Para entender las actuales reformas, la devaluación de las condiciones de vida de la clase trabajadora y la reestructuración del capital a escala europea se deben entender los fundamentos históricos, políticos y económicos de la mayor institución gobernante que los rige: la Unión Europea y sus instituciones afines.

Europa, mejor dicho, la Unión Europea (UE) se encuentra sumida desde hace ya más de una década en una constante crisis y concatenación de políticas excepcionales para salvar su proyecto político y mantener unida y cohesionada la arquitectura que se ha venido construyendo durante los últimos 70 años de historia y que ha tenido un objetivo último: crear el marco supranacional para gobernar el área de acumulación capitalista que se articula a escala europea. En base a este último objetivo, se han formulado a raíz de la crisis de la COVID-19 unos fondos europeos de recuperación, denominados oficialmente como Next Generation EU, que tienen el mismo objetivo adaptado a la coyuntura actual: reconvertir y modernizar el tejido del capital europeo para insertar a esta región económicamente como tercer polo estratégico en la nueva pugna por el poder mundial que se está librando entre Estados Unidos y China.

Sin embargo, la Unión Europea es una institución sobre la que, en el relato político oficial, pero también en el de muchos partidos a la izquierda de la socialdemocracia clásica, se entiende como un actor supranacional construido para evitar la guerra entre los pueblos europeos y fomentar la fraternidad, solidaridad y cohesión entre ellos. Evidentemente, cuando la UE incumple estos objetivos y aparece como lo que realmente es –como ejemplos paradigmáticos al no responder de manera efectiva a la crisis de los refugiados sirios o al imponer medidas de austeridad a los estados miembros del sur europeo–, la izquierda socialdemócrata clama por reformar una institución que ni entiende ni comprende, pero de la que no quiere dejar de ser parte. A sabiendas de que todo su programa de reformas sociales a escala nacional es imposible en la actual articulación política europea, ya que no hay reforma social posible sin política fiscal y monetaria, que hace tiempo se llevaron a cabo a escala supranacional en la UE [1].

Lo mismo ocurre con los clamados fondos europeos de recuperación, ya que la izquierda socialdemócrata, incluida su vertiente independentista, ha entendido estos como una oportunidad para rearticular las principales instituciones del devaluado estado del bienestar. Entendiendo estos fondos cual maná de dinero que cae del cielo y que su posterior gestión está en disputa. Todo esto acompañado de una fraseología grandilocuente sobre la propia identidad de la UE, que supuestamente entendiendo los errores de las políticas de austeridad impuestas durante los años duros de la crisis del euro (2010-2015), habría dado en la actual crisis pandémica un giro keynesiano hacia una concepción más «social» de su política. Una vez más, no entienden el diseño, la funcionalidad ni la condicionalidad de estos fondos, cuyos objetivos ya estaban diseñados con anterioridad a su entrega. Por lo tanto, no hay disputa parlamentaria posible.

Este artículo se fija el objetivo de que el lector pueda formular un conocimiento introductorio, pero completo, sobre lo que es la UE, la eurozona y sus principales instituciones económico-políticas, para poder intentar explicar qué son los fondos europeos. Ya que el Next Generation EU es solo el último engranaje de un proyecto político de largo recorrido que tiene como principal objetivo relanzar las tasas de ganancia del capital a escala europea mediante la devaluación del capital variable; es decir, atacando las condiciones salariales y de vida directas e indirectas de la clase trabajadora.

Lo que está por ver es si el capitalismo europeo conseguirá salir de su ya larga depresión, o, si, al contrario, sus contradicciones internas lo harán sumirse más aún en una nueva fase de crisis marcada en nuestros días por la inflación, la burbuja económica que genera la expansión cuantitativa como inyección de dinero artificial en la economía y las consecuencias de la guerra en su flanco del este. Obviamente, la guerra de Ucrania cambia los planes de los fondos de recuperación y del rumbo económico-político que la UE tenía marcado para dejar atrás las políticas excepcionales de la pandemia. Pero que a la UE toda crisis le provoque tal sangría, en términos de desajustes económicos y sociales, es consecuencia directa de su modus operandi y de su arquitectura interna, no de imprevisibles y desafortunados shocks externos. Por tanto, un conocimiento exhaustivo de la articulación del poder burgués europeo insertado en la UE se hace imprescindible para cualquier práctica política en clave socialista.

¿QUÉ ES LA UNIÓN EUROPEA?

El proceso de integración europeo es un proceso político que la historiografía oficial trata de explicar mediante diversas etapas de integración que se acercan en mayor o menor medida a una unión federal o confederal de los estados miembros. El objetivo explícito e inicial de este proceso era, tal y como lo expresaba la famosa declaración Schumann (1950), «crear las condiciones para hacer materialmente imposible la guerra entre países europeos», especialmente entre Francia y Alemania. Así se estableció el libre comercio en el carbón y el acero en 1951 con la constitución de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), y en 1957 seis países formaron Comunidad Económica Europea (CEE), una unión aduanera de libre comercio entre sus integrantes: Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo.

Sin embargo, sería ingenuo pensar que la integración económica fue solamente fomentada por nobles fines políticos normativos. Estados Unidos tuvo en la inmediata posguerra un papel determinante en la creación de un bloque europeo económicamente integrado y con una Alemania rehabilitada –a la que en 1953 se le condonó más de la mitad de su deuda de guerra– al que poder exportar su ingente cantidad de mercancías. Ya que, por aquel entonces, Estados Unidos era el mayor exportador del planeta y necesitaba de un área económica bajo su influencia. Por lo tanto, en las primeras décadas de historia de la integración europea, y al menos hasta final de la década de los setenta, no se puede hablar de una burguesía europea autónoma de la burguesía estadounidense, sino que la primera se encontraba claramente subordinada a esta última económica y políticamente [2].

En paralelo a este proceso, durante los primeros veinte años de la segunda posguerra, se dan las condiciones sistémicas precisas (una tasa de ganancia y crecimiento económico excepcionales en el capitalismo occidental), acompañadas de amplias luchas obreras, para conseguir instaurar subidas salariales y una amplia red de subsidios estatales para amplias capas de la población. Es el llamado estado del bienestar, que toma distintas formas según las capacidades de los distintos estados.

Sin embargo, este artículo se centra en el ciclo posterior a la década de los ochenta, cuando mediante la firma del Acta Única (1986) para la libre circulación de capitales, empieza a concebirse la creación de la Unión Económica y Monetaria (UEM) que tendrá como culmen la creación de la divisa única regida por el Banco Central Europeo (BCE). Básicamente, el impulso de construcción de la UEM respondía a la formación cada vez más conjunta de una burguesía europea que por ciertos acontecimientos internacionales comenzó a institucionalizar su propio bloque económico semiautónomo de Estados Unidos.

La guerra de Vietnam, el final de los pactos de Bretton Woods y la implosión del patrón monetario basado en la paridad del dólar-oro hicieron que la burguesía y la dirigencia política europeas imprimieran un nuevo rumbo al proceso de integración. El objetivo era claro: responder a la crisis que sufría el capitalismo a partir de la década de los setenta. Década en la que se comienza a dar un deterioro de la tasa de ganancia que provoca la reacción del capital y sus instituciones internacionales, cuya expresión más evidente fueron las políticas de ajuste estructural destinadas a paliar la bajada de la tasa de ganancia mediante la devaluación salarial interna y la privatización o anulación directa de ciertas conquistas obreras institucionalizadas en el estado de bienestar [3].

En Europa, el ajuste a las condiciones de vida de la clase trabajadora se dio trasladando ciertas instancias decisorias, como la de la política fiscal y la monetaria, a instancias supranacionales. Así, estas instancias quedaron fuera de toda influencia de la presión de los sindicatos y de distintos partidos políticos nacionales. Estos ajustes irían encaminados a restaurar las condiciones óptimas para la valorización del capital, destruyendo aquellos capitales no rentables, pero también reduciendo trabas estatales como el gasto público excesivo. El objetivo era claro: evitar que los salarios crecieran por encima de la productividad de manera generalizada, algo clave para la acumulación capitalista a escala europea [4].

En este contexto se institucionalizan la UE y la UEM, tal y como las conocemos hoy día. Concretamente, la eurozona comienza a concebirse tras la entrada en vigor del Tratado de Maastricht en 1993 y la adopción de los criterios de convergencia en 1997. Desde una óptica geopolítica, la estructura de la eurozona fue construida bajo liderazgo y competencia de las burguesías francesas y alemanas. Francia buscaba una integración financiera capaz de sustituir el poder unilateral de facto del Bundesbank y del marco alemán con la creación de una moneda única y un banco central a nivel europeo. Pero, a cambio de sacrificar el marco, Alemania fijaría los estrictos criterios de convergencia que establecen que el déficit presupuestario de los estados miembros no puede superar el 3 % del PIB o que la deuda pública no puede superar la ratio del 60 % respecto al PIB. Además, el BCE se fijaría como un Bundesbank a nivel europeo, completamente independiente de cualquier poder político y con el único objetivo fijado del control de precios en torno al 2 % de la inflación.

Las teorías económicas neoclásicas y monetaristas, que se volvieron hegemónicas a nivel internacional a partir de 1970, marcaron la construcción del euro. Estas teorías señalaban al control de la inflación como el principal motivo macroeconómico que debían cuidar los poderes públicos. Sin embargo, la fijación por conseguir moderar la inflación no se debe a la preocupación por la posible disminución de los ahorros de la clase trabajadora, sino a dos razones muy distintas: al perjuicio que la inflación no prevista supone para los acreedores de préstamos y, sobre todo, al hecho de que el control de la inflación resulta ser una excusa perfecta para establecer una política económica dirigida a impedir subidas salariales incompatibles con las condiciones de rentabilidad del capital [5].

Actualmente existe en la UE un poder económico independiente cristalizado en el BCE, pero no así nada parecido a un gobierno central comunitario ligado a una elección democrática directa (hablando en términos de la democracia liberal-representativa) que gobierne el poder independiente del BCE. Regido por el artículo 107 del Tratado de la Unión Europea, donde se consagra la independencia absoluta del BCE, se asegura la independencia absoluta del capital financiero europeo sobre todo poder político, ya que la amplia mayoría de los mandatarios del BCE son personalidades provenientes del mundo de las altas finanzas y que se hacen pasar por tecnócratas monetarios [6].

Además, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo 125, prohíbe explícitamente que las instituciones europeas puedan apoyar económicamente a un país de la Unión en dificultades financieras. Es decir, ofrecerle un rescate financiero. Es la conocida como cláusula no bail-out. Así mismo, se prohíbe, por parte del BCE, como de los demás bancos centrales nacionales, la compra de deuda pública de su propio u otro país. Disciplinando así las cuentas públicas de cada país a la austeridad interna, es decir, la reducción de los salarios y gastos públicos.

Sin embargo, uno de los mayores problemas de la UEM reside en la creación de una divisa única para países de realidades económicas muy diversas. En el mismo marco conviven economías de alta base productiva y exportadoras, con economías netamente importadoras y de gestión del sector servicios, y que se ven privadas de manipular su propia política monetaria. A la par de que, a modo de compensación, no existe ningún mecanismo de redistribución fiscal entre los distintos estados.

Además, muchos de los estados que pasaron a formar parte de la UEM no cumplían con los criterios de convergencia fijados para integrarse en el marco del euro. Por ejemplo, Italia pasó el examen de 1997 con una deuda pública del 117,4 % del PIB, casi el doble de lo establecido por los criterios de entrada. Por su parte, Grecia, como eslabón débil de la eurozona, lo hizo en el 2001 con una deuda pública del 104,7 %.

La propuesta de la creación de un mecanismo de reciclado de excedentes, que canalizase ciertas transferencias a fondo perdido de los países superavitarios a los deficitarios ha sido la propuesta principal de muchos autores de tendencia neokeynesiana en los últimos años [7]. Un mecanismo para aquellos países unidos por una misma divisa, pero con grandes divergencias económicas, ya que los países con déficits comerciales permanentes no pueden devaluar su propia divisa para restablecer la competitividad a nivel internacional. Por el contrario, logran restablecer esta competitividad mediante la devaluación interna de los costes de trabajo, salarios, subvenciones, subsidios, etc.

Sin embargo, el proyecto de Maastricht se cerró sin este mecanismo estabilizador que permitiese compartir el riesgo en todo el conjunto monetario. Sin crear algún tipo de mecanismo fiscal que permitiera redistribuir los flujos de capital hacia las zonas menos desarrolladas productivamente. Ante esto, se confió en la estabilización que generaría la propia integración económica y monetaria, que por sí sola tendería hacia una mayor paridad productiva y de renta entre todos los países de la Unión. Pero esto no sucedió, el asimétrico esquema de integración europeo se evidenció cuando las contradicciones del ciclo acumulativo especulativo-financiero estalló en el 2008 en la crisis de Wall Street. Los países periféricos, con cuyos bonos de deuda habían especulado los grandes bancos de inversión europeos, se quedaron sin su principal vía de obtener préstamos. En este contexto, el BCE tuvo que entrar en escena y actuar como prestamista de última instancia, tanto para el sistema financiero como para aquellos estados periféricos que habían sido expulsados de los mercados de deuda.

Sin un mecanismo de reciclado de excedentes, durante la crisis de la eurozona iniciada con el rescate griego en mayo de 2010, este se tuvo que improvisar mediante planes de rescate comunitarios y planes excepcionales de expansión cuantitativa ideados por el BCE. Obviamente, todo plan de rescate y el mantenimiento de la liquidez de emergencia por parte del BCE estaban sujetos al cumplimiento de estrictos planes de austeridad, regidos por la conocida Troika (triada formada por la Comisión Europea, el BCE y el FMI). Y así llegamos a la crisis de la COVID-19, y los fondos europeos Next Generation EU, que son los mismo que los anteriores paquetes de rescate, solo que esta vez maquillados y sin una austeridad que se va proclamando a bombo y platillo, pero que entrará por la puerta de atrás. Porque la UE tiene mecanismos de sobra para devaluar constantemente las condiciones de vida de la clase trabajadora.

LOS TRES MECANISMOS DE AJUSTE DE LA UE

Los principales gurús económicos que copan las tertulias televisivas tienden a reducir la crisis económica que vive la UE a meros shocks externos que nada tendrían que ver con las normales tendencias del capitalismo. Sin embargo, el capitalismo a escala occidental lleva envuelto desde la década de los setenta en una larga crisis secular, acumulando periodos de crisis de menor o mayor intensidad, pero siempre recuperaciones de crecimiento débil. Así lo demuestran los datos de los principales países de la llamada Triada económica (EE.UU, Japón y la UE), los datos de crecimiento del PIB medidos en promedio simple entre estos países muestran una tendencia a la baja desde los máximos de la década de los sesenta: frente al crecimiento en tasas del 5,6 % (1961-65), 5,4 % (1966-70) y hasta del 3,2 % (1971-75) y 3,3 % (1976-80) ya en plena crisis, desde la década de los ochenta el ritmo de crecimiento declina notablemente con tasas del 2,5 % (1981-85), 3,6 % (1986-90), 1,8 % (1991-95), 2,7 % (1996-00) y 1,7 % (2001-05) [8].

Esta tendencia desvela que la crisis del 2008 no surge de un simple agotamiento de un período alcista del capitalismo mundial. Y ante esto la UE, y más concretamente la burguesía que actúa en su territorio, debe dotarse de mecanismos para relanzar la ganancia y salir de la crisis. Por ejemplo, en el Estado español el gran ajuste se remonta al Programa de Convergencia con la Comunidad Europea para el cuatrienio 1992-1996, aprobado en mayo de 1992 por iniciativa del Gobierno del PSOE de Felipe González. Esta ley respondía a la llamada coordinación de mercados internos que la UE había puesto en marcha como primer paso de avance hacia la concreción del euro. Entre otras medidas, se incrementó la duración máxima de los contratos temporales de seis meses a doce meses, se implementaron medidas de contención salarial y de reducción de la prestación por desempleo. Son las primeras reformas laborales.

Tendencia que no se da únicamente en los estados de la periferia europea. La misma Alemania también engrasa su maquinaria productiva con una devaluación salarial acorde a su nivel productivo. Alemania legalizó en el 2003 la regulación de los llamados minijobs, empleos por los que el trabajador percibe un salario máximo de 450 euros mensuales y debe trabajar un máximo de horas establecido por el salario mínimo de 8,84 euros por hora. En estos minijobs el salario promedio es de 291 euros. Este tipo de contrato dota de extensas facilidades para la contratación y despido a los empresarios. Para el 2011, más de 7,3 millones de alemanes, en torno al 25 % de la fuerza laboral alemana, estaban empleados mediante un minijob. Además, según un estudio del Instituto Económico y Social alemán (WSI), en el 2019 la mitad de los empleados en un minijob cobró menos del salario mínimo estipulado para esta modalidad de contrato [9].

Sin duda, la estrategia de devaluación salarial vivió un nuevo reajuste a partir de 2010, bajo los planes de austeridad impulsados por la Troika. En concreto, los estados que recibieron un préstamo de rescate de los citados acreedores fueron los que mayor devaluación salarial y social sufrieron en la última década (Grecia, Chipre, Portugal, Irlanda y España). Llegando a caer, por ejemplo, la participación de los salarios respecto al PIB en Irlanda un 19,2 % respecto al año 2009.

En definitiva, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) [10], esta contención salarial constante ha provocado que una cuarta parte del salario total en Europa se destine al 10 % de los más ricos. Concentración de riqueza que se ha acelerado mediante la desregulación fiscal impuesta a las rentas más altas, ya que para el conjunto de los países miembros de la UEM el tipo impositivo medio del Impuesto de Sociedades ha pasado del 36,8 % de 1995 al 25,9 % de 2014.

Para llegar a estos objetivos de concentración y centralización de capital que la UE favorece, las instituciones comunitarias tienen tres mecanismos para devaluar el salario de la clase trabajadora, aunque esto adopté distinta forma en cada estado:

1) El mecanismo de ajuste permanente

La UE tiene un mecanismo por el que condicionar y cambiar las cuentas públicas de un país permanentemente, y es que todos los presupuestos anuales de los estados deben pasar el examen de la Comisión Europea. Este examen es mucho más duro para los países integrantes del euro, ya que deben de cumplir de manera estricta con los criterios de convergencia. Con lo que cualquier gasto extra que se desvíe del máximo del 3 % de déficit permitido es censurado y sancionado por la Comisión.

Esta medida atañe a los gobiernos de los estados, pero influye hasta en los presupuestos locales de los ayuntamientos. Ya que estos últimos están obligados mediante la ley que rige el techo de gasto a presentar un equilibrio presupuestario. Como ejemplo paradigmático las cuentas que presentó el Ayuntamiento de Madrid gobernado por Manuela Carmena a finales de 2017. El por entonces concejal de Hacienda Carlos Sánchez Mato, miembro de Izquierda Unida, quiso elaborar unos presupuestos municipales que incurrían en déficit, argumentando que el consistorio había reducido su deuda en los cursos anteriores. Así, Sánchez Mato se enfrentó al ministerio de Hacienda, regido por aquel entonces por Cristóbal Montoro del PP, al sobrepasar en 244 millones el gasto permitido para el Ayuntamiento. La respuesta de Manuela Carmena fue fulgurante: destituyó a su propio concejal y propuso elaborar un nuevo presupuesto que corrigiese el gasto público para no enfrentarse al Gobierno de España, ni a la UE que es la que estaba detrás de esta maniobra.

Debido a la crisis pandémica, las reglas fiscales europeas actualmente se encuentran en suspenso. Por lo tanto, los gobiernos pueden incurrir en un gasto mayor. Sin embargo, y a pesar de que puede que en 2023 sigan en suspenso, estas reglas volverán de la misma forma o reformadas. Pero que se permita un mayor gasto o endeudamiento no necesariamente quiere decir que este gasto vaya a dirigirse a la sanidad, cuidados o educación, tal y como vende la socialdemocracia. Este gasto excepcional bien puede ser permitido para reconversiones industriales o para rearmar a los estados, como estamos viendo actualmente en el contexto de la guerra en Ucrania.

2) El mecanismo de ajuste coyuntural

Este mecanismo responde a todo tipo de rescate económico o fondo que crea la UE respondiendo a una crisis y que intenta que no se desquebraje la arquitectura político-geográfica de la UE. Por ejemplo, cuando Grecia se declaró insolvente y quedó fuera de los mercados para poder refinanciar su deuda en el año 2010, la UE, junto con el FMI, le ofrecieron un paquete de rescate al Gobierno griego. Rescate que nunca es gratis, ya que siempre se entrega por partes y cada parte debe de ser desbloqueada a cambio de reformas estructurales que en la mayoría de casos suponen flexibilizaciones del mercado laboral y recortes del gasto público.

En este mecanismo entran los actuales fondos europeos de recuperación. Solo que, en este caso, en vez de tratarse del rescate a un determinado país, son una especie de rescate conjunto de toda la UE financiado por la Comisión. Sin embargo, casi la mitad de la cuantía de estos fondos los recibirán dos estados que tiene un gran peso en la economía europea, pero que son económicamente deficientes como España e Italia, a cuya quiebra no podría sobrevivir la UE ni la burguesía exportadora centroeuropea, ya que el principal destino de sus mercancías es la Europa del sur.

Por lo demás, tenemos el mecanismo típico: unos fondos que se entregan por partes y condicionados a reformas, como la última reforma laboral o la futura reforma de las pensiones. Sin embargo, esta vez no existe la Troika, pero el mecanismo de ajuste está representado por el llamado Semestre Europeo, el marco en el que se coordinan las políticas económicas de los países de la UE. Dicho de manera clara, el mecanismo por el que la Comisión vigila que los estados miembros cumplen con las reformas establecidas.

3) El mecanismo de ajuste de urgencia

Este mecanismo corresponde a situaciones de urgencia, tales casos como en los que los poderes de la UE quieren disciplinar a un estado miembro. Este mecanismo está sujeto al posible corte de la liquidez monetaria ofrecida por el BCE, sobre todo a su liquidez excepcional o de emergencia. Por eso el BCE juega un papel rector clave en la gobernanza capitalista de la UE. Tan importante como los fondos de recuperación que quieren modernizar el capital europeo, son los programas de expansión cuantitativa monetaria del BCE que han permitido que el capitalismo europeo no se desintegre.

Actualmente, el BCE es el principal comprador de bonos de deuda de todos los países deficitarios e hiperendeudados de la periferia europea. El BCE, sin embargo, puede decidir autónomamente rebajar estos programas –­como va hacer en los siguientes meses bajo una incertidumbre total– o incluso excluir a un sistema bancario de algún país de esta liquidez. Esto ocurrió cuando en el 2015 el Gobierno griego de Syriza decidió convocar un referéndum para preguntar a su población por la aceptación de las medidas exigidas por la UE para el rescate económico.

Por aquel entonces, el sistema bancario del país heleno llevaba meses sujeto a la liquidez monetaria de emergencia ofrecida por el BCE. Sin embargo, la institución monetaria liderada por Mario Draghi solamente decidió cortar la liquidez y forzar a Grecia a un corralito bancario en el momento justo del mayor desafío político propuesto por la socialdemocracia de izquierdas en los últimos años a la UE. Lo que fue un claro mecanismo de presión política y disciplinamiento, ya que los trabajadores griegos se quedaron sin poder acceder a sus ahorros, al ponerse límite al máximo posible de retirada de dinero de los cajeros automáticos en un máximo de 50 euros por persona y día [11].

DEL NEXT GENERATION AL NEXT CRISIS

Se ha hablado mucho sobre el monto de los 750.000 millones de euros que la UE va a invertir entre sus estados para superar la crisis de la COVID-19, en realidad para modernizar los sectores clave del capital. Sin embargo, estos fondos van a ser gestionados por grandes empresas que para acceder a ellos deberán presentar elaborados planes a los gobiernos y que estos los acepten. Planes que en la mayoría de veces los confeccionan las grandes consultoras (KPMG, EY, Delloite o PwC) a un costo muy elevado.

Más que entrar en las vicisitudes del plan Next Generation EU, del que se ha hablado y escrito mucho ya en sentido crítico [12], nos interesa en este último punto entender este plan de cara al futuro contexto del capitalismo europeo y si evitará una futura recesión que traerá consigo más recortes en los niveles de vida de la clase trabajadora. Bien, la UE ya ha comenzado a repartir las cuantías de los fondos, en un contexto en el que sobre Europa se ciernen negros nubarrones de crisis provocados por la inflación, la retirada de estímulos monetarios por parte del BCE y la guerra estratégica por el dominio territorial en la que se ha visto involucrada la UE frente a Rusia por su pertenencia al bloque geopolítico de la OTAN y Estados Unidos.

La deuda del conjunto de la zona euro cerró 2021 siendo por primera vez en su historia mayor que el conjunto de su economía, es decir, mayor al 100 % del PIB de todos los países del euro. A la par de unos estados hiperendeudados, Europa afronta que ha estado financiando monetariamente a empresas insolventes y con pérdidas, las que una vez el BCE suba los tipos de interés y termine con su política de estímulos artificiales se encontraran en grave riesgo de quiebra. Un informe elaborado para el Parlamento Europeo de mayo de 2021, ya alertaba de que alrededor del 15 % de las empresas europeas son «zombis»; es decir, que arrastran una mala situación financiera durante tiempo prolongado y no derivada de un bache puntual de solvencia, lo que las aboca a la quiebra, pues no podrán sobrevivir ni con apoyos públicos [13].

Este mismo año el FMI ya ha avisado de que la deuda corporativa privada alcanza ya casi el 100 % del PIB mundial. Antes de que comenzara la guerra en Ucrania, el propio FMI ya alertaba de que ahora que los bancos centrales están aumentando las tasas de interés para controlar la inflación, los costos de refinanciación de la deuda de las empresas aumentarán. Las vulnerabilidades corporativas quedarán expuestas a medida que los gobiernos reduzcan el apoyo fiscal que brindaron a las empresas más afectadas en el punto álgido de la crisis; o lo que es lo mismo, que el FMI insta a los gobiernos a reestructurar las empresas que vean con posibilidades para volver a ser rentables en el nuevo contexto económico abierto tras la pandemia de la COVID-19 o que consideren dejarlas quebrar.

Aquí entra la UE con su fondo de recuperación Next Generation EU, que es precisamente eso: un gran fondo de ayudas públicas para reestructurar sectores empresariales clave para intentar que estos recuperen sus tasas de ganancia y coloquen al área geográfica europea en un tercer polo competitivo en la pugna económica mundial que se vive entre Estados Unidos y China. Por tanto, estos fondos conllevarán las siguientes consecuencias: por un lado, van a digitalizar empresas punteras de tecnología 4.0; por otro, van a modernizar las grandes empresas del sector eléctrico y energético para la reconversión ecológica; finalmente, van a refinanciar servicios para que empresas líderes se puedan instalar en territorio europeo. Pero de ninguna manera van a reedificar el sistema de bienestar europeo, ya que las partidas previstas para salud o educación son pírricas.

La cuestión es que incluso este objetivo podría fallarle a Europa, ya que al fin al cabo los fondos de recuperación suponen un 0,8 % del PIB conjunto de la UE, cuando el PIB agregado de la UE cayó en 2020, el año duro de la pandemia, un 6 % (unos 800.000 millones de euros). Además, el gran problema que actualmente pone entre la espada y la pared al capitalismo europeo es que para controlar la inflación debe dejar de comprar deuda de los estados más deficitarios y dejar de financiar las empresas a bajos tipos de interés. Pero si hace esto se enfrenta a poder crear una crisis de quiebras y de deuda en los estados de la periferia. Así pues, no hay salida posible en la actual coyuntura para el capitalismo europeo que no suponga más crisis.

Los motivos geopolíticos que generan la inflación, aunque esta es generada por motivos económicos más profundos, no van a desaparecer. Sin embargo, la UE se encuentra con que las políticas de mantenimiento artificial de su capitalismo, como la ultra-inyección de dinero del BCE, pueden agravar la inflación. Por tanto, retirarán paulatinamente estas ayudas. Sin embargo, la UE es consciente de que tiene un tejido productivo totalmente improductivo y zombi del que su quiebra puede desencadenar una crisis sin parangón. De manera que, en un contexto donde la inflación genera pérdidas empresariales y la inflación misma hace que se retiren los estímulos monetarios, ¿cómo se va hacer para mantener a flote las rentabilidades? Bingo, con nuevas reformas y políticas que devalúen las condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora.

Por eso los fondos de recuperación, aunque vayan a modernizar el capital en sus empresas o facciones líderes y punteras, a cambio de que se reciban supondrán unas reformas que afectarán al conjunto de la clase trabajadora. Reformas que aumentarán la flexibilidad laboral a la vez que maquillan los datos del paro con nuevas figuras contractuales como las del fijo-discontinuo; o crearán fondos de subsidios de supervivencia mínima para toda la población que quedará fuera el proceso de reestructuración del capital; finalmente, se mantendrán unos servicios públicos costeados al gasto mínimo posible y para una cada vez mayor masa de población empobrecida. Estas serán las claves de las reformas venideras ante la futura Next Crisis constante.

CONCLUSIONES POLÍTICAS

De todo esto se pueden extraer dos conclusiones políticas clave. La primera atañe a la naturaleza política de lo que la UE está llevando a cabo actualmente. Ya que la UE está intentando modernizar su capital y resistir en un contexto de crisis. A esto responden las políticas de expansión monetaria y de permisibilidad en el endeudamiento. Lo que la izquierda socialdemócrata no entiende, o no quiere entender, es que la expansión monetaria nunca equivale a políticas de índole socialdemócrata en gasto social. Ya que, como vamos a ver con la escalada bélica que se vive actualmente, la UE bien puede permitir un endeudamiento excepcional o planificar nuevos fondos europeos a deuda conjunta encaminados a financiar el rearme de los estados miembros.

Por lo tanto, el proyecto socialdemócrata se encuentra con las mayores dificultades históricas para su realización en la actual UE. Lo que pasa es que los distintos partidos socialdemócratas están llamando políticas socialdemócratas a aquellas partidas que devalúan el salario real de la clase trabajadora y la condenan a un nivel de vida de subsistencia mínima, como son los ERTE o el ingreso mínimo vital. Por eso, en la UE de hoy día el paradigma del estado del bienestar está en decadencia y camino a un estado de subsistencia de miseria mínimo.

En segundo lugar, un repaso histórico de la UE y de la actual coyuntura nos señala que la hipótesis política del movimiento obrero tradicional de presionar a los estados-nacionales está superada. Ya que los estados-nacionales poco pueden hacer cuando sus políticas fiscales, laborales, monetarias y sociales dependen de la instancia supranacional de la UE, que es dónde se articula el auténtico poder político del poder burgués a escala europea. Por tanto, una estrategia socialista debe tener en cuenta que la escala organizativa debe tender a la escala internacional. Una realidad difícil pero apremiante al mismo tiempo, pues el presente y el futuro que habitamos no nos deparan soluciones fáciles.

NOTAS

1 A este respecto no hay más que ver la actitud que la Izquierda Abertzale, y su partido político institucional EH Bildu, han mostrado respecto al entendimiento y posible gestión de los fondos. Como muestra de esta actitud puede leerse el artículo publicado en la revista Erria por Pello Otxandiano (2021), miembro de Sortu y director de programas de EH Bildu, titulado «Fondos europeos como marco de lucha. Estrategia, táctica y praxis política» (disponible online). En este artículo se evidencian las contradicciones del ala izquierda de la socialdemocracia al no entender, o no querer entender, la naturaleza de los fondos ni la arquitectura política de la UE.

2 Para profundizar en la historia de la integración económica europea: Perry Anderson (2012): El nuevo viejo mundo, Akal, Madrid.

3 Para entender la crisis de los años setenta del pasado siglo y un cálculo de la tasa de ganancia, aunque muy centrado en la economía estadounidense: Robert Brenner (2003): La expansión económica y la burbuja bursátil. Estados Unidos y la economía mundial. Para un análisis más centrado en Europa recomiendo el siguiente artículo: Gérard Duménil y Dominique Lévi (2005): «From prosperity to neoliberalism. Europe before and after the structural crisis of the 1970s», CEPREMAP-CNRS, París (disponible online).

4 Para entender como todas las instituciones construidas a partir de la puesta en marcha del mercado único europeo y la integración monetaria permiten una devaluación constante del salario directo e indirecto: Javier Murillo y Mario del Rosal (2012): «El euro como mecanismo de aplicación del ajuste salarial», XIII Jornadas de Economía Crítica, Sevilla (disponible online).

5 Más sobre el papel de la inflación: José Luis Sampedro (1976): La inflación en versión completa, Editorial Planeta, Madrid.

6 Para entender en profundidad el rol del BCE: Mario del Rosal (2019): «Una crítica de la economía política del Banco Central Europeo», Papeles de Europa, Madrid (disponible online).

7 Como síntesis de la propuesta que tiene la corriente neokeynesiana para Europa puede verse el libro en el Yanis Varoufakis, donde resume su pensamiento económico antes de llegar a ser ministro de Finanzas del Gobierno griego de Syriza en el 2015: Yanis Varoufakis (2013): El minotauro global. Estados Unidos, Europa y el futuro de la economía mundial, Capitán Swing, Madrid.

8 Usamos como forma de medición aquí el PIB al ser el indicador más visual y más fácil de buscar entre los que usa la economía estadística oficial. Para obtener datos más ligados al desarrollo de la teorización marxista deberíamos entrar en tablas de cálculo de la tasa de ganancia, cosa que queda fuera del alcance de este artículo. Sin embargo, en la misma web de las estadísticas de la UE (AMECO) se puede consultar fácilmente un indicador que también muestra la decadencia del capital productivo de la UE a partir de los setenta, es la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF). Este indicador corresponde a la inversión de un país, representada por la variación de los activos fijos no financieros tanto privados como públicos, (total de adquisiciones menos ventas de activos fijos), en un período de tiempo determinado, con el que podemos acercarnos, aunque con toda precaución, a lo que podríamos denominar el ritmo de acumulación de cierta economía capitalista.

9 Datos extraídos de: Comisión Europea (2018): Case study – gaps in access to social protection for mini-jobs in Germany, Bruselas, Oficina de Publicaciones de la UE (disponible online).

10 Organización Internacional del Trabajo (2016): Global Wage Report 2016/17: Wage inequality in the workplace, Ginebra, OIT (disponible online).

11 Para un relato del chantaje al que sometió el BCE a Grecia: Yanis Varoufakis (2017): Comportarse como adultos: mi batalla contra el establishment europeo, Deusto, Barcelona. Si se quiere tener una visión complementaria a la relatada por el ex-miembro de Syriza, ya que finalmente Syriza aceptó las condiciones exigidas por Europa traicionando el resultado del referéndum: Éric Toussaint (2020): Capitulación entre adultos. Grecia 2015: Una alternativa era posible, El Viejo Topo, Madrid.

12 Sobre la cuantía y el reparto de los fondos ya se ha escrito y analizado mucho en profundidad. Recomiendo el artículo de Mario del Rosal (2020): «Los fondos europeos: ¿un nuevo Plan Marshall?», Nueva Revolución (disponible online). También la serie de videos realizada por el canal de YouTube KoinéTV y titulados «Cómo funcionan los fondos de la UE realmente» y «Las consecuencias de los fondos europeos».

13 Más que los propios informes de los organismos económicos internacionales, para entender la problemática de las empresas «zombi» recomiendo dos artículos: Michael Roberts (2022): «Fallen angels», The next recession (disponible on-line) / Yago Álvarez Barba (2020): «¿Qué es una empresa zombi y cuántas hay en España?», El Salto (disponible online).