La Segunda República, desde su proclamación en abril de 1931, fue un proyecto en el que confluyeron unos intereses contradictorios, e incluso irreconciliables. Por un lado, la burguesía intentó mantener sus privilegios, reconvirtiéndose en republicana en los casos que así hizo falta, y trabajó, entre otras cuestiones, para que no se atacara la propiedad privada. Por otro lado, se encontraba la clase obrera, que percibía la República como un medio para mejorar sus condiciones de vida mediante unas reformas que, por distintas circunstancias, no acabaron de llegar o no consiguieron traspasar lo escrito sobre el papel. Pero más allá de las reformas, gran parte de la clase trabajadora creía que era posible dar a la República un giro hacia un horizonte revolucionario y emancipador, algo que no sucedió debido a diversas causas que se analizarán en este artículo.
Josep Fontana recuerda que, en 1931, el nuevo Gobierno debía enfrentarse a unos problemas internos, que era necesario resolver de una manera relativamente urgente. El primero de ellos, y uno de los más importantes, sin ningún tipo de dudas, era el de la propiedad de la tierra y la situación de los campesinos. A este problema se le sumarían otras cuestiones pendientes como las reivindicaciones catalanas, la limitación del poder de la Iglesia y la reforma militar. Aún así, se podría decir que las políticas económicas del inicio de la República lograron evitar, en gran medida, la extensión a España de la crisis económica que se vivía a nivel mundial en la época, consiguiendo estabilizar los índices económicos, o incluso crecer en algunos sectores. Además, la renta nacional aumentó un 10% y se produjo una mejora considerable en las condiciones de trabajo, como consecuencia, entre otras razones, del fin de la represión contra la actividad sindical. Esto conllevó el crecimiento de los salarios y un aumentó en la capacidad de consumo o el poder adquisitivo de la población.
Lo que realmente combatían los terratenientes y los caciques no era ‒únicamente, al menos‒ la amenaza que en sí misma suponía la reforma agraria y su contenido. Lo que más les preocupaba era cómo se estaba produciendo, de manera muy progresiva, una ruptura en la relación de fuerzas respecto a los trabajadores de la tierra
En ese sentido, es preciso señalar que lo que realmente combatían los terratenientes y los caciques no era ‒únicamente, al menos‒ la amenaza que en sí misma suponía la reforma agraria y su contenido. Lo que más les preocupaba era cómo se estaba produciendo, de manera muy progresiva, una ruptura en la relación de fuerzas respecto a los trabajadores de la tierra. Esa ruptura tuvo como consecuencia la libertad dada a los campesinos para sindicarse y negociar sus condiciones de trabajo. De esa manera, los propietarios rurales veían cómo empezaba a peligrar ese control de la vida local que venían aplicando durante años, siempre con la necesaria colaboración de los funcionarios del Estado, los jueces y la Guardia Civil, incluso llegando a neutralizar las leyes de la época. De hecho, en la mayor parte de España, los propietarios acogieron con tranquilidad tanto la llegada de la Segunda República como la Ley de Reforma Agraria, ya que estaban acostumbrados a que cambiaran los Gobiernos sin que su entorno social se modificara, y confiaban que en esta ocasión siguiera siendo igual. De hecho, Francisco Espinosa afirma que, exceptuando los casos de Badajoz, de Jaén y de algunas zonas de Cádiz, prácticamente no se conoció la aplicación de la reforma agraria durante la República, ni en aquellas marcadas por el problema de la tierra como el resto de Andalucía y las provincias castellanas.
Las reformas no acababan de llegar o de tener una plasmación real y, poco a poco, la República fue perdiendo una parte considerable de sus apoyos, especialmente entre la clase obrera, a los pocos meses de ser proclamada. En ese contexto, en el que los proyectos reformistas del Gobierno generaban frustración y pérdida de expectativas en algunos sectores de la sociedad y en otros, en cambio, propiciaba fuertes tensiones y reacciones, se llega a las elecciones de 1933. La CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) fue el partido más votado en esas elecciones, obteniendo 115 escaños en las nuevas Cortes, seguido de los radicales de Lerroux y, bastante más alejado, el PSOE. Alcalá Zamora, siendo consciente de que con estos resultados salidos de la urnas iba a ser difícil una coalición de Gobierno estable, finalmente optó por pedir a Lerroux que formara un Gobierno de centro, puramente republicano. De esa manera, la derecha llegó al poder en 1933, y los terratenientes y caciques volvieron a imponer su autoridad, bajando los salarios o expulsando a los campesinos que se habían afiliado los años anteriores a sindicatos, quienes fueron perseguidos y señalados.
Las reformas no acababan de llegar o de tener una plasmación real y, poco a poco, la República fue perdiendo una parte considerable de sus apoyos, especialmente entre la clase obrera, a los pocos meses de ser proclamada
Ya para comienzos de ese mismo año, antes de las elecciones, el Bloc Obrer i Camperol (BOC) propuso la creación de las Alianzas Obreras, y para finales de ese mismo año, una vez formado el nuevo Gobierno de derechas, se crearon en Catalunya. En enero de 1934, se hizo público un documento titulado Constitución de la Alianza Obrera, en el que se explicaban las razones para la creación de esta asociación y se hacía un llamamiento a organizaciones de Catalunya para unirse y cooperar con la misma. El documento fue firmado por representantes de UGT, Unión Socialista, Izquierda Comunista de España (ICE), BOC, PSOE, Sindicatos de Oposición y Unió de Rabassaires. A modo de aclaración, se subrayaba que era un frente obrero exclusivamente, por lo que aquellas organizaciones políticas y partidos que no fueran de clase se tendrían que adherir moralmente, pero no podrían ser miembros efectivos de la alianza.
Las Alianzas Obreras, según el periódico Renovación, órgano de prensa de las Juventudes Socialistas de España (JSE), eran un instrumento que tenía como objetivo recoger y movilizar la mayoría de las masas de la población, y asentar en la voluntad de estas la revolución. Serían, en sus palabras, un órgano de la revolución, dirigido por el Partido (concretamente, refiriéndose al PSOE). Además, se menciona que las Alianzas Obreras deberían cubrir el papel que los sóviets tuvieron en la Revolución rusa. Según la revista, tendrían que agrupar en torno a sí no solo a los trabajadores marxistas, sino también a los sindicalistas, a los sin partido y, en la medida de lo posible, a las masas de la pequeña burguesía proletarizadas, pero que aún no habían adquirido la educación revolucionaria suficiente para militar en un partido de clase.
El PSOE y Largo Caballero, quien representaba el ala más izquierdista y radical del partido, realmente estaban convencidos que sus amenazas disuadirían a Alcalá-Zamora de invitar a la CEDA para que entrara al Gobierno. Como consecuencia, tal y como criticaba el POUM a los socialistas, no se prepararon para tomar el poder
El POUM, por su parte, en un texto publicado en febrero de 1936 por su Comité Ejecutivo, también reivindicaba las Alianzas Obreras, y al igual que las JSE, entendía que estaban llamadas a desempeñar el mismo papel que representaron los sóviets en Rusia: primero, órganos de frente único (defensivo y ofensivo); luego, insurreccionales; y, después, instrumentos de poder. Para ellos, las Alianzas Obreras significaban unidad de acción, algo que denominaban como un acontecimiento trascendental en la historia del movimiento obrero; y, además, creían que por medio de las Alianzas Obreras esa concentración de fuerzas se realizaba sin destruir la independencia de las organizaciones. Aunque en algunos casos parecieran cercanos los puntos de vista entre los diferentes partidos y organizaciones que formaban las Alianzas Obreras, no tardarían en surgir diversas interpretaciones tanto en la teoría como en la práctica, sobre lo que realmente deberían ser, las funciones que tendrían que desempeñar o cómo deberían actuar. Por ejemplo, el POUM afirmaba que los socialistas creían que las Alianzas Obreras solo podían tener un carácter de instrumento insurreccional, negándoles así la fase de frente único y la de órgano de poder. Bajo su perspectiva, en primer lugar, las Alianzas Obreras no podrían llegar a ser un instrumento insurreccional sin antes existir una unidad de acción, y, en segundo lugar, en caso de producirse la insurrección sin tener preparado un órgano adecuado de poder, esta quedaría reducida a un golpe de Estado, sin que pudiera asentar el Poder conquistado sobre bases sólidas e indestructibles.
Por otro lado, la ICE criticaba a los socialistas, tanto a Prieto como a Largo Caballero, la comprensión que estos tenían acerca del liderazgo de las masas en la revolución, basada en unas tradiciones burocráticas que no eran fáciles de superar. La ICE creía que no debía limitarse al liderazgo del partido, sino que debía ser más amplio, y así comprendía las Alianzas Obreras, no como meros comités de coordinación entre las direcciones de las organizaciones implicadas. En esa dirección, defendía la importancia de construir consejos obreros, que aunque estuvieran formados por delegados representativos de todos los partidos y sindicatos, tuvieran como objetivo principal a todos los obreros. Bajo su visión, eso no sucedió en la mayoría de los casos, limitando las Alianzas Obreras a comités dirigidos por arriba.
En la práctica, uno de los acontecimientos más importantes en los que intervinieron ‒de manera muy heterogénea y particular en cada territorio‒ las Alianzas Obreras fue, sin duda alguna, la Revolución de Octubre de 1934. Volviendo a echar la vista atrás por un momento, antes se ha mencionado que tras las elecciones de 1933, Lerroux recibió el encargo de formar un Gobierno de centro. Pero la CEDA amenazaba con la violencia si no se les permitía entrar al Gobierno, y por otro lado, ante ese peligro, los socialistas proclamaron su intención de desencadenar una revolución en caso de que la entrada del partido de Gil Robles se produjera. El PSOE y Largo Caballero, quien representaba el ala más izquierdista y radical del partido, realmente estaban convencidos que sus amenazas disuadirían a Alcalá-Zamora de invitar a la CEDA para que entrara al Gobierno. Como consecuencia, tal y como criticaba el POUM a los socialistas, no se prepararon para tomar el poder. Más adelante, antes de la medianoche del 3 de octubre de 1934, cuando ya aparecían los primeros rumores de que la CEDA se habría incorporado, Largo Caballero se negó a creerlos, y frenó la posibilidad de emprender la acción revolucionaria. La mañana siguiente, el 4 de octubre, confirmados los rumores, los socialistas emprendieron sus acciones, pero de manera muy limitada y con una perspectiva defensiva: defender el concepto o la idea de la República desarrollado en el anterior periodo reformista de 1931 a 1933.
Tras la huelga general convocada el 5 de octubre, quedó en evidencia la contradicción absoluta entre lo que el PSOE llevaba diciendo durante meses y lo que hizo cuando llegó el momento decisivo, confirmando la ausencia de cualquier atisbo de un plan revolucionario, demostrando que se trataba de una simple amenaza, tal y como sospechaba la burguesía
Lejos de organizar la insurrección que desde hace nueve meses atrás proclamaba, lo que hace el PSOE es convocar una huelga general, que en el caso de Madrid, por ejemplo, fue comunicada por la UGT al Gobierno con veinticuatro horas de antelación. Por si fuera poco, además subrayaba que sería pacífica. Este movimiento tenía como objetivo principal dar tiempo al presidente para que cambiase de opinión, para que recapacitase. Lejos de conseguir ese objetivo, este gesto permitió al Gobierno la oportunidad de detener a varios dirigentes obreros, y también a los miembros sospechosos de la Policía y el Ejército, con el fin de evitar posibles insubordinaciones. Por su parte, los líderes socialistas que no fueron detenidos se ocultaron, como Largo Caballero, o huyeron al exilio, como Indalecio Prieto. Así, quedó en evidencia, en palabras de Antonio Rubira, la contradicción absoluta entre lo que el PSOE llevaba diciendo durante meses y lo que hizo cuando llegó el momento decisivo, confirmando la ausencia de cualquier atisbo de un plan revolucionario, demostrando que se trataba de una simple amenaza, tal y como sospechaba la burguesía.
Aún así, es cierto que ese llamado realizado para la huelga general del 5 de octubre fue entendido por la militancia obrera para la insurrección revolucionaria. Ya durante la noche del 4 al 5 de octubre, cesaron todas las actividades de trabajo en las principales capitales de España, y fue seguida unánimemente en muchas ciudades. Pero esa llama revolucionaria, esa esperanza, no tardó en apagarse, ya que los convocantes de la huelga general, el PSOE y la UGT, no contaban con un plan para la tan ansiada y aclamada insurrección, por la que llevaban abogando mucho tiempo. Como consecuencia, en muchas ciudades, la militancia obrera no recibió instrucciones específicas y se limitaron a quedarse en su casa, sin llegar a hacer una demostración de fuerza en las calles. Rubira afirma que allá donde las Alianzas Obreras eran más formales que efectivas, es decir, donde la fuerza hegemónica era el PSOE y la UGT, la insurrección quedó reducida a una huelga general que paralizó las ciudades. Y eso en el mejor de los casos, ya que en Madrid, por ejemplo, el Ejército se hizo cargo de los servicios básicos ‒panaderías, periódicos y transporte público, entre otros‒, y estos funcionaron casi con completa normalidad.
La insurrección quedó abocada al fracaso, entre otras cuestiones, por la falta de un partido revolucionario fuerte y capaz de conducir la insurrección en un sentido revolucionario, sin el cual la clase trabajadora sublevada se había encontrado desamparada
Eduardo González, en ese sentido, escribía que la insurrección fue más eficaz allí donde la dirección socialista no logró controlar en exclusiva las Alianzas Obreras, allá donde la burocracia del PSOE era más débil: Asturies, las zonas fabriles de Catalunya, algunas poblaciones vascas (Bilbo, Meatzaldea, Pasaia, Eibar o Arrasate) o las zonas mineras de León y Palencia. Sin duda alguna, Asturies fue el lugar donde se produjo de verdad la huelga general revolucionaria, aunque también fue el territorio en el que en mayor medida se evidenciaron las distintas posturas o actitudes que adoptaron las organizaciones. Y es que Asturies fue el único lugar ‒o uno de los pocos‒ en el que las Alianzas Obreras eran realmente representativas de toda la pluralidad de las organizaciones obreras, ya que a diferencia del resto del Estado, los anarquistas formaron parte de estas. Y, justamente, en Asturies se impuso el movimiento obrero desde el primer instante.
El objetivo de la clase trabajadora no era volver a la situación del bienio reformista de 1931-33, o tampoco recuperar la “verdadera esencia” de la República
Estas distintas posturas entre las organizaciones que formaban las Alianzas Obreras se evidenciaron a su vez por zonas, dependiendo del nivel de influencia que tenían en ellas los socialistas. Por ejemplo, en las cuencas mineras la huelga tomó un carácter claramente insurreccional, y el movimiento obrero consiguió tomar tanto el control político como el militar de las poblaciones, llegando a desarmar a la Guardia Civil y a ocupar sus cuarteles. Mientras que en las dos principales ciudades de Asturies, en Xixón y en Uviéu, la huelga fue de carácter pacífico, y en esta última, además, el PSOE y la UGT se negaron a entregar armas al resto de las Alianzas Obreras, provocando que el número de armas disponibles fuera irrisorio para el número de obreros movilizados. En la misma línea, Rubira señala que la derrota de la clase trabajadora en Asturies ‒y anteriormente en Catalunya‒ no fue fruto de la fortaleza del Estado sobre el movimiento obrero organizado, o no únicamente, sino que fue una clara consecuencia de que los socialistas desarticularan y desorganizaran la movilización, teniendo en cuenta que, según el autor, ni sabían ni querían hacer la revolución socialista. La insurrección quedó abocada al fracaso, entre otras cuestiones, por la falta de un partido revolucionario fuerte y capaz de conducir la insurrección en un sentido revolucionario, sin el cual la clase trabajadora sublevada se había encontrado desamparada, tal y como explica Sergi Aliaga. Y es que, aunque generalmente se ha tomado la entrada de la CEDA al Gobierno como principal ‒o único‒ elemento impulsor de la huelga general, es evidente que el objetivo de la clase trabajadora no era volver a la situación del bienio reformista de 1931-33, o tampoco recuperar la “verdadera esencia” de la República, por decirlo de alguna manera. Como anteriormente se ha mencionado, las reformas que no acababan de llegar o de tener una plasmación real hicieron que la frustración se fuera apoderando de los trabajadores, provocando que la esperanza depositada en la República y en las reformas fuera disminuyéndo.
Asimismo, cabe recordar que la represión jugó un papel importante en la huelga general, especialmente en Asturies, aunque no exclusivamente en ese territorio. En el caso asturiano, las cuencas mineras fueron sometidas a una dura represión militar, y posteriormente por parte de la Guardia Civil. El Ejército arrojó bombas no solo sobre las posiciones de los milicianos, sino que también lo haría sobre los pueblos mineros, con un claro objetivo según el punto de vista del reportero belga Mathieu Corman: destruir la moral de los combatientes revolucionarios que habían abandonado esas poblaciones para ir a combatir al frente, que se daban cuenta de que la vida de los suyos estaba tan cruelmente expuesta. Además, también en la capital asturiana el Ejército colonial empleó una brutalidad similar a la utilizada en África, con el fin de paralizar al enemigo a través del terror. Hombres, mujeres y niños fueron fusilados al azar, muchos prisioneros fueron duramente interrogados y después asesinados, muchas mujeres fueron violadas, la tortura también estuvo presente, y también llegaron a decapitar o ahorcar presos. En total, se estima que cerca de 2.000 asturianos y asturianas perdieron la vida en la represión de la fallida Revolución de Octubre. Finalmente, en un momento en el que la represión había causado estragos y la clase trabajadora revolucionaria se encontraba totalmente desmoralizada y en retirada, los líderes socialistas negociaron la rendición con el general López Ochoa.
Un gobierno frentepopulista seguiría siendo un gobierno burgués, que tendría como objetivo reformar el sistema capitalista, pero de ninguna manera destruirlo
Esa represión sobre la clase trabajadora pasó factura, y muestra de ello es que 1935 fue el año de menor conflictividad laboral desde la dictadura de Primo de Rivera. Entre otras cuestiones, esto se debió a que alrededor de treinta mil obreros ‒entre ellos, la mayoría de los líderes‒ estaban encarcelados, una gran cantidad de locales sindicales y políticos fueron cerrados masivamente o que fueron clausurados muchos periódicos y órganos de prensa. Además, es preciso señalar que la ola represiva no cesó por completo, y una vez derrotada la Revolución asturiana también continuó los siguientes meses. Todo ello repercutiría directamente en un cambio de orientación táctica y estratégica del movimiento obrero. A diferencia de 1934, año en el cual la lucha de clases se encontraba en un claro ascenso y se planteaba la necesidad de la creación de un frente único obrero para combatir a la burguesía y al sistema capitalista, en el siguiente año marcado por la resaca de octubre y un movimiento debilitado por la represión, cobrará fuerza la idea de un frente popular, de carácter interclasista.
Es cierto que al principio esta propuesta del frente popular, que chocaba con la de un frente único obrero con un claro corte clasista, generaba muchas dudas en muchos de los partidos que posteriormente lo apoyaron, especialmente por el hecho de colaborar con la pequeña burguesía, pero también por el carácter de un posible programa frentepopulista. En el PSOE, mientras el sector liderado por Prieto defendía abiertamente esta opción, Largo Caballero seguía insistiendo ‒de nuevo, de manera abstracta y sin concretar la forma de llevarla a cabo‒ en la revolución socialista. Más adelante, se volvería a evidenciar ese choque tan característico del líder socialista entre lo que reivindicaba y lo que realmente hacía. Por otro lado, algunos de estos partidos inicialmente señalaron que un gobierno frentepopulista seguiría siendo un gobierno burgués, que tendría como objetivo reformar el sistema capitalista, pero de ninguna manera destruirlo. Además, mencionaban que no era suficiente impulsar un antifascismo abstracto, y que era necesario darle un sentido o una orientación socialista, entendiendo que el único antifascismo coherente era aquel vinculado a la revolución socialista. Tal y como recoge el historiador Andy Durgan, denunciaban que la estrategia frentepopulista ignoraba el fascismo como producto del propio sistema capitalista, y que era imposible derrotarlo defendiendo el propio sistema que lo había generado.
El Gobierno fue en muchas cuestiones por detrás de las movilizaciones de los trabajadores, y la realidad se anticipó a la legalidad que no acababa de llegar
Pero finalmente, en un contexto marcado por la situación del movimiento obrero y los procesos de debate interno en las organizaciones políticas, en enero de 1936 se firmó el Programa del Frente Popular. Concretamente estos fueron los partidos que lo firmaron: Izquierda Republicana, Unión Republicana, PSOE, UGT, Federación Nacional de Juventudes Socialistas, PCE, Partido Sindicalista y POUM. Se podría decir que el Programa del Frente Popular era bastante similar al del Gobierno reformista del bienio 1931-33. Por lo tanto, su objetivo sería volver a recuperar las medidas implementadas ‒o, al menos, aprobadas‒ en ese periodo, anulando o rectificando para ello las contrarreformas del bienio negro radical-cedista, con el fin de, según se recoge en el acuerdo, restablecer el imperio de la Constitución; por ejemplo, recuperando la Ley de Reforma Agraria o restableciendo el Estatuto de Autonomía de Catalunya. A estas reformas hay que añadir otra medida que se recogió en el programa, que tuvo una gran relevancia: conceder la amnistía de los delitos políticos sociales cometidos posteriormente a noviembre de 1933, que afectaría especialmente a los militantes obreros encarcelados en octubre de 1934. Por último, en el programa se explicitó el rechazo a algunas propuestas realizadas por algunos de los partidos y organizaciones obreras que lo firmaron, como la nacionalización de la tierra y su entrega a los campesinos, el subsidio de paro o la nacionalización de la banca.
Finalmente, el Frente Popular venció las elecciones del 16 de febrero, e inmediatamente los trabajadores se lanzaron a la calle para liberar a los miles de presos políticos y a manifestarse en numerosas ciudades, sin esperar al decreto gubernamental de la amnistía. Tras liberar a los presos de las cárceles, exigieron además la restitución de los obreros despedidos y el pago salarial que les correspondía, a modo de indemnización. Y es que, en ese corto periodo de apenas cinco meses, la realidad fue que tras la celebración de las elecciones, el Gobierno fue en muchas cuestiones por detrás de las movilizaciones de los trabajadores, y la realidad se anticipó a la legalidad que no acababa de llegar, como ocurrió el 25 de marzo en Extremadura, donde más de 60.000 campesinos ocuparon 3.000 fincas de grandes terratenientes. En ese sentido, es significativo que se redistribuyera mucha más tierra entre marzo y julio de 1936 que en los cinco años anteriores de la República, y esta fuera fruto de la organización de la clase trabajadora, y no de la propia reforma. También en los ámbitos de la industria, la construcción o el pequeño comercio se produjeron numerosas huelgas, que exigían mejoras salariales o la reducción de la jornada de trabajo, logrando en muchos casos victorias o conquistas importantes.
El golpe de Estado también fue la respuesta al temor a que la vía parlamentaria fuera sobrepasada y superada por una clase trabajadora organizada, que vio cómo el reformismo republicano no fue capaz de saciar su sed de revolución, y con el tiempo se fueron frustrando las esperanzas depositadas en la República
Pero al igual que al movimiento obrero no le saciaba la idea de volver a la legislación de 1931-33, tampoco la patronal la veía con buenos ojos, desde una perspectiva totalmente antagónica, claro está. Así, al mismo tiempo que la clase trabajadora organizada se lanzó a una ofensiva para arrancar mejoras, la oligarquía y las fuerzas contrarrevolucionarias comenzaron a preparar un golpe de Estado. Esta maniobra de la oligarquía no era por el temor que tenían del Frente Popular, del Gobierno surgido de las elecciones y, ni siquiera, a los partidos obreros que habían apoyado esta coalición. Lo que realmente les producía miedo, tal y como explica Rubira, era el comportamiento que estaba adoptando el movimiento obrero, incluso pudiendo llegar a sobrepasar el Parlamento y la estrategia política de sus organizaciones.
Apenas cinco meses más tarde de la celebración de las elecciones, el 18 de julio estalla una sublevación militar, en forma de golpe de Estado, impulsada por la oligarquía. Más allá del objetivo de derribar la República, buscaban destruir las organizaciones proletarias, o el movimiento obrero, en general. Y es que, es necesario aclarar que el golpe contra la República no fue la respuesta a la revolución, ni tampoco, como recordaba Fontana, contra el temor de que se pudiera producir. Realmente, lo que se combatía era una política reformista y un programa moderado, algo que no aceptaban algunos sectores de la sociedad española. También estaba, por supuesto, como se ha mencionado anteriormente, el temor a que esa vía parlamentaria fuera sobrepasada y superada por una clase trabajadora organizada, que vio cómo el reformismo republicano no fue capaz de saciar su sed de revolución, y con el tiempo se fueron frustrando las esperanzas depositadas en la República.
