El 9 de abril se aprobaba en el Congreso de Diputados la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de más de 390.000 personas inmigrantes. Es el inicio del fin de un largo camino emprendido por más de 900 organizaciones que tras dos años en pie de lucha, han conseguido 612.275 firmas. Lo curioso aquí es que todos los partidos políticos –a excepción de VOX– votaran a favor y que, durante la sesión parlamentaria, llenaran de elogios la dinámica, por ser lo que consideraban un ejemplo magnífico de participación democrática. Mucho me temo que, en este caso también, atestiguaremos un buen ejemplo de la farsa que es la democracia burguesa.
Por un lado, pese a los esfuerzos de estas organizaciones, el desenlace real de la ILP está en manos de unos partidos políticos que, ya han reconocido, harán todo lo posible para sepultar bajo ingentes cantidades de criterios y burocracia la hipotética posibilidad de que esta regularización pudiera aplicarse de forma amplia. Destacan el PSOE, el PNV y el PP, que pese a haber votado a favor, se apresuraron en dejar claro que presentarían enmiendas.
Por otro lado, la regulación puntual de personas de origen extranjero en el Estado español, debe leerse a la luz de un contexto más amplio. En primer lugar, debe valorarse bajo qué perspectiva se está aceptando dicha regularización. La gran mayoría de partidos políticos, lejos de presentarlo como una cuestión básica de derechos humanos o de justicia histórica con los pueblos oprimidos y explotados por el centro imperialista, entienden la regularización como forma de incorporación de la mano de obra extranjera. Se trataría de una especie de reconocimiento en base al aporte que cada persona habría hecho a la sociedad del trabajo. Las declaraciones en este sentido son numerosas. Nuñez Feijoó (PP) reconocía ser "sensible con los que trabajan en España y no tienen papeles". Patxi López (PSOE) sentenciaba que "no se trata ni de barra libre ni de cerrar fronteras. Se trata de saber que un país como el nuestro necesita y va a necesitar muchísimos miles de inmigrantes, incluso para poder sostener su propio tejido, pero hay que hacerlo de manera razonable e inteligente". Por su parte, Mikel Legarda (PNV) se posicionaba a favor de la regulación "en reconocimiento y respeto de la labor de toda la ciudadanía que ha trabajado por ella", pero advertía que debían vincularse "los procesos de regularización extraordinaria a la incorporación del mercado laboral". Regularización sí, pero controlada de forma que el mercado laboral pueda absorber la mano de obra barata que necesite, y el resto hor konpon! Mano de obra que seguirá estando en condiciones de semi-esclavitud, amparada por la Ley de Extranjería o por la legislación para las trabajadoras del hogar, entre otras.
En segundo lugar, este tipo de medidas deben ponerse en relación con el contexto europeo y con las reformas que se están llevando a cabo en materia de inmigración. La portavoz de Sumar, Gala Pin, decía paradójicamente que "en un momento en que cada vez se cree menos en las instituciones, […] a un día de la votación del pacto racista migratorio europeo, la votación de hoy cobra un mayor simbolismo". Un símbolo es, pero de la hipocresía de los políticos profesionales y de la incapacidad de cambiar el rumbo general desde ninguna institución. Y es que, al día siguiente de la votación de la ILP, el Parlamento Europeo daba luz verde a la nueva legislación sobre migración y asilo, que unifica las políticas migratorias endureciendo las condiciones de entrada y de devolución. Aquello que parecían delirios de la ultraderechista Meloni o las locas ideas del británico Sunak para encarcelar a inmigrantes en un barco o deportar a miles a Ruanda, parece ser el rumbo general de nuestra vieja Europa. Y el consenso es amplio, de hecho, el propio PSOE ha participado activamente en la creación de esta nueva legislación. Más aún, recientemente hemos sabido de la intención del gobierno del PSOE-Sumar de construir un CIE en el islote de Alborán, un islote de poco más de 600 metros de longitud, situado entre la costa de Almería y el cabo de Tres Forcas en Marruecos.
La condena es doble: muerte, destierro y tortura en las fronteras nacionales y esclavitud dentro de ellas. Absorber la mano de obra esclava necesaria para mantener el sistema productivo europeo en condiciones rentables, y devolver el sobrante. Este es el reino de la civilización europea.
