Los inicios de la dictadura franquista trajeron consigo numerosos debates, uno de los cuales giró en torno a la organización del urbanismo y del espacio. Nada más concluir la Guerra Civil, se desarrolló un nuevo discurso urbanístico, vertebrado por conceptos como “arquitectura imperial”, “vivienda social” y “urbanismo orgánico”. El objetivo del primero era evocar “los tiempos gloriosos del Imperio”; la vivienda social, por su parte, en palabras del ministro de Vivienda José Luis Arrese (1957-1960), pretendía representar “un nuevo modo de vida más allá de las meras viviendas”.
En la posguerra, el urbanismo franquista otorgó especial importancia a la ordenación funcional del territorio. Sin embargo, sus principales planteamientos no surgieron de la nada; al contrario, tuvieron su origen en los debates y experiencias urbanísticas internacionales desarrollados antes de la Guerra Civil. Los debates más relevantes de este ámbito se desenvolvieron, especialmente, en torno a dos figuras guipuzcoanas principales: Pedro Muguruza y Pedro Bidagor.
Pedro Bidagor (1906-1996) fue uno de los principales referentes del urbanismo español del siglo XX. Arquitecto y urbanista, participó en las principales instituciones de planificación de la posguerra y desempeñó un papel fundamental en el diseño de los proyectos urbanísticos más importantes del primer franquismo. Su enfoque estuvo marcado por las corrientes internacionales de planificación y por la ordenación funcional y jerárquica del territorio. Pedro Muguruza (1893-1952), en cambio, estuvo al frente de la Dirección General de Arquitectura desde el final de la Guerra Civil y se hallaba más próximo a los planteamientos falangistas, concibiendo la ciudad como una comunidad cohesionada y manifestando serias dudas respecto a la zonificación funcional.
En palabras del ministro de Vivienda José Luis Arrese (1957-1960), pretendía representar "un nuevo modo de vida más allá de las meras viviendas"
Para comprender las primeras políticas urbanísticas del franquismo, es imprescindible remontarse a los momentos previos al final de la Guerra Civil. En febrero de 1938, Pedro Muguruza reunió, por encargo de Franco, a más de doscientos arquitectos en Burgos para debatir las bases de la futura política urbanística del régimen. Tal y como manifestó en el acto de clausura, “los edificios debían de ser sustituidos por hogares”, expresión de la intención de difundir los valores tradicionales del Movimiento Nacional a través del urbanismo.
La reunión de Burgos puso de manifiesto la existencia de las distintas visiones sobre el urbanismo dentro del régimen. El sector falangista, próximo a Muguruza, abogaba por un modelo de barrio que difuminase las divisiones de clase, tomando la familia como elemento fundamental de la organización social. Frente a ello, la visión más técnica, defendida por Bidagor, proponía la zonificación como herramienta básica para organizar el territorio: la separación según el espacio de zonas industriales, residenciales y de ocio. A juicio de los falangistas, sin embargo, esa organización conllevaba el riesgo de concentrar al proletariado en un mismo espacio y, en consecuencia, podía facilitar su organización colectiva.
Las nuevas leyes e instituciones aprobadas a partir de la década de 1940 no tenían como único propósito la ordenación del territorio; también pretendían ser un instrumento para materializar en el espacio los valores políticos, sociales y morales de la dictadura
Estos debates urbanísticos no eran meros asuntos de carácter técnico, ya que en ellos se cruzaban los intereses de las distintas familias políticas del régimen y, en particular, la visión católica vinculaba la vivienda al desarrollo moral y espiritual de la familia. Por ese motivo, las nuevas leyes e instituciones aprobadas a partir de la década de 1940 no tenían como único propósito la ordenación del territorio; también pretendían ser un instrumento para materializar en el espacio los valores políticos, sociales y morales de la dictadura.
Nuevos marcos de comprensión del espacio urbano
Los planteamientos defendidos por Pedro Bidagor se inscribían en las corrientes urbanísticas internacionales desarrolladas desde principios del siglo XX, asumiendo, bajo la influencia de autores como Ebenezer Howard, Tony Garnier o Le Corbusier, una visión funcional y jerárquica de la ciudad, basada en la especialización del espacio y en la ordenación racional del territorio. Estas influencias se manifestaron especialmente en la defensa de la zonificación y en la configuración de sistemas urbanos organizados jerárquicamente; principios que tendrían una gran repercusión en el urbanismo español de la posguerra.
Aunque la concepción de un urbanismo adaptado a las necesidades de la ciudad industrial se camufló bajo la necesidad de medidas sanitarias e higiénicas, puede entenderse, en esencia, como un intento de adaptación al nuevo modo de producción capitalista de la época y como una decisión de clase
Las nuevas preocupaciones urbanísticas surgieron, en gran medida, para dar respuesta a los retos planteados por el crecimiento de las ciudades industriales. Así, tras la Primera Guerra Mundial, y especialmente a partir de la década de 1920, empezaron a desarrollarse en Europa nuevas corrientes urbanísticas, con la intención de encontrar soluciones a los problemas provocados por el rápido crecimiento de las nuevas ciudades y la industrialización. En ese contexto, varios estados revisaron su legislación urbanística, y el primer franquismo español también bebió de esas corrientes.
Los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM) y, especialmente, la Carta de Atenas de 1933 sistematizaron esta nueva visión racionalista, mediante la defensa de un urbanismo adaptado a las necesidades de la ciudad industrial, tomando la eficiencia y la funcionalidad como ejes centrales. En consecuencia, se propuso una organización racional de los espacios verdes y las edificaciones, distinguiendo las tres funciones básicas de la ciudad: vivir, trabajar y descansar. La principal novedad técnica de este planteamiento fue la zonificación, entendida como herramienta para organizar el espacio urbano según su uso.
Por tanto, aunque esta nueva concepción del espacio se camufló bajo la necesidad de medidas sanitarias e higiénicas, puede entenderse, en esencia, como un intento de adaptación al nuevo modo de producción capitalista de la época y como una decisión de clase: lo que se pretendía era proporcionar a cada persona trabajadora un espacio seguro y mínimamente confortable para que pudiera desarrollar su trabajo asalariado de la manera más adecuada y eficiente posible.
En ese sentido, la ciudad se organizó conforme a distintas funciones, distinguiendo zonas industriales, áreas residenciales, espacios de descanso, zonas deportivas y áreas de ocio, con el fin de organizar de manera más eficaz la vida cotidiana de la clase trabajadora y el proceso productivo. En España, la primera expresión relevante de esta visión racionalista llegó de la mano del grupo GATEPAC, que defendió la necesidad de renovar la legislación urbanística vigente en consonancia con los planteamientos modernos que se estaban desarrollando en Europa.
Los debates entre los distintos sectores en el seno de la dictadura
A medida que los debates sobre la organización del espacio iban cobrando fuerza, dentro del franquismo fueron surgiendo también visiones contrapuestas sobre el modelo urbanístico que debía adoptar el régimen. Esos enfrentamientos no eran meras discrepancias de carácter técnico; también constituían una muestra de la pugna ideológica entre las distintas familias políticas del régimen, y tuvieron consecuencias notables en la organización del espacio.
Los falangistas apostaban por un espacio interclasista y jerarquizado, con el fin de facilitar el control social y la transmisión de los valores tradicionales
Como ya se ha señalado, estos debates se remontan a antes del final de la Guerra Civil, de modo que la reunión de Burgos de 1938 puso de manifiesto la brecha entre el sector falangista y las visiones más técnicas. El sector falangista organizado en torno a Pedro Muguruza concebía el barrio ideal como un espacio que difuminase las divisiones de clase, tomando la familia como pilar fundamental de la organización social. De este modo, los falangistas apostaban por un espacio interclasista y jerarquizado, con el fin de facilitar el control social y la transmisión de los valores tradicionales.
Por otro lado, la corriente organicista representada por Pedro Bidagor apostaba por la zonificación, imponiendo un espacio funcional y segregado en base a sus objetivos. Lo cual, en opinión de los falangistas, fomentaba la tradición material de la “lucha de clases socialista” y sentaba las condiciones para facilitar la organización del proletariado, al concentrar a todos en un mismo espacio.
No obstante, esos debates no se limitaron a las discrepancias entre dos arquitectos. En la década de 1940, el desarrollo del urbanismo franquista fue el resultado de un proceso complejo de construcción institucional y doctrinal. Como ha señalado Céline Vaz, en el seno del primer franquismo predominó una auténtica “balcanización institucional”: la Dirección General de Arquitectura (DGA), el Instituto Nacional de la Vivienda (INV), la Obra Sindical del Hogar (OSH), la Dirección General de Regiones Devastadas (DGRD) y el Instituto Nacional de Colonización (INC) tenían competencias solapadas, lo que generó conflictos continuos y problemas de coordinación.
En ese contexto, la Dirección General de Arquitectura, que se encontraba bajo la dirección de Pedro Muguruza, trató de asumir desde 1939 la dirección de las políticas urbanísticas de posguerra. Sin embargo, la presencia de las distintas familias políticas del régimen y el solapamiento de competencias impidieron la consolidación de una dirección única. En consecuencia, las distintas visiones sobre la ordenación del territorio se vieron obligadas a coexistir, tanto en los debates profesionales como en los principales proyectos urbanísticos de la década.
Las discrepancias no se limitaron al ámbito institucional, ya que mientras los sectores más próximos al falangismo defendían comunidades orgánicas y socialmente integradas, otros urbanistas asumieron los planteamientos funcionalistas difundidos internacionalmente. Esos debates se reflejaron en los Congresos Nacionales de Arquitectura y en la Revista Nacional de Arquitectura. Muguruza, en particular, rechazó la creación de barrios obreros exclusivos y se pronunció a favor de construir “casas españolas, cristianas y familiares” en su lugar.
Por otra parte, el crecimiento de las grandes ciudades y los flujos migratorios dirigidos hacia los principales núcleos industriales pusieron de manifiesto los límites de las herramientas urbanísticas existentes hasta entonces. En consecuencia, en la década de 1940 se desarrolló una nueva legislación para intervenir en espacios que superaban los límites municipales, reforzando la intervención del Estado y promoviendo la planificación supramunicipal. En ese contexto deben entenderse también las políticas de anexión impulsadas en torno a las principales ciudades.
En definitiva, el franquismo no creó un modelo urbanístico completamente nuevo, sino que asumió los planteamientos principales del movimiento moderno, adaptándolos a los valores políticos y sociales de la dictadura. Pese a las discrepancias internas, la década de 1940 trajo consigo la consolidación de un urbanismo funcional y segregador, que habría de constituir uno de los pilares de la ordenación territorial de las décadas siguientes.
Los intentos impulsados por el régimen en el primer franquismo
Condicionado por la autarquía económica, el régimen tuvo grandes dificultades para ejecutar las leyes y decretos que deseaba, y la proliferación de organismos y direcciones generales generó, más que eficacia, caos y pugnas institucionales.
Hubo algunos intentos ya durante la Guerra Civil: en diciembre de 1936 se promulgó la primera ley sobre vivienda, junto con la creación de la Fiscalía Superior de la Vivienda (FSV), un nuevo organismo encargado de garantizar las condiciones higiénicas y sanitarias de las viviendas mediante un servicio nacional de inspección. Además, a partir de mayo de 1939, este instituto obligaba a todas las viviendas a disponer de un certificado sanitario.
La dictadura puso en marcha una política intervencionista en la posguerra y asumió el papel de promotora
No obstante, la Guerra Civil generó necesidades específicas en los años de la posguerra. Tomando como base la idea de la “Reconstrucción Nacional” y con el propósito de reconstruir las zonas destruidas por la guerra, así como de ensayar el nuevo modelo arquitectónico que el franquismo deseaba impulsar, en 1938 se crearon los Servicios Técnicos de Falange. Para desarrollar plenamente estos modelos arquitectónicos, el régimen necesitó nuevas instituciones que mejoraran el modelo de vivienda e impulsaran la organización de ciudades y pueblos.
Entre el final de la guerra y la formación del primer gobierno franquista, el régimen tuvo que reflexionar sobre varios aspectos: los criterios de reconstrucción, una política de vivienda eficaz favorable a la burguesía local, la construcción de nuevas viviendas económicas, el impulso del sistema autárquico y el proceso de colonización interior. La prioridad de los primeros años de política autárquica fue llevar a cabo la reconstrucción en consonancia con los criterios económicos, lo que obligó a dejar de lado el aspecto arquitectónico.
El resultado de todo esto fue el Plan Nacional de Ordenación y Reconstrucción, que aunque se presentó como un plan integral, nació con una fuerte carga ideológica, con el objetivo de promover el “ambiente tradicional” y la “mejora de la raza”, obedeciendo a la “Misión Nacional”. Entre las prioridades de esa reconstrucción, el régimen estableció una dicotomía entre los ámbitos urbano y rural: los primeros quedaron designados como espacios para la generación de riqueza ideológica, y los segundos como espacios para la generación de riqueza económica. El régimen dejó de lado los proyectos urbanísticos más ambiciosos, limitando drásticamente la construcción de vivienda social. En cambio, apostó por el desarrollo de la actividad en el ámbito agrario, ya fuera a través de la Dirección General de Regiones Devastadas (DGRD) o bien construyendo desde cero nuevos pueblos en pleno medio rural, estos últimos a través del Instituto Nacional de Colonización (INC).
Sin embargo, contrariamente a los propósitos del régimen ‒que pretendía, entre otras cosas, evitar la proliferación de grupos proletarios‒, los núcleos urbanos experimentaron una fuerte inmigración impulsada por la concentración industrial. Para hacer frente a la situación, el régimen se vio obligado a promulgar en abril de 1939 la Ley de Viviendas Protegidas, con la ayuda y gestión del Instituto Nacional de la Vivienda (INV).
El objetivo de este organismo era apoyar y garantizar la construcción de Viviendas Protegidas y, al mismo tiempo, era la única entidad autorizada para aprobar los proyectos de construcción de vivienda protegida y su normativa. Así pues, la dictadura puso en marcha una política intervencionista en la posguerra y asumió el papel de promotora, ya fuera de forma directa o a través de órganos oficiales intermedios. La nueva legislación sobre Viviendas Protegidas estuvo vigente hasta 1954, cuando se pusieron en marcha las Viviendas de Renta Limitada.
Los primeros años de posguerra estuvieron marcados por una dura depresión económica. La construcción de nuevas edificaciones fue inexistente, debido a la mencionada escasez de materiales y al retroceso del capital privado
De este modo, el Estado se convirtió en el principal órgano promotor de la construcción de grandes polígonos y solares de viviendas, contemplando así la construcción de viviendas individuales, conjuntos residenciales (polígonos) y, finalmente, ciudades satélite. Durante la guerra también se creó otra institución importante: la Obra Sindical del Hogar (OSH), cuyo objetivo era “crear viviendas dignas y confortables para los productores españoles”.
Cabe destacar la propaganda falangista que manejaba la OSH, empeñada en sostener los valores tradicionales: “Se trata de construir hogares alegres, modernos e higiénicos, en lugar de las casas normales e insuficientes en las que han vivido hasta ahora los trabajadores”.
Los choques entre las distintas familias políticas del régimen también se reflejaron de forma evidente en las nuevas instituciones. Muestra de ello fueron las discrepancias entre José Fonseca y Pedro Bidagor, que se tradujeron en líneas de actuación diferenciadas entre el INV y la OSH, por un lado, y la Dirección General de Arquitectura (DGA), la Dirección General de Regiones Devastadas (DGRD) y el Instituto Nacional de Colonización (INC), por otro.
No obstante, en muchos casos, todos estos intentos quedaron en meras tentativas. La Guerra Civil no solo agravó la escasez de vivienda en el ámbito urbanístico, sino que también tuvo graves consecuencias en el contexto económico. Por un lado, se produjo una fuerte caída de la demanda, debido a la falta de capacidad adquisitiva de la población. Por otro, también surgieron grandes dificultades en la oferta del sector de la construcción, sobre todo por la escasez de hierro y cemento. Por último, desde el punto de vista financiero, se produjo un intenso proceso inflacionario y una severa inestabilidad monetaria.
En consecuencia, los primeros años de posguerra estuvieron marcados por una dura depresión económica. La construcción de nuevas edificaciones fue inexistente, debido a la mencionada escasez de materiales y al retroceso del capital privado. De este modo, en la década de 1940 el desarrollo urbano fue muy limitado, y es que la situación económica de la población no mejoró hasta la siguiente década y, por tanto, la política en materia de vivienda y urbanismo no se revisó hasta entonces.
El fracaso de la política de Viviendas Protegidas estuvo determinado por varias razones, entre ellas, la desconexión entre la planificación económica nacional y la política sectorial del Estado generó diferencias y falta de coordinación, reduciendo notablemente su eficacia. Años más tarde, el franquismo cambió de táctica en la cuestión de la vivienda y trató de utilizar el sector de la construcción para crear empleo y reducir la tasa de paro.
Para ello, en 1944 se puso en marcha un nuevo modelo de vivienda protegida, orientada a la clase media, denominada Viviendas Bonificables. Con el objetivo de impulsar el propio proceso de construcción, creó un nuevo sistema de ayudas. En muchos casos, tras la edificación, se autorizó la venta libre de estas viviendas, por lo que los promotores y las empresas constructoras aprovecharon la situación para obtener cuantiosos beneficios.
Por tanto, las Viviendas Bonificables tenían un carácter de clase bien definido, ya que estaban dirigidas principalmente a ese sector de la sociedad que formaba parte de la aristocracia obrera. En cambio, también existía una población no integrada en los núcleos urbanos, compuesta frecuentemente por jóvenes y migrantes del ámbito rural, que vivía a menudo en chabolas construidas por ellos mismos y en condiciones de vida muy precarias. La ley del 17 de julio de 1946 también impuso a las empresas con más de 50 trabajadores la obligación de construir viviendas protegidas, en un intento de satisfacer la demanda de vivienda de la numerosa clase trabajadora concentrada en los núcleos urbanos.
Pese a la proliferación de leyes, instituciones, ministerios y otras estructuras menores, en la práctica todo esto no tuvo un reflejo real. No obstante, aunque la cuestión de la vivienda no fue una prioridad para el régimen en los primeros años de posguerra, hacia 1949 empezaron a aparecer las primeras preocupaciones serias entre los miembros del Gobierno. Por ello, ese mismo año el Gobierno creó una comisión interministerial denominada “el problema de la vivienda y la crisis de la industria de la construcción”, con el propósito de analizar la situación y proponer una solución. En aquel momento había muchas preguntas en el aire: ¿Quién debía construir las viviendas? ¿El Estado? ¿La iniciativa privada? ¿Cómo debía financiarse la construcción?
A juicio de la comisión interministerial, la prioridad era impulsar la construcción desde la iniciativa privada y desarrollar un planteamiento que diera respuesta al déficit de capital existente en el sector de la vivienda. Muchos actores se interesaron por este asunto: miembros de la administración central, empresas del sector de la construcción, promotores con ánimo de lucro, arquitectos y dirigentes de la Iglesia Católica, entre otros. Todos mostraron su acuerdo con la necesidad de liberalizar la política de vivienda y con el mayor protagonismo que debía asumir la iniciativa privada, junto con el abandono de la intervención directa del Estado. Entre los dos modelos de promoción de vivienda vigentes, la iniciativa privada prefirió las bonificables frente a las protegidas.
La propia Iglesia fue una de las primeras instituciones en mostrar profunda preocupación ante la escasez de vivienda, pues los eclesiásticos consideraban que la falta de una sólida célula familiar podía propiciar la promiscuidad, el retraso de la edad de matrimonio y, en consecuencia, el descenso de la tasa de natalidad. En otras palabras, a juicio de la Iglesia, la dignidad de la vivienda sería la condición para garantizar la influencia de la religión católica.
Hubo un amplio consenso en la cuestión sobre la necesidad de liberalizar la política de vivienda y sobre el mayor protagonismo que debía asumir la iniciativa privada, junto con el asunto del abandono de la intervención directa del Estado
Sin embargo, los resultados fueron mediocres, ya que, como explicó con claridad Pedro Muguruza (DGA) en 1946, las viviendas protegidas eran inaccesibles para muchos trabajadores debido a los bajos salarios que percibían. En definitiva, ni los ideales falangistas ni los intereses de la oligarquía conservadora comprendieron el problema en su profundidad. A finales de la década de 1940, los debates racionalistas de la época bélica regresaron al ámbito del urbanismo, y la liberalización iniciada en materia de vivienda tuvo su continuación general con los Planes de Estabilización de 1959, pese a la oposición del sector más conservador del régimen. En última instancia, la escasez de recursos provocada por la autarquía tuvo una repercusión directa en la producción de vivienda y, en consecuencia, en la construcción de vivienda social.
No obstante, tal y como defiende Sambricio, no es correcto pensar que la primera preocupación del Gobierno franquista fuese la construcción de viviendas destruidas. El propio Gobierno, en la exposición internacional Interbau de Berlín (1957), tan solo reivindicaba 21.377 edificaciones entre 1939 y 1954, es decir, 1.257 viviendas anuales. Por tanto, las cifras fueron muy escasas, y puede concluirse, por un lado, que más allá de las palabras, apenas se construyó vivienda social durante la posguerra ‒hasta al menos 1956‒, y por otro, que la cuestión de la vivienda tampoco fue fuente de preocupación para el franquismo hasta 1949.
En este período, el nivel de concentración urbana aumentó notablemente y en todo el Estado 9 millones de personas tomaron la firme decisión de trasladarse a las áreas con base industrial: Madrid, Catalunya y Euskal Herria. En el mismo momento en que surgieron las preocupaciones e inquietudes en torno a la cuestión de la vivienda, también se planteó la necesidad de una nueva normativa urbanística, con la intención de sustituir una legislación completamente caduca basada en el siglo XIX.
En lugar de construir barrios que satisficieran diversas necesidades y servicios, se construyeron bloques de pisos en distintas parcelas, sin relación entre sí y muy lejos de garantizar los servicios básicos
De este modo, se impuso la aparición de un nuevo concepto para la creación de espacio urbano, cuyo resultado fue la configuración de áreas compuestas de “polígonos”. En cierto modo, era una propuesta similar al modelo urbano que el movimiento moderno había concebido en la Carta de Atenas y que estaba de moda en Europa. Sin embargo, fue precisamente de las tensiones entre esas ideas que se predicaban en Europa y los ideales tradicionales del franquismo de donde surgió el modelo urbano en forma de collage que habría de convertirse en una característica definitoria de la ciudad española.
Los polígonos de viviendas tuvieron una enorme importancia en el desarrollo de las ciudades, pues permitieron literalmente añadir nuevas partes urbanas enteras a los núcleos existentes, multiplicando el número de solares disponibles para la construcción y aumentando notablemente el número de viviendas. En lugar de construir barrios que satisficieran diversas necesidades y servicios, se construyeron bloques de pisos en distintas parcelas, sin relación entre sí y muy lejos de garantizar los servicios básicos.
La visión falangista aspiraba a agrupar los barrios bajo una armonía de clases, mientras que los principales impulsores del capitalismo, los liberales, concebían la ciudad misma como la consecuencia “natural” de que la sociedad estuviera dividida en clases sociales. Estos debates fueron muy notorios a principios de la década de 1940, en los Congresos Nacionales de Arquitectura, en otros congresos o, por ejemplo, en la Revista Nacional de Arquitectura. Pedro Muguruza, representante del perfil falangista, quería evitar a toda costa los barrios poblados de proletarios, mientras reivindicaba “casas españolas, cristianas y familiares”.
Conscientes de la importancia demográfica y económica que estaban adquiriendo algunos núcleos urbanos, se puso en marcha la legislación urbanística en torno a las grandes ciudades. Estas leyes nacieron para dar respuesta a la gran expansión que se estaba produciendo en los principales núcleos urbanos, muchos de los cuales habían superado sus límites geográficos, lo que puso de manifiesto por primera vez la necesidad de unas normas supramunicipales. La nueva legislación tenía dos ejes principales: justificar el intervencionismo del Estado, dejando de lado la cooperación municipal, e iniciar una nueva política de anexión.
La idea clasista de la zonificación se aplicó por primera vez en Gipuzkoa y Madrid de manera sistemática, algo que más tarde se volvería muy habitual en el urbanismo español
Sin embargo, el auténtico punto de inflexión lo marcaron el Plan Provincial de Guipúzcoa (1943) y el Plan de Madrid (1941-1946), los cuales fueron los primeros intentos reales de aplicar las ideas modernas de planificación. Fue en estos últimos donde se aplicó de manera sistemática por primera vez la idea clasista de la zonificación, algo que más tarde se volvería muy habitual en el urbanismo español. Este modelo era contrario a las formulaciones falangistas, y Pedro Muguruza criticó abiertamente el plan, pues en su opinión debía alcanzarse el objetivo contrario a la división social.
En el Plan de Madrid de Bidagor de 1946, se aprecia una firme apuesta por la segregación espacial. En su opinión, Madrid necesitaba la creación de al menos ocho barrios satélite y consideraba imprescindible dispersar a la clase trabajadora en distintas áreas, con el objetivo de debilitarla y controlarla. En el área urbana, Bidagor señaló que la gente de clase trabajadora solo podía representar el 25% de la población, un máximo de 20.000 personas por barrio satélite.
El sector más liberal del régimen apostó por el sistema de segregación de barrios obreros, y estos primeros planes, con un sistema urbano desarrollado y una distribución según el espacio funcional, fomentaban aquella teoría de la segregación.
Sin embargo, el punto de inflexión más importante de la década de 1950 fue la Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 1956. Su objetivo fue dar respuesta a dos procesos importantes que se estaban produciendo en aquel momento: los inicios de la Segunda Industrialización y la crisis de la agricultura tradicional. Entre sus propósitos se encontraban ordenar el éxodo rural y garantizar la existencia de suelo suficiente para acoger la nueva migración. A partir de entonces, los núcleos urbanos comenzaron a organizarse mediante Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU).
Más allá de la mera ordenación de las ciudades, el urbanismo franquista permite comprender el pensamiento de clase que sustentó la dictadura y las estrategias mediante las que trató de materializarla a través de la ordenación del espacio
En 1957, José Luis Arrese (responsable del Ministerio de Vivienda) autorizó la entrada del sector privado en un ámbito que hasta entonces había sido público, modificando las ordenanzas y permitiendo a las empresas inmobiliarias construir bloques de alta densidad, en detrimento del modelo de vivienda de tres o cuatro pisos que era más habitual en aquel momento. El propio Arrese lo anunció con su célebre frase: “Quiero una España de propietarios, no de proletarios”. Con el propósito de hacer efectivo este objetivo, apostó por un banco dispuesto a conceder préstamos hipotecarios y planteó diversas facilidades.
Tal y como sostiene Zira Box, el organicismo franquista no solo se ocupó de organizar el espacio en sí mismo, sino que albergaba en su interior mensajes ideológicos profundos, ya que fue un medio para garantizar la dependencia y el control.
Conclusiones
El urbanismo del primer franquismo no puede entenderse ni como mera expresión ideológica de la dictadura ni como simple herramienta para resolver problemas técnicos. Las políticas urbanísticas desarrolladas tras la Guerra Civil combinaron tendencias internacionales, debates urbanísticos preexistentes y los objetivos políticos y sociales que el nuevo régimen deseaba imponer. De este modo, la organización del espacio se convirtió en un instrumento para estructurar la sociedad, condicionando la forma de la ciudad, la estructura del territorio y la vida cotidiana de sus habitantes.
Al mismo tiempo, el urbanismo desempeñó un papel relevante en la configuración de las relaciones de clase. La extensión de la industrialización, la migración del campo a la ciudad y el crecimiento de la clase obrera plantearon nuevos retos, a los que las distintas fracciones de la dictadura intentaron responder mediante una ordenación funcional del espacio. El modo en que se ubicaron fábricas, viviendas e infraestructuras no buscaba únicamente la eficiencia económica; también había detrás una voluntad de construir un determinado orden social. Por ello, más allá de la mera ordenación de las ciudades, el urbanismo franquista permite comprender el pensamiento de clase que sustentó la dictadura y las estrategias mediante las que trató de materializarla a través de la ordenación del espacio.
