El presente texto pretende ayudar en la comprensión del nuevo modelo de gobernabilidad que se está generalizando, donde el análisis de un Estado cada vez más autoritario ocupa el centro del tablero. A su vez, quiere ofrecer algunos apuntes a tener en cuenta para abordar la lucha por los derechos civiles y políticos. Vamos allá.

Mutación de la forma estado: del viejo Estado Social de Derecho al nuevo Estado Autoritario

La función esencial del Estado, por lo menos a partir de que el modo de producción capitalista se hiciese hegemónico, ha sido poner las condiciones necesarias para que la dinámica de acumulación funcione correctamente. No podemos entender el Estado como una superestructura autónoma a las relaciones económicas, como si fuera un agente completamente independiente, con intereses esencialmente distintos a las fuerzas económicas. El Estado capitalista ha sido históricamente la forma política de dominación de los grandes capitales, el encargado de limar las tensiones creadas por un sistema económico fundamentalmente competitivo y destructivo. No obstante, la manera en la que el Estado ha participado en la constitución de un ordenamiento jurídico y social propicio para el desarrollo económico ha variado históricamente. Por tanto, debemos abordar la tarea de analizar la forma concreta que adopta el Estado en cada fase histórica del modo de producción capitalista, identificando los factores estructurales que lo empujan a ello en cada caso. Nosotros aquí pondremos la mirada en un punto en concreto: en la intersección entre la descomposición de un modelo paradigmático y la tendencia hacia la aparición de uno nuevo (por lo menos en los países occidentales). El primero es el que empieza a brotar en el periodo de entreguerras, se despliega en los años dorados y comienza a agotarse en la década de los 70 con el advenimiento del neoliberalismo. Aquí le haremos referencia como Estado Social de Derecho. El segundo es el que va configurándose desde el agotamiento del primero hasta el día de hoy, y en este texto lo denominaremos Estado Autoritario.

El Estado Social de Derecho se construyó sobre la base de un desarrollo económico ascendente, donde la producción en masa posibilitaba la extensión del bienestar y el consumo a gran parte de la población. Sobraba trabajo, y el Estado disponía de una amplia clase media a la que confiscar parte de su salario con una fuerte imposición fiscal. Eran tiempos en los que sí se podía hablar de Política Económica Nacional, porque el Estado poseía una soberanía real para administrar de una manera u otra la riqueza que recaudaba. Sobre esa base es como se pudo, entre otras cosas, ampliar el sistema de protección social o impulsar al alza los salarios para grandes capas de la clase trabajadora.

Junto a ello, en aquella época fue conveniente para la burguesía defender la legitimidad de la democracia, presentándola como la alternativa lógica para la superación histórica de los "totalitarismos" fascistas y comunistas. Es así como se proclamó la importancia de fortalecer el Estado de Derecho para salvaguardar aquellos derechos fundamentales que fueron pisoteados en aquel periodo atravesado por la guerra. Sin embargo, no debemos obviar la profunda influencia que tuvo la existencia del comunismo en todo esto: el mando capitalista no promovió el Estado de Derecho por su compromiso con valores humanistas o criterios de justicia, sino como táctica para neutralizar las grandes fuerzas comunistas integrándolas en el Estado por la vía democrática.

Sin embargo, con las trasformaciones estructurales que se iniciaron en la década de los 70, los factores fundamentales que impulsaron la constitución del Estado Social de Derecho comienzan a desaparecer, abriendo paso a una tendencia que llega hasta nuestros días y a la que nos referiremos como deriva autoritaria del Estado. Entre los factores que llevan a ello destacamos principalmente dos:

El Estado Social se hace imposible. El Estado pierde soberanía política y presupuestaria ante un capital financiero internacional cada vez más concentrado y poderoso. De ser inversor pasa a ser deudor, dependiendo completamente de los programas económicos que las oligarquías financieras le imponen. Pierde así poder de mando sobre su territorio, convirtiéndose en una especie de correa de transmisión, cuya función es administrar el pago de una deuda infinita, a costa del progresivo disciplinamiento y empobrecimiento de la clase trabajadora.

El Estado de Derecho se hace innecesario. Con la definitiva integración de las organizaciones políticas y sindicales del proletariado, el Capital ya no encuentra ninguna oposición a la que dar explicaciones o hacer concesiones. Efectivamente, a pesar de haber sostenido durante décadas la apariencia de una agencia neutral, que representa el interés general del pueblo, estamos viendo cómo el Estado se está quitando la careta democrática y se presenta como lo que realmente es: el aparato político para la dictadura de clase del Capital.

La deriva autoritaria del estado

Como se decía al inicio, la función esencial del Estado es salvaguardar el orden social. Pero esto es algo que resulta cada vez más difícil en una coyuntura en la que las expectativas de beneficio se desmoronan. La crisis de acumulación avanza, y está intensificando tanto el conflicto geopolítico fuera como la inestabilidad social dentro, obligando al Estado a crear un nuevo ordenamiento constitucional y represivo para contener la situación. Hoy profundizaremos en tres bloques: la reorganización de las instancias de poder estatales, el fortalecimiento de la maquinaria militar y la modernización de los mecanismos de control social y represión contra el proletariado.

Reorganización de las instancias de poder estatales

Las instancias de poder de los gobiernos se están reestructurando. Vemos cómo el equilibrio de poderes, uno de los fundamentos del Estado de derecho moderno, se resquebraja por momentos. El poder estatal necesita una nueva estructura para contener las crisis sociales, políticas e imperialistas que vienen, un nuevo modelo en el que se vacía de contenido el poder judicial, hasta el punto de convertir su existencia casi en testimonial, mientras que se concentra el poder de mando en el ejecutivo para gobernar la excepcionalidad.

Respecto al primer punto, no tenemos más que echar un ojo a las medidas adoptadas en la pandemia para ilustrarlo. El gobierno español decreta un estado de alarma, una medida excepcional que nos somete a confinamientos domiciliarios, a toques de queda, a la presencia de militares en nuestras calles, etc. Pues bien, meses después de que el gobierno central suspendiera una serie de derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional declara ilegales las medidas adoptadas, y sin embargo, no ha habido absolutamente ninguna consecuencia legal para los poderes públicos que las impusieron. Y eso pasa porque realmente no existe la independencia del poder judicial, no tiene sitio en la cadena de mando del Estado Autoritario. Un poder autónomo que salvaguarde los fundamentos constitucionales actuales y que, en consecuencia, supervise la legitimidad de lo que hace y deja de hacer el poder ejecutivo, se convierte en un lastre para este último a la hora de crear un nuevo ordenamiento constitucional que necesitará desprenderse de varios de los derechos fundamentales recogidos hasta ahora. En definitiva, vienen tiempos difíciles, y los gobiernos tienen que tener vía libre para garantizar la seguridad nacional e implementar las transformaciones que requiere el nuevo ciclo de acumulación a cualquier precio. En ese sentido, la existencia del poder judicial es testimonial y solo sirve para mantener el velo democrático, la apariencia de que sigue existiendo un Derecho que contenga desviaciones autoritarias y crímenes de estado.

Respecto al segundo punto, la reciente reforma de la Ley de Seguridad Nacional es uno de los mejores ejemplos para ilustrar cómo el ejecutivo tiene cada vez más poder para comandar directamente en momentos de excepcionalidad. Lo que esta nueva reforma implica es la centralización de recursos para la seguridad bajo el mando del Consejo de Seguridad Nacional (como los cuerpos de seguridad privados y las policías autonómicas, por ejemplo), dándole a este órgano directamente la competencia de activar planes tácticos en la gestión de esos recursos. En la misma dirección, vemos que cada vez es más recurrente que el ejecutivo adopte medidas importantes sin trámite parlamentario alguno, tal y como estamos viendo con el envío de armamento pesado a Ucrania.

Cabe añadir que todo lo expuesto hasta ahora nos puede llevar al error de pensar que estamos ante un Estado que está replegándose, como recuperando la soberanía nacional perdida en las últimas décadas. Y no es así. Los estados nacionales como España o Francia no hacen más que acatar los programas estratégicos de la Unión Europea y la OTAN en materia de seguridad, orden público y política exterior. Es más, la reorganización de las instancias de poder estatales permite que se puedan ejecutar los planes de la oligarquía financiera de manera ágil, efectiva y sin impedimentos. Esto, que será probablemente materia de un artículo aparte, lo vemos claramente con la carrera militarista impuesta por la OTAN.

Fortalecimiento de la maquinaria militar y crisis bélica

Esta época marcada por la agudización de la crisis de acumulación capitalista está caracterizada, en lo que se refiere a la competencia capitalista internacional, por un rearme de estructuras militares para la disputa por el control de los recursos y los mercados entre diferentes bloques de intereses. Cuando los medios que se emplean cada vez con mayor virulencia (guerra comercial, aranceles, embargos, etc.) no son suficientes para asegurar la ganancia de los diferentes bloques oligárquicos, la escalada bélica se hace inevitable. Es decir, en este momento de reflujo económico se acentúan los conflictos bélicos y recobra vigencia la vieja cita de Clausewitz que indica cómo "la guerra es la continuación de la política por otros medios".

Basta con echar un vistazo al crecimiento vertiginoso anual del gasto militar mundial para darse cuenta de que los diferentes bloques se están preparando para la guerra a gran escala. El gasto militar mundial superó por primera vez en la historia en 2021 (antes de la escalada en Ucrania) los dos billones de dólares anuales. Un gasto que año tras año no para de crecer. De ese gasto total el conjunto de los países de la OTAN representó el 50% y solo Estados Unidos el 38% (801.000 millones de dólares). Sus máximos competidores China y Rusia representaron el 13,8% y el 3,1% respectivamente. Aunque los demás actores quedan lejos de los anteriores, cabe destacar que el gasto ha aumentado considerablemente a lo largo y ancho de todo el globo. Por ejemplo, en el estado español, con el gobierno dirigido por PSOE y Unidas Podemos, el gasto militar ha aumentado exponencialmente; representando hoy, el 2,17% del PIB y sobrepasando holgadamente las exigencias de la OTAN de cumplir con el gasto del 2%.

Con lo que respecta a la Unión Europea, lo más destacable es la creciente cooperación entre los países miembros. Esta cooperación se ha acelerado especialmente desde la salida del Reino Unido de la UE. Los países están desarrollando diferentes capacidades conjuntas, poniendo en marcha mecanismos para la definición de estrategias, fondos específicos destinados a la infraestructura y la industria militar, y la financiación de intervenciones directas e indirectas, como vemos en el caso de la guerra en Ucrania. Por tanto, están profundizando su colaboración de cara a un rearme general y un desarrollo de la autonomía militar de la Unión Europea.

Cabe mencionar aquí que en ningún momento ningún país miembro de la UE ha cuestionado la subordinación a la OTAN y a los intereses de los Estados Unidos. Es más, en la Brújula Estratégica (el primer documento de estrategia bélica de la UE, aprobado en marzo de 2022) se aboga por estrechar los lazos con la Alianza Atlántica.

En fin, estamos ante una escalada bélica global que marcará la coyuntura política europea durante los próximos años.

Mecanismos de control social y represión contra el proletariado

Antes de nada, debemos subrayar que a diferencia de la amenaza exterior bélica, el proletariado es para el Estado una potencial amenaza interna que no puede suprimir. Necesita de él, y no solo como mero productor, como sucedía con las clases semiesclavizadas en la época precapitalista, sino también como consumidor, como agente económico. Por eso, el sistema capitalista contemporáneo está estructuralmente obligado a mantener un mínimo campo de derechos civiles y económicos para que la reproducción del Capital se desenvuelva con normalidad. Efectivamente, el arte de la gobernabilidad moderna consiste principalmente en desarrollar mecanismos para disciplinar y contener al proletariado dentro de las reglas del juego, pero sin exterminarlo.

Que conste que no vamos a desarrollar un análisis de los mecanismos disciplinarios en su conjunto. El estudio sobre el conjunto del nuevo modelo para la gestión de la pobreza trasciende nuestro marco de análisis. No hablaremos por lo tanto ni de los subsidios para pobres bajo chantaje estatal, ni de la creciente medicalización en las zonas proletarizadas, ni de la generalización del entretenimiento gratuito mediante plataformas virtuales que modulan nuestra conducta.

Lo que nos interesa aquí es centrarnos en un aspecto concreto de dicho proceso de disciplinamiento: el relato securitario y criminalizador, que prepara el terreno para el endurecimiento de los mecanismos de control social y represión. Veámoslo.

Criminalización de la pobreza y la seguridad como razón de Estado

Una sociedad que no ofrece seguridad, es una sociedad fallida. La seguridad es uno de los presupuestos para que el Estado no se adentre en una crisis de legitimidad. Si no se es capaz de garantizar las condiciones mínimas para que la gente realice sus expectativas vitales, y si la población se ve inmersa en un mar de incertidumbre y riesgo, el modelo social que lo ha llevado a ello será cuestionado. Pero como señalábamos antes, la crisis está intensificando los conflictos geopolíticos y la pobreza, lo que desemboca en una inestabilidad e inseguridad social que nos remontan a tiempos que parecían superados. Ante ello, ante la imposibilidad de erradicar realmente las causas, el Estado está optando por una salida policial y punitiva para recomponer su autoridad simbólica: se presenta como un Estado fuerte, de mano dura, que no tendrá piedad para castigar con firmeza a cualquier amenaza contra la seguridad ciudadana y el orden público.

Y es precisamente en la construcción simbólica del "enemigo común" donde el Estado encuentra el asidero perfecto para desplazar el foco de las causas reales de la inseguridad y justificar el endurecimiento de los aparatos represivos. No son pocos los casos en los que el Estado construye figuras estigmatizadas criminalizando algunos sectores de la población proletarizada: el toxicómano de los 80, el inmigrante, el okupa... Hace de ellos cabezas de turco con los que justificar la aplicación de políticas anti-proletarias disfrazadas de anti-criminales. También podríamos enmarcar aquí, aunque respetando las distancias, las políticas anti-terroristas que se implantaron por todo el mundo a raíz del 11-S, con las cuales aumentaron los mecanismos de control y represión que al final acabaron empleándose contra la clase trabajadora.

Cabe mencionar que estas condiciones suponen el caldo de cultivo idóneo para el auge del fascismo que impulsa un nuevo pacto social contra el proletariado y alimenta la deriva autoritaria del Estado. El fascismo cumple un papel importante a la hora de definir el "enemigo común" y de conseguir adhesión sobre las medidas autoritarias del Estado entre las masas. Para ello, refuerza la idea de la comunidad nacional y define quién es parte de ella y quién no a través de criterios étnicos y culturales. De esa manera, señalan y criminalizan a las minorías oprimidas, al inmigrante y a las expresiones políticas independientes que organizan la potencia del proletariado.

Pues bien, ya va siendo hora de confrontar la criminalización de la pobreza y desmontar el relato que presenta a la víctima como verdugo. Por un lado, tenemos que combatir la moralización de la delincuencia: aunque los índices de criminalidad oficiales estén ligados a los sectores más golpeados, hay que señalar que la pobreza no es una elección, sino una condición social que empuja a grandes capas de la población a realizar prácticas delictivas para poder sobrevivir. Quien vea que en robar comida, ocupar una vivienda o saltar una valla, hay una decisión ética tomada libremente, tiene un claro déficit de humanidad.

Por otro lado, es fundamental demostrar que la correlación directa entre los índices de criminalidad y el fortalecimiento del aparato represivo del Estado no es como nos la presentan. Ha sido la propia academia "progresista", con la sociología del castigo de Waqcuant a la cabeza, quien ha ofrecido evidencias empíricas más que suficientes para desmontar el falso binomio crimen-castigo. Como ejemplo paradigmático tenemos el caso de los E.E.U.U, donde entre 1970 y 2010, mientras el índice de criminalidad se mantenía estable (incluso descendía ligeramente), el número de presos se multiplicó por ocho y se extendió todo el aparato represivo. Algo parecido podemos decir del caso español, en el que como señala Ignacio González, "a día de hoy tenemos más policías y más presos que hace cincuenta años, y un código penal más duro que el existente cuando Franco murió. No obstante, la delincuencia lleva tres décadas sin aumentar (desde finales de los 80), mientras que la mayoría del endurecimiento del sistema penal ha sido posterior a su estabilización. No parece, entonces, que el desarrollo de la política criminal se explique como una respuesta a la delincuencia, o al menos, no solo eso".

En pocas palabras, el marco teórico de la criminología hegemónica es erróneo de partida. Para analizar desde un punto de vista la modernización de los mecanismos de control social y represión hay que partir desde la base de la crítica de la economía política, como lo hicieron los pioneros de la Economía Política del Castigo, Rusche y Kirchheimer, en Pena y Estructura Social, o sus seguidores italianos Melossi y Pavarini en Cárcel y Fábrica. Entre otras cosas, lo que estos autores ponen de relieve es la importancia de descifrar las articulaciones entre categorías económicas y punitivas, pues según ellos esa sería la única vía para dar una explicación sólida a cuestiones como cuál es el papel que juega el Ejército Industrial de Reserva en la evolución del sistema penitenciario; y viceversa, la función que cumple la cárcel en la producción y modulación histórica de la fuerza de trabajo. En resumen, es partiendo desde esta base analítica como se puede dar una explicación a la forma que adoptan los mecanismos de control y represión en cada ciclo de acumulación. A continuación, esbozaremos algunas claves generales al respecto, pero de forma esquemática, pues el siguiente apartado será objeto de un artículo aparte.

Algunos apuntes sobre la direccionalidad de los nuevos mecanismos de control social y represión

Hipótesis 1: de disciplinar la carencia a contener la excedencia

La génesis histórica de la policía y la cárcel vienen de la mano del capitalismo, y su función esencial no ha sido simplemente contener la delincuencia en las nuevas urbes, sino producir un nuevo orden, disciplinar una nueva clase social de desposeídos para integrarla al nuevo régimen de trabajo asalariado industrial. Todo ello, en mitad de un proceso de industrialización acelerada que generaba una alta demanda de fuerza de trabajo. Ahora, en cambio, en una sociedad en la que el trabajo ha perdido centralidad y el proletariado es expulsado del proceso productivo, el carácter correccional o, si se quiere, reintegrador de la penalidad deja paso a un modelo basado en el control social total para mantener a raya a un sector social estructuralmente excluido de la sociedad.

Hipótesis 2: el giro preventivo

La teoría de la elección racional de Cornish y Clarke sostiene que las personas que cometen delitos deciden realizar esas acciones basándose en un juicio racional. Según ellos, el principal condicionante para elegir si cometer un delito o no, es la evaluación de riesgo/ beneficios. Pues bien, parece que la construcción del nuevo Panóptico, formado por el trinomio tecnologías digitales de control, policía social y sociedad policial, viene a revertir la relación entre riesgos/beneficios, ubicando obstáculos de vigilancia y control que tienden a impedir la realización de comportamientos conflictivos o criminales. Huelga decir que esto también cumple una clara función civilizadora, como se ve con el ya más avanzado crédito social chino, por ejemplo. De todas formas, este giro preventivo no implica una relajación de los mecanismos de coerción directa, es más, la tendencia apunta a una policía cada vez más armada y especializada.

Hipótesis 3: el territorio como cárcel, o la extensión de la cárcel al territorio

En los últimos años el índice de criminalidad y el número de presos están disminuyendo progresivamente, lo que supone un problema argumentativo para quienes planteamos la existencia de una deriva autoritaria del Estado. Pues bien, uno de los principales motivos que puede explicar su por qué es lo que se puede denominar como la extensión de la cárcel al territorio. Estamos pasando de un encierro penitenciario a uno social, donde el pobre está atrapado bajo la disciplina chantajista de los subsidios estatales, medicalizado con tranquilizantes y amedrentado por el omnipotente aparato de control y represión modernizado. Además, a esto hay que sumarle la redistribución de la cartografía urbana, donde el centro de la ciudad se convierte en un parque de atracciones para ricos, mientras que los pobres son expulsados a la periferia donde sobreviven a duras penas en barrios proletarizados con alto despliegue policial, incluso con normativas punitivas ad hoc para la intensificación del control sobre grupos peligrosos o "zonas tensionadas".

Apuntes sobre los objetos de la represión

Es conveniente distinguir, en líneas generales, tres niveles en los que se aplica la represión; es decir, lo que se busca contener o en algunos casos suprimir es lo siguiente:

1) Las alternativas a los circuitos de reproducción salarial (directo o indirecto). Cuando el salario se contrae, aumenta la probabilidad de que el proletariado tienda a la expropiación directa o a la búsqueda de otras vías alternativas para sobrevivir. Pero el Capital tiene que imponer la pobreza, suprimiendo cualquier opción que se salga de los márgenes establecidos. En este aspecto se enmarca el endurecimiento de las medidas para prevenir los delitos contra la propiedad. La ofensiva contra la ocupación o la ley contra los pequeños hurtos vienen a apuntalar el principio penal de la menor elegibilidad: avisando al proletariado de que, aunque dentro del trabajo asalariado o los subsidios estatales las condiciones de vida sean una mierda, fuera de esos circuitos de reproducción solo encontrará chabolismo o cárcel.

2) La protesta social. En los últimos años estamos viviendo graves recortes en derechos y libertades para asimilar y silenciar el descontento social. Un nuevo entramado jurídico se abre paso para disuadir a la gente de participar en actos de protesta. La Ley Mordaza que el gobierno más progresista de la historia prometió derogar y la reciente reforma del código penal, que endurece el delito de desórdenes públicos como arma para reprimir manifestaciones, son muestra de ello.

3) La organización política independiente. La doble vara de medir del Estado es evidente: financiación, derechos y libertades para los partidos políticos integrados en su seno; y estrategia de acoso y derribo contra las organizaciones independientes del proletariado. La vulneración de derechos fundamentales y la represión más cruda no son la excepción sino la norma para organizaciones independientes que seguimos teniendo que hacer frente a la peor cara del Estado. Ejemplo de ello son los 34 estudiantes detenidos en la huelga estudiantil del pasado año o los 70.000 euros en multas al Sindicato de Vivienda de Gasteiz por hacer frente a un desahucio.

La lucha por las condiciones de lucha: los derechos políticos

La lucha por los derechos políticos no se limita al estrecho marco de los derechos jurídicos recogidos por la ley. A diferencia de lo que propone la socialdemocracia, la cuestión no se reduce a "defender" los derechos fundamentales reconocidos por el Estado, sino de expandir progresivamente el conjunto de las condiciones para desarrollar la actividad política independiente del proletariado. Ya sea bajo el reconocimiento legal, ya sea bajo un régimen de permisividad, la cuestión de fondo reside en que la correlación de fuerzas corra de nuestro lado, y en que tengamos la capacidad efectiva de imponer las condiciones necesarias para desenvolver nuestra actividad política. Esta perspectiva es la que nos permite subrayar que la fuente del derecho no es el estado capitalista, sino el propio socialismo, que va haciendo avanzar la correlación de fuerzas y conquistando el control sobre cada vez más condiciones de libertad.

Así es como se articula un marco de acción política más amplio que comprenda y conecte algunas luchas aparentemente desvinculadas. Por un lado, debemos defender los derechos fundamentales para la organización y la protesta, como son el derecho a la intimidad, el derecho a la reunión y la manifestación, o el derecho a expresar y expandir libremente las ideas comunistas. Junto a ello, debemos avanzar en el control sobre la calle, fortaleciendo entre otras cosas la lucha antifascista para mantener a raya a grupos reaccionarios que amedrentan a la juventud militante; así como seguir expandiendo los espacios de control proletario, al calor de los cuales han crecido históricamente varias expresiones revolucionarias. En definitiva, la lucha por las condiciones de lucha debe comprender el conjunto de condiciones que articulan un espacio de posibilidad para el libre desarrollo de la organización comunista. Porque de eso se trata: de edificar una barrera, un campo protector ante la ofensiva comandada por la oligarquía internacional y administrada por los estados contra los derechos políticos del proletariado. Todo ello, claro está, debe ir orientado por un programa que defienda desde el principio tanto la amnistía total como el derecho a derrocar este sistema injusto y reemplazarlo por una sociedad fundamentada sobre la libertad universal.

Ya sabemos que la justicia burguesa es ciega y que su balanza siempre cae del mismo lado. Pero todavía estamos a tiempo de instituir un contrapeso que la haga caer del nuestro. Antes de que su espada nos haga pedazos y sea demasiado tarde.