Siendo consciente de las implicaciones políticas de sus hechos, EH Bildu decide guardar silencio. Se ha denunciado en decenas de lugares de Euskal Herria la represión ejercida por parte de dicho partido político contra del Movimiento Socialista –le quiere poner una sanción de 3000 €–. Guarda el silencio de haber hecho uso de la legalidad burguesa para intentar ahogar un movimiento político, de haberle negado el derecho a poner su txosna y haber integrado y asimilado un movimiento en los aparatos del estado. Aparte de eso, se han podido ver otros comportamientos parecidos a aquellos que ciertos partidos políticos han utilizado durante décadas para asfixiar movimientos políticos, como son el uso interesado de las instituciones y recursos públicos, evitar o tergiversar el debate político, o el uso de la demagogia barata o las instituciones para aislar, silenciar y ahogar un movimiento. Sin embargo, este reciente hecho conlleva otro tipo de implicaciones.
Hemos señalado repetidamente las funciones y riesgos políticos de la socialdemocracia, y los acontecimientos de Hernani no han hecho sino reforzar esas críticas. Ha quedado claro, por un lado, la función contrarrevolucionaria que desempeña la socialdemocracia y, por otro, que ésta no hace más que reforzar el Estado y sus instituciones. La legalidad burguesa ha sido siempre un obstáculo efectivo para los movimientos que se organizan con independencia política, y también un impedimento absoluto para que el proletariado adquiera cuotas de poder. Por ello, normalizar que los partidos de izquierda amenacen mediante la represión hay que ser interpretado como un obstáculo real para una labor revolucionaria, como un peligroso precedente para quienes nos organizamos de forma independiente a las instituciones. Criminalizar la desobediencia política es prohibir la política revolucionaria, porque la demolición de la sociedad capitalista exige necesariamente una organización y actuación fuera del marco legal burgués. Además, la privación de recursos de la militancia política apelando a un marco legal que tiene cierta legitimidad cultural en el seno del sistema capitalista hace reforzar la ideología contrarrevolucionaria. En efecto, refuerza la idea de que la única política legítima es la actuación de movimientos con apoyo institucional, lo que automáticamente deja fuera la política proletaria.
Ahora que los derechos políticos del proletariado están siendo erradicados, este tipo de comportamientos no hacen más que alimentar este contexto. Por ello, EH Bildu, como partido político de nivel nacional, debería asumir la responsabilidad que le corresponde ante estos hechos, tomar conciencia del peligroso escenario que abren las decisiones adoptadas y suspender cuanto antes este tipo de prácticas.
