sobrará cualquier intento de declaración que intente convertir en responsable a un individuo o culpar a una práctica en concreto para que «el gobierno más progresista y sus aparatos» se limpien las manos. Porque a estas alturas sabemos que este tipo de prácticas son parte constituyente del estado burgués. La organización independiente del proletariado no tiene cabida en el estado burgués y tampoco ningún proyecto político que priorice sus necesidades.

Todo nuestro apoyo a todas las militantes y organizaciones afectadas, y nuestra repulsa a cualquier tipo de actuación policial en contra de la militancia política. Ante cualquier adversidad seguiremos con los objetivos y el horizonte claro, organizándonos siempre fuera de la influencia del estado capitalista.