A su llegada a Barcelona, el 5 de agosto de 1936, el observador Franz Borkenau describió cómo el doble régimen entre la administración ordinaria y los comités con el que se había topado en la frontera existía también en la capital. Tras su paso por València y Levante, anotaría en su diario que en Barcelona se hablaba de València como de “la ciudad en la que los trabajadores están en el poder” y que parecía existir en Levante “una especie de dictadura del proletariado local”.
Ante el golpe de Estado de julio de 1936, los sindicatos y fuerzas obreras se movilizaron bajo el lema de “armas para el pueblo”. A pesar de que inicialmente se negaran, la presión popular y el fracaso de las negociaciones obligaron a las autoridades republicanas a autorizar el reparto de armamento. Frente a la pasividad inicial del Gobierno del Frente Popular, los trabajadores mal pertrechados asaltaron los cuarteles sublevados y consiguieron frenar la insurrección en algunos de los principales núcleos de población. Los conspiradores, subestimando la resistencia de las clases populares, concibieron la sublevación como un pronunciamiento militar al estilo decimonónico; es decir, una toma del poder rápida. El golpe, como tal, fracasó parcialmente en una parte significativa del territorio, ya que la insurrección no triunfó de forma generalizada. El territorio quedó dividido en dos zonas enfrentadas. En las regiones en manos de los sublevados se desató una violencia desenfrenada con un marcado carácter de clase. En los territorios en los que fueron vencidas las fuerzas rebeldes, el Gobierno republicano coexistió con comités revolucionarios populares, milicias obreras, sindicatos y organizaciones populares en las que el proletariado organizado asumió un papel muy activo. Este proceso puso en evidencia la rápida descomposición del poder estatal y la transformación del golpe en guerra abierta. Paradójicamente, la sublevación agudizó la lucha de clases y aceleró la revolución social que pretendía contener. Aprovechando la desorganización del poder central y la huida de los propietarios de empresas y terratenientes en las zonas en las que el golpe había sido aplastado, trabajadores y campesinos pasaron a ocupar un lugar central en la vida económica y social.
Tras el golpe de Estado, el territorio quedó dividido en dos zonas enfrentadas. En las regiones en manos de los sublevados se desató una violencia desenfrenada con un marcado carácter de clase. En los territorios en los que fueron vencidas las fuerzas rebeldes, el Gobierno republicano coexistió con comités revolucionarios populares, milicias obreras, sindicatos y organizaciones populares en las que el proletariado organizado asumió un papel muy activo
En vísperas de la Guerra Civil, los principales sindicatos de clase gozaban de un gran arraigo entre obreros y campesinos, y agrupaban a millones de trabajadores. Con una larga tradición organizativa, eran considerados por amplios sectores de la clase trabajadora como sus instrumentos naturales de representación. Entre las principales fuerzas obreras y revolucionarias, la UGT, la CNT-FAI, el PCE y el POUM tuvieron una influencia decisiva en la guerra y la revolución social. Los dos sindicatos mayoritarios desde 1931, la UGT y la CNT, mantuvieron su predominio durante los meses inmediatos a la insurrección. La división del socialismo entre los seguidores de Indalecio Prieto y los de Francisco Largo Caballero dificultó la articulación de una estrategia común y afectó también a las relaciones con la dirección de la UGT, aunque en muchos ámbitos persistieron dinámicas unitarias entre las bases obreras de la CNT y la UGT. A partir de 1938, en un contexto de creciente desgaste militar y desmoralización en la retaguardia republicana, el Gobierno del socialista Juan Negrín impulsó diversas iniciativas destinadas a reforzar la resistencia. Entre ellas destacó el intento de aproximación entre la UGT y la CNT mediante la creación del Comité Nacional de Enlace UGT-CNT. Sin embargo, pese a los avances alcanzados, el proyecto no llegó a culminar en una unificación sindical efectiva.
Principales organizaciones obreras en 1936
El complejo sistema de alianzas y rivalidades entre organizaciones obreras y partidos políticos condicionó tanto la respuesta al golpe, como la evolución del conflicto. Para facilitar la comprensión de este proceso, es necesario realizar un breve recorrido a modo de glosario por las principales organizaciones obreras de la época:
La UGT (Unión General de Trabajadores), organización sindical vinculada históricamente al PSOE, rebasó el millón de afiliados durante el periodo republicano. Durante la Guerra Civil, tuvo un papel decisivo tanto en el frente, como en la retaguardia. Muchos de sus militantes se pusieron al frente de empresas e industrias colectivizadas. A lo largo de la guerra, se produjeron tensiones entre el ala más revolucionaria y quienes priorizaron el esfuerzo bélico sobre la transformación social.
El movimiento anarquista se articuló en torno a dos organizaciones. Por un lado, la CNT (Confederación Nacional del Trabajo), que contaba con alrededor de un millón y medio de afiliados, y por otro, la FAI (Federación Anarquista Ibérica), cuyo objetivo era garantizar la orientación revolucionaria del movimiento e influir en la CNT. Ni la CNT ni la FAI se integraron en el Frente Popular, ya que rechazaban el Estado y la participación en Gobiernos burgueses. Como respuesta al golpe de julio de 1936, movilizaron milicias propias que desempeñaron un papel decisivo durante los primeros meses de la contienda.
El PCE (Partido Comunista de España) llegó a la proclamación de la Segunda República profundamente desorganizado y con apenas unos cientos de militantes. Frente al arraigo de las organizaciones sindicales socialistas y cenetistas, su papel en la Segunda República fue muy limitado, aunque durante la Guerra Civil incrementó notablemente su influencia política y organizativa. Los orígenes de las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas (MAOC), vinculadas al PCE y formadas por obreros y campesinos, se remontan a 1933. Tras su desarticulación a raíz de la represión que siguió a la Revolución de Octubre de 1934, fueron reorganizadas nuevamente a comienzos de 1936. Constituyeron el núcleo de algunos de los primeros grupos de milicias comunistas que sirvieron de base para la formación de varias unidades del Quinto Regimiento, considerado uno de los principales embriones del Ejército Popular de la República.
Finalmente, el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), dirigido por Andreu Nin, crítico con la influencia soviética y fundado en 1935, aglutinaba dos organizaciones comunistas minoritarias: el Bloc Obrer i Camperol (BOC) y la Izquierda Comunista de España (ICE). Su influencia se concentró principalmente en Catalunya y el frente de Aragón, donde organizó sus propias milicias.
A este entramado organizativo se sumaron las organizaciones juveniles y femeninas. En el ámbito juvenil, destacó la Juventud Socialista Unificada (JSU), que nació en marzo de 1936 como resultado de la fusión de las juventudes socialistas y comunistas. Las organizaciones de mujeres se volcaron en la movilización femenina, el apoyo sanitario al frente y la incorporación en todos los sectores de producción. Entre estas organizaciones destacaron la Unión de Muchachas, impulsada por la JSU, la Agrupación de Mujeres Antifascistas (AMA), vinculada al PCE, y la anarcosindicalista Mujeres Libres, que se enfocó en la emancipación femenina y puso en marcha iniciativas tales como los liberatorios de la prostitución.
Papel de las organizaciones obreras
En muchas zonas en las que no triunfó la sublevación, el aparato del Estado republicano quedó totalmente desbordado. Ante esta situación de descontrol, las organizaciones obreras y sindicales impulsaron la formación de comités con el fin de organizar la resistencia ante el avance de los golpistas. La emergencia de los poderes locales no puede entenderse como una reacción espontánea, sino como una reconfiguración acelerada de la autoridad política. Sus funciones incluían la organización de milicias armadas, la vigilancia de barrios y carreteras, el abastecimiento y control de transportes y la neutralización de la amenaza quintacolumnista.
Algunos comités se limitaron a la función militar, mientras que en otras zonas actuaron como un poder local revolucionario, sustituyendo temporalmente a las autoridades tradicionales. Paralelamente, la evolución del conflicto condujo a una progresiva regularización que dio lugar al Ejército Popular de la República, de carácter mucho más convencional. En este sentido, la naturaleza de las fuerzas armadas que defendían la zona gubernamental cambió de forma significativa entre octubre de 1936 y la primavera de 1937, como ha señalado el historiador James Matthews.
Ante esta situación de descontrol, las organizaciones obreras y sindicales impulsaron la formación de comités con el fin de organizar la resistencia ante el avance de los golpistas. La emergencia de los poderes locales no puede entenderse como una reacción espontánea, sino como una reconfiguración acelerada de la autoridad política. Sus funciones incluían la organización de milicias armadas, la vigilancia de barrios y carreteras, el abastecimiento y control de transportes y la neutralización de la amenaza quintacolumnista
En Catalunya, como sucedería en otras zonas del Estado, el fracaso de la rebelión militar condujo al colapso de la Administración republicana. Durante las jornadas clave del 17 y 18 de julio, las organizaciones obreras tomaron la iniciativa y frenaron la acometida fascista. El fracaso del levantamiento militar en Catalunya fue seguido por una profunda desorganización del Ejército, suplido por la formación de milicias ligadas a los partidos políticos y sindicatos. Lo que se desencadenó no fue un restablecimiento de la legalidad republicana, sino que puede interpretarse como un proceso revolucionario que hizo patente la desafección de los trabajadores hacia las instituciones republicanas. Aquella dinámica alcanzó en Catalunya su máxima expresión y se concretó en la formación de centenares de comités que asumieron labores administrativas propias de los Ayuntamientos. Durante los primeros meses de la guerra, se creó el Comitè Central de Milícies Antifeixistes de Catalunya (CCMA), que, bajo el impulso de Lluís Companys, representó una coalición entre la Generalitat y las organizaciones obreras que habían hecho frente al levantamiento. Desde el principio existieron discrepancias entre esta organización y la Generalitat. Ante esta situación de efervescencia revolucionaria, el CCMA encomendó al militante anarquista Durruti la formación de su milicia, que junto a otras nueve compuestas por militantes de la CNT-FAI y del POUM, partiría hacia el frente aragonés. Situada a veinte kilómetros de Zaragoza, la columna Durruti hizo llamamientos a la colectivización en las localidades recién liberadas y se opuso a la “militarización” de las milicias. Pese a la reticencia de los anarquistas a participar en Gobiernos burgueses, a principios de noviembre, Largo Caballero remodeló su Gobierno para incluir a cuatro ministros cenetistas. Este nombramiento fue seguido del envío de la columna Durruti al frente madrileño y de una progresiva desactivación del poder de los comités.
En las zonas de València y Levante, el estado de incertidumbre se extendió a lo largo de dos semanas, pero la oficialidad rebelde finalmente no llegó a dar el paso al entender que no contaban con fuerzas suficientes. La ausencia de un liderazgo claro, la oposición al golpe por parte de la oficialidad y las noticias del fracaso de la sublevación en Madrid y Barcelona desanimaron a los conspiradores de la zona levantina.
En el caso de València, el movimiento obrero, canalizado principalmente a través de la UGT y la CNT, salió a las calles al conocerse las primeras noticias sobre la sublevación. El 19 de julio, ambas centrales sindicales convocaron una huelga general y movilizaron a sus militantes para que tomasen posiciones clave para el control de la ciudad. Desde el Comité de Huelga se intentó armar a los militantes, pero también mantener el orden en la ciudad. Ante la incapacidad de las autoridades republicanas para controlar la situación y resolver el conflicto, las organizaciones de clase asumieron el protagonismo político.
Algo similar sucedería en Madrid: la defensa se articuló en torno a nuevas estructuras de mando militar y administrativo, aunque con un mayor grado de centralización política. En este contexto de inestabilidad, el 22 de julio se constituyó el Comité Ejecutivo Popular (CEP), integrado por sindicatos y partidos de izquierda, con el objetivo de coordinar la defensa de la República y dirigir la acción popular. Dominado por la CNT y la UGT, el CEP ejerció de hecho como un poder alternativo, impulsando medidas revolucionarias y un proyecto de autogobierno de carácter federalista y descentralizador.
Tras el inicio de la Guerra Civil, Aragón quedó dividido entre zonas controladas por los sublevados y zonas republicanas. En la parte republicana, adquirieron relevancia las organizaciones anarquistas CNT y FAI, que formaron el Consejo Regional de Defensa de Aragón, quien gestionó gran parte del territorio aragonés hasta su disolución en 1937. Con el avance de las columnas anarquistas, las comarcas aragonesas protagonizaron un fugaz ensayo de colectivización agraria.
Tras el fracaso de la rebelión en Madrid, con la caída del Cuartel de la Montaña y el de Campamento, la toma de la capital se convirtió en un objetivo prioritario para los sublevados y, al mismo tiempo, en el núcleo político de reorganización del esfuerzo de guerra. Desde los primeros meses del conflicto tuvo especial relevancia el papel de los llamados quintacolumnistas. No se trataba de simples saboteadores: realizaron actos de sabotaje, incautaron víveres, enviaron información militar, dispararon a milicianos como francotiradores o encendieron luces para facilitar los bombardeos.
Ante la inminente llegada de los franquistas, el gabinete del Gobierno republicano abandonó Madrid. Bajo el liderazgo de Miaja y Vicente Rojo, se constituyó la Junta de Defensa, encargada de proteger la ciudad bajo el conocido lema “no pasarán”. Entre las bajas más simbólicas de la defensa de Madrid se encuentra la de Buenaventura Durruti, muerto en noviembre de 1936 en circunstancias aún debatidas. En este mismo escenario combatieron también las Brigadas Internacionales, cuyas bajas fueron especialmente numerosas.
Cómo el golpe derivó en Guerra Civil
El Gobierno presidido por el moderado Santiago Casares Quiroga confió hasta el último momento en que la sublevación podría controlarse. Restando gravedad a los acontecimientos, evitó entregar armas a las organizaciones obreras con el fin de que las masas no se pusiesen en movimiento. La conspiración militar se llevaba organizando desde hacía meses bajo la dirección de los generales José Sanjurjo y Emilio Mola. Entre los factores que facilitaron la tarea de los conspiradores destaca la actitud del Gobierno, que desestimó los avisos insistentes (y fundados) en torno a la conspiración.
Mola, conocido precisamente como “el director “, coordinó gran parte del complot que desembocó en el golpe de Estado de julio de 1936, inicio de la Guerra Civil española. Para el historiador Paul Preston, la conspiración que condujo al golpe del 17 y 18 de julio de 1936 fue mucho más cuidadosamente planeada que cualquier pronunciamiento o golpe anterior, puesto que tras el fracaso de la sanjurjada del 10 de agosto había quedado claro que un pronunciamiento militar al uso no funciona cuando existe un proletariado dispuesto utilizar la huelga general como arma.
Como señala Preston, Mola consideró una condición imprescindible para el éxito del golpe el asalto coordinado al mando de las guarniciones de las cincuenta provincias y la rápida desarticulación del movimiento obrero. La sublevación militar no pudo cumplir con los objetivos que se había propuesto, que eran la conquista del poder en Madrid y el derrocamiento del Gobierno central republicano, así como la destrucción y derogación de la actividad sindical y política desarrollada desde 1931. Los conspiradores contaban con una rápida victoria seguida de la instauración de un directorio militar, sin prever la envergadura de la resistencia popular organizada, articulada principalmente por las clases trabajadoras y sus organizaciones. Precisamente, una de las peculiaridades de la Guerra Civil, frente a otros movimientos contrarrevolucionarios y fascistas que emergieron en Europa y que iniciaron una progresiva liquidación de las democracias burguesas, alcanzando el poder casi sin resistencia, fue la confrontación armada. Preston señala que el triunfo o la derrota del golpe militar siguió la geografía electoral del país.
Tras la dimisión de Casares Quiroga, Manuel Azaña encargó a Martínez Barrio la formación de un nuevo gabinete durante la noche del sábado 18 de julio. Su elección estuvo posiblemente motivada por su negativa a elegir un candidato entre los socialistas, proclives a entregar las armas al pueblo. La tentativa de Martínez Barrio de formar un Gobierno de conciliación nacional que satisficiese las principales demandas de los sublevados estaba irremediablemente abocada al fracaso. En el transcurso de la madrugada del 19, inició una ronda de llamadas telefónicas para averiguar el alcance de la sublevación y convencer a los generales más indecisos. Su conversación con el general Mola resulta reveladora: “El Gobierno que usted tiene el encargo de formar no pasará de intento. Y si llega a constituirse, durará poco, y antes que dé remedio, habrá servido para empeorar la situación”.
Tras la ronda de llamadas, que duró apenas una hora, Martínez Barrio presentó su dimisión incluso antes de tomar posesión. En efecto, como Mola había respondido a su propuesta conciliadora, era demasiado tarde. Varios días antes de esta conversación, las masas, movilizadas espontáneamente, por iniciativa de la CNT, de militantes socialistas y comunistas y por otras organizaciones pequeñas, dominaban las calles de las principales ciudades. En palabras de Preston en la obra La Guerra Civil Española:
“La envergadura de la resistencia obrera en diversas zonas donde el alzamiento había triunfado sugiere que, si el Gobierno hubiese tomado la decisión inmediata de repartir armas a los trabajadores, el alzamiento podría haber sido aplastado desde el principio”.
Los conspiradores contaban con una rápida victoria seguida de la instauración de un directorio militar, sin prever la envergadura de la resistencia popular organizada, articulada principalmente por las clases trabajadoras y sus organizaciones. Precisamente, una de las peculiaridades de la Guerra Civil, frente a otros movimientos contrarrevolucionarios y fascistas que emergieron en Europa y que iniciaron una progresiva liquidación de las democracias burguesas, alcanzando el poder casi sin resistencia, fue la confrontación armada
En ese contexto, la lucha de clases pasó también a expresarse en la disputa por el control y el acceso a las armas. Con la sublevación ya en marcha, los órganos de prensa de ambos bandos comenzaron a publicar en sus notas de prensa el transcurso de los acontecimientos. La reacción inmediata del Gobierno y del Frente Popular, que el día 19 de julio seguía confiando en que la acción gubernamental sería suficiente para restablecer la normalidad, evidenciaba su temor a la intervención de las masas populares.
La internacionalización del conflicto y las posiciones que tomaron los diferentes actores políticos durante el verano de 1936 han sido leídas como la antesala de la guerra a escala mundial que se iba a producir poco más tarde. El temor colectivo hacia lo que podía significar la derrota de la República y la apertura de las compuertas del fascismo llevó a la movilización de las Brigadas Internacionales organizadas por la Komintern. Entre 32.000 y 35.000 voluntarios de más de 50 países diferentes conformaron un ejército internacional, único en la historia por su número y su carácter no mercenario, que combatió como fuerza de choque en las principales batallas de la Guerra Civil. En contraste, en 1945, aunque la lucha contra el Eje contó también con partisanos internacionales, entre ellos, republicanos huidos del franquismo, dicha lucha había adquirido un carácter desesperado y se identificaba, ante todo, con la defensa del viejo orden y de las democracias liberales. Durante la Guerra Civil española, en cambio, el combate contra el fascismo se concebía como el primer paso hacia la construcción de un mundo nuevo e igualitario.
La experiencia colectivizadora
Pese a la dureza de la represión ejercida sobre el proletariado y el campesinado organizado en la zona sublevada, para una parte importante de los trabajadores de la zona republicana el conflicto supuso la oportunidad de poner en práctica las ideas difundidas sobre la colectivización o socialización de los medios de producción. A pocos días de la sublevación, las organizaciones locales de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT) –vinculada a la UGT– y de la CNT iniciaron la colectivización de latifundios y el reparto de las despensas de los grandes terratenientes a través de comités revolucionarios. Las colectividades estuvieron por lo general bajo el control de las organizaciones políticas de trabajadores, consecuencia lógica de haber sido precisamente los sindicatos los agentes de la colectivización: unas eran colectividades de la CNT, otras de la UGT, y otras mixtas CNT-UGT. Aunque en algunos casos aislados se mantuvieron hasta los últimos días de la República, a partir de 1937 la mayor parte de las colectividades fueron eliminadas, nacionalizadas o convertidas en simples cooperativas.
En los casos de las zonas republicanas de Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Levante, el campesinado se hizo con el control de la tierra. La colectivización, si bien no puede atribuirse a un acto repentino y espontáneo, tampoco se debe a la iniciativa de un poder central revolucionario con capacidad para organizar toda la economía y la producción. En la mayor parte de los casos, las fincas colectivizadas fueron fincas cuyos propietarios habían huido o estaban muertos y habían sido ocupadas o incautadas por comités sindicales inmediatamente después del golpe militar.
Según la historiadora Helen Graham, la mayoría de estas iniciativas locales fueron posibles solo por la parálisis del Estado, que durante un tiempo también paralizó la oposición al colectivismo. La experiencia colectivizadora se vio condicionada por las limitaciones de una economía de guerra y de la disponibilidad de materias primas y maquinaria, y sus resultados fueron desiguales. Esto implica que existió un cierto grado de improvisación, especialmente en las colectivizaciones anarcosindicalistas. Un ejemplo ilustrativo es el de la localidad gaditana de Grazalema, que durante las primeras semanas de la Guerra Civil quedó bajo control miliciano y fue administrada por una comisión de abastos y otra de defensa. El dinero fue abolido y se estableció un sistema centralizado de recogida y redistribución de productos agrícolas. Esta experiencia ilustra hasta qué punto algunas colectividades llegaron a desarrollar formas alternativas de organización económica, no exentas de tensiones incluso con las propias estructuras regionales del movimiento anarquista.
El capítulo de la represión política
La venganza no tardaría en llegar a los pueblos de Andalucía, donde las represalias fueron salvajes. La entrada de las tropas franquistas el 15 de septiembre de 1936 puso el punto final al capítulo revolucionario de Grazalema. No es del todo casual que la represión, de la que fueron víctimas quince mujeres del pueblo y un adolescente al que obligaron a cavar la fosa en la que serían sepultadas, fuese mucho más encarnizada en Grazalema que en otras poblaciones cercanas. Todos los sectores sociales se vieron afectados por las matanzas, pero el volumen de jornaleros y campesinos asesinados permite hablar de represión de clase dirigida a la desarticulación política de los trabajadores. Como demuestran los estudios estadísticos, en Andalucía, Extremadura, Aragón o la Ribera Navarra, territorios en los que el medio rural tenía un gran peso, el número de jornaleros, campesinos, braceros y labradores supera ampliamente al resto de las profesiones represaliadas.
El castigo a la población fue acompañado de la desarticulación sistemática de sindicatos, ateneos, casas del pueblo y estructuras organizativas obreras. Conforme la sublevación evolucionaba hacia una guerra abierta, las tierras expropiadas eran restituidas a los terratenientes y los territorios ocupados quedaban integrados en un nuevo Estado articulado bajo el orden impuesto por los sublevados
El castigo a la población fue acompañado de la desarticulación sistemática de sindicatos, ateneos, casas del pueblo y estructuras organizativas obreras. Conforme la sublevación evolucionaba hacia una guerra abierta, las tierras expropiadas eran restituidas a los terratenientes y los territorios ocupados quedaban integrados en un nuevo Estado articulado bajo el orden impuesto por los sublevados. En este contexto, la institucionalización de la violencia no supuso una moderación de la represión, sino, por el contrario, su legitimación sistemática mediante mecanismos jurídicos de excepción y con carácter retroactivo. El objetivo era erradicar de manera violenta y sin concesiones cualquier vestigio de la revolución social. Así, el terror quedó amparado por las leyes del nuevo Estado, configurando un sistema represivo que, durante la década posterior al final de la guerra, condujo a ejecuciones sistemáticas.
La historiografía reciente sitúa en torno a 150.000 víctimas mortales la cifra de represaliados del franquismo entre 1936 y 1943. Los dos grandes sindicatos de masas de la época se convirtieron en un objetivo prioritario de la represión desencadenada por los golpistas. Decía el historiador Julián Casanova que la victoria de Franco fue omnipresente, la posguerra interminable y ninguna faceta de la vida política y social quedó al margen de la construcción simbólica de la dictadura a partir de su origen, el “alzamiento del 18 de julio” y su victoria en la “cruzada”.
La violencia, dirigida a acallar cualquier descontento y cortar de raíz cualquier posible resistencia, golpeó con dureza extrema a las mujeres implicadas políticamente. Durante la contienda y los primeros años del franquismo, las mujeres fueron víctimas de una brutal represión, en muchos casos motivada por un carácter revanchista. Las mujeres que habían destacado en la militancia política o sindical, así como las madres, compañeras y esposas de los militantes de izquierdas huidos a los que no pudieron atrapar, sufrieron abusos sexuales, rapados masivos, purgados con aceite de ricino y humillantes exhibiciones públicas.
La pobreza y marginación dibujó el horizonte de vida de las mujeres con antecedentes políticos, abocadas a la prostitución o al servicio doméstico, que en la política del nuevo régimen dejó de ser una mera salida laboral para convertirse en un elemento de reeducación nacionalcatólica que reafirmaba dos grupos sociales: los susceptibles de ser servidos y los sirvientes. La investigadora Eider de Dios señala que el servicio doméstico fue uno de los escasos trabajos femeninos que aumentó tras la Guerra Civil, llegando a concentrar a más de la mitad de la población activa femenina entre 1940 y 1950.
La brutal represión franquista tuvo efectos devastadores para el movimiento obrero. Las organizaciones sindicales y políticas que históricamente habían canalizado la participación política del proletariado fueron desmanteladas y perseguidas durante los primeros años de la posguerra. Sin embargo, a partir de 1960, los ciclos de conflictividad obrera volverían a reactivarse, agitando la vida política y social del régimen franquista.
Tras el golpe de Estado, el territorio quedó dividido en dos zonas enfrentadas. En las regiones en manos de los sublevados se desató una violencia desenfrenada con un marcado carácter de clase. En los territorios en los que fueron vencidas las fuerzas rebeldes, el Gobierno republicano coexistió con comités revolucionarios populares, milicias obreras, sindicatos y organizaciones populares en las que el proletariado organizado asumió un papel muy activo
Ante esta situación de descontrol, las organizaciones obreras y sindicales impulsaron la formación de comités con el fin de organizar la resistencia ante el avance de los golpistas. La emergencia de los poderes locales no puede entenderse como una reacción espontánea, sino como una reconfiguración acelerada de la autoridad política. Sus funciones incluían la organización de milicias armadas, la vigilancia de barrios y carreteras, el abastecimiento y control de transportes y la neutralización de la amenaza quintacolumnista
