Llevamos un tiempo hablando del auge del autoritarismo, de la burocratización de aparatos de Estado, de la idiotización de la sociedad o del proceso de disciplinamiento de amplias masas de trabajadores. Estamos viviendo una clara intensificación de todas esas tendencias que perpetúan la dominación del proletariado, la denominada ofensiva del Capital, pero los ataques de la burguesía han sido cambiantes en función del contexto económico y político y han tomado momentos y formas concretas en cada ámbito: violaciones de derechos y libertades bajo pretexto de la pandemia, intentos de endurecer las medidas contra la ocupación o reformas que vienen a profundizar en la modernización educativa, a las que nos referiremos a lo largo de las siguientes líneas.

En esta colaboración nos referiremos al ámbito educativo y, siendo más precisos, hablaremos de su función o naturaleza impositiva, ya que esa última es la que se encarga de garantizar la exclusión de los sectores proletarios, y de construir una subjetividad obediente y despolitizada. Por un lado, se hablará de un funcionamiento interno complejo, plenamente elitista y bloqueador; por otro, se mencionarán la burocratización de las decisiones educativas, el pacto de los principales partidos políticos necesarios para materializar la ofensiva burguesa y la posterior Ley Vasca de Educación. Todo ello, situado en un contexto de aplicación de las reformas, donde podremos comprobar el notable incremento de las tendencias mencionadas en la introducción en cuanto al ámbito educativo.

Como es sabido, la mayoría de los centros están sumergidos en un proceso de transformación en cuanto a nuevas metodologías –bachillerato general, evaluación por competencias, plan de refuerzos–, cambios de contenidos –notable vaciado de temarios, restricciones en el abanico de materias, extensión de la opción on-line–, miles de proyectos –Proyecto Hedatze, universidad Euneiz, plan de Formación Profesional– y afrontando innumerables planes innovadores. Parece que nos encontramos ante las consecuencias de un brainstorming de dirigentes políticos que solo decorará con palabras bonitas el rumbo que está tomando la educación. De hecho, tanto los partidos políticos como los sindicatos mayoritarios han querido denominar este curso como una fase de transición, por supuesto, impregnando un tono positivo y progresista al concepto de transición. En realidad, estos cambios no suponen un avance hacia una educación de calidad, y mientras este circo parlamentario opera, estamos sufriendo una aceleración de la disolución de la educación.

Parece que nos encontramos ante las consecuencias de un brainstorming de dirigentes políticos que solo decorará con palabras bonitas el rumbo que está tomando la educación

Desde el inicio del curso hemos puesto sobre la mesa que el rumbo de la educación estará basado en la desintegración educativa, en la segregación y en la burocratización e imposición. La reorganización del Capital en el nuevo ciclo de acumulación supone un moldeamiento de la subjetividad que se adaptará a las nuevas condiciones productivas de la clase trabajadora futura, y por ello, y teniendo en cuenta el papel que la educación juega en todo esto, los centros experimentan una transformación hacia la generación de alumnado que se adapte al desempleo, a la tecnificación laboral, etc. Diría, por tanto, que la transición es hacia la construcción de centros de disciplinamiento y que los partidos de la burguesía están de acuerdo con la idea de que el proletariado debe ser expulsado de la educación.

Mientras se da una devaluación de la formación –vaciando de contenido los temarios, mezclando las disciplinas, reduciendo el número de asignaturas optativas–, se eliminan los instrumentos de crítica –degradando la asignatura de Filosofía, entre otros– y se nos educa por competencias –competencia digital, emprendimiento…– y en torno a valores cívicos concretos. Además de producir una fuerza de trabajo barata y no cualificada, la educación se ha convertido en una fábrica para la elaboración de un modelo de sujeto de alumnado atomizado, conformista y obediente, y se encarga de garantizar que los alumnos y alumnas en situación más vulnerable terminen sus estudios y se incorporen al mundo laboral lo antes posible –tanto el nuevo plan de refuerzo como la supresión de convocatorias excepcionales deja bastante claro lo que estoy diciendo–. En este sentido, la estructuración de la administración educativa es una de las garantías de todo ello, y la buena voluntad del profesorado o de los padres y madres no es capaz de revertir la decadencia educativa.

El desarrollo del capitalismo ha venido acompañado de un aumento de la complejidad de las relaciones sociales capitalistas, obligando al Estado reorganizarse a ritmos iguales. Podríamos entender en ese sentido la compleja estructura interna del actual Estado burgués, no solo por el aumento cuantitativo de órganos tradicionales como los ministerios, sino por la creación de nuevos modelos: administraciones con distinto nivel de autonomía, empresas estatales con derechos privados (concertadas), instituciones creadas y disueltas para urgencias, etc. El ámbito educativo también se organiza de forma similar, con una administración general a nivel estatal, un Primero viene el Ministerio de Educación y Formación Profesional; luego estarían las comunidades autónomas con sus distintos grados de autonomía; después las administraciones educativas locales, consejos, personal de inspección, etc., que se encargan de este departamento en cada comunidad; y finalmente estarían los centros educativos.

La coordinación entre todos estos apartados se da de forma muy burocrática, con una clara falta de información y transparencia sobre leyes y criterios y se impone que pongan en marcha los cambios de manera inmediata en los centros. Además, están tecnificando la educación, la sensación de que se pasa más tiempo en la mera tramitación y papeleo que en la enseñanza es generalizada por un aumento en el número de exámenes o por cambios en los criterios de evaluación, entre otros. Es evidente que la LOMLOE también profundiza en ello: no hay más que observar la deriva de los centros educativos en este inicio de curso, impulsada por la necesidad de afrontar la complejidad de la administración educativa, un claro indicio de que el proceso de aplicación de la ley está siendo absolutamente impositivo.

Es evidente que la LOMLOE también profundiza en ello: no hay más que observar la deriva de los centros educativos en este inicio de curso, impulsada por la necesidad de afrontar la complejidad de la administración educativa, un claro indicio de que el proceso de aplicación de la ley está siendo absolutamente impositivo

El aumento de la complejidad de los aparatos e instituciones estatales conlleva un blindaje de las decisiones adoptadas por una élite que, como se ha visto, anulará las discrepancias y, desde el seno de los órganos institucionales, impedirá que la oposición avance. Mientras tanto, esta élite o burocracia política; los partidos políticos, los sindicatos mayoritarios, la patronal, diseña y pone en marcha procesos acordes con los intereses de la oligarquía que financia el Estado: el proceso de digitalización posterior al acuerdo firmado con Google, el Plan de Formación Profesional derivado de las necesidades de las empresas o la Ley Vasca de Educación que voy a desglosar seguidamente.

Lo que estoy mencionando es solo la descripción del control de la burguesía sobre la educación, y, en estos tiempos en los que se reconoce que la educación tiene una autonomía o independencia, es importante reivindicar que no es más que otra cara del capitalismo. Se ha puesto de manifiesto que el funcionamiento interno de la educación es poco democrático y no es más que una institución que satisface las necesidades productivas del Capital que funciona en función de los intereses burgueses.

En estos tiempos en los que se reconoce que la educación tiene una autonomía o independencia, es importante reivindicar que no es más que otra cara del capitalismo

Para seguir profundizando en la función impositiva de la educación conviene plantear la realidad de los centros educativos, ya que es el espacio en el que más claramente se manifiesta dicho carácter. En este proceso mediante el cual dichos centros se están conviertiendo en centros de disciplinamiento, se ha puesto de manifiesto la voluntad de que los centros educativos se conviertan en espacios sin políticas independientes, produciendo así a un alumnado educado en la obediencia y bloqueando cualquier posibilidad de alternativa. Para ello, se suprimen los marcos de debate o se castiga a los alumnos que se organizan por sí mismos.

En ese sentido, al igual que todas las esferas de la sociedad, es evidente el aumento del autoritarismo en los centros educativos, a menudo sometido a las figuras del profesorado y de la dirección, pero posibilitado por una estructura completa. Los instrumentos de control social, como la plataforma Inika, las cámaras, las violaciones de derechos y libertades como la huelga y los descansos, o los continuos intentos infantilizantes y despolitizadores son la garantía de todo ello. Es evidente que el alumnado no es reconocido como sujeto político, pero si extremamos esas tendencias, podemos hablar sobre la deshumanización del alumno o alumna: se le quita la palabra, se le educa para funcionar de forma automática o mecánica, se le capacita en la memorización de los contenidos, se le reduce el descanso y se le hace evidente la falta de tiempo libre. Por si todo eso fuera poco, como acabo de decir, el mero hecho de hacer trabajo político también es a menudo castigado.

Es evidente que el alumnado no es reconocido como sujeto político, pero si extremamos esas tendencias, podemos hablar sobre la deshumanización del alumno o alumna

Por otro lado, de la mano de las nuevas reformas, los centros de enseñanza parecen ser análogos a las estructuras empresariales. Se dotará a las direcciones de cada centro de una mayor capacidad de decisión y autonomía para que decidan sin ningún tipo de control democrático los aspectos internos de la escuela parece que se igualarán los roles del director y del empresario. Aunque lo justifican bajo la excusa de la descentralización de las decisiones (en sentido positivo) puede dar lugar a la legitimación del autoritarismo de la dirección.

Aunque no voy a entrar tanto en el ámbito universitario, para hacer una pequeña referencia, desde el momento en que forma parte del mismo proceso, este análisis le es aplicable en gran medida. Los abusos de autoridad, por ejemplo, han tomado en los últimos tiempos la forma de represión política; no hay más que recordar las detenciones del curso pasado, las multas o la presencia policial asfixiante en los campus. Sin embargo, también tendré más posibilidades de hablar con más detalle del carácter impositivo de las universidades. Por ello, y para ir finalizando, entraré en el proceso de la Ley Vasca de Educación, un antecedente importante de lo que nos espera.

La supuesta necesidad de una ley propia de la CAV llevó a que los principales partidos políticos vascos iniciaran un proceso de debate con el objetivo de construir un decreto paralelo a la ya en marcha LOMLOE. A pesar de la repercusión inicial, el impacto llegó cuando se materializó el pacto a cuatro, ya que el consenso de PSOE, PNV, Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu fue prácticamente total. Desde los primeros días tanto la desinformación como la falta de transparencia del contenido fueron sistemáticas, silenciando y relegando las quejas de diferentes sectores de la comunidad educativa.

Aunque, una vez publicado el borrador de la ley, hay quien se ha posicionado públicamente en contra de esta, el hecho de haber iniciado un proceso formal abierto para aportaciones y debate después de la publicación del borrador de ley y haberla anunciado como el pacto más democrático que haya habido nunca ha hecho que la comunidad educativa haya manifestado menos contradicciones de lo que en un principio podía tener. Y es que, aunque estas aportaciones solo las tendrán en cuenta de forma simbólica, este circo de participación les ha servido para legitimar el propio proceso, mientras que algunos sectores han sido utilizados como títeres, anulando así toda oposición. Por lo tanto, y en contra de lo que dicen, es evidente que el desarrollo de la ley ha sido totalmente antidemocrático. Habrá que valorar el escenario político que se abra cuando finalice el plazo y la ley siga intacta.

Por otro lado, hay que hablar del pacto de los cuatro partidos políticos, ya que, en esta fase de transformación de la educación, se ha llegado a un consenso, bajo la bandera del pluralismo, para regular a través de las reformas el proceso de proletarización de los espacios educativos. Desde el principio han atribuido un carácter extraordinario a la educación y han tratado de aislarlo del resto del capital, diciendo que puede ser el motor de la sociedad y tratando de vender la idea de que es obligatorio llegar a un acuerdo en el ámbito educativo –no hay más que leer el primer párrafo del borrador–. Sin embargo, este pacto no nos debe sorprender, ya que el consenso de estos políticos parlamentarios es absoluto desde que los intereses son los mismos. La pluralidad de este convenio dependerá, por tanto, de las líneas rojas marcadas por parte de la burguesía: reducir el gasto en educación, eliminar de la educación la capa estudiantil que ya no es productiva o profundizar en el disciplinamiento.

La farsa a la que tendremos que hacer frente es la ofensiva capitalista disfrazada de una transición democrática. En cualquier caso, entremos en el borrador de la Ley Vasca de Educación.

La farsa a la que tendremos que hacer frente es la ofensiva capitalista disfrazada de una transición democrática

La potencialidad de la propia Ley, con el objetivo de llevar adelante la modernización de la educación, se encuentra en el proceso mucho más que en el contenido, porque lo que dice el borrador es irrelevante. Antes que nada, da especial importancia a la gratuidad, por lo que se apuesta por no cobrar tasas en las escuelas concertadas que dependen de la administración educativa, cubriendo las partidas y regulando los rangos de matriculación. Habrá que ver si se cumple lo de las tasas; sin embargo, esta decisión se limita a profundizar en la segregación y privatización, aumentando las ayudas a las escuelas con derechos privados. En nombre de la publificación se garantiza la oferta educativa para los hijos e hijas de la clase media, y en lugar de invertir en un modelo decadente, ya excluyente pero también más accesible, se mantienen las partidas monetarias, ofreciendo una educación de baja calidad y posibilitando que los sectores más proletarizados sean expulsados de ella. La gratuidad no se garantiza únicamente con la supresión de las tasas, sino con un cambio de modelo en la producción y la distribución de los bienes, con la construcción del socialismo.

Esta decisión se limita a profundizar en la segregación y privatización, aumentando las ayudas a las escuelas con derechos privados

Por otra parte, el euskera no se ve favorecido por esta Ley que, si bien tiene por objeto la euskaldunización, está subordinada a las necesidades del mercado. Una vez reducidas las horas de euskera, la esperanza se centra en el sistema de titulaciones lingüísticas cada vez más devaluado o casi simbólico: al finalizar la educación secundaria obligatoria se nos promete que todo el alumnado tiene el nivel B2 de euskera, justificando así la disminución de las horas en euskera.

Ahora bien, como ya se ha mencionado, lo interesante de esta Ley no es atender a lo que dice, sino tomar conciencia de lo que no dice. De hecho, ni siquiera hace referencia a recortes en los servicios básicos, dificultades en las pequeñas escuelas, problema de rangos, imposibilidad de transmitir adecuadamente el contenido, etc., y ni siquiera hace referencia a otras muchas cuestiones. Además, es totalmente nula como alternativa a la LOMLOE, ya que no tiene elementos que contrapongan a esta ley que profundiza en la intervención de las empresas, en la devaluación de la formación o en la burocratización de los centros.

Todo lo anterior es lo que se nos viene encima. Se blindará la enseñanza como privilegio de unos pocos, mientras los demás tengamos que conformarnos con la miseria. Se nos irá imponiendo paso a paso, cubierta bajo la falacia de procesos participativos. Y antes de darnos cuenta, acabaremos estudiando en centros gestionados por empresas.

Se blindará la enseñanza como privilegio de unos pocos, mientras los demás tengamos que conformarnos con la miseria

Este curso y los venideros serán decisivos en este proceso de reforma, por lo que será necesario negar todas estas leyes y luchar contra los cambios concretos contrarios al proletariado, con unidad, solidaridad y alumnado autodefensivo. Es imprescindible avanzar hacia el reconocimiento del alumnado como sujeto político ante el carácter impositivo de la educación que se ha puesto de manifiesto en esta ofensiva y, en defensa del alumnado trabajador, dar pasos hacia la construcción de un modelo educativo gratuito y de calidad de interés universal.