La demagogia se ha convertido en una práctica fundamental de la política electoral, en una cuestión imprescindible en la política burguesa. En estos tiempos de miseria quieren condenar la esperanza de la clase obrera a la retórica y a la propaganda. Así, a las puertas de las elecciones de 2023, para algunos se han convertido en argumentos políticos de peso tales como: «son los mejores entre los que hay (o, al menos, no los peores )», «podríamos estar peor» y «¿prefieres no recibir ayudas ?», que no llegan a ser nada más que argumentos pobres.

En las últimas décadas, los salarios de los trabajadores y las trabajadoras se han devaluado considerablemente, es decir, con el mismo dinero tenemos una menor capacidad económica. Los precios de los medios de vida han incrementado y, además, la riqueza anual ha descendido 1730 € por cabeza en el Estado español. En los últimos años, la clase trabajadora ha perdido sus ahorros y el proletariado ha sido condenado a sobrevivir endeudado. Mientras tanto, las medidas propuestas por el Gobierno español para hacer frente a la cuesta de enero han sido los bonos alimentarios, los límites a la subida de alquiler y la reducción del IVA. La batería de medidas anticrisis que han presentado huele a placebo y a campaña electoral. Hablemos de las medidas adoptadas.

Por un lado, el «cheque-alimentación» se reduce en realidad a una ayuda de 17 €/ mes, cuando el gasto medio mensual por mes es superior a 100 €. Además, la bajada de precios que se podía prever con la propuesta de reducción del IVA no es apreciable en el valor final de los alimentos. De 2021 a 2022, la cesta de los alimentos ha experimentado una subida de casi el 16%, y algunas cadenas de supermercados han obtenido unos beneficios impresionantes, como Mercadona, que registró un crecimiento del 3,3% en su facturación. La realidad es que las últimas decisiones de reducción del IVA se han traducido en un aumento de los márgenes de beneficio de los supermercados. Un año más acumularán riqueza a cuenta de la clase obrera.

Por otro lado, los precios de alquiler se incrementaron un 6,2% en 2022, pasando el precio medio de alquiler por vivienda de 826 € a 877 €. En las zonas urbanas, el 11% de la población destina casi el 40% de su sueldo al pago del alquiler, mientras que se aconseja que, para no condenar a alguien a la pobreza, este porcentaje no debería superar el 30%. Como consecuencia, el precio del alquiler ya es totalmente desproporcionado e impagable para muchos. Por lo tanto, la medida para que la subida del alquiler de este año no pase el 2% puede hacer que el proletariado no sienta una carga extra, pero no resuelve en absoluto la angustia que sufrimos por la cuestión de la vivienda.

La puesta en marcha de estas medidas tiene un impacto económico muy bajo o insignificante en nuestras vidas. Eso, como nosotros sabemos, también lo sabe el Gobierno de España. No obstante, lo que tenemos que entender es que el objetivo final de estas medidas no es económico, sino político. Las medidas anticrisis buscan neutralizar los desajustes políticos y sociales que puede provocar la crisis. Tienen como objetivo lavar la cara a las instituciones, rebajar las reacciones del proletariado y crear confusión política. En efecto, esta situación exige al gobierno más progresista ajustar los precios a los salarios de la clase obrera y priorizar las necesidades de esta clase a los intereses de los grandes bloques de capital; cosa que no ´hará. Por lo tanto, nosotros y nosotras debemos visualizar la ofensiva económica y política que hay detrás de esta crisis, denunciar que la caída de la calidad del modelo de vida de las trabajadoras es responsable y cómplice, y luchar desde hoy por ese modelo de vida mejor.