La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado como pandemia a la propagación del virus COVID-19. Millones de personas se han contagiado y más de 200.000 han muerto. Es evidente, sin embargo, que esta enfermedad no sólo ha irrumpido en miles de cuerpos. Los estados de alarma y estados de excepción encubiertos han venido de la mano de la pandemia, que liderados por la burguesía, han alimentado el ya anunciado brutal proceso de proletarización y que, sin duda, a no tan largo plazo serán tan letales como el virus.
La irrupción de la COVID-19 ha dado paso a una crisis polifacética en la que han salido a la luz múltiples dimensiones: el colapso y la reestructuración del sistema sanitario, las macabras maniobras para evitar el «coma económico», las regulaciones de empleo masivas, el confinamiento, la terrible situación de las mujeres que sufren violencia machista, la desaparición de los derechos y libertades políticas... Es de especial importancia ahora mirar cara a cara a estos variados aspectos, así como al contexto de decadencia que ya se había acrecentado antes de la aparición de este coronavirus, ya que juntas van a conformar el escenario que estamos contemplando.
LA SANIDAD EN ESTADO DE ALARMA
En el estado de excepción que hemos vivido estas semanas, la situación en los hospitales ha sido uno de los aspectos que, de forma inmediata, con más claridad se ha visto. La justificación para todas las medidas adoptadas ha sido evitar el colapso del sistema sanitario y es previsible que, tarde o temprano, los que gestionan el sistema sanitario aparezcan en los medios de comunicación diciendo que gracias a sus decisiones se ha evitado dicho colapso. Pero ¿cuál ha sido la situación de este sistema en esta época de crisis?
Desde el principio, desde las instituciones se difundió lo que tendrían que hacer los enfermos para que el sistema sanitario no colapsara: se pusieron en marcha números de teléfono especiales y se les dijo a los que presentaban síntomas que llamasen a dichos números de teléfono, para que no saturaran ni el 112 ni los servicios de emergencia. Es irónico, sin embargo, ver el resultado de esta medida (que supuestamente tenía como objetivo evitar el colapso) en la CAV, a modo de ejemplo: el 16 de marzo, día siguiente a la implantación del confinamiento, el número de teléfono creado por Osakidetza para prestar asesoramiento sanitario ya estaba saturado. Los enfermos pasaron horas (y días) sin recibir respuesta, y muchos esperaron (siguiendo instrucciones de las instituciones) mientras nadie analizaba la gravedad de su situación. Así, posteriormente, los enfermos más graves llegaron aún más graves a los hospitales.
En los hospitales, para evitar el colapso, se ha llevado a cabo una reorganización completa. En general, y aunque cada centro tenga sus particularidades, las medidas adoptadas han sido las siguientes:
Sin embargo, esta reordenación no se ha realizado únicamente en los hospitales. Los centros de salud de atención primaria también han sufrido cambios notables. Por un lado, se han concretado algunos centros de salud que serán referentes en la cuestión del coronavirus, con consultas especiales. Por otro lado, casi todas las consultas se están realizando por teléfono, con el fin de reducir el riesgo de contagio.
Además, se han abierto otros espacios (hoteles, en la mayoría de los casos, como María Cristina en Donostia-San Sebastián o Lakua en Vitoria-Gasteiz), donde se está atendiendo a pacientes que han dado positivo en la prueba de la COVID-19 pero que no están graves, que no pueden volver a casa por diferentes circunstancias (no pueden mantener las medidas de aislamiento adecuadas, no hay condiciones para que se les cuide estando enfermos, son familiares de los trabajadores sanitarios...).
En las residencias de ancianos y centros sociosanitarios similares, con grandes problemas, se están estableciendo protocolos específicos para crear circuitos que permitan aislar a los enfermos y desplazar a otras infraestructuras a aquellos que no puedan ser aislados.
Reflejo en las condiciones de los trabajadores sanitarios
Pero para que toda esta reorganización funcione y pueda hacer frente de forma efectiva al coronavirus, son imprescindibles los trabajadores que atenderán a los enfermos (no sólo médicos o enfermeros, sino también socorristas, celadores o limpiadores) y el material necesario para su protección.
A través de un correo remitido a los trabajadores el 13 de marzo, se les denegó la opción de tener días festivos y vacaciones a partir del 16 de marzo, y las solicitudes que se habían hecho hasta entonces se suspendieron, para que todos los trabajadores estuvieran en sus puestos de trabajo para hacer frente a la crisis sanitaria. También se modificó el calendario para Semana Santa.
Desde el inicio de la crisis, los trabajadores de muchas áreas (los de urgencias, medicina interna...), están realizando más horas de trabajo, sea en turnos adicionales de atención a los hospitalizados, o sea haciendo guardias en urgencias o en medicina interna. Es decir, además de tener menos festivos, el número de horas semanales trabajadas es más elevado. Han ampliado la residencia a los residentes (médicos que se están especializando en un campo) para que sigan trabajando, pero no con el sueldo de los especialistas, con la excusa de que «no se cumplen los requisitos para la evaluación». En cuanto a las contrataciones de trabajadores que acaban de realizar el examen MIR o que aún son estudiantes de sanidad, a menudo se les ha puesto a trabajar sin decirles qué hacer.
Han ampliado la residencia a los residentes para que sigan trabajando, pero no con el sueldo de los especialistas, con la excusa de que «no se cumplen los requisitos para la evaluación»
Todo ello, además, sin el material de protección necesario. Las escasas fotografías difundidas donde aparecen trabajadores sanitarios vestidos con bolsas de basura no reflejan la dimensión de la situación. La falta de material ha sido generalizada y constante desde el inicio de la crisis, desde mascarillas y EPI hasta tests para diagnosticar. En este contexto, se han establecido protocolos en función del material disponible, reduciendo el material necesario y limitando la posibilidad de realizar tests en un protocolo que iba variando prácticamente día a día. Es difícil creer, por tanto, que los protocolos que se han llevado a la práctica en el sistema sanitario hayan seguido estrictamente criterios de salud.
La falta de material ha sido generalizada y constante desde el inicio de la crisis, desde mascarillas y EPI hasta tests para diagnosticar
Colapso más allá del virus
Para evitar el colapso, por tanto, se ha confinado a toda la población, se ha dificultado o restringido el acceso a la sanidad a unos, se ha denegado o retrasado la atención sanitaria a otros, se han remodelado las infraestructuras sanitarias y de todo el ámbito sociosanitario, y se ha aumentado la carga de trabajo a sus trabajadores sin el material necesario. ¿Cuándo se puede decir que se ha evitado el colapso? El colapso, según el diccionario, significa la destrucción o deterioro de una estructura, institución o sistema; o en otro sentido, la suspensión o disminución importante del ritmo de una actividad.
Mientras dure la crisis están suspendidos los controles a diabéticos, a enfermos cardiovasculares o a personas con insuficiencia cardiaca o renal. Se han restringido las posibilidades de rehabilitación o fisioterapia a las personas con problemas osteomusculares. Se ha pospuesto la cirugía de los pacientes con prótesis de rodilla, junto con otras intervenciones que no se consideran urgentes, «hasta que la situación se normalice». Casi todas las consultas de atención primaria han sido telefónicas, con las dificultades y limitaciones que ello conlleva para atender al paciente.
El número de personas fallecidas por el coronavirus está en constante renovación en los medios de comunicación. Se cuentan cientos de subidas y bajadas. ¿Quién está contabilizando, sin embargo, el número de fallecidos por esta paralización o ralentización de la atención sanitaria general (ese era el significado del colapso)? ¿Cuántas muertes «naturales» se producirán durante esta crisis, cuántos empeoramientos de patologías crónicas que en las estadísticas quedarán fuera de la reconversión del sistema sanitario? Probablemente, nunca podremos saberlo.
Ni que decir tiene cuando finalice esto que han denominado crisis sanitaria. Habrá que retomar los controles de todas estas patologías crónicas que no han tenido seguimiento, muchas veces desequilibradamente, y por tanto, con necesidad de más seguimiento. Los análisis, consultas, intervenciones no realizadas hasta ahora... se acumularán, se prolongarán las listas de espera, con el consiguiente perjuicio para la salud. A los trabajadores sanitarios que han estado mucho tiempo sin poder descansar y con una mayor carga de trabajo, se les va a acumular aún más el trabajo, con las consecuencias físicas y psicológicas que ello (y la situación pasada) puede tener, y por tanto, con el impacto que eso puede tener en la salud de los pacientes. Todo ello, además, ante una crisis económica que conllevará un deterioro generalizado de la salud. Hay que tener en cuenta todo esto la próxima vez que los que gestores del sistema sanitario aparezcan en televisión diciendo «hemos superado la crisis sanitaria».
COVID-19, UN VIRUS CON CLASE
Por otro lado, refiriéndose al «declive de la economía mundial al que ha llevado la pandemia» de la COVID-19, Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, declaró en compañía del presidente del Banco Mundial que «ya está claro que estamos en una recesión igual o peor que la del 2009». Las previsiones de las dos instituciones garantes de la hegemonía monetaria y financiera mundial no son para tomarse a broma. Pero para entender si nos hallamos ante una fatal desgracia de la naturaleza o una ofensiva de la burguesía en toda regla, es preciso identificar cómo afecta la pandemia a la clase obrera, y no sólo en sus pulmones. Los trabajadores sanitarios no son los únicos que están viviendo en su piel las consecuencias más severas. Más allá de las declaraciones de que «las consecuencias de esta crisis las pagará la clase obrera», para entender la situación actual es necesario que comprendamos cuál ha sido la tendencia del capital y el contexto en el que ha irrumpido el COVID-19, como hemos dicho al principio.
Crisis, Ejército Industrial de Reserva (EIR) y condiciones de reproducción
La crisis del 2008 y la Gran Recesión posterior han sido la forma mediante la cual la crisis capitalista ha aflorado a la entrada del nuevo siglo (junto a la crisis asiática del 97 o la burbuja de las puntocom del 2000). Como consecuencia de la crisis durante muchos años se han deteriorado las condiciones de vida de la clase trabajadora de muchos países. También dejo consecuencias evidentes en Euskal Herria. La ofensiva desatada a partir del 2008 provocó la reducción de prestaciones sociales, la pérdida de derechos laborales y la caída de la calidad de los servicios sanitarios, es decir, aceleró el proceso de proletarización.
La ofensiva desatada a partir del 2008 provocó la reducción de prestaciones sociales, la pérdida de derechos laborales y la caída de la calidad de los servicios sanitarios, es decir, aceleró el proceso de proletarización
Entre 2008 y 2012 el número de parados aumentó considerablemente. En 2008 el número de desempleados en Hego Euskal Herria era de 87.852 personas, pero al finalizar 2012, el número de desempleados se situó en 215.400. Así, en cuatro años, 127.540 personas se quedaron en paro, con un incremento del 145 %. Además, entre 2008 y 2012, el salario medio disminuyó un 7,15 % en la CAV y un 9,15 % en la Comunidad Foral de Navarra.
Según los datos de 2013 de la Agencia Tributaria de España, 10.434.641 asalariados (casi el 60 % del colectivo), ingresaban por debajo del Salario Mínimo Interprofesional: 1282,8 euros brutos al mes. Eso quiere decir que, una vez pagados la cotización social y los impuestos, sus ingresos están por debajo del límite. De esos, más de la mitad (5,6 millones) ingresaban de media 6.603 euros al año, por debajo del salario mínimo. A esos datos hay que sumarles seis millones de paradosa nivel estatal, y, de esos, más de dos millones no cobraban ningún tipo de prestación.
Aunque aumentó el número de personas que recibía prestaciones, los gastos no incrementaron en la misma medida. Según los datos de Lanbide, en la CAV 62.082 familias recibían la Renta de Garantía de Ingresos en octubre de 2013, y al comienzo de la crisis económica eran menos de 30.000 familias las que la recibían. De cada diez personas que recibían la RGI, seis eran mujeres y casi un tercio pensionistas que tenían que cumplimentar la pensión.
Como es evidente, en épocas de crisis el desempleo, el deterioro de las condiciones de quienes siguen trabajando y el aumento del número de receptores de prestaciones son fenómenos que suceden al mismo tiempo. Eso tiene su explicación. La relación entre la acumulación y las condiciones de reproducción se materializa en gran parte a través del desempleo. La población en desempleo no sólo afecta a la reproducción de los propios parados, sino que presiona para empeorar las condiciones de los trabajadores que conservan el empleo. De esta manera, esta parte de la fuerza de trabajo que no se contrata describe cómo afectan los vaivenes de la acumulación a las condiciones de reproducción del proletariado. Del mismo modo, la reducción de la actividad económica a consecuencia de la crisis acarrea la reducción del fondo de dinero público que sirve de base a las prestaciones. Por eso, aunque esas prestaciones puedan aumentar en número de forma absoluta, decrecen relativamente. Eso puede provocar que aunque se reparta más dinero cada persona reciba menos dinero, lo que es un fenómeno claro del proceso de proletarización.
Como es evidente, en épocas de crisis el desempleo, el deterioro de las condiciones de quienes siguen trabajando y el aumento del número de receptores de prestaciones son fenómenos que suceden al mismo tiempo
La reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, la adquisición de los medios de vida (alimentos, ropaje, energía, vivienda, salud…) necesarios para subsistir no solo dependen del salario directo, obtenido por la venta de la fuerza de trabajo, sino que también depende del salario indirecto que el Estado ofrece mediante diferentes mecanismos (servicios públicos, prestaciones por desempleo o incapacidad, pensiones…). Estos se financian, en gran parte, por la imposición de ciertas aportaciones conocidas como impuestos y cotizaciones. La desaparición en diferentes crisis (desde los 70 hasta hoy) de las condiciones que hicieron posible el Estado de Bienestar, por ejemplo, han provocado un considerable deterioro en la calidad de vida de la clase obrera.
La tasa de desempleo es una noción estadística (concretamente mide el nivel de desocupación en relación con la población activa) y como tal puede ofrecernos correlaciones y modelos respecto a otros factores (número de infectados, días de confinamiento, sexo, raza). Mediante esa tasa podemos aclarar las consecuencias que produce cada coyuntura económica sobre la clase obrera y el proceso de proletarización. No es, sin embargo, capaz de explicar el desempleo, solo recibe los cambios fenomenológicos que suceden en el mismo.
La existencia del desempleo (o empleando la categoría de la Crítica de la Economía Política, la existencia del Ejército Industrial de Reserva) es estructural y consecuencia de una gran acumulación de capital. Aunque la crisis o el auge económico inciden sobre su tamaño, el EIR es un elemento fundamental para la acumulación de capital, ya que genera condiciones adecuadas para que el capital aumente y capitalice sus ganancias. Por eso, en dependencia del ciclo económico, el desempleo o el EIR tendrá un nivel u otro.
La existencia del desempleo (o empleando la categoría de la Crítica de la Economía Política, la existencia del Ejército Industrial de Reserva) es estructural y consecuencia de una gran acumulación de capital
En la coyuntura unida al fenómeno del coronavirus el aumento del desempleo ha tenido consecuencias directas a corto plazo. Está por ver, por un lado, en qué medida volverá la actividad económica y volverán los trabajadores a los puestos de trabajo. Por otro lado, también están por ver las consecuencias que tendrá el aumento de desempleo en las condiciones de vida de todos los trabajadores, esto es, cuánto le hará pagar el capital a la clase obrera su propia crisis.
Y es que, por ahora, los datos no son nada positivos. A finales de marzo de 2020, el número de desempleados aumentó en 14.364 personas en Hego Euskal Herria, hasta situarse en 165.578. Al finalizar abril, el paro aumentó en 13.507 personas, hasta situarse en 179.085 personas. El paro ha golpeado con más fuerza al sector de los servicios, seguido de la industria y la construcción. Una afirmación ilustrativa es que casi el 8 % de los parados tiene menos de 25 años, según los datos de marzo. Tampoco en los meses más graves de la crisis iniciada en 2008 se registraron tantos parados en las oficinas del Servicio Navarro de Desempleo y Lanbide, y con anterioridad sólo se había superado en tres ocasiones la barrera de los 10.000 nuevos parados: 2009, 2010 y 2012.
Tampoco en los meses más graves de la crisis iniciada en 2008 se registraron tantos parados en las oficinas del Servicio Navarro de Desempleo y Lanbide, y con anterioridad sólo se había superado en tres ocasiones la barrera de los 10.000 nuevos parados: 2009, 2010 y 2012
Por lo tanto, la crisis del coronavirus se ha encontrado de lleno con los datos que pueden presagiar una crisis económica. A esos hay que sumar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) impuestos aprovechando la coyuntura de crisis sanitaria, los cuales han aumentado mucho la tasa de desempleo. Según los datos publicados hasta el 30 de abril, en Hego Euskal Herria había 202.629 trabajadores afectados por los ERTEs. A principios de abril, el 37 % de las empresas de Hego Euskal Herria habían solicitado la implantación de un ERTE y, según Confebask, ya eran 58.893 las empresas que estaban en regulación temporal. De media, el 84 % de los trabajadores de estas empresas fueron expedientados. A medio plazo, parece que muchas de las empresas no recuperarán la actividad económica previa a la aparición del coronavirus, lo que tendrá un impacto significativo en distintos sectores de la clase trabajadora. Por otro lado, está por ver cuántas empresas aprovecharán la situación para cerrar sus plantas o para expulsar a los trabajadores contratados temporalmente.
Capitalismo y la pobreza de la clase obrera
Después de tratar el desempleo, podemos abordar la reproducción de la clase obrera en término más generales. Dado que el periodo ha sido muy corto, es casi imposible cuantificar las consecuencias que las perturbaciones producidas por esta epidemia en la acumulación han provocado en las condiciones de vida del proletariado. Por ello, debemos identificar cómo ha alterado dichas condiciones la crisis capitalista hasta la fecha, para extrapolarlo a la tesitura actual.
Lejos de lo que cree la mayor parte de la sociedad, la pobreza es un hecho estructural, no un mero problema de gestión y redistribución de la riqueza. La falta de ingresos deriva de las relaciones de producción capitalistas, lo que supone que amplias capas de la clase trabajadora no puedan obtener los recursos mínimos para subsistir. Esto afecta a aspectos como la vivienda, la alimentación, la energía y los hábitos de consumo. Todos estos aspectos repercuten de manera directa en la salud de las personas, lo cual cobra una importancia crucial en la situación que estamos viviendo.
Lejos de lo que cree la mayor parte de la sociedad, la pobreza es un hecho estructural, no un mero problema de gestión y redistribución de la riqueza
Así, los datos sobre la pobreza real indican la falta de cobertura de todas las necesidades básicas. Si reparamos a los de la CAV, observamos que de 2008 a 2018 la tasa asciende de 4,2 % a 6,1 %. Utilizando los datos relativos parece que no es un gran aumento, pero si reparamos en los datos absolutos, veremos que de 90.678 personas pasa a 132.431 personas. Es decir, en 10 años la cantidad de personas en esta condición aumentó en 41.753 personas. Si atendemos otros indicadores, apreciamos que, en 2018, 446.695 personas estaban en riesgo de pobreza y exclusión social en la CAV, lo que supone un 16 % más que en 2016. Siguiendo la definición que da Eustat, este indicador hace referencia a personas en riesgo de pobreza, en situación de privación material grave o bien que viven en hogares con una intensidad de trabajo muy baja. Sin embargo, acudiendo a los datos a nivel estatal, nos percatamos de que la realidad es aún más cruda. En 2008 la tasa de pobreza se situaba en un 19,8 %, cuyo crecimiento fue constante hasta que en 2016 alcanzó el pico, un 22,3 %, y en 2018, se situó en un 21,5 %. Este último dato indica que, en 2018, 10.031.900 personas estaban en riesgo de pobreza. De todas formas esto no es algo residual, ya que en 2019 el 55,3 % (26.046.517 de personas) de la población del Estado español tenía algún tipo de dificultad para llegar a fin de mes.
Los datos sobre la pobreza real indican la falta de cobertura de todas las necesidades básicas. Si reparamos a los de la CAV, observamos que de 2008 a 2018 la tasa asciende de 4,2 % a 6,1 %. Utilizando los datos relativos parece que no es un gran aumento, pero si reparamos en los datos absolutos, veremos que de 90.678 personas pasa a 132.431 personas
Según UNICEF la malnutrición, provocada por la desnutrición, por el sobrepeso o la obesidad y por las carencias de nutrientes esenciales (como hierro o vitaminas), está afectando cada vez más a las familias pobres de todo el mundo, lo que disminuye sus posibilidades de supervivencia o de mantener una buena salud. Si observamos la Encuesta Nacional de Salud en España (ENSE) del 2019, podemos ver que el 24,7 % en la CAV y el 15 % en la Comunidad Foral de Navarra de personas de entre 2 y 17 años sufren obesidad o sobrepeso. Cualquiera podría vincular esto con la opulencia, pero en realidad la falta de recursos se asocia con una mala alimentación.
En lo que respecta a la vivienda, la falta de ingresos produce una incapacidad a la hora de hacer frente a gastos como el de la hipoteca o el alquiler. El siguiente gráfico indica el número de desahucios realizados en el Estado español en cada trimestre desde el año 2013. En el último trimestre de 2019 se realizaron 13.612, tanto por impago del alquiler como de la hipoteca. Según los datos de Eustat, en 2018, 2.979 personas de media hicieron uso de la red de centros para personas sin hogar a diario, lo que supone un incremento del 25,6 % respecto al 2016. Unos hechos que demuestran una vez más, el carácter sumamente violento del orden social capitalista, al cual no le tiembla el pulso a la hora de expulsar y condenar a la más absoluta miseria a miles de familias.
En el último trimestre de 2019 se realizaron 13.612, tanto por impago del alquiler como de la hipoteca. Según los datos de Eustat, en 2018, 2.979 personas de media hicieron uso de la red de centros para personas sin hogar a diario, lo que supone un incremento del 25,6 % respecto al 2016
En 2019 la Cruz Roja atendió a 1.415 familias en la CAV, de las cuales el 50 % tenía que elegir entre una alimentación adecuada o una temperatura adecuada en el hogar. Diversos estudios han demostrado la relación existente entre una exposición prolongada a temperaturas inadecuadas en el hogar y el riesgo de padecer enfermedades respiratorias o cardiovasculares, las cuales combinadas con el COVID-19 aumentan en gran medida la probabilidad de fallecer.
Consecuencias de la COVID-19
Ya hemos explicado que gran parte de ese calvario de la clase obrera depende del progreso de la acumulación y el incremento del Ejército Industrial de Reserva. Por tanto, lo que debemos preguntarnos por último es cómo afectará el COVID-19 a la acumulación. Si, como han vaticinado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, esta pandemia intensifica la crisis capitalista hasta situaciones peores que los de 2008, podemos figurarnos una situación parecida a la descrita en el apartado anterior.
En la CAV Arantza Tapia, el lehendakari Iñigo Urkullu y Confebask coinciden en que, para evitar «el coma económico», hay que evitar parar la producción. Pero, al mismo tiempo, alientan los ERTEs para reducir la plantilla. El caso es que el capital constante, a diferencia del variable, cuando no se usa pierde valor (se amortiza) en vez de transferirlo a las mercancías: «Representan un adelanto inútil de capital, y esta pérdida se vuelve positiva no bien su irrupción hace necesarios gastos adicionales para que se pueda reanudar el trabajo» (además entrarían en juego otros factores como la fidelización o la cuota de mercado).
Simultáneamente, la situación de sobreacumulación de la última década genera por un lado, como ya hemos explicado, un excedente de capital variable que se debe expulsar por una insuficiencia de plusvalor; para ello se usarán los dichosos ERTEs, claro, pero sobre todo la no contratación de todos aquellos trabajadores que deambulan entre trabajos temporales y, al acabar la pandemia, los clásicos EREs. Por otro lado, la sobreacumulación genera también una necesidad acuciante de engrosar el EIR de manera que presione al capital variable contratado para aumentar el plusvalor absoluto y relativo extraído: bajar salarios reales, aumentar jornadas (horas extra...), fomentar la temporalidad… Por supuesto, en estas dos vías de acrecentar el EIR se han dado grandes pasos desde el 2008, pero situaciones como esta de pánico y excepcionalidad son grandes oportunidades para intensificar de forma velada estas labores. Las llamadas contratendencias se aceleran en estas ocasiones.
Simultáneamente, la situación de sobreacumulación de la última década genera por un lado, como ya hemos explicado, un excedente de capital variable que se debe expulsar por una insuficiencia de plusvalor; para ello se usarán los dichosos ERTEs, claro, pero sobre todo la no contratación de todos aquellos trabajadores que deambulan entre trabajos temporales y, al acabar la pandemia, los clásicos EREs
Pero las grandes compañías no son las únicas que van a prescindir de capital variable alimentando el EIR en este período, pues gran parte de los autónomos, las microempresas (menos de 10 empleados), las pequeñas (menos de 50 empleados) e incluso las medianas (menos de 250 empleados) saldrán muy mal paradas, aunque esta cuestión es algo más compleja. La inmensa mayoría tendrán que parar totalmente su actividad, privándose de sus ingresos, pero haciendo frente a los costes fijos como el alquiler. Gran parte se dedica a la realización de las mercancías de mayores capitales, por lo que dependen totalmente del crédito concedido por estos proveedores. Otros, dedicados a la exportación e importación, caerán por la ralentización de la acumulación de otros países (China, por ejemplo). Los pequeños productores deberán elegir entre enfrentarse al poder monopsonista de los distribuidores o encontrar cerrados sus canales para colocar mercancías. En cualquier caso, en general, estos pequeños negocios no tienen capacidad de acumular capital y reproducirse a escala ampliada, por lo que el plustrabajo efectuado se materializa en ganancias del gran capital (proveedores, distribuidoras, bancos, acreedores…). Por tanto, en estos se seguirá la tendencia anteriormente mencionada de exprimir más plusvalor a menos capital variable, sólo que no la acumularán para sí. Además, ante el cierre masivo de estos negocios surgirá la centralización del capital (sobre todo en empresas medianas), otro mecanismo muy usual para enfrentar la caída de la tasa de ganancia (para acumular sin aumentar la composición orgánica, aumentar la cuota de mercado, competir en la tecnificación…). De todas formas, en esta ocasión han permitido la rapiña de los capitales pequeños sólo en vistas al mercado interior, mientras se han blindado contra capitales externos limitando la participación que se puede adquirir en determinadas empresas al 10 %.
Aunque la pandemia del coronavirus sea la coyuntura adecuada para aplicar estas medidas contrarrestantes, el parón completo o parcial de la producción acarrea otro problema muy gordo que las autoridades no han pasado por alto: empeora la escasez de plusvalor. Este es un problema bifacético: la primera cara son las dificultades para realizar el plusvalor producido, que se expresa en un problema de morosidad. De manera muy parecida a la crisis del 2008, una cadena de impagos (de préstamos, rentas, intereses, suministros… que en última instancia son plusvalor o salario) reducirá aún más el plusvalor que devuelve la producción, sea este impago «permitido» o no. La otra cara de este problema es más simple: si no hay producción, no hay plusvalor. Así de sencillo; cuanto más capital se desmovilice por la pandemia, menos plusvalor se extraerá. De todas formas, lejos de ser un problema de demanda agregada (como lo planteará el progresismo), es muy importante recalcar que la falta de plusvalor es la causa del problema de la realización (como del crédito, los precios…), y no al revés.
Aunque la pandemia del coronavirus sea la coyuntura adecuada para aplicar estas medidas contrarrestantes, el parón completo o parcial de la producción acarrea otro problema muy gordo que las autoridades no han pasado por alto: empeora la escasez de plusvalor
Hay muchos aspectos más que se relacionan con la tesitura actual de la COVID-19 que no hemos mencionado. En general, el efecto de la epidemia es arma de doble filo, pues al mismo tiempo que acentúa la escasez de plusvalor, sirve de palanca para aumentar la tasa de plusvalor y reducir el peso del capital constante (devaluándolo) mediante las llamadas contratendencias.
Otro elemento a tener en cuenta serían las medidas que se han tomado para «paliar la crisis», como el «plan de choque» del Gobierno de España. Aun así, una explicación detallada de las últimas la podéis encontrar en el artículo de Hodei Mendinueta publicado en la página gedar.eus. Allí nos explica que las políticas económicas expansivas son meras transferencias de valor, que dichas políticas no lo crean, por lo que todas las políticas fiscales (exenciones, subvenciones…) y monetarias (QE, recortes de la tasa de interés…) sólo pueden suavizar las tendencias, no cambiarlas. Lo principal al analizar cualquier vertiente de estas cuestiones es, como dice Mendinueta en su artículo, la escasez de plusvalor. El coronavirus no crea la crisis, sino que influye en aspectos de la misma. La crisis la crea el capital.
El coronavirus no crea la crisis, sino que influye en aspectos de la misma. La crisis la crea el capital
Cabe destacar que este virus se está cebando y se cebará con los sectores más desfavorecidos, es decir, con el proletariado, que cada vez es más amplio en Euskal Herria. Tanto la pérdida de trabajo como la reducción de las prestaciones sociales, va a acarrear que muchas familias, ante la incapacidad de pagar sus alquileres o hipotecas, sean desahuciadas y que sean arrojadas a la miseria de no poder pagar los alimentos o la calefacción, poniendo en grave riesgo su salud. Si los datos que se han expuesto sobre las condiciones de vida ya eran bastante brutales, todo indica que lejos de mejorar, van a ir a peor. Y aunque el gobierno apruebe ciertas medidas, estas no van a ser más que un parche y vamos a encontrarnos ante un proceso de proletarización acelerado. Mediante las políticas públicas (rescates...) socializarán las pérdidas y privatizarán los beneficios, por lo que ahora sí podemos afirmar que esta crisis, como todas, la va a pagar la clase obrera.
Tanto la pérdida de trabajo como la reducción de las prestaciones sociales, va a acarrear que muchas familias, ante la incapacidad de pagar sus alquileres o hipotecas, sean desahuciadas y que sean arrojadas a la miseria de no poder pagar los alimentos o la calefacción, poniendo en grave riesgo su salud
A CUENTA DE LA MUJER TRABAJADORA
Y en cuanto a la clase obrera golpeada, la situación de las mujeres trabajadoras también se ha revestido de singularidad en este acentuamiento de la crisis capitalista. Por un lado, en un contexto tan especial como duro, son muchos los sectores laborales que el Gobierno español ha denominado como «servicios esenciales» correspondientes a sectores feminizados. Las mujeres realizan el 90 % de las tareas domésticas, el 82 % de quienes trabajan en servicios sociales son mujeres, el 77 % en servicios de salud y el 70 % en pequeños comercios. Como hemos comentado al analizar la situación del personal sanitario, todas estas trabajadoras se han visto obligadas a acudir al trabajo, pero en muchos casos no han contado con las medidas de protección necesarias para garantizar su salud. Asimismo, los problemas relacionados con la salud y/o las bajas por enfermedad derivadas del cuidado de las personas familiares, por un lado, y el miedo a contratar nuevos trabajadores (consecuencia de la posibilidad de padecer el virus), por otro, han incrementado las horas de trabajo y las funciones de quienes trabajan, generando jornadas penosas y altos niveles de estrés.
Con el agua al cuello
El sector de la limpieza, entre otros, ha sido considerado fundamental por el Gobierno español, pero no se han hecho distinciones entre las zonas en funcionamiento y las cerradas. Así, cientos de limpiadoras han sido obligadas a acudir a trabajar a los centros cerrados, además, han insistido en que apenas han tenido recursos para protegerse. Cabe que destacar, por ejemplo, el caso de las limpiadoras de la UPV/EHU, que estaban en huelga antes del inicio de la pandemia y que al comienzo de la crisis les fueron impuestos unos servicios mínimos del 100 %.
También es especialmente duro el caso de quienes trabajan como empleadas de hogar residentes. Muchas, han denunciado que hasta que no termine el estado de alarma no se les permite salir de las casas en las que trabajan, y que su situación, se ha agravado en poco tiempo al estar confinadas. Asimismo, muchas mujeres obligadas a ejercer la prostitución se han quedado en la calle al cerrar los prostíbulos. Aunque en algunos casos han conseguido negociar la permanencia en los locales, ha sido a través de un aumento de las deudas futuras. En otros casos, como la demanda continúa siguen trabajando, poniendo en grave riesgo su salud.
Además de los expedientes de despido y regulación temporal que se han extendido en el seno de la realidad de la clase obrera, los trabajadores que tenían un contrato de obra o servicio específico han quedado excluidos de las regulaciones laborales y muchos ni siquiera tienen acceso a las prestaciones. El caso de las empleadas de hogar es un caso evidente en este contexto de aflicción. En 2011 la Organización Internacional del Trabajo estableció el convenio 189, que regulaba las condiciones para las empleadas de hogar. Para que tenga carácter obligatorio debe ser ratificado por cada Estado, cosa que el Estado español, por ejemplo, no ha hecho. Por tanto, este sector sometido a un régimen especial de la Seguridad Social no tiene derecho a la prestación por desempleo.
Además de los expedientes de despido y regulación temporal que se han extendido en el seno de la realidad de la clase obrera, los trabajadores que tenían un contrato de obra o servicio específico han quedado excluidos de las regulaciones laborales y muchos ni siquiera tienen acceso a las prestaciones
El 2 de abril, el Consejo de Ministros aprobó una partida extraordinaria para este sector. Esta subvención incluye únicamente a las trabajadoras dadas de alta en la Seguridad Social antes del 14 de marzo. No se ha tenido en cuenta, por un lado, que muchas de las que trabajan en este sector trabajan por horas y que, si trabajan menos de 60 horas al mes, los empleadores no están obligados a hacerles un contrato (aunque la mayoría trabaja más de 40 horas semanales). Además, no han obviado que este sector laboral, sobre todo en lo que a las empleadas residentes se refiere, sirve de refugio a muchas mujeres procedentes del extranjero que carecen de permiso de residencia o trabajo. Así, el 40 % de las mujeres empleadas de hogar se han quedado sin ayuda económica alguna. Varios colectivos de trabajadoras del hogar y mujeres inmigrantes han tenido que poner en marcha mecanismos para garantizar sus condiciones de vida, entre ellos las cajas de resistencia para garantizar gastos de alquiler, manutención o desplazamientos.
A pesar de que muchas de las tareas de cuidado de personas dependientes (niños, adultos o discapacitados) se han convertido en trabajos asalariados, la situación actual ha dado continuidad al proceso iniciado con anterioridad por regresión de los servicios sociales y las privatizaciones. De esta manera, la mayoría de estos trabajos han vuelto a las casas y han vuelto a caer sobre las mujeres. Muchas han tenido que abandonar sus empleos para poder hacerse cargo de estas labores de cuidado, ya que no disponen de recursos económicos para contratar a otra persona. Algunas han tenido que transformar jornadas completas en jornadas parciales, y de quienes siguen a jornada completa, algunas trabajando desde casa, están soportando una enorme carga de trabajo. Está por ver cómo van a ser las consecuencias psicológicas y físicas para la salud de estas personas.
La realidad dentro de cuatro paredes
El confinamiento impuesto por los gobiernos en esta crisis ha cambiado radicalmente nuestro día a día. Ahora tenemos que compartir las 24 horas del día con quienes convivimos y la situación se ha vuelto extrema e insostenible para las mujeres maltratadas. La mayoría de los casos de violencia y asesinatos machistas se dan dentro del hogar. Ante la situación actual, esta convivencia aislada genera muchas posibilidades de generar tensiones, en el caso del maltrato continuado, aumentando la oportunidad de un endurecimiento de la violencia. Somos conscientes, además, de que este tipo de violencia aumenta en momentos en los que la convivencia se estabiliza o aumenta, por ejemplo, en periodos vacacionales.
En este sentido, Emakunde ha señalado que en la semana 0, es decir, del 7 al 13 de marzo, se registraron 90 denuncias y que en las semanas posteriores se redujeron a la mitad. Han subrayado que ello puede deberse a varias razones. Por un lado, mientras conviven con el agresor, las posibilidades que tienen las mujeres para denunciar son menores y a la vez aumenta el miedo. Por otro lado, en muchas ocasiones los agresores suelen ser exparejas y el confinamiento ha podido dificultar estas agresiones. Otras hipótesis apuntan a que la finalización del confinamiento conllevará un aumento de los ataques.
Sin embargo, en 2020 en el País Vasco ya se han producido cuatro asesinatos machistas, la misma cifra que en todo el año anterior. Uno de ellos tuvo lugar durante el confinamiento en Soraluze. En el Estado español, por el contrario, se han registrado 17 asesinatos hasta marzo, uno de ellos durante el estado de alarma. Aunque todavía no se dispone de los datos de las denuncias presentadas en la CAV, en el Estado español se registraron alrededor de 2000 denuncias la semana que comenzó el confinamiento.
Si bien la situación de las mujeres que sufren y están en riesgo de sufrir violencia machista se ha agravado aún más, desde el punto de vista de los recursos, muchas pueden tener claras limitaciones para hacer frente a esta situación. Muchas mujeres trabajadoras, aun teniendo acceso a un teléfono móvil, pueden tener limitado su uso debido al control al que les someten sus agresores. La posibilidad de salir a la calle también puede estar muy limitada, por lo que tampoco pueden utilizar los recursos creados para denunciar la violencia machista en las farmacias. Al fin y al cabo, la denuncia queda en manos de la mujer, consciente de todos los obstáculos que tiene para ello.
La caída
Atendiendo también a la dura realidad de muchas mujeres trabajadoras, es evidente que el escenario que estamos viendo de frente no tiene buena pinta para la clase trabajadora. Todas las reducciones y reestructuraciones que se puedan dar como consecuencia de esta crisis pueden generar la vuelta a casa de muchos trabajos centrados, entre otros, en las actividades de cuidados, y pueden recaer en gran medida sobre las trabajadoras, con las consecuencias que ello conlleva. La miseria que esta situación puede generar podría acentuar el contexto de violencia y es previsible que las mujeres trabajadoras lo vivan una vez más en su piel.
En general, la situación de emergencia que se ha desatado con la aparición de la COVID-19 ha generado desconcierto y pánico, y el capital, aprovechará la convulsión y el miedo, así como el ámbito de las relaciones laborales ahora cuestionado, para llevar a cabo la reestructuración que necesitan las relaciones sociales capitalistas. Las condiciones de trabajo y de vida de la clase trabajadora parecen ser todavía más precarias y desfavorables, cada vez con menos obstáculos, a no ser que se trate de una respuesta. El pronóstico es cada vez más sonoro: la crisis de la COVID-19, es una crisis que ha acelerado y acelera la caída.
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