Los salarios son el medio vital mediante el cual el capital asegura la reproducción de la clase trabajadora. Las condiciones salariales dependen directamente del estado de rentabilidad del capital y de la coyuntura de fuerzas de la clase trabajadora en la lucha de clases.

Dependiendo de estas dos variables, se puede afirmar que actualmente la clase trabajadora del Estado español vive una situación de regresión de su salario real, de las condiciones de reproducción real se sus condiciones de vida. Esta regresión no se retrotrae solamente a la actual crisis. Al contrario, al menos se puede hablar de una clara estrategia que apuesta por la devaluación salarial desde la década de los ochenta, como consecuencia directa de la inserción del capitalismo español en el marco competitivo europeo de la divisa común del euro en respuesta a la crisis capitalista.

Bajo las relaciones sociales capitalistas la capacidad de trabajo humana, la capacidad para moldear el medio que nos rodea y usarlo para nuestro bienestar, no solamente se usa para garantizar nuestra propia reproducción vital, sino que bajo las relaciones de producción capitalistas la gran parte de proletarios desposeídos de medios de producción se ve en la obligación de vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario para poder sobrevivir. Por lo tanto, el trabajador asalariado vende su capacidad para trabajar a un capitalista que disponga de la propiedad de medios de producción para poner en marcha el proceso de trabajo (teniendo en cuenta obviamente que no en todos los trabajos existe relación directa con medios de producción, pero sí existe un mando sobre el trabajo ajeno). Asimismo, el precio que paga por esta mercancía fuerza de trabajo es el salario.

Como con todas las mercancías bajo el capitalismo, el valor y el precio final (salario) que se pague por la fuerza de trabajo puede variar según distintas variables sociales del momento histórico. Por eso, el salario es una categoría social e histórica. Su valor coincide con el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción y reproducción del trabajador, que es el portador vivo de la fuerza de trabajo. Marx lo definiría de la siguiente manera: «El valor de la fuerza de trabajo es el valor de los medios de subsistencia necesarios para la conservación del poseedor de aquélla», en condiciones de vida sociales e históricas normales cabría añadir.

Es decir, la reproducción del trabajador depende de las condiciones sociales concretas de su tiempo y lugar. Ya que en la sociedad capitalista occidental es socialmente aceptado que el salario cubre también parte de la reproducción del ocio del trabajador, como ir al cine o de cañas con sus amistades, pues esto entra dentro de la consideración social del salario. El salario se mueve entre una cuantía mínima y máxima: por abajo se refiere a la capacidad mínima que permite subsistir al trabajador fisiológicamente. Por arriba a la cuantía media máxima de los salarios que nunca podrá superar en un período de tiempo largo aquella cantidad que ponga en cuestión la rentabilidad del capital o su tasa de ganancia.

El salario se mueve entre una cuantía mínima y máxima: por abajo se refiere a la capacidad mínima que permite subsistir al trabajador fisiológicamente. Por arriba a la cuantía media máxima de los salarios que nunca podrá superar en un período de tiempo largo aquella cantidad que ponga en cuestión la rentabilidad del capital

Por otra parte, y para terminar esta breve introducción a la categoría del salario, se ha de recordar que no existe en la teoría salarial marxista una tendencia hacia el empobrecimiento real de los trabajadores a lo largo del tiempo. De la teoría del salario marxista se pueden extraer tres categorías de salario: el salario nominal, el real y el relativo. El salario nominal hace referencia a la cantidad monetaria en bruto que recibe el trabajador por vender su fuerza de trabajo (700€, 2.200€ o lo que la nómina de cada trabajador estipule). El salario real pone en relación la cuantía salarial recibida por el trabajador con el precio de las mercancías que podrá adquirir con ese salario, es decir, en relación con la inflación. Finalmente, el salario relativo mide el conjunto de los salarios que recibe la clase trabajadora con el conjunto de la riqueza social en forma capitalista creada en cierto marco geográfico, para medir cuánta de dicha riqueza social es la que corresponde a los trabajadores.

Marx se refirió a esta última categoría salarial como el empobrecimiento relativo de los trabajadores. Es decir, Marx solamente dijo que la reproducción en el tiempo de las relaciones sociales capitalistas generaba una mayor concentración y polarización de la riqueza, dato que las estadísticas oficiales ratifican [1]. De la crítica de la teoría marxista no puede extraerse la conclusión de que los trabajadores serían medidos en términos reales cada vez más pobres y vivirían en peores condiciones de inmundicia. Cosa que no excluye que en épocas de crisis capitalista pueda darse un empobrecimiento real de los trabajadores vía recortes salariales directos o indirectos [2].

El objetivo de este artículo es comprender cualitativamente y cuantitativamente el curso general de los salarios de los trabajadores en el Estado español. Se centrará en establecer las condiciones económico-políticas que han variado en el tiempo para que tras más de una década de crisis capitalista en el Estado español hoy día exista una realidad tangible de una masa de trabajadores que, pese a ser empleados, se encuentran en situación de pobreza. Para ello, se ha de hacer un recorrido por la inserción del Estado español en el proceso de integración de la Unión Europea y en su especial división internacional del trabajo europeo.

LA GEOGRAFÍA POLÍTICA DE LOS SALARIOS EUROPEOS

Si se quiere obtener una fotografía completa de las condiciones salariales de los trabajadores del Estado español, primeramente, se deben entender estas en relación al bloque capitalista y división internacional del trabajo a la que pertenecen: el espacio de acumulación capitalista europeo y su segmentada división de mercado de fuerza de trabajo, según la especialización productiva de cada estado miembro.

Pese a que el discurso oficial es que bajo el régimen de mercado común y monetario europeo todos los países tienden gradualmente hacia su igualación e integración, la realidad es que en el seno de la UE conviven diversas economías: algunas cuya potencialidad de reproducción consiste en su capacidad exportadora; otras que son subsidiarias para la deslocalización de ciertos procesos industriales del centro europeo; y unas últimas de baja composición orgánica del capital y deficitarias que deben financiarse vía crédito, engordando así su deuda nacional.

Por lo tanto, como mínimo se debe hablar de la existencia de tres Europas en el seno de la UE. Esto se visualiza en los distintos grados de complejidad económica, o composición del capital que muestran los países de la UE. Por una parte, existe un centro industrial-tecnológico liderado por Alemania, pero que también incluye a Países Bajos, Finlandia, Austria, Bélgica o Luxemburgo. Su reproducción se basa en la alta tecnologización de sus procesos industriales y las exportaciones.

Frente al mismo, existe un modelo de sur europeo periférico formado por España, Portugal, Grecia e incluso Italia cuya característica común es un menor desarrollo tecnológico, desequilibrios en la balanza comercial y tendencia al endeudamiento. A este quiebre entre centro y periferia es posible añadir la categoría de países del este europeo, que funcionan como subsidiarios de las deslocalizaciones de las cadenas de valor de los procesos industriales del centro.

Todo esto se cristaliza en que los costes laborales mayores en el seno de la UE se concentran en los países del norte y centro europeo, donde la mayor productividad del capital permite establecer unos costes salariales mayores para sus trabajadores. Sin embargo, en los países mediterráneos, donde la intensidad del trabajo es mayor a la del capital constante, los costes laborales son menores, lo que equivale a unos menores salarios por jornadas laborales más duraderas. Pese a que en el caso español podamos caracterizar a este estado como periférico dentro de la división internacional capitalista europea, en su seno han existido territorios como Euskal Herria, Cataluña o Madrid, que han logrado un espacio productivo más competitivo y parejo a los del centro europeo. Lo que se ha traducido también en unos salarios de mayor cuantía para sus trabajadores [3].

Sin embargo, para referirse al rumbo general que la UE impone para todos sus estados miembros, sean estos del centro productivo o periféricos, el requisito imprescindible de regulación salarial que las instituciones políticas europeas exigen es el de que los salarios deben subir permanentemente por debajo de la productividad; es decir, por debajo de la tasa de ganancia del capital.

Para paliar la pérdida de rentabilidad, el proceso de integración europeo a partir de la década de los ochenta tuvo dos objetivos fundamentales: la contención de las rentas salariales y la desregulación del mercado de fuerza de trabajo. Estas políticas se aplicaron bajo el discurso de aumentar la competitividad mediante la reducción de las «rigideces» del mercado de trabajo. Así lo establecía el Libro Blanco sobre la competitividad, el crecimiento y el empleo que publicó la Comisión Europea en el año 1994. Este recomendaba la solución del ajuste salarial permanente por debajo del crecimiento de la productividad. Paradigma que se volvió a firmar por todos los estados miembros en el Pacto por el Euro Plus del año 2011, en plena crisis del euro.

Para paliar la pérdida de rentabilidad, el proceso de integración europeo a partir de la década de los ochenta tuvo dos objetivos fundamentales: la contención de las rentas salariales y la desregulación del mercado de fuerza de trabajo

Tras la crisis pandémica de la COVID-19, y la subida en ciertos países de los salarios mínimos, las instituciones europeas han matizado su discurso sin cambiar el fondo. Ya que, en una directiva de octubre de 2020, la denominada directiva Sobre unos salarios mínimos adecuados en la Unión Europea para la coordinación de las subidas del salario mínimo a escala europea, la Comisión volvía a poner el límite de estas subidas en la productividad. Por lo que los estados podrían fijar con sindicatos y patronales las subidas salariales, pero en una «adecuada adaptación de los salarios a la evolución de la productividad» [4].

Por tanto, desde la época de institucionalización de la unión monetaria europea, pasando por la crisis del euro de los años 2010-2015 y hasta la crisis inflacionaria postpandémica actual, el objetivo de la Comisión ha sido desligar el crecimiento de los salarios de la evolución de los precios (la inflación) y fijarlos a la evolución de la productividad o, lo que es lo mismo, a las condiciones de rentabilidad del capital.

LA INSERCIÓN LABORAL ESPAÑOLA AL EURO

El caso del Estado español es paradigmático en el ámbito europeo, debido a su tardía modernización industrial y su tardía inserción en las sociedades de clases medias y fordista-keynesianas de la segunda postguerra mundial. Esta tardía modernización industrial debido a la autarquía inicial de la dictadura franquista, produjo una configuración débil y tardía de una capa de trabajadores ligados a salarios estables vía trabajos típicamente fordistas en el ámbito industrial. Para cuando en España se consolidó un tejido industrial mínimamente competitivo comparado con el del centro europeo (años del desarrollismo franquista, década de los sesenta y setenta), este entró a los pocos años en un proceso de desindustrialización (década de los ochenta) para adecuarse a la entrada del Estado español en la división internacional del trabajo de la entonces Comunidad Económica Europea y la futura UE [5].

El proyecto del euro sellado en Maastricht en 1993 condicionó estrechamente la política social y laboral a lo largo de la década de los noventa y apuntaló el paradigma de flexibilidad y rotación del trabajo actual. La imposibilidad de poder manipular el tipo de cambio y tener que cumplir los estrictos márgenes en la política fiscal hizo que los estados recurrieran a las devaluaciones internas de su fuerza de trabajo para mantenerse competitivos en el escenario de pugna internacional que abría la integración en el euro.

La cuestión presupuestaria del sector público ocupaba un lugar central en la política que regulaba el Tratado de Maastricht para los estados europeos. En la medida en que la reducción obligatoria del déficit público se apuntalaba a nivel de ley principal, al mismo tiempo que no se permitía una subida de impuestos generalizada a las rentas más altas del capital, el gasto público social se puso en el centro de los recortes a realizar por los estados. Por otro lado, todo esfuerzo por hacer más competitiva la economía llevaba aparejado el deber de reducir los costes laborales, bajando tanto los costes laborales directos (salarios), como los indirectos (servicios públicos) y los diferidos (pensiones).

El paradigma de Maastricht ofreció durante la década de los noventa una batería de argumentos a los gobiernos del PSOE y del PP para efectuar la privatización de empresas públicas, comenzar la reducción de los fondos de pensiones e imponer sendas reformas laborales que abaratarían el coste del despido. Con la coartada de Europa, con el engañoso argumento de no perder el tren de la modernización europea, se emprendieron una concatenación de políticas antisociales que terminaron con el paradigma de la primera sociedad de clases medias española. Es decir, con aquellas personas que, fruto de las condiciones del desarrollismo franquista inspiradas en un modelo fordista-keynesiano, pudieron acceder vía salarial a ciertos bienes y servicios antes restringidos para la clase trabajadora, como la vivienda en propiedad o el coche particular. A partir del paradigma Maastricht, todo el engranaje de clases medias españolas pivotaría más sobre el acceso al crédito fácil que sobre el propio salario, creando burbujas como la inmobiliaria [6].

En este sentido, el PSOE de Felipe González allanó el camino del recorte salarial al futuro gobierno de José María Aznar del PP, que sería quien guiaría la etapa inicial del Estado español dentro del euro. Cabe destacar el conocido como decretazo aprobado en 1992 por el PSOE, que imponía vía Decreto Ley la ampliación del período mínimo de cotización para tener derecho al subsidio por desempleo; redujo el porcentaje de las prestaciones contributivas con respecto a los salarios; estableció la obligación de los desempleados a cotizar a la seguridad social; suprimió las exenciones fiscales de las prestaciones por desempleo; redujo los topes mínimos de la prestación por desempleo y facilitó la extinción del derecho al paro. De tal calibre fue el ataque contra los derechos laborales, que le costaron al gobierno de Felipe González dos huelgas generales por parte de los sindicatos afines UGT y CCOO en 1992 y 1994.

Los recortes en el derecho al desempleo no tardaron en notarse para la clase trabajadora del conjunto del Estado español. En 1993, con un paro medio de 3.481.000 personas según la EPA (Encuesta de Población Activa), recibieron prestaciones 1.933.000 parados. La tasa de cobertura global por desempleo llegaba al 55,6 % de los desempleados. En 1998, un año antes de la entrada en el euro, la cifra media del paro según la EPA se situaba en los 3.060.000 trabajadores, en tanto que los beneficiarios de prestaciones por desempleo se redujeron a los 1.130.000. La cobertura de protección por desempleo había caído hasta el 36,9 % del total de parados. Casi un 20 % menos que en 1993 [7].

Al mismo tiempo, las reformas laborales de 1994 del PSOE y de 1997 del PP fueron clave para instaurar el paradigma de precariedad salarial en la fuerza de trabajo española. Estas reformas laborales introdujeron en el mercado laboral español hasta 16 modalidades de contrato nuevas que abarataban el coste laboral directo a los empresarios: contratos como los eventuales por necesidades del mercado, de prácticas y formación o los contratos de aprendizaje para los jóvenes menores de 28 años, que no dispondrían bajo esta figura contractual de los beneficios de la seguridad social ni derecho a prestación por desempleo y cobrarían hasta un máximo del 75 % del salario mínimo.

Al mismo tiempo, la reforma laboral de 1994 legalizó la figura de las empresas de trabajo temporal (ETT), que para 1998 acaparaban ya el 17 % del total de contratos laborales del Estado español, en condiciones de máxima precariedad. Empresas que se aprovechaban de la alta tasa por desempleo española de la década de los noventa, que llegó hasta el 25 % de la fuerza laboral disponible. El argumentario oficial decía que el alto desempleo se debía a las altas cotas de protección social y sindical de los trabajadores, por lo que se instauró el paradigma de abaratar el despido. Así el artículo 52.c del Estatuto de los Trabajadores fue modificado para que incluyese la competitividad y la productividad de las empresas como razón para el despido objetivo. Así se abarató el coste de los despidos que antes serían declarados improcedentes y más caros para las empresas. La tasa de ganancia de las empresas pasó a instaurarse legalmente como principal regulador del mercado de trabajo español.

El camino que llevó a la entrada del Estado español en la moneda única europea supuso la institucionalización de un marco de represión y ajuste salarial constante, marco que ahondarían las reformas laborales de la crisis post-2008, la reforma laboral del gobierno Zapatero del 2010 y la reforma del gobierno de Rajoy del 2012. Paradigma que no toca la última reforma laboral del 2021 del gobierno de coalición PSOE-Podemos, que solamente cambia la forma de realizar ciertos tipos contractuales. Al contrario, deja intacto el marco de abaratamiento del despido y refuerza la figura del Estado como garante de ciertas prestaciones por desempleo como los ERTE.

QUIEBRA SALARIAL, QUIEBRA GENERACIONAL

Como se dijo al principio de este artículo, lo que determina la ley del salario marxista es su consideración central del salario relativo, su consideración por la porción de la riqueza total que controlan los trabajadores, que a efectos prácticos se puede medir como la participación salarial en el total del PIB. Esta medición muestra que en el caso del Estado español el ataque a las condiciones laborales a partir de la década de los ochenta e institucionalizada en el paradigma de Maastricht en la década de los noventa hacen que cada vez más porción de la riqueza social generada quede en manos del capital y menos en la de los trabajadores.

En concreto, en base a datos de AMECO (la central estadística económica de la UE), la participación de los salarios respecto al PIB en España suponía en 1980 una cifra aproximada al 66 %. Para el año 2000 esta había caído a una cifra en torno al 58 %. Un nuevo ataque a las condiciones salariales totales de los trabajadores del Estado español se realizó durante la crisis del euro, cuando en el espacio temporal de la década que transcurre desde el 2009 hasta el 2019, el peso relativo de los salarios respecto al PIB se redujo del 57,8 % al 53,5 %. Una bajada de 4,2 puntos porcentuales en la riqueza social generada que va a parar a manos del capital [8].

Pero aparte del empobrecimiento relativo de los trabajadores, las crisis capitalistas pueden hacer que el mismo salario nominal que perciben los trabajadores sea reducido para asegurar el mantenimiento de las condiciones de rentabilidad del capital. Así ocurrió en el caso español a partir de la crisis del euro del año 2010. Según datos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), la tasa media de los salarios anuales españoles se situaba en el año 2000 en los 26.836 euros de media por trabajador. Esta cifra alcanzó un pico máximo en el año 2009 de 29.308 euros de salario medio por trabajador, para descender continuamente en la próxima década de la crisis y situarse en el año 2020 en 26.537 euros por trabajador de media anual. Es decir, para el año 2020, los trabajadores del conjunto del Estado español percibían de media 299 euros menos de salario anual con respecto al año 2000, mientras que el precio de la vida en estos años ha sufrido un obvio encarecimiento.

Es así pues que el salario real de los trabajadores españoles, su capacidad de compra de distintas mercancías, se ha visto reducido durante la última década. En concreto, y según datos extraídos de AMECO, el salario real en el Estado español ha crecido de 2008 a 2021 a una tasa media anual acumulada del 0,047 %. Una de las tasas de crecimiento más bajas de la eurozona. Las reformas laborales de los años 2010 y 2012 impusieron una dura devaluación salarial que se notó en el salario real de los trabajadores. Así, según un estudio realizado por el gabinete económico del sindicato CCOO, en 2019, el año antes de la pandemia y once años después del estallido de la burbuja inmobiliaria, se cobraba un salario real un 6,2 % inferior por realizar el mismo trabajo que en 2008, según el Índice de Precios del Trabajo del INE [9].

Este paradigma de desregulación y flexibilización del trabajo ha creado una brecha generacional entre los trabajadores que vivieron su inserción laboral en los años previos a la crisis y la actual clase obrera juvenil que se ve abocada a un presente de salarios que no le permiten ni reproducir su vida en condiciones estables, si no es por los ahorros ofrecidos por sus progenitores. Según un estudio del año 2018 del Consejo de la Juventud de España, más del 40 % de los jóvenes de 16 a 29 años se encuentra en difíciles condiciones de llegar a fin de mes mediante su salario. Siendo la población trabajadora joven del mismo grupo de edad la que dispone de una renta media más baja. En 2015 llegó al mínimo con una renta media anual de 8.935 euros. El resto de grupos de edad se mantiene siempre con rentas medias superiores a los 10.000 euros [10].

Estas condiciones salariales precarias imposibilitan a las jóvenes de la clase trabajadora su inserción social en el contrato social capitalista al que tuvieron acceso capas de la población obrera de a partir de la década de los sesenta. En una paradoja sin parangón, el grupo de edad de los jubilados (65 o más años) es el grupo de edad que mayor renta media anual percibe en el Estado español. Lo que supone que la población activa trabajadora cobra en muchos casos una cuantía menor a la de los trabajadores hoy retirados, pero con amplios años cotizados en un período de expansión de la economía capitalista española. Así, los jóvenes dependen cada vez más de la herencia inmobiliaria y de las ayudas familiares para poder costearse su vida. Lo que tiene además un efecto disciplinador y de inestabilidad constante sobre sus vidas.

De cara a futuro, el escenario se vuelve más sombrío por el estallido de la crisis inflacionaria tras la pandemia de la COVID-19, en el contexto de la crisis de las cadenas de valor mundiales y la guerra en Ucrania. Esto se traducirá en una nueva reducción de los salarios reales del conjunto de los trabajadores, pero afectará especialmente a aquellos trabajadores con peores condiciones salariales. Las principales patronales del Estado español ya han comenzado su ofensiva contra las condiciones salariales, culpando a los excesivos salarios de la inflación y llamando a su contención para que no se produzca una espiral salarios-precios.

Sin embargo, como se ha demostrado a lo largo de este artículo, los salarios no muestran una senda alcista desde al menos una década. Por lo tanto, la causa de la inflación está en los beneficios empresariales y la crisis productiva, pero no en los costes salariales. Sin embargo, para restablecer las tasas de rentabilidad en la época postcovid se va a acometer un nuevo ajuste salarial contra la clase trabajadora. Según datos ofrecidos por un reciente informe del Banco de España, se prevé que los salarios pertenecientes a los trabajadores de distintos convenios colectivos laborales suban en el Estado español una media de 2,3 % en el 2022. Sin embargo, la inflación se situará de media en tasas mensuales superiores al 6 % durante el mismo año, por lo que los salarios subirán siempre una cifra por lo menos tres veces menor al coste de vida y los precios.

Además, según el mismo informe, actualmente solamente 1,2 millones de trabajadores acogidos a los convenios colectivos cuentan en sus contratos con una cláusula de indexación del salario a la inflación. El 15 % de los trabajadores con convenio. Esta cifra era ampliamente superior en el año 2008, antes de la crisis y de las reformas laborales de PSOE y PP, ya que más de 8 millones de trabajadores contaban con la cláusula salarial vinculada a la subida de los precios. Casi el 70 % de los trabajadores con convenio. Sin embargo, el ataque a las condiciones de los convenios colectivos efectuadas por las reformas laborales de 2010 y 2012, y mantenidas por la última reforma laboral de Yolanda Díaz, hacen que actualmente la revalorización de los salarios esté ligada más a la productividad y rentabilidad de las empresas que a la evolución de los precios.

CONCLUSIONES

Se puede afirmar que la actual crisis inflacionaria va a suponer una nueva vuelta de tuerca contra las condiciones salariales y de vida de la clase trabajadora. Sin embargo, un análisis de largo recorrido nos permite observar como las condiciones salariales vienen retrocediendo desde la década de los ochenta, cuando se institucionaliza todo el paradigma de la llamada reconversión neoliberal. Desde entonces, como marco implantado por el capital para salir de la crisis de los setenta, las instituciones de la UE impusieron un marco de desregulación laboral y reducción de los costes salariales. Esto ha tenido consecuencias directas en la porción de riqueza social controlada por los trabajadores, dándose una mayor concentración de riqueza en manos del capital y la burguesía. Pero también ha supuesto un empobrecimiento real de los trabajadores durante los últimos años.

Especial relevancia debe cobrar el quiebre generacional que se vive entre las jóvenes generaciones de la clase obrera, cuya inserción laboral ya no les garantiza el sustento vital vía salario. Por ende son cada vez más dependientes de la herencia familiar y de los subsidios estatales de supervivencia en el caso de aquellos trabajadores cuyas familias disponen menos ahorros y bienes en propiedad. Este quiebre generacional supone una mayor dificultad para la integración de las jóvenes clases trabajadoras en algo que se parezca al contrato social capitalista de la segunda postguerra mundial y así garantizar la paz social.

Sin embargo, desde una lectura estrictamente política, no se debería extraer que una peor condición vital necesariamente suponga el posicionamiento de las nuevas generaciones en unas posiciones políticas más rupturistas con el statu quo actual. Es más, el miedo, la inestabilidad vital y la necesidad de depender de becas, subsidios estatales o herencias familiares pueden crear una dependencia vital que gire hacia posiciones políticas nihilistas o conservadoras. Sin embargo, el quiebre generacional crea cada vez una mayor desconfianza contra aquellas posiciones políticas que aseguran poder efectuar reformas tangibles vía cambios legales institucionales. Esto abre las puertas para un nuevo ciclo político consustancialmente distinto a los anteriores, marcados por la inserción de la clase trabajadora en el aparato estatal. Este paradigma se está agotando y puede que sea para no volver. De aquí la necesidad de efectuar una adecuada lectura política del actual viento de los tiempos y que posibilite una efectiva praxis política.

NOTAS

1 Para tener una fotografía completa de la cada vez mayor concentración y centralización de la riqueza social mundial en menos manos se puede consultar el último informe de la ONG Oxfam sobre la desigualdad mundial basado en datos estadísticos de las principales organizaciones internacionales capitalistas, disponible on-line en inglés bajo el título de «First Crisis, Then Catastrophe».

2 Para profundizar en la categoría del salario en la teoría marxista puede consultarse en el propio Capital de Marx desde el quinto capítulo al noveno del primer tomo. Pero también se puede encontrar un resumen amplio y completo en las obras de Rosa Luxemburgo Introducción a la Economía Política (capítulo 5) y Roman Rosdolsky Génesis y estructura de El capital de Marx. Estudios sobre los Grundisse (sobre todo el apéndice a la parte III del libro).

3 Para una introducción a la caracterización de un centro y una periferia europeos puede consultarse el libro colectivo de Luciano Vasapollo, Rita Martufi y Joaquín Arriola (2014): El despertar de los cerdos PIIGS. Portugal · Irlanda · Italia · Grecia · España.

4 Los tres documentos citados hasta aquí pueden consultarse en la página web de la Comisión Europea. Recomendable sobre todo la lectura del Libro Blanco sobre la competitividad, el crecimiento y el empleo del año 1994, ya que se establecen con un lenguaje bastante preciso las que serían las estrategias políticas de las instituciones europeas para salvaguardar las condiciones de rentabilidad del capital para las siguientes décadas. Términos que no han cambiado en exceso en nuestros tiempos actuales.

5 Para entender en mayor profundidad la historia de los ciclos capitalistas y sus crisis en el Estado español, puede consultarse la obra de Emmanuel Rodríguez e Isidro López (2010): Fin de ciclo. Financiarización, territorio y sociedad de propietarios en la onda larga del capitalismo hispano (1959-2010).

6 La reciente obra de Emmanuel Rodríguez (2022) El efecto clase media. Crítica y crisis de la paz social, analiza ampliamente la creación y desintegración de los distintos tipos de las clases medias desde el período franquista hasta la actualidad.

7 Para profundizar en los datos laborales y entender el marco desregulatorio y flexibilizador que impuso el Tratado de Maastricht puede consultarse la obra de Pedro Montes (2001): La historia inacabada del euro.

8 Para un análisis en mayor profundidad del salario relativo en el caso español puede consultarse el capítulo de Diego Guerrero (2000) «Depauperación obrera en los países ricos: el caso español», perteneciente a la obra colectiva Macroeconomía y crisis mundial.

9 El informe citado se elaboró el año 2021 y puede consultar on-line en la sección de documentos de la página web de CCOO titulado «Los costes económicos y sociales de la inestabilidad en el empleo y las reformas laborales de 2010 y 2012».

10 El informe puede consultarse on-line en la página web del Consejo de la Juventud Española titulado «Estudio sobre la pobreza juvenil».