El 17 de julio de 1936 el general Francisco Franco vuela en el Dragon Rapide hacia territorio marroquí con el fin de comandar las tropas africanas allí predispuestas ante el inminente golpe de Estado contra la autoridad republicana. Acompañados de un amplio segmento de la Armada y arropados por los sectores proclives a la conspiración, varios mandos militares situados estratégicamente en diferentes puntos del territorio darán paso en la madrugada del día 18 a la fallida intervención militar.
La sublevación respondió tanto al reformismo republicano como a un alud de revueltas, demandas y levantamientos populares contra el orden establecido. Este “orden” estaba ligado en varios aspectos a las dinámicas del antiguo régimen, manteniendo en posiciones de poder a agentes tales como la Iglesia, el Ejército o la clase terrateniente. La etapa republicana, conocida por el progreso y modernización en el plano social, dio pie, a su vez, a constantes intentos de fortalecimiento por parte de la burguesía urbana en pos de los derechos de la clase trabajadora.
Aún y todo, muchas de las reformas impulsadas durante el bienio azañista sembraron el miedo entre las esferas reaccionarias poseedoras de los medios armados y de producción. Asimismo, resulta imprescindible atender a los historiadores como Ricardo Robledo Hernández que señalan el débil reflejo de ciertas reformas impulsadas por la Segunda República en la realidad material del campesinado y proletariado a nivel estatal, a la hora de entender la verdadera magnitud de la pérdida de privilegios que alentó el golpe.
Ejército
El proceso de radicalización experimentado por un amplio segmento del Ejército en el periodo previo a la intervención militar puede ser entendido como consecuencia de dos grandes factores: la influencia del sector africanista y la remodelación del Ejército emprendida durante el bienio reformista. El africanismo fue la corriente ideológico-militar mantenida por el sector de la Armada que defendió los intereses del Estado español en el norte de África; se caracterizó por su afán por las ideas belicistas, así como por un rechazo hacia la clase política y a las ideas izquierdistas o democráticas. Asimismo, la reestructuración de las Fuerzas Armadas llevada a cabo en el año 1931 redujo significativamente la cantidad de altos mandos en la institución, lo cual derivó en una pérdida de poder por parte de este estamento. Dentro de estas medidas, la prohibición de que los mandos remanentes aplicaran la justicia militar fuera del propio Ejército reflejaba el principal propósito del Ministerio de Guerra en esta cuestión: alejar a la clase militar de lo relativo al orden público separando al Ejército de la política. Naturalmente, el rechazo a estas medidas se tradujo en un creciente espíritu antirrepublicano y propenso a la conspiración.
La tradición golpista que se mantuvo a lo largo de las décadas en el Estado español tuvo como cometido servir a las élites económicas que entendían al Ejército como un elemento en última instancia de garantía de sus privilegios
Juto a estos factores, hemos de tener en cuenta que, en términos generales, la tradición golpista que se mantuvo a lo largo de las décadas en el Estado español tuvo como cometido servir a las élites económicas que entendían al Ejército como un elemento en última instancia de garantía de sus privilegios.
Ante lo normalizado de los golpes de Estado llevados a cabo por el Ejército en el siglo anterior, cabe destacar la brecha que separó al levantamiento 1936 de los que le precedieron: aunque desequilibrada, la entidad armada experimentó a lo largo del periodo republicano una separación que propició cierto grado de resistencia en el momento del golpe.
En el año 1933 surge, por un lado, la UME (Unión Militar Española), guiada por el descontento provocado por el Gobierno republicano y las tensiones a lo largo de esta etapa que propiciaron la radicalización. Sus principales características serán estar compuesta solamente por oficiales del Ejército y haber sabido recoger el descontento y redirigirlo hacia la necesidad de intervención. Dentro de este conjunto existió a su vez otra escisión marcada por el método a la hora de intervenir el poder: había quien optaba por penetrar en él mediante la vía política y quién no contemplaba otra salida que no derivara en un golpe de Estado. Finalmente, ante la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, la vía política quedó descartada. Del otro lado encontramos a la UMRA (Unión Militar Republicana Antifascista) cuyo seguimiento dentro de las tropas sería muy limitado.
Todos estos factores derivaron en el fraccionamiento de la institución militar. Los porcentajes de la actitud mostrada por los 12.610 cuadros de mando (generales, jefes y oficiales) que formaban el Ejército español señalan lo siguiente: el 46,97% de los mandos vulneró abiertamente la promesa, otro 23,63% rechazó las primeras ofensivas del golpe para, posteriormente, ponerse al mando de las tropas formadas por soldados y milicianos, un 5% fue fusilado o, en algunos casos, expulsado del Ejército, al posicionarse en favor del Gobierno del Frente Popular en ciudades donde había triunfado el golpe, mientras que un 24,24%, al no pronunciarse en lugares donde el golpe de Estado fracasó, fue enviado a prisión o se le ofreció luchar en favor de la República.
Finalmente, cabe mencionar la importancia de la asistencia extranjera. Dado que la intervención militar era para los fascismos europeos un terreno en el que se manejaban con comodidad, no es de extrañar el apoyo que los principales regímenes nazi-fascistas europeos le prestaron a la Armada española en este momento. Además, el control sobre la Península resultaba de gran atractivo para Italia y Alemania debido a su enemistad con Francia y a su interés por establecer el control sobre el Mediterráneo y arrinconar a las colonias galas.
El papel de la CEDA, el carlismo y el falangismo
Conviene recordar que la implicación de cualquiera de los sectores partícipes en el golpe no puede ser entendida de manera estanca, sino que responde a una colaboración económico-ideológica que empujará a todos sus participantes a la cooperación motivada por intereses cruzados.
Dado que la intervención militar era para los fascismos europeos un terreno en el que se manejaban con comodidad, no es de extrañar el apoyo que los principales regímenes nazi-fascistas europeos le prestaron a la Armada española
Dentro de este escenario, no resulta sorprendente que José María Gil-Robles (líder de la CEDA) fuera artífice de la gestión al conectar a altos mandos con tendencias antirrepublicanas propiciando encuentros con fines golpistas como el desarrollado en Madrid el 8 de marzo de 1936. Simultáneamente, varios políticos conservadores y monárquicos preparaban el terreno en el plano civil aludiendo a la inconstitucionalidad del nuevo Gobierno a través de la prensa. El periódico ABC publicaba el 20 de mayo de 1936 el siguiente discurso de Calvo Sotelo: “el principio de autoridad se resquebraja […] Vivimos en plena anarquía, en un régimen de taifas de la anarquía, en un cantonalismo asiático”, tras lo cuál aludía al “deber militar” más concretamente a “reaccionar furiosamente cuando se manda sin legalidad y en detrimento de la Patria”.
Como es lógico, toda esta tendencia conspiradora sería desde un principio alentada por los sectores más favorables a la monarquía autoritaria, para los cuales, principios como la separación de poderes o el sufragio universal, blindados bajo la Constitución de 1931, resultaban intolerables.
Del mismo modo, existieron dentro del espectro ideológico “derechista” otros dos agentes políticos clave a la hora de impulsar el asalto al poder: los grupos carlistas y falangistas. En cuanto al papel jugado por ellos, en un principio ambos optaron por mantener su propia visión y planificación del golpe sin querer subordinarse a otros intereses o altos mandos, dado que en el seno de las dos agrupaciones también era incipiente el complot. En el caso de Euskadi y Nafarroa, la alta presencia de grupos requetés propició la conjura en el territorio. Tras la intervención de Emilio Mola, director de la confabulación, se alcanzó un acuerdo logrando la subordinación de gran parte de la militancia carlista a nivel nacional ante los conspiradores del ejército.
Falange, siguiendo los pasos del fascismo italiano y nacionalsocialismo alemán, disentía del carácter tradicionalista propio de la reacción, ante lo cual sostenía una visión rompedora y lejos del catolicismo y la monarquía
En ambos casos, el acuerdo fue alcanzado como última opción, derivado de la falta de medios y apoyos para que cada formación llevara a cabo el golpe de Estado en base a sus principios. Encontramos en el creciente anticlericalismo de la época uno de los principales alicientes de la militancia carlista para respaldar la agresión militar. No obstante, el resultado político-organizativo esperado por las organizaciones requetés difería tanto del de Falange como del impulsado por las Fuerzas Armadas, en vista de que su objetivo era el establecimiento de una monarquía tradicional católica. Asimismo, Falange, siguiendo los pasos del fascismo italiano y nacionalsocialismo alemán, disentía del carácter tradicionalista propio de la reacción, ante lo cual sostenía una visión rompedora y lejos del catolicismo y la monarquía (al menos en sus fundamentos teóricos iniciales). A la hora de establecer una conexión y concentrar la fuerza de todo el espectro que componían los “partidos antirrepublicanos” bajo el mando de los oficiales sublevados, la capacidad de negociación de Emilio Mola fue un elemento clave. Extrajo respaldo financiero de los partidos que compusieron la CEDA y apoyo militar en forma de milicias de carlistas y falangistas.
Respecto a estos últimos, su aportación a la caída del régimen republicano fue más allá del respaldo ejercido el 18 de julio. Las labores de desestabilización y deslegitimación del modelo gubernamental republicano previos a la sublevación militar se llevaron a cabo en las calles: los discursos aludidos por parte de líderes derechistas, así como la prensa transformada en muchos casos en altavoz de la reacción, bebían de la virulenta situación cotidiana donde los enfrentamientos entre grupos falangistas y comunistas (entre otros) fueron constantes. Este fenómeno, especialmente candente en los meses finales de la II República, fue alentado en gran parte por el terrorismo callejero emprendido por grupos pertenecientes a Falange. Ante esto, las agrupaciones obreras no dudaron en responder, derivando en un pánico creciente entre las filas del Frente Popular que auguraban el golpe. Como medida tardía y desesperada, el 14 de marzo se aprueba la prohibición de las actividades del partido, acompañada del encarcelamiento de varios líderes falangistas, entre ellos, José Antonio Primo de Rivera, lo cual no solo no impedirá el golpe, sino que avivará aún más la predisposición hacia él.
Apoyo civil
Las medidas tomadas por las fuerzas conspiradoras para evitar ser descubiertas se extendían, por supuesto, al plano civil, donde las dificultades a la hora de difundir el mensaje aumentaban. Resulta de gran dificultad conocer en profundidad el verdadero seguimiento popular del alzamiento; aún y todo, son varios los historiadores e historiadoras que señalan a Nafarroa como único núcleo del apoyo civil generalizado a nivel estatal. Asimismo, la población adepta al golpe se limitó a grupos dentro del entramado político del momento, entre ellos, seguidores del ideario falangista, carlista o del grupo Acción Popular (núcleo de la CEDA).
El objetivo no era otro que alcanzar un clima en el que la ciudadanía estuviera tan atemorizada que no solo aceptara la intervención armada, sino que también la encomiara
En un intento por exponer la situación general del Estado, cabe decir que el pánico inducido hacia la revolución y a una guerra civil condujo irremediablemente a una coyuntura social marcada por una espiral de represalias. El objetivo no era otro que alcanzar un clima en el que la ciudadanía estuviera tan atemorizada que no solo aceptara la intervención armada, sino que también la encomiara. Una parte significativa de la responsabilidad ante esta situación ha de asumirla la prensa derechista, que, marcada por una línea belicista y virulenta, buscará encauzar a la población contra las instituciones republicanas. Valiéndose de información falsa, tergiversada o incompleta, estos medios lograron poner en duda la credibilidad de los últimos resultados electorales, lo cual se tradujo en una desconfianza creciente hacia el Ejecutivo. La insistencia en esta idea no era casual, cuestionaba directamente dos de los pilares donde se fundamentaba el orden republicano, el sufragio universal y la soberanía popular, afirmando que la participación del pueblo en el ordenamiento político había sido suprimida.
En este punto, conviene hacer hincapié nuevamente en cómo el apoyo de las élites financieras atraviesa todo este fenómeno posibilitando el éxito del bando nacional incluso en el periodo previo al levantamiento. Si bien el creciente ambiente polarizado era fomentado desde los dos espectros ideológicos, la financiación de la burguesía rural e industrial aventajó y aportó solidez y continuidad al discurso apocalíptico de la derecha.
En otro orden de cosas, fueron varios los segmentos de la población cuya motivación a la hora de apoyar la sublevación nacía de características comunes con la Iglesia o los grandes latifundistas: un sector de la población católica o propietaria de pequeñas parcelas de tierra respaldó la maniobra golpista por miedo a la revolución socialista.
En cuanto a la población simpatizante con causas nacionalistas o regionalistas, vemos cómo los líderes de partidos dentro de estas culturas políticas los movilizarán contra el alzamiento mediante dos estrategias: apelando a su electorado mediante anuncios o, en un plano más subliminal, a través de discursos patrióticos.
De manera anecdótica, pero muestra del papel decisivo que la ciudadanía jugaba a la hora de favorecer o enfrentar el golpe, encontramos el caso del gobernador civil de Cádiz: pese a tratarse de una provincia en la que el golpe de Estado había triunfado, logró emitir en Radio Cádiz un llamamiento a la población civil a armarse y resistir. Del mismo modo, cabe reseñar la actitud revolucionaria que tanto organizaciones obreras como campesinas adoptaron ante el alzamiento en contraposición a la pasividad popular que caracterizó los constantes golpes de Estado emprendidos a lo largo del siglo XIX. La aludida polarización dará sus frutos en este caso en forma de venganza de clase. Surgen así diferentes iniciativas que tendrán como objetivo desarticular el ordenamiento económico del momento tanto en el ámbito urbano como en el rural al colectivizar fábricas, comercios y grandes extensiones de tierra, entre otras medidas.
Iglesia
El respaldo que las entidades eclesiásticas prestaron al golpe se fundamentó sobre dos ideas: la pérdida de privilegios, que en la mayoría de casos les garantizaban el monopolio sobre cuestiones y labores que fueron secularizadas, y la lucha en favor de la siguiente idea: “España y el catolicismo son inseparables”. Respecto a las dinámicas monopolísticas, la autorización para celebrar bodas civiles, divorciarse y secularizar los cementerios, la retirada de esta entidad del rol educativo, pero especialmente, la separación entre Estado e Iglesia motivaron las primeras tendencias a la conspiración. Así mismo, su condición como propietarios de grandes superficies de tierra condujo a la aplicación de la reforma agraria sobre ellas, sin otra alternativa que renunciar a los privilegios jurídico-económicos que esta fuente de beneficio les proporcionaba. Las disposiciones aprobadas por el Gobierno de Azaña entre noviembre y diciembre de 1931 daban cumplimiento a lo siguiente: “las tierras y propiedades rústicas de la Iglesia quedarán sometidas a expropiación inmediatamente después de las de la Casa Real, pero sin indemnización”. De este modo, la clase terrateniente y la Iglesia no pueden ser entendidas como categorías económico-sociales independientes, sino que trazarán conjuntamente su reacción ante la ofensiva impulsada por las clases populares y el Gobierno en defensa de sus privilegios.
Lejos de las dinámicas y rituales de control de la vida cotidiana que sostuvieron el poder de la Iglesia durante siglos, el carácter civil conquistó en muchos lugares la vida pública, arrinconando lo espiritual a una cuestión optativa
Análogamente, la controvertida cuestión del anticlericalismo supuso el detonante definitivo para incentivar el contubernio: encontramos en este periodo uno de los momentos cúspide de esta corriente, propiciada, en parte, por la actitud de la Iglesia en favor de la monarquía y la tradición y por ser uno de los principales núcleos latifundistas. Estos fundamentos llevan al historiador Antonio Moliner Prada a afirmar que: “el anticlericalismo fue un ingrediente obligado de las posturas liberales, democráticas, republicanas, socialistas, anarquistas y marxistas”. De ahí que las diferentes formas de militancia obrera identificaran a esta entidad como enemigo de sus intereses mucho antes del pulso que esta sostuvo contra las instituciones republicanas. Este enfrentamiento sirvió de marco coyuntural para una rabia popular intensificada a lo largo de los años y que se materializó en una constante violencia anticlerical desde los primeros momentos de la República. Cabe puntualizar que la magnificada virulencia contra el clero estuvo en realidad, y hasta el inicio de la Guerra Civil, dirigida contra sus símbolos y espacios de culto, entendidos como emblemas del antiguo régimen (exceptuando el periodo revolucionario de 1934).
La dramática disminución de ingresos provenientes tanto de la celebración de ceremonias religiosas como de sus propiedades rurales, añadida a la desaparición de su función social, hizo que los miembros del clero empezaran a ser tratados como unos vecinos más, tal y como relatan en su propia documentación. Lejos de las dinámicas y rituales de control de la vida cotidiana que sostuvieron su poder durante siglos, el carácter civil conquistó en muchos lugares la vida pública, arrinconando lo espiritual a una cuestión optativa.
Al calor de este descontento surge este nuevo apoyo reaccionario ligado, de una manera u otra, al resto de sectores que se adhirieron al complot llamado “coalición contrarrevolucionaria”. Sirviéndonos de casuísticas territoriales, entendemos mejor la dinámica: en el caso de Catalunya, varios prelados, así como las altas jerarquías, sabían de la conspiración; en València les fue revelado el mismo mes del golpe la fecha aproximada de la sublevación y, en Nafarroa, fueron más allá al participar de manera activa en la conjura a partir del triunfo electoral del Frente Popular.
Por otro lado, y en cuanto a la manera de fundamentar su participación, surgirá la narrativa de la “cruzada” o “guerra santa” que quedará justificada a través de la defensa del catolicismo. Pese a que hasta julio de 1937 no sería redactada la Carta Colectiva del Episcopado donde el respaldo al golpe quedaría certificado a nivel general, las entidades eclesiásticas no dudaron en respaldar desde el primer momento la sublevación a un nivel local y regional.
Las insurrecciones campesinas que “simplemente” buscaban apoderarse de parcelas de tierra tenían en realidad como objetivo llevar a cabo una reordenación en la manera de entender la propiedad y de relacionarse con estos medios de producción
Sin embargo, la diversidad ideológico-religiosa de la coyuntura política a nivel estatal, derivó en tesituras complejas, que fueron resueltas con brutalidad y simpleza por el bando sublevado: aquellos miembros del clero afines a la propuesta política del Partido Nacionalista Vasco apoyaron, en lineas generales, la legalidad republicana pero, sobre todo, la defensa de la soberanía vasca, ante lo cual, fueron en muchos casos fusilados o encarcelados. Destaca el caso del sacerdote y periodista José Ariztimuño “Aitzol”, fusilado en octubre de 1936 por las fuerzas sublevadas, así como las numerosas cárceles concordatarias que a lo largo de todo el periodo dictatorial se crearon exclusivamente para reprimir a los sectores antifranquistas del clero.
Burguesía agraria
Una vez más, no es posible entender su respaldo al golpe sin el previo fortalecimiento de las clases populares. La generalizada indignación entre el campesinado y su proceso progresivo de emancipación tiene origen en una mezcla entre, por un lado, unas condiciones de vida y trabajo denigrantes y supeditadas a los caprichos de los latifundistas y por otro, la difusión, especialmente entre jornaleros andaluces, del ideario anarquista.
Hemos de situarnos en una realidad social y económica previa a la Revolución Industrial, en la qué por lo tanto, el 45,5% de la población activa se dedicaba a la agricultura. En este marco, la clase terrateniente contaba con un poder inconmensurable que derivó en fenómenos como el caciquismo. Ligado a lo mencionado respecto a la Iglesia, el funcionamiento latifundista bebía de las estructuras de poder heredadas del antiguo régimen: la propiedad de los terrenos estaba en manos de duques, marqueses y otros tantos miembros de la nobleza con terrenos heredados durante generaciones.
Ante la negativa sistemática por parte de los patronos a aplicar la nueva legislación, la movilización obrera fue una herramienta imprescindible al hacer uso de huelgas y protestas como medida de presión
Si bien es cierto que el afán conspirador entre la burguesía terrateniente nace como reacción a una de las primeras reformas promulgadas por la II República, como sería la reforma agraria, el papel jugado por campesinos y campesinas en la lucha por sus derechos también incentivará su adhesión: ante el paro creciente, especialmente a partir del año 1932, la ocupación por parte de jornaleros de domicilios y fincas de sus patronos será una constante. Sin querer profundizar demasiado en este asunto, resulta conveniente poner el foco en esta idea: las insurrecciones campesinas que “simplemente” buscaban apoderarse de parcelas de tierra tenían en realidad como objetivo llevar a cabo una reordenación en la manera de entender la propiedad y de relacionarse con estos medios de producción que desafiaba a la economía predominante del momento bautizada por el historiador Paul Preston como “capitalismo predominantemente agrario”.
Retomando la cuestión reformista, el asunto resultó ineludible para el nuevo Ejecutivo en vista de que el fenómeno latifundista alcanzaba su máxima expresión especialmente en la zona sur de la Península, donde las crisis económicas provocadas por esta circunstancia se sucedían desde hacía décadas. La principal finalidad de la reforma era realizar un reparto de tierras y mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora rural: quedó establecida la jornada de ocho horas y la implantación de jurados mixtos formados por patronos y obreros a la hora de negociar. No es de extrañar que gran parte de los campesinos recibieran las primeras reformas republicanas llenos de esperanza, dado que todos los medios para la lucha por sus derechos les habían sido saboteados durante décadas.
Agotada la vía de la negociación colectiva (prohibida por la patronal sevillana, entre otros) y la de los paros y huelgas debido a la entrada de jornaleros extranjeros (orquestada por la Guardia Civil en las zonas en paro), confiaron en la eficacia del intervencionismo republicano. Nada más lejos de la realidad: a pesar de que las reivindicaciones tradicionalmente sostenidas por el campesinado sureño, como el fin de la jornada de sol a sol, fueran resueltas sobre el papel, en la gran mayoría de las regiones rurales no fueron respetadas.
En este marco, el empuje de las masas en su lucha contra el poder del latifundismo fue despreciado y en muchos casos, reprimido, como en el episodio de Casas Viejas (Sevilla). Además, y como consecuencia del hartazgo ante la inacción, gran parte de la movilización campesina durante este periodo estuvo en realidad dirigida a exigir el cumplimiento de la legislación laboral promulgada por el nuevo Gobierno.
Por su parte, la lucha del campesinado tomó cuerpo en muchos lugares en torno al sindicato FNTT (Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra) integrado en la UGT, el cual pasó de contar con 100.000 afiliados en 1931 a 450.000 en verano de 1932, motivados por la capacidad que estar organizados les daba para responder ante los terratenientes. El caso de la provincia de Badajoz refleja a la perfección la correlación entre los levantamientos campesinos y su consiguiente represión: ya en el año 1932 se calcula que un 45% de los trabajadores de tierra pacenses estaban en huelga, a lo que habría que sumarle la inmensa maniobra de ocupación de tierras impulsada por la FNTT el 26 de marzo de 1936 de la que fueron parte alrededor de 60.000 jornaleros. Tan destacada fue la acción impulsada por la clase trabajadora de esta región como lo fueron las medidas represivas aplicadas: según el censo de Badajoz de 1930 la provincia contaba con 41.122 censados, de los cuales alrededor de 4.000 serían fusilados, la mayoría de ellos en la Masacre de Badajoz.
Conviene puntualizar que existió, adicionalmente, la figura del pequeño propietario alarmado por “la inminente revolución del proletariado” tan pregonada por las gacetas derechistas, que optó por adherirse a la sublevación.
Burguesía industrial
Encontramos en los motivos del descontento por parte de la clase trabajadora durante este periodo cuestiones que van más allá de las medidas o sucesos específicos de la etapa. Conviene señalar que en la fase anterior a que los grandes propietarios industriales fueran el grupo burgués predominante, existió una vía alternativa de ordenación económica. Como ejemplo, resulta llamativo que en cada oportunidad que la clase obrera tuvo de tomar el control sobre los medios en esta etapa los resultados fueran: fábricas y minas gestionadas por comités revolucionarios durante la Revolución de 1934, ocupación y redistribución de tierras en Extremadura y Andalucía en el año 1936 o la desmonetización y los restaurantes colectivos en las zonas bajo control obrero en la Guerra Civil. Aún cuando existieron muchísimos factores explicativos de la adhesión de la oligarquía agraria e industrial al golpe, el miedo a la referida reestructuración será uno de sus principales motores para la conspiración.
La lucha obrera en el marco del Estado español se fortalece significativamente a partir de la década de 1890, logrando, entre otras medidas, el seguro de accidente de trabajo en el año 1900. El descontento entre las masas trabajadoras de las zonas tanto rurales como industrializadas creció de manera notable hasta el periodo republicano, donde destacan las huelgas del campo en verano de 1931. Tal y como expone el historiador Francisco Comín Comín, se ponen en marcha políticas sociales por parte del Gobierno “impulsadas por una ola de conflictividad social generalizada”. Estas políticas quedaron plasmadas en el derecho a huelga reconocido en el artículo 91 de la Ley de Contrato de Trabajo o en la jornada laboral de 8 horas.
Ante la negativa sistemática por parte de los patronos a aplicar la nueva legislación, la movilización obrera fue una herramienta imprescindible al hacer uso de huelgas y protestas como medida de presión. Ante este fenómeno, la respuesta del primer Gobierno de la II República no será otra que reprimir a las masas. En el caso de la manifestación pacífica llevada a cabo por los trabajadores del puerto de Pasaia acompañados de mujeres y niños, ni la forma no violenta de protesta ni las pancartas reclamando “pan para nuestros hijos” les salvaron de la represión gubernamental: la Guardia Civil cargó contra los manifestantes estando en primera fila mujeres y niños y dejando 6 muertos y 30 heridos.
¿Qué motivó esta estrategia? La ruptura en el marco republicano con la clase nobiliaria (al menos en el plano teórico) liberó de ataduras finalmente a una burguesía industrial deseosa de alcanzar la posición de la que gozaban sus homólogos en Europa: se darán los primeros pasos para propiciar la revolución burguesa y el Gobierno republicano buscará, mediante estas medidas rupturistas con el antiguo régimen, lograr y mantener el apoyo de la clase media y la burguesía liberal a las que, tal y como vemos, defenderá por todos los medios.
La ruptura en el marco republicano con la clase nobiliaria (al menos en el plano teórico) liberó de ataduras finalmente a una burguesía industrial deseosa de alcanzar la posición de la que gozaban sus homólogos en Europa
Las intenciones de los patronos industriales se hacen aún más patentes en el momento en el que las derechas republicanas alcanzan el poder, especialmente, tras la huelga general revolucionaria de 1934. Esta coyuntura será hábilmente aprovechada por este sector de la élite para justificar el retroceso en materia de derechos laborales y la represión brutal contra quienes pusieron en duda el incipiente statu quo. De ahí que, el elemento decisivo a la hora de unirse a la confabulación fuera el terror ante las medidas social-comunistas aplicadas en diferentes regiones durante estos levantamientos populares. Con la victoria del Frente Popular en las urnas, el patronato industrial descartará la vía política como manera de mantener su situación privilegiada, por lo que la única vía será ya la militar.
Finalmente, Jesús Ignacio Bueno Madurga alude en sus investigaciones al fenómeno mediante el cual la burguesía logra “unir a grupos estructuralmente muy heterogéneos gracias a la presión de una situación de ‘lucha de clases’” y cómo existen numerosos casos en los que el objetivo es “poner fin a su crisis de hegemonía adoptando la vía fascista”.
Consecuencias: dictadura y represión
Durante el periodo posterior al alzamiento, cada rincón del Estado se sumirá de manera progresiva en una tiranía que reunirá a los sectores “arrinconados por la República” y los colocará como sostén del régimen dictatorial: Iglesia, Ejército, burguesía rural e industrial… En cuanto a las características tácticas del levantamiento, el uso de la violencia y la represión desmedida acompañarán todo el proceso, entendiendo esta violencia más como un valor fundamental que como un medio para lograr su propósito.
Más allá de las venganzas represivas, los protectores del golpe gozarán de otras muchas recompensas y beneficios tras su apoyo al pasar a formar parte de la nueva estructura dictatorial. La Iglesia recuperó su monopolio sobre la educación además de convertir la religión católica en eje de la dictadura con el beneplácito de la Santa Sede. La clase terrateniente impulsará ya desde el año 1936 un proyecto de contrarreforma agraria marcado por la apropiación masiva de tierras y bienes fuera de su propiedad. En la otra cara del poder burgués, los patronos industriales se beneficiarán de un nuevo estatuto regulador de las cuestiones relacionadas con el trabajo inspirado en la Carta de Lavoro de 1927 aprobada por el Gobierno fascista de Mussolini. El Sindicato Vertical, defensor de la propiedad privada como instrumento de progreso de la nación, pasaría a determinar cuestiones como la prohibición del derecho a huelga.
En el plano ideológico, el apoyo militar prestado por Falange determinaría su condición como partido vertebrador del régimen mientras que los sectores carlistas mantendrían, con grandes problemas, cierto poder en el aparato franquista.
